UNA INTERFERENCIA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Pésimo gesto el del Arzobispo de Arequipa, Javier del Río, al señalar en el púlpito que los católicos no deberíamos votar por Mendoza o por Barnechea por apoyar la unión civil y el aborto; sería pecado, a su juicio. La ya clásica invocación a la adhesión acrítica a la autoridad, una actitud que es dañina para la propia Iglesia, que es potencialmente un foro de meditación e interpretación sobre la vida en los términos de profetas y creyentes. Por supuesto, Javier del Río se “olvidó” de que Keiko Fujimori se expresó en favor de la unión civil en Harvard  ¿Será que esa mención no resultaría conveniente a sus posibles afinidades políticas?

Esa intervención es perniciosa para la democracia. Se trata de una interferencia política de marca mayor. Una cosa es que, en el templo y en los foros de las comunidades religiosas, las autoridades llamen a la reflexión a las personas acerca de los alcances de su fe, los valores propios de sus creencias en diversos asuntos, etc; eso es perfectamente legítimo. La Iglesia es una institución social en la que sus miembros pueden examinar y discutir sus principios fundadores y propósitos. Pero otra cosa es indicar a los creyentes cómo deben votar, a quiénes puntualmente no deben apoyar, recurriendo a una burda intimidación para lograr ese objetivo. El Arzobispo del Río no debe exigir esa clase de “obediencia” a los fieles, a menos que crea erróneamente que la libertad de conciencia no es un valor cristiano. No debe erigirse en un “tutor”, puesto que, en una democracia, los ciudadanos no requieren de tutores. Es inaceptable que se trate a los ciudadanos como menores de edad.

El Arzobispo del Río debe respetar los límites que establece una democracia. Vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural en materia religiosa y de visión del mundo. Debería tomar más en cuenta las declaraciones del Papa Francisco, que reconoce la diversidad de tradiciones y perspectivas como algo valioso y digno de escucha atenta. Ha resultado deplorable esta intromisión en la vida pública. Los ciudadanos somos personas capaces de examinar nuestras opciones políticas, y para tomar decisiones por nosotros mismos en torno a la elección de nuestras autoridades políticas, pedirles cuentas y sacar conclusiones acerca de la calidad de su labor pública. Tenemos derecho a elegir sin ninguna imposición externa. En la política, tenemos derecho a decidir de manera irrestrictamente libre.

RELIGIÓN, ENCARNACIÓN, REINO

Gonzalo Gamio Gehri

La Semana Santa evoca un evento crucial en la historia de la fe de los cristianos. La enseñanza del ágape, así como la muerte y la Resurrección de Jesús constituyen el corazón de esa fe. A menudo, muchos intelectuales y predicadores católicos tienden a reemplazar el cultivo del ágape con consideraciones de orden metafísico. Como señalan a su manera Gutiérrez y Chesterton, esos intelectuales y predicadores instan a los fieles a “salir del mundo” – hacia la representación abstracta de la eternidad -, evitando el camino de la Encarnación, que, precisamente, es uno de los nudos del cristianismo. El ingreso de Dios en el tiempo y la vida de los seres humanos plantea a los creyentes una inquietud fundamental por el logro de la justicia y la realización de las personas.

Este es un tema del que he hablado en muchas ocasiones en este blog. Cómo así el concepto de verdad (emeth) es una categoría ética y no epistémica en la tradición hebrea (en la que se inscribía Jesús, por supuesto), que evoca el vínculo de confianza en la relación entre personas. El énfasis de Jesús en la invocación del Reino de Dios, en el que los últimos serán los primeros, en convergencia con el mensaje profético. Aquí la preocupación por la justicia y la compasión resulta fundamental, en contraste con la obsesión de los fariseos por la pureza confesional y las formas rituales. En la medida en que desde el Evangelio puede entablarse un diálogo vivo con nuestro tiempo, tenemos que cuestionarnos si ese fariseísmo constituye una tentación el día de hoy.

La promesa del Reino se traduce en la promesa de vida en abundancia para quienes – como el buen ladrón – expresan una genuina misericordia y solidaridad con quienes sufren inmerecidamente. Quienes se dan golpes de pecho pero se rehúsan a ver el rostro del crucificado del Gólgota en los pequeños, en las víctimas, en los desposeídos de este mundo – y prefieren la compañía de los poderosos y los acaudalados para dedicarse al cálculo político y a las ‘grandes decisiones’ -, probablemente no han comprendido de qué se trata la Buena Nueva del Reino, no importan los grandes cargos que desempeñen en el país y en sus instituciones.  El poder es servicio, no una vana posesión.

