DELIBERACIÓN Y COMPROMISO CON LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

A ocho años de su publicación, el Informe Final de la CVR nos sigue interpelando respecto del tipo de país que queremos ser y que queremos dejar de ser. La lectura y discusión del documento - así como su implementación en el terreno de la actividad pública - permanece pendiente. El Informe fue recibido con incomodidad y hostilidad por la mayoría de los grupos políticos en actividad y con presencia en el Congreso de la República hasta julio pasado; esa situación no ha cambiado con el paso de los años. El fujimorismo ha asumido con fuerza la causa contra la CVR, y las múltiples transformaciones que han afrontado las organizaciones que lo representan hasta las últimas elecciones no han modificado en absoluto ese discurso contra la transición (etapa que describen extrañamente como un “tiempo de persecución”)[1]. El partido aprista ha manejado con una particular frialdad el tema, privando de un presupuesto adecuado – como se ha mencionado - al Consejo de Reparaciones e incorporando en el gabinete a personajes adversos a las políticas de derechos humanos. En Unidad Nacional (grupo de centro-derecha con presencia importante en el parlamento) impera – salvo contadas excepciones – una notoria indiferencia frente estos asuntos, y lo mismo puede decirse de Perú Posible. Las fuerzas políticas que actúan en el espacio público han pugnado durante años por retomar las actividades de la “política corriente”, procurando sofocar las luchas por la memoria, que plantean políticas de discontinuidad o de ruptura[2]. Aunque el mensaje presidencial pronunciado en la ceremonia de transmisión de mando el último 28 de julio indica que se honrarán las reparaciones individuales y colectivas a las víctimas del conflicto armado interno, será preciso esperar a constatar si estas declaraciones toman la forma de políticas públicas o no.[1][1][1] [1][1] Tomar en serio las exigencias de la recuperación pública de la memoria implica modificar nuestra manera de entender y cultivar la política. Mientras concibamos el cuerpo político como una máquina que funciona según una racionalidad que nos es ajena (que obedece al manejo de un operario eficaz o al cumplimiento de un propósito “superior”) – una máquina en la que cada uno de nosotros es un mero engranaje – entonces el imperativo práctico que nos ordena tratar a las personas como titulares de derechos universales no encontrará fuerza ni justificación. En un orden así, nos convertimos en meros “útiles”, objetos carentes de valor intrínseco; somos el precio a pagar por el bienestar de otros<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->. Las políticas de memoria requieren una comprensión encarnada de las personas: ella nos plantea percibir a los demás como titulares de derechos universales porque reconocemos dimensiones de su existencia que los hacen irreductibles a la condición de “objetos”: la capacidad de contar historias, otorgarle un rumbo a la propia vida, actuar conforme a principios, expresar emociones, desarrollar formas de afiliación y vínculo social, y un largo etcétera<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->. Esta clase de enfoque permite concebir al otro como “prójimo” y no como una cifra o una variable a considerar en un cálculo instrumental.

Pensar a los individuos como titulares de derechos hace posible considerar como destinatarios del trabajo de la justicia no sólo a los ciudadanos del presente y a los del futuro (en tanto beneficiarios potenciales de la planificación política), si no también a los ciudadanos que ya no están con nosotros, y que no están precisamente porque no fueron tratados como ciudadanos. Han perdido la vida, pero no han perdido el derecho a la justicia: hemos contraído una significativa deuda moral con ellos. Hacemos justicia a los muertos reparando a sus deudos y reivindicando su memoria en tanto victimas de situaciones de violencia que pudimos prevenir y combatir desde los espacios abiertos por la democracia. Al actuar en esta dirección estamos dándoles lo que les corresponde por derecho, reconociéndoles el lugar que debieron ocupar – y les fue negado – como miembros de nuestra comunidad política. Razonar y actuar de esta forma implica a su vez percibir a nuestros compatriotas como potenciales actores políticos, seres capaces de forjar consensos y expresar disensos participando en la esfera pública, de modo que sea posible reconstruir la memoria histórica a partir de las prácticas de deliberación común.

---

[1][1] Sobre el carácter de la organización fujimorista y su concepción del período de transición democrática véase Navarro Ángeles, Melissa La organización partidaria fujimorista a veinte años de su origen Tesis de Licenciatura en Ciencias Políticas Lima, PUCP 2011.

[2] Cfr. Reátegui, Félix “Batalla contra la memoria: instrucciones para liquidar una transición” en: IDEHPUCP, El incierto camino de la transición op.cit., pp. 13 – 24.

