SOCIEDAD CIVIL, ONG Y CULTURA LIBERAL

Gonzalo Gamio Gehri


El problema generado por la aprobación de la ley que pretende controlar las ONG se ha ido agravando poco a poco al interior de nuestra convulsionada escena política. Sectores de la sociedad civil y algunos partidos opositores – aquellos que no componen la vergonzante alianza entre el APRA, el fujimorismo y UN – han planteado que el Tribunal Constitucional evalúe su inconstitucionalidad. En los últimos días se ha dado a conocer que el gobierno norteamericano considera que esta iniciativa legislativa atenta contra los principios democráticos, lo cual pondría en peligro la aprobación del TLC con nuestro país. Desde el punto de vista de la estabilidad democrática, del respeto de la legalidad y el de las relaciones internacionales esta medida resulta nefasta para la buena salud de la política peruana. El gobierno debe estar lamentando el haber acogido con tanto entusiasmo una propuesta proveniente de los sectores más retrógrados y oscuros de la “clase política” y de cierta prensa ultraconservadora.

Pero eso no es todo. Este debate ha revelado no pocas confusiones y prejuicios en determinados sectores de nuestra sociedad, incluidos algunos círculos intelectuales afines al gobierno, sobre el trabajo de las ONG y sobre el rol de la sociedad civil en una democracia. Opera aquí una especie de miopía conceptual respecto de los principios básicos del liberalismo político y su legado para el pensamiento y la práctica cívica. Que determinados “gurús” empresariales y políticos identifiquen erróneamente la cultura liberal con el imperio irrestricto de la economía de mercado y nada más (aunque el libre mercado tenga que coexistir con regímenes dictatoriales feroces, como los de Pinochet y Fujimori), no sorprende; tampoco sorprende que crean – también erróneamente - que sólo existe el liberalismo “de derecha”. Pero que algunos intelectuales peruanos consideren que el único “poder legítimo” es el constituido por individuos y grupos que ejercen el gobierno o han sido elegidos para ejercer funciones de Estado (en el oficialismo y la oposición) - al punto que les cause sorpresa que las ONG cumplan roles de fiscalización -, es algo que desconcierta al lector. Juicios como ése hacen patente el profundo déficit de cultura liberal presente entre nuestros académicos, cosa que hay que lamentar.

El argumento parece ser el siguiente: el poder democrático es aquel que brota exclusivamente de la representación política. Los usuarios de ese poder son quienes representan a sus electores en los fueros del poder ejecutivo y legislativo, y al interior de los partidos políticos. Como las ONG “no representan a nadie”, resulta extraño que estén comprometidas con proyectos de investigación y acción vinculados a la vigilancia cívica. De un modo supuestamente irregular, ellas estarían compitiendo con el “poder legítimo”. Algo debe andar mal con nuestros partidos, para que otras instituciones “usurpen” su función.

Se trata de una tesis falsa, que pone de manifiesto la estrechez de miras de ciertos intelectuales frente al legado liberal. La representación no constituye la única lógica de las políticas democráticas; resulta fundamental la existencia de “instituciones intermedias”, espacios para la deliberación común y la participación directa del ciudadano. Es en este contexto que cobran relevancia las instituciones de la sociedad civil - universidades, colegios profesionales, ONG, asociaciones voluntarias, comunidades religiosas, etc. - espacios para la vigilancia del poder, el diálogo y la movilización. Desde estos escenarios el ciudadano transmite y confronta sus propios argumentos sobre asuntos de interés colectivo con el objetivo de influir en el diseño de la agenda pública; si guardara silencio y simplemente dejara hacer a sus representantes, estaría renunciando al ejercicio de sus libertades cívicas, sumiéndose en una lamentable situación de alienación política. La representación política es condición necesaria, pero no suficiente, de la ciudadanía democrática. La inspiración tocquevilliana de esta tesis es evidente, y ha sido recogida por estudiosos de la sociedad civil de la talla de Jürgen Habermas, Charles Taylor y Robert Bellah.

Es en esta perspectiva que habría que discutir el tema de las ONG y el de su función ético-cívica. El problema de su definición apenas ha sido tocado, a pesar de que se trata de un asunto de singular importancia (al menos desde Platón, el problema de qué es algo – en este caso las ONG - es más originario y decisivo que la cuestión de cuántas sean ellas o cómo podrían ser menos en determinadas circunstancias). Aquí lo que está en juego es la observancia de un principio liberal fundamental para las democracias: aquel que garantiza la existencia de instituciones sociales, libres del control externo del Estado, que puedan examinar el manejo de la cosa pública y promover los Derechos Humanos y la justicia. La ley anti-ONG establece de manera autoritaria e inconstitucional restricciones a este principio. Que un sector de nuestra intelectualidad no perciba claramente los peligros que esta propuesta entraña constituye acaso un signo más de la precariedad de nuestra democracia.