Jesús de Nazaret fue condenado a muerte acusado de blasfemo y sedicioso. Su mensaje y ejemplo retaron a las élites políticas y eclesiásticas de su tiempo. Jesús prefirió juntarse con espíritus sencillos, receptivos a un mensaje radical a la vez que sencillo: dar la vida por los amigos. Sin embargo, esa prédica cuestiona desde su núcleo la lógica del poder como posesión. Va contra aquello que los "liderazgos" basados en el control instrumental intentan consolidar: el dominio sobre la conducta, la mera utilidad. Esos "liderazgos" situados en el cuerpo político y aún en el eclesiástico encontraron en Jesús un crítico implacable. Al señalar que “su Reino no era de este mundo”, Jesús sostenía que ese Reino no respondía a la idolatría del control sobre los demás. El contrapunto con los fariseismos de toda la vida es evidente...

El cuadro de Rembrandt precisamente esclarece uno de los grandes enigmas de la fe. Jesús está tranquilo en medio de la tormenta, confía - en el sentido mencionado - en la misión que le ha sido encomendada y en la fortaleza del anuncio llevado a cabo por él. Es una confianza práctica. Los seguidores de Jesús son presa del terror, pero él atiende fundamentalmente al camino emprendido, el del ágape. 

No creo que la fe sea una disposición epistémica antes que la comprensión y la expresión del ágape. Tampoco creo que la fe sea un sustrato antropológico ni teológico-político; no creo que sea el cemento que mantiene unida a una sociedad, menos todavía a una sociedad democrática y laica. La fe es una opción existencial para personas reales que entienden el amor por el prójimo como un horizonte espiritual que le da consistencia a la existencia. Un acontecimiento cotidiano que apela radicalmente a la libertad.

 

EL ANTIVOTO

PERSPECTIVAS SOBRE EL ANTIFUJIMORISMO

Gonzalo Gamio Gehri

En estos últimos días ha resurgido el movimiento antifujimorista en el Perú. La parcialidad evidente de buena parte de la “clase política” y de los periodistas, así como el injusto sesgo que viene aplicando el JNE ante los documentados actos de entrega de dinero de parte de la señora Fujimori (y los suyos), han propiciado la reaparición de un sector importante de la ciudadanía que no quiere la vuelta del fujimorismo y lo que significó como proyecto político. No quieren el regreso de quienes quebraron el sistema democrático, perpetraron actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, controlaron las instituciones, compraron la prensa, negociaron con narcotraficantes y traficantes de armas. Sumieron el país en una década siniestra marcada por el crimen, el autoritarismo y la rapiña. El Perú necesita una renovación política, no el retorno de un régimen que fue evidentemente mafioso.

Por supuesto, la protesta debe hacerse siguiendo las prácticas que exigen la ley, la democracia y el sentido de justicia más básico. Hay que rechazar la violencia de donde fuere, no importa su origen o sus destinatarios. Puede protestarse legítimamente sin violencia alguna, como en el caso de las dos marchas organizadas en Lima en contra de la candidatura de Keiko Fujimori.  Ella debe ser excluida del proceso electoral por estas inaceptables prácticas clientelistas, como sucedió en el caso de César Acuña. No pueden hacerse excepciones..

La candidata ha respondido que lamenta que estas protestas estén dirigidas a una persona, que deberían plantearse y discutirse propuestas, que los protestantes deberían apoyar algún proyecto político y promover alguna candidatura.

Es evidente que éste es un cuestionamiento superficial, que no explora la naturaleza de este antivoto y de esta protesta. Quienes protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori rechazan lo que ella representa. Su candidatura representa la entraña delictiva del gobierno de Alberto Fujimori – señalado por Transparencia Internacional como la séptima dictadura más corrupta del siglo XX en el mundo -, del que hereda buena parte de su equipo político y de campaña. En los tiempos más oscuros del fujimorismo, Keiko Fujimori era la primera dama. A los que protestan contra los fujimoristas no les convencen los cambios cosméticos que Keiko Fujimori y su equipo han hecho en los últimos meses en su lista de candidatos al Congreso o el discurso atemperado para la ocasión, menos autoritario. Se trata de puro marketing político.

Quienes protestan contra la postulación de Keiko Fujimori no sólo repudian esta herencia sombría. También sostienen que Keiko Fujimori no está preparada para asumir el gobierno del país. Su trayectoria profesional y política no demuestra que esté apta para ejercer una responsabilidad tan grande. Nunca ha trabajado, y su gestión como congresista no ha sido significativa ni productiva. En años recientes, se ha dedicado a su feudo – el "negocio familiar", es decir, su organización política, cuya dirección responde a consideraciones dinásticas – que le otorga una presencia mediática. Su único “activo político” es llevar el ADN del padre. Su presencia política se la debe a Alberto Fujimori.