[3] Mate, Reyes ”La presencia pública de la religión en la sociedad contemporánea” en: Mate, Reyes La herencia del olvido op.cit., p. 180.

[4] Véase Appiah, K.A. La ética de la identidad Buenos Aires, Katz 2007 capítulo 6.

DEFENDER LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA (SALOMÓN LERNER F.)

(Tomado de La República)

Salomón Lerner Febres

En estos días se está discutiendo sobre el futuro de la Universidad Católica a partir de las diferencias que existen entre ella y las autoridades de la Iglesia. Sobre la solidez de la posición de la Universidad han escrito con solvencia, en estas circunstancias, distintos especialistas. No cabe duda, para quien esté dispuesto a mirar el escenario sin prejuicios o posturas parcializadas, que los títulos de la Universidad y el derecho a su autonomía, dentro de lo que dispone la legislación nacional en la materia, están fuera de toda discusión.

Más allá del ese escenario concreto, es importante reflexionar sobre lo que debemos esperar de una universidad y comprender en qué medida la imposición de posturas autoritarias, ajenas al diálogo y la independencia de criterio, pueden tergiversar gravemente el sentido de la vida universitaria y, así, impedirle que ella desempeñe el papel que está llamada a jugar en nuestro país.

La idea original y genuina de la universidad se halla hoy día, en el Perú, sometida a una doble agresión: de un lado, de las fuerzas aplanadoras y simplificadoras del mercado, que aspiran a reducir a un trato mercantil la relación intelectual y humana que se da en la universidad y que plantean tergiversar el significado de la educación, de la paideia, para entenderla como un apresurado ejercicio de transmisión de capacidades técnicas para triunfar en la competencia económica. Por otro lado, están las fuerzas del oscurantismo y del sectarismo que buscan desplazar aquello que es el núcleo de la experiencia universitaria, la libertad de pensamiento y de crítica, para poner en su lugar, el criterio autoritario, la conformidad mental, imponiendo verdades que se busca sustraer a toda búsqueda razonable –requisito indispensable para finalmente tener, en ciertos casos, una verdadera experiencia de fe.

Estas fuerzas, combinadas, tienden a alejar a la universidad de esa dimensión de compromiso social –de estar en el mundo– que en buena cuenta la define y que hace de ella una institución viva y, sobre todo, útil y solidaria con sus conciudadanos. En lugar de ello, el utilitarismo mercantil y el tradicionalismo autoritario postulan una comprensión disminuida de la persona que conduce, sea a una postura egoísta frente al mundo, sea a un acatamiento automático a disposiciones que se plantean como ajenas a todo diálogo. En lugar de celebrar el valor de la comunidad como relación viva y mutuamente recreadora, postulan individualismo ciego o un espíritu pobremente parroquial en el que la alegría del pensamiento quedaría sepultada por la grisura de las ideas fijas y ajenas a la crítica, y por la celebración de la autoridad como un valor que se respalda sólo en él mismo.

No es esa, obviamente, la concepción de universidad que corresponde que tengamos en mente cuando nos preguntamos sobre los aportes que ella debe y puede hacer a la gestación y a la consolidación de sociedades democráticas. No es mediante la imposición de una trasnochada actitud altanera y autoritaria, ni mediante la negación de la caridad como se puede honrar el deber de la institución universitaria ante su respectiva nación. Y, desde luego, no es ese el camino que seguirá la PUCP cuya identidad está firmemente apegada al ethos de la universidad.

¿En qué consiste este ethos? En una valoración de la vida del conocimiento y del saber que, por tanto, está siempre abierto a la crítica. La universidad es el espacio de búsqueda de la verdad y de una concepción integradora del ser humano, fenómeno que en una institución católica conduce a un diálogo permanente y fecundo entre Fe y Razón.

Toda búsqueda demanda un espíritu independiente, el cultivo de la crítica y una apertura a captar la diversidad de las experiencias humanas. Al mismo tiempo, ese saber no puede ser nunca autocomplaciente y cerrado sobre sí mismo. La universidad, como parte de su identidad, posee siempre una vocación por el compromiso con su sociedad. Sus investigaciones, sus reflexiones, requieren un distanciamiento de las circunstancias más menudas, pero el saber que se practica en una universidad siempre busca regresar a la sociedad bajo la forma de diálogo, proyectos, intervenciones y sobre todo una voz crítica.

