EL LEGADO DE PEDRO

Gonzalo Gamio Gehri

La reciente publicación de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si ha generado destempladas reacciones entre los conservadores norteamericanos, pero también ha suscitado duras réplicas en no pocos conservadores católicos y neoliberales peruanos. Enrique Ghersi ha señalado – en el programa de Althaus -que la encíclica recoge ideas “arcaicas y equivocadas” sobre el consumismo, el cambio climático y el progresivo deterioro del ecosistema. Él es uno de los abogados emblemáticos del ideario libertario criollo, y su opinión sobre el documento no sorprende. Ha advertido que los juicios de Francisco no han sido enunciados ex cathedra y que los católicos no deben sentirse perturbados si los objetan: este último dato es cierto. Pablo Bustamante señaló por su parte en el mismo espacio que el mensaje de Francisco va a contracorriente del camino de progreso económico que ha emprendido occidente en el siglo XXI – que llama “la cultura del crecimiento” -; alega incluso que “el capitalismo posee un circuito virtuoso”, que el Papa ha desconocido sin más. De hecho indica que el argumento de Laudato Si  “desconoce la naturaleza humana”. Interesante que Bustamante declare estar en posesión de un conocimiento firme sobre la naturaleza humana. Es el tipo de entendimiento que los pensadores han buscado por más de tres mil años.

Hay una tendencia a leer el texto desde la clasificación ideológica y no desde el debate  rigurosamente argumentativo. Hay quienes están preocupados por indagar si el Papa es una especie de socialista o no.  Muchos han seguido ese mismo camino en el terreno de las columnas de opinión. Lo mismo han aseverado algunos redactores del diario El  Comercio y algunos comentaristas en las redes han sido de la misma opinión. Lo que Francisco escribe en la encíclica se enmarca en el Evangelio y en documentos sociales – p.e., el Concilio Vaticano II -, y ha recibido la influencia de la espiritualidad cristiana de la comunión con la naturaleza, sobre todo la espiritualidad de Francisco de Asís. Su fuente no es el socialismo, si no la tradición judeo-cristiana y la doctrina de la Iglesia. Laudato Si  es una crítica a la exacerbación de la razón meramente estratégica en la economía y en la ciencia y la técnica, así como una crítica del individualismo posesivo. Destaca la responsabilidad del ser humano frente a la Creación, ciertamente la naturaleza y el destino de su propia especie.

 Me parece curioso este súbito brote de heterodoxia entre los conservadores católicos locales. Lo apruebo, por supuesto. Creo firmemente en la afirmación del principio de autonomía en la sociedad, incluidas las iglesias. La libertad de conciencia es un principio cristiano, el desacuerdo es fuente de reflexión y desarrollo de comunidades que se sostienen en creencias y valoraciones. La corriente de la Ilustración es importante para renovar las religiones y para consolidar la democracia liberal. Es cierto además que un católico puede discrepar con el contenido de una encíclica, no hay problema en ello, siempre que la discrepancia se exprese en virtud de argumentos que puedan ser sometidos a discusión. La vocación por el intercambio de ideas esclarece nuestra manera de ver el mundo. Lo que me resulta auténticamente pintoresco es que por mucho tiempo algunos de nuestros conservadores se declaraban estrictamente ultramontanos, y alentaban a los católicos a seguir sin dudas ni murmuraciones las declaraciones públicas de los papas en todos los temas; ellos sostenían que disentir con ellas equivalía a cuestionar la propia fe y debilitar la propia pertenencia a la Iglesia: todo ese prejuicio es, obviamente, teológicamente discutible. Realmente discutible. Pero ahora que el Papa es abiertamente crítico de ciertas políticas extractivas y de la primacía absoluta del mercado, la discrepancia se ha convertido – para algunos de estos ultramontanos - automáticamente en un bien. Se trata de una incoherencia en las convicciones de nuestros conservadores, convertidos hoy en categóricos objetores de los documentos eclesiales. Lo que hacen la economía de mercado y sus dogmas de fe.  Qué extraño es este mundo nuestro.

