Gonzalo
Gamio Gehri
Hace unos días, José
Chlimper – integrante del equipo fujimorista – declaró a los medios de
comunicación que los gestos de su lideresa, conducentes a propiciar un
acercamiento a otros movimientos políticos, deberían entenderse a partir del
proyecto de reconciliación. El tema de la reconciliación, por supuesto, resulta
crucial para el futuro de la democracia peruana, pero muchos ciudadanos son
saludablemente escépticos frente a la posibilidad de que sea el fujimorismo –
una organización con una cuestionable trayectoria en materia de corrupción y
violaciones de derechos humanos – el grupo político que pretenda enarbolar el
estandarte de la reconciliación. El fujimorismo es una fuerza autoritaria: su agenda política no podría reconciliar; usa aquella palabra de manera demagógica. Efectivamente, la idea de reconciliación suele
ser invocada sin el adecuado rigor conceptual que merece. Precisamente porque
se trata de una idea moral y política de primera importancia hay que abordarla
con absoluta seriedad.
La idea de
reconciliación no puede identificarse sin más con el abandono de posturas de
conflicto o de hostilidad por parte de los contendientes políticos en una lid
electoral, o emprender una serena revisión de los diversos programas políticos
para constatar coincidencias. Esa clase de actitudes son positivas, pero no
corresponden al proceso de reconciliación. Ha sido la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación la institución que, a través de su Informe Final, ha
contribuido decisivamente a la discusión sobre la idea de reconciliación, y a
constituir sus cimientos. La CVR ha sostenido que la reconciliación ha de ser
concebida como la recuperación de los vínculos sociales y políticos quebrados
por la violencia desatada durante los años del conflicto armado interno.
Consiste en un proyecto histórico que se inicia con el proceso de transición
democrática, pero que tomará tiempo en la medida que los actores políticos, los
ciudadanos y las instituciones afronten el desafío de esclarecer la verdad en
torno a la tragedia vivida, así como hacer justicia en términos de la sanción
de los culpables y la reparación de las víctimas.
Señalar que la verdad y
la justicia son condiciones esenciales del proceso de reconciliación – en la
ruta formulada desde el horizonte del Informe de la CVR – equivale a indicar
que ningún proyecto de reconstitución de
los vínculos sociales y políticos puede cimentarse sobre el imperio de la
amnesia moral y política, y sobre la nefasta cultura de la impunidad.
Recordemos la funesta iniciativa de una amnistía a los perpetradores en los
años noventa, una medida a todas luces incompatible con el orden legal local y
global en derechos humanos. Un proceso concreto de reconciliación implica el
ejercicio crítico de la memoria, así como la promoción de las políticas de
derechos humanos y de reparación.
En la última semana,
Hernando de Soto ha señalado la existencia de un supuesto “Sendero verde” un
grupo de ex terroristas con intereses ecológicos, con los que – a juicio del
nuevo asesor de Fuerza Popular – habría que reunirse, conversar, y acaso concertar.
Se trata de una sugerencia preocupante, si tomamos en cuenta la historia
vivida. Los especialistas en temas de terrorismo y seguridad indican que no
existen evidencias acerca de la existencia de este grupo. En todo caso, debería
tenerse mucho cuidado cuando se postula de manera imprecisa el diálogo con
estos grupos. Las expresiones que de Soto ha formulado revelan una extraña
condescendencia con ellos. Debe recordarse que la reconciliación es un proceso
cuyos protagonistas son los peruanos – quienes sufrimos la violencia en
aquellos años – y no quienes cometieron crímenes; para quienes violaron los
derechos de los demás y todavía no han sido castigados, sólo les espera la
severa punición que establece rigurosamente la ley. No hay reconciliación con
borrón y cuenta nueva.
A menudo la invocación
a la reconciliación se usa como un ligero recurso retórico en circunstancias
electorales, como la presente. Sin una reflexión estricta y sin políticas concretas,
ese discurso se manifiesta vacío e interesado. Respecto de la reconciliación
como proyecto, tenemos el trabajo de la CVR, sus recomendaciones, sus
planteamientos de reformas institucionales, el detallado Plan Integral de
Reparaciones presentado en su Informe Final. Este documento nos invita a
realizar un debate atento sobre las posibilidades de un auténtico proceso de
reconciliación, una propuesta ética y política básica para fortalecer la
democracia en el Perú. Las organizaciones políticas que se plantean formar un
gobierno deberían considerar propiciar este debate como un paso decisivo para
acometer realmente este proceso.
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