La Universidad Católica se ha caracterizado de proponer un horizonte religioso y axiológico para que sea asumido con responsabilidad, por levantar una voz crítica, sobre todo en la década reciente en que un autoritarismo ignorante se apoderó del país. Hagamos recuerdo: no todas las instituciones estuvieron a la altura de su misión cuando el autoritarismo campeaba. Hubo algunas que prefirieron agachar la cabeza y hubo personas que, incluso, optaron por aliarse con un régimen corrupto y violador de derechos humanos. La Universidad Católica no calló ni tuvo nunca una postura que buscara el acomodo interesado con el poder. Y, por ello, fue en esos años un baluarte de la democracia en el país. Lo seguirá siendo. La defensa de sus fueros, de su identidad, de sus compromisos con el saber y con la justicia constituye de alguna forma una batalla más de las muchas que la democracia todavía tiene que dar en el Perú.

MONÓLOGOS DEL CARDENAL (JORGE BRUCE)

Jorge Bruce

Según el Vaticano, la PUCP debería ceñirse a la constitución Ex Corde Ecclesiae, en la que se estipula que los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su enseñanza”. Soy profesor de la maestría en estudios psicoanalíticos de la codiciada universidad. En mis cursos recurro a las obras de Sigmund Freud, entre otros. Freud era un judío ateo. Yo mismo soy ateo.

¿Significa esto que debería eliminar de mis clases las referencias a pensadores como Freud o, peor aún, católicos marxistas y lacanianos como Terry Eagleton? ¿Podría seguir enseñando en mi alma máter al no cumplir con los requisitos exigidos por Roma? Porque a los anteriores goces del inquisidor debo añadir el de ser divorciado…

Releo lo que acabo de escribir y me asombro de haberlo hecho… ¡en pleno siglo XXI!

El que obviamente está de plácemes con estas fantasías sectarias y anacrónicas es el Gran Canciller Cipriani. Al respecto declaró: “¿El que está casado no está limitado por su mujer?, ¿el que maneja un carro no está limitado por un semáforo al manejar? Toda persona acepta unas normas en donde trabaja, entonces por qué le va a parecer una limitación que la sagrada congregación de Roma, y no yo, les pida que se pongan en línea de lo que la Iglesia les pide”.

Es verdad: todos debemos acatar normas de convivencia civilizada. No obstante, comparar a la iglesia con una esposa (hubiese dicho “pareja” para no excluir a las mujeres ni a los homosexuales, pero entonces no sería el cardenal quien habla) o un semáforo es cómico, pero inexacto. Un semáforo no elige al rector ni tu mujer te ordena cómo debes pensar. Por cierto, en la PUCP hay muchos profesores y autoridades católicos, a quienes nadie limita en el contenido de sus cursos ni se les exige dejar la Biblia o el crucifijo en la entrada. Como tampoco ocurre con fieles de cualquier otra religión. Asimismo, se imparten las ideologías más diversas, en un clima de tolerancia y debate que ha dado generaciones de ciudadanos críticos, de las más variadas opiniones, que discuten y no se someten.

Contrariamente a lo que afirmó ayer el cardenal, la PUCP permite todas las formas de pensamiento. Lo que no se permite es la imposición de un sistema de creencias. Felizmente la ley peruana es la que rige el funcionamiento de la universidad, no el Vaticano. Ya la asamblea universitaria rechazó este nuevo asalto a la razón y la autonomía. Si se acatara esta imposición eclesiástica podría suceder, por ejemplo, que Rafael Rey fuera rector de la universidad. Es fácil imaginar lo que ocurriría con autoridades tan respetuosas de la manera de pensar del otro.

Tiene razón el cardenal cuando dice que los bienes del Fundo Pando no son lo único en juego (aunque su metáfora del ladrón que cree a todos de su condición fuera ofensiva para el rector Marcial Rubio). Está de por medio una concepción de la pluralidad que se quiere sofocar vía los dogmas de una institución religiosa, en su versión más retrógrada y autoritaria. Repito entonces lo que escribí hace algún tiempo: “no se metan con mamá”. En la Cato somos tolerantes pero sabremos defender la libertad de pensamiento y, a fortiori, el diálogo.