El pontificado de Francisco nos brinda esperanzas en cuanto a la centralidad de la defensa de la dignidad humana para los cristianos. En realidad, se trata de una preocupación crucial para cualquier ser humano con un sentido de justicia. Las instituciones sociales están al servicio de los seres humanos – en particular de los más débiles – no son instrumentos para el arbitrio de los poderosos. Resulta absurdo presuponer que el mercado – y sólo el mercado - es el tribunal  incuestionable e inapelable de la justicia distributiva. La palabra del Papa se concentra en la sencillez del mensaje, pero también en su claridad y contundencia. Se trata de una manera sensata y lúcida de asumir el legado de Pedro y la dirección de su barca. El Papa es un servidor de la comunidad de creyentes, un pescador de hombres: eso implica ser el sucesor de Pedro. No un príncipe ni un emperador. Francisco no hace otra cosa que recuperar proféticamente el mensaje del Nuevo Testamento.

“Sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: Ponte de pie; yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida.…” (Hechos 10, 25-27)..

La lectura de la encíclica me ha resultado interesante e inspiradora. No se trata de un manifiesto contra el mercado – como algunos conservadores temen – sino un documento que llama la atención en torno a los peligros de un discurso económico sólo enfocado en el interés privado y en el incremento de utilidades sin un límite. Es evidente que nuestra falta de responsabilidad en el control de la naturaleza por razones económicas ha contribuido a deteriorar el ecosistema. Es cierto que nuestra mentalidad instrumental ha pretendido avasallar las mentalidades de otras culturas, que han concebido a la naturaleza como madre o como fuente de un orden espiritual, y no como mera materia prima de la actividad industrial. A menudo hemos intentado silenciar a estos pueblos y convertirlos en “propietarios de su tierra”. Hemos acallado esa mística ecológica, occidental y no occidental. En este sentido, las alusiones a Francisco de Asís y a su amor fraterno por la naturaleza son aleccionadoras. El énfasis en el tema de la pobreza, entendida como el fruto de un manejo insolidario de la economía y el imperio de la cultura de la codicia es importante. El Papa sugiere que no podemos cuidar el amor al prójimo  y cultivar el afán de lucro al mismo tiempo. Esa es una aseveración que proviene de la propia tradición bíblica, de palabras atribuidas al propio Jesús de Nazaret. Donde está tu tesoro está tu corazón.

CHARLESTON Y LA LUCHA CONTRA LOS CRÍMENES DE ODIO

Gonzalo Gamio Gehri

La muerte del Reverendo Clementa Pinckney y ocho participantes en la Iglesia metodista de Charleston, en el sur de los Estados Unidos, ha conmocionado al mundo. Fueron asesinados por un joven que se proponía iniciar una “guerra racial” con su acción. La Iglesia atacada tenía una historia larga de atentados racistas, pues constituye un espacio de meditación y movilización en torno a temas de igualdad y lucha ciudadana contra la discriminación. Clementa Pinckney dirigía un grupo de reflexión bíblica y estaba comprometido con diversos proyectos de su comunidad local. El presidente Obama dio un discurso conmovedor en los funerales del Reverendo  y entonó con emoción los primeros versos del canto espiritual Amazing Grace, ante un público, visiblemente conmovido por la pérdida de sus vecinos y compañeros en la fe.

La sociedad norteamericana ha afrontado en los últimos años – en el marco del gobierno de Obama – numerosos casos de violencia racial, en particular motivados por el abuso de la fuerza en cuestionables acciones policiales. En tales situaciones, las comunidades de vecinos han hecho sentir su voz para condenar la lesión de las libertades y los derechos humanos de sus conciudadanos. El racismo, la intolerancia religiosa, el machismo y la homofobia son actitudes y maneras de actuar que son incompatibles con una sociedad democrática. Hace dos días el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado legal el matrimonio igualitario. Más allá de lo que las personas piensen sobre este tema polémico, es razonable pensar que la medida podrá contribuir a fortalecer la igualdad civil y a reducir el daño provocado por la discriminación. Es de esperar que este fallo generará una serie de reacciones entre los sectores más conservadores en los círculos políticos y religiosos.

