VIGILANCIA CIUDADANA

Gonzalo Gamio Gehri

En las últimas semanas, nuestros políticos concentraron su atención en la lamentable e infecunda discusión acerca de si el gobierno saliente estaba dejando o no “bombas de tiempo” al que estaba por asumir (nuevamente) la administración del Ejecutivo el 28 de julio. La reflexión en torno al programa del nuevo gobierno o el diseño de su primer gabinete ministerial pasaron a segundo plano. No cabe duda de que buena parte de los políticos tiene enormes dificultades para distinguir entre lo importante y lo trivial en torno al rol que le toca cumplir en un contexto de cambio de gobierno. La forja de consensos respecto a la continuidad o no de determinadas políticas de Estado dejó su lugar en la agenda política al tema de la publicidad estatal de los últimos meses, o si se cierra la oficina de la primera dama.

Pasados unos días de la ceremonia de transmisión de mando, la situación política no parece haber variado en lo sustancial; tampoco nuestra incertidumbre frente a la nueva administración estatal. Quienes decidimos votar en segunda vuelta por el APRA con el ánimo de resguardar el sistema democrático frente a una nueva amenaza autoritaria – vislumbrando “el mal menor”, o quizá recurriendo a un “voto útil” – no nos sentimos conformes con el curso del debate político en el contexto de la configuración de este nuevo gobierno aprista. No basta señalar en inflamados discursos “que uno ha cambiado”, o “que se ha llegado a la madurez política”. El discurso presidencial del 28 de julio de julio nos deja con una serie de dudas y preocupaciones. Creemos haber respaldado en las urnas una “alternativa democrática” – un poco forzados, hay que decirlo, por el duro dilema electoral que hubo que afrontar en la segunda vuelta -, pero cabe preguntar: ¿Nos hemos equivocado, o hemos acertado al haber optado por aquella propuesta?

“Respaldar una alternativa democrática” no implica solamente el rechazo de una candidatura militarista e improvisada, probablemente retrógrada y xenófoba; significa asimismo el haber optado por la defensa de la agenda inconclusa de la transición democrática, aquella que el gobierno de Toledo retomó sólo parcialmente, y cuyos desarrollos más interesantes detuvo o aletargó. Me refiero a la convocatoria de las mejores mentes para el ejercicio de la función pública, y particularmente, el seguimiento de la agenda democrática en materia de la política anticorrupción y la observancia de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Al respecto no podemos sino poner de manifiesto una serie de preocupaciones frente a un hipotético futuro que esperemos no se cristalice. Nos preocupa que – bajo el pretexto de “reducir los gastos en materia de asesorías” – los puestos clave en la administración del Estado puedan ser asignados con un criterio más partidario que académico o técnico, atentando contra la transparencia y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Hemos padecido ya las terribles secuelas de esta pésima política a fines de los ochenta, y en parte el imperio de la antipolítica bajo el fujimorato fue producto de este modo de conducir el Estado.

Debe declarase una guerra sin cuartel contra la corrupción y contra la impunidad, el veneno que corroe las instituciones y mina la esperanza de los ciudadanos. Nadie que haya cometido crímenes contra la vida o que haya lucrado a costa del Estado debe quedar sin castigo, por razones de “cálculo político”. Especialmente rechazamos cualquier conato de pacto con el fujimorismo, que avaló y encubrió sistemáticamente la organización criminal dirigida por el dúo Fujimori - Montesinos. La actitud ambigua del APRA frente a este grupo en la campaña – así como el increíble silencio sobre el tema en el discurso presidencial - suscita serias dudas sobre el destino del sistema anticorrupción. Ya Alan García ha señalado que el tema Fujimori será para su gobierno un “asunto judicial” frente al cual el Estado peruano asumirá una “actitud neutral”. Una declaración como esa genera una profunda inquietud entre quienes anhelan que se haga justicia ¿Cómo declararse neutral ante un juicio de extradición en el que precisamente el Estado peruano constituye una de las partes?¿Qué puede pensarse de todo esto?

Preocupa asimismo el completo silencio frente al tema de los Derechos Humanos que ha caracterizado a la campaña del candidato APRA y sus primeros gestos en el gobierno. Nada respecto de las reparaciones y las reformas institucionales propuestas por la CVR. Sólo la invocación de Monseñor Cabrejos a no desatender a las víctimas del conflicto armado ha generado alguna declaración aprista sobre el tema. El Informe Final constituye un documento riguroso acerca de la desigualdad y violencia en el país, cuyo análisis constituiría una herramienta social de gran alcance, pero la “clase política” persiste en ignorar su valor. La ahora renovada campaña contra la CVR nos hace pensar que acaso las exigencias de justicia para con las víctimas no encontrarán eco en el gobierno y entre los políticos en ejercicio parlamentario.

Esperemos de corazón que estas sean sólo dudas infundadas, y no entrañen algún juicio premonitorio sobre el nuevo gobierno que acabamos de elegir. No obstante, votar no equivale a jugar a los dados, ni a hipotecar nuestra voluntad política sin más. La ciudadanía tiene el deber y el derecho de vigilar – desde la sociedad civil, y a través de los canales constitucionales – la observancia gubernamental de los principios democráticos, y la inclusión en la agenda pública de aquellos puntos que los peruanos consideramos fundamentales para la buena dirección del Estado. Esto no hay que olvidarlo jamás.