(tomado de La República)

APUNTES EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

La CVR recabó cerca de diecisiete mil testimonios, muchos de ellos emitidos por personas que vivían en comunidades altoandinas y amazónicas de difícil acceso, lugares en los que la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, mínima y clamorosamente insuficiente. Las entrevistas y las audiencias públicas realizadas por la Comisión pretendieron configuran espacios de escucha atenta y diálogo respecto de cómo se vivieron los años del conflicto armado interno, qué decisiones se tomaron para enfrentar la violencia, qué clase de responsabilidades pueden asignarse o reconocerse frente a las acciones de sus protagonistas, etc. La CVR se propuso darle prioridad a la voz de las victimas - tantas veces desatendida en municipios, cuarteles, comisarías, dependencias judiciales e incluso sedes eclesiásticas -, pero no excluyó ninguna narración que pudiese acercar la investigación a la verdad acerca de lo ocurrido, a la construcción de una interpretación razonable, rigurosa y fidedigna de la tragedia vivida. El Informe contrasta la versión de víctimas, victimarios y testigos, a la vez que intenta hilvanar una lectura crítica interdisciplinaria, documentada y esclarecedora del proceso de violencia a la luz de sus causas y secuelas.

El documento que la Comisión entregó al país en agosto de 2003 no aspiró a convertirse en palabra definitiva sobre lo padecido en el conflicto más cruento de la historia republicana del Perú. Tampoco pretendió sellar un proceso nacional de reconciliación. Se trataba (y se trata) de entregar a los ciudadanos una investigación estrictamente sustentada en torno a estas dos décadas dolorosas que pudiese convertirse en material sólido para la discusión cívica en los espacios del Estado y la sociedad civil. En la Introducción del propio Informe se subraya el hecho de que, aunque el texto aspira a contribuir rigurosamente al esclarecimiento del proceso de violencia vivido, la CVR es consciente de que esta investigación constituye un “relato perfectible” acerca de su objeto de análisis. Procura servir de base a nuevos estudios sobre el tema, que recojan nuevas evidencias, argumentos y propuestas que echen nuevas luces sobre lo acontecido durante el conflicto armado.

De manera similar, algunos “censores” de la CVR se equivocan al sostener que la CVR ha fracasado en tanto su Informe Final no ha logrado su objetivo de “reconciliar” a los peruanos. La Comisión no se trazó tal propósito, ni el mandato que le encomendó el Estado estipuló tal cosa: la reconciliación constituye un proceso histórico de largo alcance, que aspira, como se ha dicho, a reconstruir los vínculos sociales dañados por el conflicto armado y sus condiciones. El proyecto de regeneración del tejido social convoca las fuerzas de las instituciones que vertebran al país y a todos sus ciudadanos. La reconciliación es expresión de la meta a la que aspira llegar todo proyecto de reconstrucción democrática, y tanto la recuperación pública de la memoria como la labor de la justicia correctiva y reparadora constituyen sus requisitos medulares. El Informe Final contribuye a señalar, acaso, algunas líneas fundamentales de este proceso – por ejemplo, en materia de reformas institucionales, el diseño de un Plan Integral de Reparaciones (PIR), o el planteamiento de fundamentos pedagógicos en materia de formación ciudadana -, pero considera que el camino de la reconciliación, en tanto pone de manifiesto un desafío ético y político de gran envergadura para la sociedad peruana, sin duda tomará su tiempo. Como ocurre con todo fin político que merece la pena ser elegido, el proyecto de reconciliación está expuesto a una serie de peligros, y su éxito depende de la lucidez y de la calidad del compromiso de los ciudadanos.

SOBRE “ANGELUS NOVUS” Y LA ÉTICA DE LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

Cuando Walter Benjamín se refería a la imagen del Ángel de la historia, evocaba el célebre cuadro de Paul Klee, Angelus Novus. Se trata de un ángel que vuela inexorablemente hacia delante – hacia el futuro -, pero que tiene la mirada fija en el pasado, y contempla horrorizado las ruinas y los cadáveres que va acumulando la obsesión humana por el “progreso” que no atiende a la situación de las víctimas de la violencia de las “realizaciones políticas” o “económicas” que imponen ciertas visiones de la sociedad y de la historia. Benjamín enmarca su concepción de la memoria en la tradición judía. Mientras las filosofías de la historia que la moderna tradición occidental tiene a veces por “canónicas” identifican la fuente de sentido de la historia en el Estado (Hegel), la sociedad civil (Marx), los héroes (Carlyle), los conflictos de poder (Foucault), el pensamiento judeo-cristiano se ocupa de aquellos que las “historias oficiales” consideran insignificantes (las víctimas, los pobres, los extranjeros, etc.). Esta perspectiva a veces ha sido descrita como “contra-histórica” o “antihistórica”.