Pero regresemos a lo sucedido en la Iglesia de Carolina del Sur. La terrible experiencia de Charleston nos recuerda que la amenaza de los crímenes de odio constituye una inquietante realidad en los Estados Unidos y en otros lugares. Nos recuerda la necesidad de rescatar para el espacio público el lenguaje de los derechos y la igualdad racial que nos remite a la prédica poderosa y profética de Martin Luther King jr. en los años sesenta. King supo articular el discurso profético del cristianismo con el lenguaje emancipatorio de los derechos básicos. Este proceso de retroalimentación semántica ha sido descrito por J. Rawls como ‘estipulación’. . Recuperar esa mística y esa práctica política permitiría fortalecer el programa de la lucha por la defensa de la igualdad civil que ha caracterizado el trabajo liberal en Norteamérica. En el Perú – lamentablemente – el apelativo “liberal” ha sido despojado de ese legado político, y se asocia falsamente con el integrismo económico. Es preciso trabajar por modificar esa funesta proclividad ideológica, responsabilidad de algunos predicadores y periodistas nacionales. Pensar la tradición liberal sin la cultura de los derechos es como evocar el pensamiento griego sin la pólis.

Los sucesos de Charleston deberían convertirse en tema de debate en nuestro medio.

 

A PROPÓSITO DEL CONCEPTO DE CIUDADANO*

Gonzalo Gamio Gehri  [1]

En sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos[2]. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si éstas consideran la acción política como una potencial opción de sentido.

Por “ciudadanía”, la teoría política ha concebido dos cosas diferentes. En una perspectiva moderna – es decir, liberal -, alude a la condición de las personas de ser titulares de derechos universales: sujetos del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, al desarrollo del proyecto vital. En una perspectiva clásica – de raíces griegas y romanas -, invoca la capacidad de agencia política, la actividad vinculada a la búsqueda de consensos y la expresión de disensos en escenarios compartidos de discernimiento y toma de decisiones políticos, en otras palabras, espacios públicos. El polités participa activamente en el proceso de elección de las autoridades, pero también interviene en la fiscalización de su gestión y le pide cuentas de sus actos públicos. En realidad, se trata de conceptos complementarios de ciudadanía, en tanto la interpretación clásica ofrece una forma rigurosa del cultivo de los derechos políticos.  La cultura de derechos y la práxis cívica se reclaman mutuamente tanto en el terreno del concepto como en el de la práctica.

El ciudadano es usuario de libertad política, vale decir, es usuario de poder en el sentido en el que lo define Hannah Arendt, como la capacidad de actuar en concierto. Se trata del “poder cívico”, no del poder como la mera “capacidad de hacer” en un sentido maquiaveliano. El poder cívico nace del encuentro de las personas en un espacio plural de intercambio de argumentos. En esta línea de pensamiento, la palabra es la fuente del poder, no el uso de la fuerza. Esta idea es tan antigua como Las Suplicantes de Eurípides, obra en la que el rey Adrasto de Argos sentencia sobre la desmesura humana frente a su condición de seres de lenguaje. En lugar de usar el lógos para resolver sus conflictos, usan la violencia. El texto de Eurípides es contundente: “¡Fatuos mortales que tendéis el arco más de lo oportuno y recibís de la Justicia innumerables males! Tomáis lecciones de los hechos, ya que no de los amigos. Y vosotras, ciudades, que podéis conjurar el mal por la palabra, dirimís vuestros asuntos con la sangre, no con la palabra”[3]. Sólo podemos vencer la tentación de la violencia en la medida en que podemos ser capaces de invocar el ejercicio del diálogo como el recurso adecuado para comprender y enfrentar nuestros problemas en los diferentes contextos de la vida.

La deliberación en los espacios públicos es un tipo de práctica política ciudadana especialmente importante. A través de esta participación, las personas pueden incorporar en la agenda pública temas de interés común, intervenir en la discusión en torno a la toma de decisiones o la pertinencia de determinadas leyes, y también pueden fiscalizar el ejercicio de la función pública de las autoridades del Estado. En el mundo contemporáneo, las organizaciones políticas y las instituciones de la sociedad civil constituyen foros para las acciones de esta clase. Se trata de escenarios para el discernimiento cívico, en los que los agentes pretenden arribar a consensos tanto como expresar razonablemente cuestionamientos y disensos. En efecto, en un régimen democrático constitucional no sólo el logro de acuerdos sociales y políticos es considerado un propósito digno de valor, sino que se entiende que no es posible estar de acuerdo en todos los asuntos: en algunos casos, bastará con que podamos entender la naturaleza y los términos de los desacuerdos, y que estemos dispuestos a proteger los derechos de las minorías.

* Esta es la primera parte de un texto que aparecerá en el portal Pólemos, de Derecho & Sociedad.

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[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[3] Suplicantes, 745 -50.

