Gonzalo Gamio Gehri
¿Qué está pasando
en el Perú que diversos funcionarios del gobierno están sacando a la luz el
tema del indulto a Alberto Fujimori? Todo comenzó con la alusión del propio
Presidente a la necesidad de “voltear la página” en clara alusión al
fujimorismo. Parece haberse diluido la memoria de los crímenes que cometieron
Fujimori y Montesinos. Se escucha por doquier la palabra “reconciliación” usada
sin trasfondo alguno y como sinónimo de impunidad.
Hay quienes plantean
que una medida como ésta favorecería el incuestionable conflicto al interior
del fujimorismo. Los ‘keikistas’ no encuentran ningún aspecto positivo en esta
decisión, pues verían debilitado el liderazgo de la ex candidata; los
“albertistas” estarían accediendo a su objetivo máximo, liberar al ex
presidente. Los más ingenuos consideran que ambas fuerzas podrían
contrarrestarse mutuamente. No lo creo. No es difícil imaginar al fujimorismo
reagrupándose tras el ocaso de algunos liderazgos de coyuntura, como los de
quienes conforman la dirección de Fuerza Popular.
Considero que
debemos trascender esos cálculos y no descuidar algunas cuestiones de
principio. La prisión de Fujimori tiene un contenido simbólico trascendental.
Significa que aunque alguien sea poderoso tendrá que responder ante la justicia
si viola derechos fundamentales. Esta condena ha quebrado un cerco de impunidad
que protegía a la “clase política” durante muchos años. Un indulto sería una
grave señal para la justicia, una derrota para el régimen democrático. Fuera de
un indulto humanitario por estado grave de salud del reo – justificado con
evidencias ante una comisión de especialistas -, no cabe una medida como esa.
“Voltear la página”
no es una buena idea si queremos honrar la memoria en torno a la injusticia en el Perú. Se trata de erosionar el trabajo de la justicia y la
conciencia cívica en materia de derechos humanos. Una democracia no se edifica
sobre la base de la imposición de la impunidad y la condescendencia a cambio de
favores políticos. Que se use la noción de “reconciliación” para legitimar esa
clase de arreglos resulta inaceptable. El gobierno debería pensar en el funesto
precedente que podría establecer en materia de lo que se puede someter a negociación
política.