La mirada del ángel benjamiano de la historia se focaliza en aquellos que permanecen invisibles para quienes evalúan los acontecimientos en función de una teleología general o del cálculo coste-beneficio. A su juicio, una racionalidad práctica que prescinda de la experiencia de la injusticia y de los relatos – así como de la reflexión – que brota de su corazón no produce en las personas y en los pueblos el tipo de aprendizaje moral y político que conduce a la edificación de una vida común justa y sensata. Reconocer el daño generado en otros, conocer a las víctimas por su nombre, sentir con ellas y hacerse responsable del proceso de restitución de su condición de personas con derechos constituyen dimensiones esenciales en un proyecto serio de reconciliación, tanto en un nivel propiamente político como en el ámbito cotidiano de las relaciones interpersonales. Reconciliarse significa regenerar el tejido interhumano lesionado por la violencia, a la vez que evitar que los eventos dolorosos se repitan[1].

Cuando Jean-Pierre Vernant señala que la memoria, antes que la reconstrucción del pasado, es la exploración hermenéutica de lo invisible, alude a una dimensión eminentemente moral del ejercicio de la rememoración[2]. La memoria hace presente lo que ha sido condenado a la ausencia por indiferencia, desidia o complicidad de agentes prácticos concretos. En ese sentido, se trata de una medida decisiva contra la invisibilización de las víctimas[3]. Como Tzvetan Todorov ha argumentado en un persuasivo ensayo, la memoria no se opone al olvido: se trata de un proceso selectivo en la que los agentes disciernen juntos acerca de qué debe recordarse y qué puede finalmente entregarse al olvido. El enemigo del trabajo público de la memoria es la “historia oficial”, el registro exclusivo de los hechos y procesos que aquellos que detentan el poder deciden que debe conservarse en el recuerdo de la colectividad, en desmedro de los hechos y testimonios acerca de la injusticia y el daño perpetrado sobre los más débiles[4]. Las víctimas tienen el derecho a olvidar, pero el olvido no puede imponerse desde posiciones desiguales de poder e influencia en las que se privilegia el interés del líder y el de su entorno. El legítimo camino del olvido – fruto de la decisión de la víctima - puede iniciarse luego de haberse investigado, procesado y sancionado a los perpetradores a partir de mecanismos de justicia legal y política. Las “políticas de silencio”, en contraste, establecen como “oficial” una versión de los hechos – una versión que no se nutre del relato de las víctimas, ni de la contrastación de testimonios de los involucrados -, y bloquean desde la arena política cualquier esfuerzo por sacar a la luz los delitos cometidos. Estas “políticas” procuran que las víctimas permanezcan en situación de invisibilidad.

---

[1] Consúltese Ames, Rolando “Violencia, verdad…¿Reconciliación en el Perú? En: VVAA El incierto camino de la transición Documentos de Trabajo. Serie Reconciliación Nº 1 Lima, IDEHPUCP 2005 pp.37-59.

[2] Vernant, Jean Pierre “Historia de la memoria y memoria histórica” en: Academia Universal de las Culturas ¿Por Qué recordar? Buenos Aires, Gránica 2002 p. 22.

[3] Esta es la tesis central del libro de Reyes Mate, La herencia del olvido, un texto que ha resultado particularmente inspirador en esta materia. Cfr. Mate, Reyes La herencia del olvido Madrid, Errata Naturae 2008.

[4] Todorov, Tzvetan Los abusos de la memoria Barcelona, Paidós 2000 pp. 15-16.

SOBRE EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA PERUANA

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer participé en una Mesa Redonda sobre El futuro de la democracia peruana, llevada a cabo en la UNMSM y organizada por la ASPEEFIP, Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política. Se trata de la primera actividad pública de la Asociación. Tuve el privilegio de compartir la Mesa con los profesores Miguel Polo y Félix Reátegui. Aquí publico el esquema preliminar de mi intervención.


I.- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DEMOCRACIA.

1.- Distancia respecto de una visión etimológica (Demos y kratos).
2.- Una forma de vida política que atiende a la distribución del poder.
¿Cómo distribuir el poder?

2.1. Herencia liberal.

- Sistema de derechos.
- Mecanismos de representación política.
- Separación de poderes al interior del Estado.
- fronteras Estado / Mercado / Iglesias / Universidades / Sociedad civil.

2.2. Herencia clásica.

- Noción de ciudadanía como agencia política.
- Participación del ciudadano en la cosa pública.
- Autogobierno como una forma de defender derechos.

II.- LA DEMOCRACIA PERUANA (2000-2011).