INCLUSIÓN SIN RECONOCIMIENTO

Gonzalo Gamio Gehri

Una democracia genuina trata a todos sus ciudadanos como agentes libres e iguales. Los derechos fundamentales deben proteger y favorecer a todos en el mismo sentido. No deben existir ciudadanos de segunda clase por razones de cultura, género, condición social, etc..

Se han cumplido seis años de las muertes de Bagua, y aún recordamos con indignación el proyecto de lotizar tierras amazónicas sin escuchar la voz de sus habitantes, ignorando sus exigencias y calificando su cosmovisión de irracional y primitiva. Los awajún consideran que la pertenencia a la propia tierra es el corazón mismo de su identidad, que la sabiduría que un ser humano puede alcanzar se identifica a partir de su conocimiento de las plantas y sus propiedades. La relación con la tierra no se puede comprender desde el derecho de propiedad. La ausencia de reconocimiento de la conexión espiritual del habitante originario de esa tierra, detonada por los intereses del gobierno de Alan García en aprovechar económicamente la zona, llevo el conflicto al uso de la violencia. Nativos muertos o desaparecidos, policías muertos. Y García recordándoles a quienes se negaban a renunciar a su tierra que no eran ciudadanos de primera clase. Un importante sector de la prensa recomendaba reprimir las protestas con especial dureza. El Estado peruano ha hecho poco o nada por los aborígenes amazónicos – tan peruanos como cualquiera de nosotros -, pero se dispone a arrebatarles lo que más estiman.

Poco se ha avanzado desde entonces. Apenas se ha discutido e implementado la ley de consulta previa, una norma que se postula en conformidad con las exigencias de instituciones globales que el Perú dice respetar. Existen todavía problemas respecto de cuáles son las condiciones para considerar a un colectivo como pueblo indígena, la comunidad que debe ser consultada; nuestros políticos continúan identificando a los pueblos que protestan contra la lotización del territorio, la explotación minera o petrolífera por razones culturales y ecológicas como paganos, animistas y primitivos (Alan García, Ántero Flores, etc.). Esos políticos se consideran a la vez defensores del progreso e improvisados extirpadores de idolatrías, que predican la verdadera racionalidad, la del desarrollo económico. Desean, en el mejor de los casos, incluir al otro por la fuerza sin reconocer su identidad propia. Imponerle la cosmovisión definitiva, la del crecimiento y la mercantilización de las cosas. Le han dado un perverso significado a la palabra inclusión como una suerte de conversión a la fuerza. Un proceso en el que la restitución de derechos y el reconocimiento de la dignidad del otro no tienen lugar alguno. Ningún país se forja de esa manera. La inclusión sin reconocimiento es un pretexto para la manipulación y la prepotencia pol{iticas. Las palabras de Primitivo Quispe preservan su incontestable vigencia. Seguimos tratando a esos colectivos humanos como pueblos ajenos dentro del Perú.

¿EL PERÚ ES UN ESTADO LAICO? ALGUNAS REFLEXIONES

Gonzalo Gamio Gehri

La intervención de consideraciones religiosas en las discusiones públicas sobre temas difíciles nos lleva a menudo a preguntarnos seriamente acerca de a) si el Estado peruano es laico, y – si la respuesta es afirmativa, y creo que lo es – b) cuán dispuestos estamos los peruanos a aceptar la laicidad de nuestro Estado. Considero que el punto de partida para abordar este problema es discutir el horizonte normativo, para luego reflexionar en torno al terreno de la experiencia social. Es cierto que la existencia de un Concordato vigente con el Vaticano – un acuerdo suscrito al final del gobierno de Morales Bermúdez que le otorga privilegios a la Iglesia Católica sobre otras comunidades religiosas - no es realmente compatible con la idea misma de un Estado laico. Tampoco ayudan algunas costumbres instaladas desde hace mucho tiempo – como el Te Deum de fiestas patrias – que constituyen rituales de una religiosidad puntual que influyen en la vida pública. Estos problemas enturbian parcialmente el horizonte de la cuestión. Mi intuición apunta a que el Perú cuenta con un Estado laico, pero que una parte importante de la sociedad peruana no ha afrontado todavía un genuino proceso de secularización; ello no sólo debilita la laicidad, sino que pone en peligro la democracia como tal. He señalado en diversos lugares que emprender este proceso no anularía la religión, antes bien, precisaría su lugar en una sociedad democrática pluralista, respetuosa de los derechos y libertades de quienes deciden creer, y de quienes han elegido no creer: ambos son grupos de ciudadanos que denben ser tratados de manera igualitaria por el Estado. 

