Ronald Gamarra
El segundo Gobierno de Alan García ha agotado su ciclo: solo le queda medio año de poder. La primera mitad del año 2011 será de elecciones generales y retiro paulatino del alanismo; la segunda, de instalación de un nuevo gobierno, sin que por el momento sea posible asegurar quién lo presidirá entre los tres candidatos que lideran las encuestas hasta este momento: Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo; sin contar con la posibilidad, siempre actual en el Perú, de un outsider.
Más que un balance de la situación de derechos humanos en el 2010, conviene entonces hacer la cuenta y liquidación del quinquenio aprista en este ámbito.
Para decirlo en una frase: ha sido un quinquenio de clara tendencia reaccionaria. El Gobierno de Alan García representó la llegada al poder de un Presidente con pesadas deudas propias por violaciones de derechos humanos cometidas en su primer mandato, en las cuales está clara su responsabilidad política y queda por esclarecer debidamente su responsabilidad penal, como en el caso El Frontón. Por si fuera poco, en su segunda incursión gubernativa García se hizo acompañar por el vicealmirante Luis Giampietri como vicepresidente, también directamente involucrado en el caso El Frontón, representante del militarismo duro, desfachatado, antediluviano, y, a la vez, nexo y enlace con el fujimorismo en el seno del Gobierno.
En efecto, el alanismo recuperó y volvió a usar el lenguaje y los modos groseros del fujimorismo frente al activismo en defensa de los derechos humanos, intentando desandar lo avanzado en el periodo de la transición democrática impulsada por el presidente Valentín Paniagua y seguida con altas y bajas por Toledo. Consecuente con ello, mostró desde el principio hostilidad y desdén por la labor de la CVR, su Informe Final y sus Recomendaciones. Al mismo tiempo, promovió una atmósfera de acoso y enfrentamiento con las organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente. Como culminación, intentó imponer una agenda de impunidad para los violadores de derechos humanos del periodo de violencia.
No necesariamente el alanismo tuvo éxito en la aplicación de este programa reaccionario. Si, por un lado, la mayor parte de las Recomendaciones de la CVR siguen sin ser aplicadas, hubo cierto avance, aunque lento y tortuoso, en lo que atañe a las reparaciones colectivas y la elaboración del Registro Único de Víctimas, sin haberse llegado aún a indemnizar individualmente a ninguna de ellas. Es verdad, por otro lado, que el Gobierno tuvo éxito en su deseo de hacer a un lado el Plan Nacional de Derechos Humanos, primero cuestionando su legitimidad y luego excluyendo arbitrariamente, hasta hace unos meses, a los organismos de la sociedad civil del seno del organismo encargado de monitorear la aplicación del Plan, que expira sin haber sido aplicado.
El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe.
Y si bien el Gobierno se negó en principio a la construcción del Lugar de la Memoria, y pretendió aprobar por decreto una ley de amnistía haciendo pasar gato por liebre para dar impunidad a militares y policías juzgados por gravísimas violaciones de derechos humanos, llegando en varios aspectos mucho más allá que la Ley de Amnistía de Fujimori de 1995, luego se vio obligado a dar marcha atrás en ambos casos ante la creciente resistencia de la sociedad civil y la condena sin ambages de la comunidad internacional. Cabe destacar en una y la otra oportunidad la decisiva intervención de Mario Vargas Llosa en defensa principista de la democracia y los derechos humanos.
El juicio y sentencia de Fujimori es otro caso similar: la presencia activa de la sociedad civil ante un tribunal que pudo llevar adelante un proceso que todo el mundo reconoce como ejemplar por su independencia y respeto del debido proceso, logró un triunfo histórico, aleccionador para los dictadores y violadores de derechos humanos, y de hondo contenido cívico para los peruanos. No obstante ello, es evidente que al alanismo no le gustó el proceso y menos su resultado, y que concedió privilegios y ventajas inadmisibles al ex presidente primero reo y luego sentenciado, que hacen de su prisión un alojamiento dorado. No sería de extrañar que, en algún momento del tramo que le queda en la presidencia, Alan García le dé un indulto al cual Fujimori no tiene derecho, pero que le permitiría fugar mientras se impugna la legalidad del beneficio.
El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe, pues ha propiciado su intensificación y multiplicación, con un aumento exponencial de la pérdida de vidas. Más de cien civiles han muerto en estos conflictos bajo este Gobierno por acción de la fuerza policial. Pero también han perdido la vida decenas de policías, como ocurrió principalmente en Bagua, resultado del manejo deleznable de una crisis que no debió llegar tan lejos. Con este Gobierno también volvimos a conocer, luego de más de una década, casos de ejecución extrajudicial por parte de un destacamento policial que dio muerte, hasta ahora con impunidad, a decenas de presuntos delincuentes comunes en Trujillo.
¿Qué nos espera en el 2011? Lo fundamental está en quién gane la presidencia. Si gana Keiko Fujimori, tendremos todo lo anteriormente descrito y muchísimo más. Si el triunfo sonríe a Castañeda, es un enigma lo que haría en el ámbito de los derechos humanos, aunque cabe temer una inclinación autoritaria. Los antecedentes de Toledo son mucho mejores, sin la menor duda, pese a sus idas y venidas. Pero lo más preocupante es la fragmentación de la sociedad civil y su incapacidad para gestar una plataforma duradera y de gran convocatoria, su vocación suicida en ciertos casos, que lleva a la liquidación de esfuerzos que cuesta tanto trabajo levantar. En este panorama, viene a ser hondamente alentador el triunfo de Susana Villarán en las elecciones a la alcaldía de Lima, pues oxigena un espacio político largamente abandonado al caudillismo autoritario hoy predominante en nuestro país.
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