1.- Se recupera en el año 2000.
2.- Agenda de la transición fue importante.
- Sistema anti-corrupción.
- Formación de la CVR.
3.- Esta agenda perdió fuerza con Toledo y fue desactivada por García.
4.- García estableció estrechos vínculos con los sectores más conservadores de la “clase política” y la sociedad (fujimorismo y la derecha católica).
5.- Crecimiento económico sin justicia distributiva.
6.- Las dos opciones en la segunda vuelta presentaban cuestionamientos en materia de democracia y DDHH.
7.- En alguna medida, la opción ganadora fue aquella que logró concertar posiciones con otras fuerzas políticas y voces de la esfera de opinión pública, ruptura con un pasado corrupto y pudo acercarse más al denominado “centro político”.

III.- PERSPECTIVAS.

Es prematuro emitir un juicio sobre el nuevo gobierno a tan pocos días del cambio de mando. Sin embargo, podemos compartir algunas impresiones.


a.- ELEMENTOS INTERESANTES:

1.- Si bien el mensaje presidencial fue eminentemente declarativo, resultó interesante el énfasis puesto en la redistribución, la lucha contra la corrupción y el tema de las reparaciones planteadas por la CVR.

2.- Gabinete interesante. Particularmente Francisco Eguiguren y Patricia Salas.
3.- Buena perspectiva en torno a la progresiva secularización de la política (a diferencia de García y Fujimori).

b.- ELEMENTOS PREOCUPANTES.

1.- El celo con que algunos miembros del oficialismo observan a la prensa.
2.- Peligro de reincidir en el militarismo.
3.- debilidad de los partidos y precariedad de los espacios de la sociedad civil.

LOS INVISIBLES

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos meses, las palabras “progreso” y “exclusión” han sido evocadas una y otra vez en el discurso público. Los analistas políticos nos recuerdan una y otra vez que si algún mensaje claro ha transmitido la población en las últimas elecciones es que el crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, y no sólo a una élite de privilegiados. En parte fue este mensaje el que determinó que el corazón del debate político en el período de segunda vuelta fuese el tema de la vigencia y alcances del modelo económico; cada uno de los candidatos finalistas concentró su atención en mostrar a sus potenciales electores que preservaría este modelo, esforzándose por poner de manifiesto que lo pondría a funcionar incorporando políticas distributivas que llegasen a los sectores más empobrecidos del país.

Llama la atención que en esta discusión no se haya tocado realmente el tema de la preservación del modelo político como un asunto central. Estamos hablando de la vigencia de la institucionalidad democrática, en cuyo centro encontramos el sistema de derechos fundamentales, así como la exigencia de trato igualitario a todos los ciudadanos como horizonte normativo de las relaciones sociales. En una sociedad democrática, se rechaza de plano la violencia, el hostigamiento o la exclusión por razones de raza, condición socioeconómica, cultura, religión, género, hábitos sexuales, etc., y se toman en consideración las necesidades básicas que las personas requieren satisfacer para llevar una vida de calidad, esto es, una vida en la que existan espacios de elección del proyecto personal, acceso al bienestar, así como posibilidades de afiliación o participación política. A pesar de la precariedad de nuestra democracia, resultaría por demás insensato renunciar a estos principios que funcionan como ejes orientadores de la acción política.

Parte de la debilidad de la democracia se manifiesta en las enormes dificultades que afronta la sociedad para afirmar una genuina cultura de derechos en el país. Una cultura que se haya encarnado o formas de vivir y en políticas sociales concretas en materia de distribución y de reconocimiento. En el Prefacio a la segunda edición de Hatun Willakuy – la versión abreviada del Informe Final de la CVR – Salomón Lerner Febres señala que la Comisión describe “la coexistencia inarmónica de los distintos mundos sociales y culturales que componen nuestro país: imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que integran la sociedad peruana”[1], como parte del trasfondo social en el que estalla la violencia. Las La ausencia del Estado en vastos territorios de la sierra y la selva, así como la pervivencia de formas de desprecio y estigmatización social basadas en el origen, en el color de la piel y en la cultura constituyeron factores que propiciaron el surgimiento de ideologías fundamentalistas y totalitarias que desataron el conflicto armado más cruento que ha vivido el país en su etapa republicana. Por desgracia, estamos hablando de situaciones y prácticas que no han sido superadas o erradicadas del todo, gracias a la miopía de nuestra autodenominada “clase política” y a la indiferencia de no pocos ciudadanos. Muchos peruanos asumen como “dadas” o como “inevitables” diversas formas de exclusión y subordinación que son abiertamente contrarias a las formas de vida democráticas y que convierten a millones de peruanos en “invisibles” – en socialmente insignificantes – para el “Perú oficial” (urbano, hispanohablante y criollo). Ese penoso “sentido común” pone de manifiesto diferentes expresiones de violencia simbólica que lesionan y empobrecen las vidas de muchísimas personas en nuestra comunidad y promueven la impresión falsa de que la injusticia y las desigualdades son hechos cotidianos con los que simplemente tenemos que coexistir.

