Gonzalo Gamio Gehri
El 27 de Agosto
2003 fue entregado el Informe Final de la CVR. Lastimosamente se ha avanzado muy
poco en la implementación del programa de reparaciones de las víctimas, la
ejecución de las reformas institucionales propuestas, así como la incorporación
de las investigaciones desarrolladas por la Comisión en los planes de estudio
de la escuela pública. La CVR elaboró un trabajo serio en torno a la elucidación del conflicto armado interno, examinando sus condiciones, los hechos y sus
consecuencias para nuestra comunidad nacional. Este documento fue redactado para ser estudiado y discutido en los foros del sistema político y la esfera de juicio ciudadano al interior de la propia sociedad civil, como se indica en la Introducción del mismo texto. Tal como sucedió con otros lugares del mundo en los que se formaron Comisiones de la Verdad, el texto fue recibido con desconcierto y hostilidad por parte de los políticos locales.
Este debate no se
ha realizado plenamente: los políticos y algunos líderes empresariales,
jerarcas del clero, militares en retiro y columnistas de opinión que se
opusieron a la conformación de una Comisión de la Verdad – y que luego
rechazaron su investigación sin leerla a conciencia – han procurado bloquear
cualquier proceso público de recuperación de la memoria que pudiese concretarse
en políticas de justicia y reparación (1). Tampoco han construido alguna suerte de “memorias
alternativas” sostenidas en testimonios y evidencias, que pudiese contrastarse
con el IF – CVR; han pretendido “refutar” una investigación multidisciplinaria
con opiniones en columnas periodísticas repletas de calificaciones con escasos
argumentos. En los últimos años han surgido, eso sí, libros testimoniales que han aportado un trabajo de reflexión sobre el conflicto (Los rendidos, Diario de vida y muerte, Memorias de un soldado desconocido).
Al cabo de tantos
años, la vocación por el silencio y la evasión frente a la violencia continúa
siendo la actitud presente en nuestra “clase política”. Constituye un escándalo
que todavía existan en el país más de cuatro mil lugares de entierro indebido
identificables y sin abrir. No existe voluntad para enfrentar esta dolorosa
realidad. Lo cierto es que las condiciones que propiciaron el conflicto armado
interno están presentes en el Perú de hoy, incluso pueden verse potenciadas por
la condescendencia con las ideologías violentistas - comunes en la extrema izquierda y la extrema derecha - que todavía
ejercen alguna influencia en diversos sectores de nuestro país. El Informe
Final se propuso enfrentar tales condiciones y plantear políticas diversas para
conjurarlas. Debatir los argumentos y las conclusiones, e implementar las
políticas de memoria e inclusión que se requieran debería convertirse en
una prioridad para el Estado como un reto para la democracia. Desconocer
nuestro pasado más doloroso es una invitación a repetirlo. No olvidemos a los
compatriotas que sufrieron la violencia del terror y de la represión. Sus demandas de justicia deberían ser las nuestras, sin dudarlo, pues son ciudadanos como
nosotros.
(1) Sobre este punto, véase el artículo de Salomón Lerner F. aparecido hoy en La República.