Esta vez voy a examinar el plano normativo y en otro post  me detendré en el plano de la experiencia. Con cierta frecuencia se esgrime el extraño argumento de que el Perú no es un Estado laico simplemente porque la Constitución peruana no lo dice literalmente. Es curioso que algunos abogados invoquen ese argumento de manera algo precipitada. Resulta una tesis que no es congruente con el ejercicio mismo del derecho, que no es sólo un quehacer dogmático, sino también (fundamentalmente) interpretativo. Esto, evidentemente, podría generar una discusión relevante sobre la 'esencia' del derecho como ciencia y como práctica. Habría que destacar la enorme significación del análisis de la jurisprudencia o de la hermenéutica jurídica en la comprensión y en el ejercicio del derecho.. No basta la letra de la ley, nunca es así, Esclarecer el espíritu de las normas es importante y crucial en las cuestiones de justicia fundamental. Es preciso recordar que en el terreno de las religiones, se llama “fundamentalistas” a aquellos que se niegan a interpretar los textos y esperan ansiosos seguir lo que se dice al pie de la letra, e ignorar lo que no se dice. Negarse a interpretar los documentos impide alcanzar a ver lo que el texto quiere decir realmente.

No es necesario que aparezca la expresión “Estado laico” para afirmar que un Estado lo es. Hay que explorar a fondo el modo el horizonte normativo que plantea como se organiza la sociedad, se constituye la ley y se administra el poder; eso lo establece la Constitución. Podemos arguir que un Estado es laico  si se cumplen  tres condiciones: i) si no existe una "religión oficial"; ii) si se observan la libertad religiosa, y la  libertad de cultos; ii) si Estado e Iglesia son instituciones independientes. Las tres condiciones se cumplen en el Estado peruano – tal y como puede constatarse examinando la Constitución – así que es laico. El Tribunal Constitucional ha evocado también estas condiciones, se trata de una forma de razonamiento que se usa en la interpretación constitucional. 

O un Estado es laico o es confesional. No hay una tercera alternativa. A pesar de la reiterada intervención del plano religioso en la arena política (es decir, en el plano de la experiencia social), es necesario señalar que la autonomía del Estado – formulada expresamente en la Constitución – está presente como un elemento básico de nuestro sistema político. 

El pasaje polémico de la Constitución Política peruana (1993) es este:

 “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas” (Constitución Peruana, art. 50).

Recalca el artículo citado la autonomía e independencia del Estado respecto de la Iglesia Católica (1). El punto es que no dice “laico”, pero se entiende el argumento que formula el texto de la Constitución.  Es necesario precisar que constituye una exigencia excesiva pedir que todo esté dicho literalmente. Eso no se puede hacer en un texto acotado como una Constitución. Decir que no es laico porque no lo dice literalmente el documento no es un argumento acertado ni mucho menos. Importa mucho el espíritu de las leyes, no sólo la letra. Al revisar otras constituciones de tradición latina puede constatarse que no se usa la palabra “laico”, pero la laicidad se expresa de otras formas. Aquí van algunos ejemplos que pueden resultar esclarecedores:

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (Constitución Española, art. 16.3).

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley” (Constitución Mexicana, art. 130).

“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (Constitución Colombiana, art. 19).

 Todas estas Constituciones aluden a las tres condiciones del Estado laico – mencionadas al inicio - sin usar la palabra "laico" en la formulación literal de los artículos. En estos casos, el diseño de las políticas, el debate público y el trabajo constitucional va en la senda del Estado laico. Decir que España o México no son Estados laicos o aconfesionales implicaría cometer una equivocación grave en el análisis. En estos casos la lacidad marca una ruta importante para el diseño de la política estatal. Lo mismo sucede en el Perú, a pesar de las dificultades que la sociedad experimenta en cuanto al proceso de secularización del debate político. 

(1) Se trata de un pasaje polémico no porque no señale la separación entre Estado e iglesias, sino porque en el plano de la cooperación coloca a la Iglesia católica en una situación especial frente a otras iglesias. Lo correcto en una perspectiva democrática sería colocarlas a todas en un mismo nivel, para proteger la igualdad.