Nuestra República ha heredado sin duda una serie de suposiciones y prácticas coloniales que minan cualquier proyecto político serio centrado en la afirmación de una cultura de derechos. También se han instalado entre nosotros creencias autoritarias que conspiran contra una comprensión estricta del ciudadano como un agente político que puede actuar en el espacio público y convertirse en artífice de su propio destino. Es todavía poderosa la idea de que nuestra comunidad política requiere de “instituciones tutelares” – las Fuerzas Armadas o las organizaciones religiosas – que guíen a sus miembros y asociaciones por la ruta de la “rectitud” y el “desarrollo”. En una verdadera democracia los ciudadanos no necesitan tutores: todos los individuos son interlocutores legítimos al interior de la sociedad civil y de los espacios deliberativos con los que cuenta el Estado.

---

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.

EN LOS MÁRGENES DE LA HISTORIA *

Gonzalo Gamio Gehri

Recordar no siempre es fácil, pero a veces hacerlo constituye un imperativo moral de singular poder. A ocho años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la verdad y reconciliación (CVR), podemos constatar que las exigencias de justicia y reparación planteadas por las víctimas del conflicto armado interno no han sido rigurosamente tomadas en consideración por quienes detentan el poder u ocupan cargos de responsabilidad en el Estado. No ha podido concluirse con la elaboración del Registro Único de Víctimas, el Consejo de Reparaciones no cuenta hasta hoy con un presupuesto razonable, el proyecto de edificación de un Lugar de Memoria en el Perú sólo vio la luz del día gracias a la presión internacional y a la posición crítica de Mario Vargas Llosa frente a la indolencia de las autoridades. Deben librarse todavía numerosas batallas – políticas y académicas – para concretar el anhelo de recuperación de la memoria en torno a la violencia vivida.

Escuchamos múltiples voces provenientes de la arena política (y de los sectores empresariales, e incluso de algunos círculos religiosos) que nos invitan a mirar hacia adelante, y a dejar el pasado atrás. Evitar “reabrir heridas”. Resulta natural que algunos actores políticos orienten su mirada hacia el futuro, incluso si no tienen un interés especial en predicar la amnesia cívica (un interés por demás extendido en nuestra autodenominada “clase política”). Se argumenta que el pasado no es – ha sido – y que es preciso atender los problemas del presente, de cara a la construcción de un futuro marcado por la presencia de la libertad y el bienestar (el “crecimiento”). No obstante, esta actitud revela una grave miopía conceptual y moral, al no tomar en cuenta que una genuina sociedad democrática se edifica haciendo justicia y reparando a las víctimas de un pasado doloroso. Los ciudadanos de una democracia comprenden que para las víctimas de la violencia ese pasado permanece presente.

Nuestra indolencia agrava su condición. Bajo el imperio de la impunidad y el silencio, hemos convertido a los afectados por la violencia en invisibles, personas que no cuentan en el proyecto político (y socioeconómico) de nuestra comunidad nacional. No hemos prestado oídos – no lo suficiente – a sus historias, a su dolor, a su anhelo de justicia y de reconocimiento. Primitivo Quispe nos dice en su testimonio que él y los pobladores de su comunidad fueron tratados como “pueblos ajenos dentro del Perú”. Muchos peruanos consideraron a estos compatriotas que sufrieron asesinato, tortura o desaparición forzada – 75% no era hispanohablante, 90% era habitante del campo – parte del “costo social” de una guerra no declarada por el Estado, si no por sus enemigos. Muchos peruanos prefirieron mirar hacia otro lado cuando tantas personas murieron a manos de las huestes terroristas o de las fuerzas del orden; muchos ciudadanos creían que ese era el precio a pagar en nombre del cumplimiento de las presuntas “leyes de la historia” o de las exigencias de la pacificación.

Cuando se refería a las tensiones entre la memoria y la historia, Walter Benjamin solía evocar la famosa pintura de Paul Klee, Angelus Novus. Se trata de un ángel que vuela inexorablemente hacia adelante (hacia el futuro), pero que dirige su mirada siempre hacia atrás, con dirección al pasado, o hacia los restos del pasado. Su rostro expresa el horror que provoca en él la visión de las ruinas y los cadáveres amontonados que deja la ‘marcha de la historia’, el supuesto camino hacia el “progreso” (llámese a la meta por cumplir “desarrollo”, “orden”, “Reino de la libertad”, etc.). La mirada del historiador atiende por lo general a las “realizaciones histórico-políticas” o “histórico-económicas”, en desmedro de los pequeños relatos que se ocupan de las acciones o las circunstancias puntuales de las personas y los grupos; se concentra en los grandes procesos, en sus resultados, en el logro o la persecución de lo universal. La memoria, en contraste, enfoca su atención en el testimonio concreto de quien sufre violencia, de quien es doblegado por el uso de la fuerza, de quien yace en los márgenes de la historia. Se trata de una vindicación de lo particular, de la perspectiva del in-significante, de la víctima que procura hacer sentir su voz y clama justicia desde las sombras.

*Pasajes iniciales de un artículo elaborado para el Boletín A-foro Jurídico.

CRISIS DEL FUJIMORISMO (A. ZAPATA )

Antonio Zapata

El fujimorismo enfrenta serias dificultades, las que comenzaron con su carencia de estrategia unitaria durante la contienda electoral. Esa indefinición le costó la elección y ahora amenaza con estallar. Durante la campaña se condujeron con dos líneas y nunca resolvieron sus contradicciones. Por un lado, reivindicaban el gobierno del decenio de los 90 como el mejor mandato presidencial de la historia y abogaban por la libertad del Alberto Fujimori, considerado injustamente preso.

Pero, por el otro, querían desmarcarse de la corrupción y los abusos de DDHH que caracterizaron a este régimen. En esta segunda orientación, lo importante era remozar la imagen y desvincularla, al menos parcialmente, de Alberto Fujimori. La candidata se posicionó en esta segunda ubicación y a partir de entonces se sucedieron codazos y empujones entre los partidarios del padre versus los amigos de la hija.

Fuerza 2011 no resolvió sus diferencias internas, sino que osciló entre una actitud y la otra; había días en que ciertos voceros adoptaban una posición, solo para ser negada al día siguiente y por otros portavoces. Por ello su campaña tuvo tantos errores y al final censuraron a sus propios dirigentes. Por ejemplo, la salida de Jorge Trelles fue a causa de una grave equivocación, pero se efectuó sin ninguna consideración y el purgado se enteró de su suerte mirando la TV. Ni siquiera lo llamaron por teléfono para avisarle.

Estos enfrentamientos eran públicos y sin embargo fueron negados por quienes veían una sola línea que salía de la Diroes y uniformaba toda Fuerza 2011. Por su parte, los pleitos de hoy guardan relación con la derrota misma y su balance. La pregunta por ¿quién tiene la culpa? es muy mala consejera y suele dividir antes que reagrupar. Otro ejemplo triste de esta situación es Perú Posible, que luce desintegrándose en medio de un mar de acusaciones cruzadas.

En el caso del fujimorismo, se ha profundizado la lucha entre sus dos líneas y Martha Chávez ha decidido asumir el liderazgo de los “albertistas” para orientar la bancada parlamentaria hacia la confrontación total. Pero el tono malcriado y la pérdida de control que exhibió en la sesión solemne de la transferencia del poder no le hace ningún bien a Fuerza 2011. Por el contrario, la opinión pública rechaza este tipo de conducta, sobre todo por ocurrir durante el momento trascendental de un cambio de mando y delante de 15 presidentes o jefes de gobierno extranjeros.

Para los fujimoristas es un papelón que les costará bastantes puntos en su afán de conducir la oposición. Es más, no obstante ser una bancada numerosa, quizá pierdan sus opciones políticas de persistir en una línea tan poco ecuánime.

Con respecto a la conducta de la bancada de Fuerza 2011 se han producido varias reacciones. Para empezar, la misma Keiko Fujimori, que apareció en los programas dominicales persistiendo en la vacilación como línea, porque quiere pasar la página y promete una conducta futura prudente, pero también avala la conducta de Chávez y no se desmarca con claridad, como sí ha hecho Fernán Altuve, lo que le ha costado una respuesta grosera de la congresista. La indecisión de la lideresa y los agravios entre la segunda fila no auguran nada bueno; el grupo parece entrar en trompo.

Por otro lado, desde la mayoría se escucha pedir sanciones contra la congresista descontrolada. A diferencia de esta postura, la presidenta de Argentina comentó el incidente con otros mandatarios haciendo gala de fino humor. La TV mostró a Cristina Fernández de Kirchner planteando a sus colegas instaurar una condecoración conjunta –de todos los países de América Latina– para premiar al marido de la congresista Chávez, puesto que su capacidad de aguante debía superar holgadamente una hora seguida de insistentes gritos.

(Timado de La República)