Quienes protestan tienen en común el percibir la candidatura de Keiko Fujimori como peligrosa para el futuro de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cada uno de ellos tendrá seguramente alguna afinidad política, y habrá pensado a quién apoyar en las elecciones. Llamar “terruco” a quienes rechazan el proyecto fujimorista retrata muy bien la actitud que asumirían estas personas de llegar al poder: perseguir al opositor, estigmatizarlo y criminalizarlo. Oponerse al fujimorismo – a su juicio – no es un acto político: es un acto subversivo y delictivo. Eso también es violencia, por supuesto.

El antivoto es razonable en este caso. Es absurdo señalar que el voto negativo es intrínsecamente contraproducente o inmaduro; los periodistas que así opinan tienen expectativas se carácter político.  Sostener - como hacen algunos columnistas de los medios afines a los fujimoristas - que a los críticos del fujimorismo sólo los impulsa el odio" es un alegato infantil, que no puede ser tomado con seriedad. Los ciudadanos tienen derecho a decirle “no” a una candidatura que puede suponer un decisivo retroceso en cuanto al desarrollo de la institucionalidad, los derechos humanos y el cuidado de las libertades básicas. Quienes protestan contra el fujimorismo tienen sus propias afinidades electorales, pero tienen en común la defensa de la democracia. Esa es una buena razón  para protestar. No queremos quebrar nuestra democracia. Ese principio que quienes lucharon por la transición presidida por Valentín Paniagua asumieron como una prioridad nacional.

EL EXTRAÑO ARGUMENTO DE LA ‘MADUREZ POLÍTICA’

Gonzalo Gamio Gehri

Dos o tres columnistas de opinión de un medio de internet expresamente conservador han construido un especioso y defectuoso argumento político-electoral e ideológico. Luego de la exclusión de dos candidatos – noticia que recibieron con gran entusiasmo – han alertado a la población que la sociedad peruana se dirige a una situación de polarización. El país se divide hoy - sostienen - entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”. Curiosamente, saludaron el fallo del JNE contra Acuña, pero se sienten preocupados ante la hipotética exclusión de la candidata de Fuerza Popular por una falta semejante. Temen que los “antifujimoristas” desarrollen una actitud supuestamente “irresponsable”; ponen las manos al fuego por el nuevo espíritu “democrático” de los fujimoristas – aducen que han ejercido una “prudente oposición” desde hace quince años -, y sugieren que los críticos de Fujimori  se impongan una disposición conciliadora con los fujimoristas, evocando la experiencia de las transiciones chilena y española. Incluso hablan (ahora sí, pero en sus términos) de la pertinencia de la  ‘Reconciliación’.  

Uno no sabe exactamente si estos columnistas son realmente ingenuos o si están participando en un extraño ajedrez ideológico local. Para empezar, sus modelos históricos no han sido descritos con rigor. Las transiciones chilena y española no han sido procesos exentos de cuestionamiento. El paso chileno a la democracia estuvo lastrado de múltiples ‘enclaves autoritarios’, como los denominan los especialistas (que incluían posiciones estratégicas de funcionarios del régimen de Pinochet, entre otras condiciones planteadas desde la dictadura); la transición española supuso la negociación de una amnistía para los actores de la guerra (que tuvo lugar cerca de cuarenta años antes) y la dictadura. Amnistía significa  - como es sabido - impunidad y silencio.

La dictadura de los noventa es un hecho doloroso y reciente. Los “vladivídeos” documentan la podredumbre de un régimen mafioso, de un grupo político oscuro y de sus cómplices en las fuerzas del orden, la empresa privada, los medios de comunicación, los partidos políticos. El escándalo de corrupción fue mayúsculo. El intensivo “lavado de cara” que ha realizado la prensa involucrada con ese régimen a esos personajes no ha sido suficiente para que mucha gente olvide los crímenes del fujimorato: delitos contra los derechos humanos, corrupción, compra de conciencias, esterilizaciones forzadas, destrucción de la institucionalidad, vínculos con el narcotráfico, etc. Muchos peruanos no pueden olvidar la huida a Japón, la renuncia por fax, entre otros gestos políticos vergonzantes. El fujimorismo no ha roto completamente con ese pasado, dada la ambivalencia de su discurso y la pervivencia de prácticas lesivas de la democracia, como el clientelismo y el lamentable “pan y circo”. La violencia hay que desestimarla siempre - eso está fuera de cualquier discusión -, pero la protesta  política observante de las leyes contra lo que significa el fujimorismo está plenamente justificada.

Alberto Fujimori está preso por crímenes comprobados. No queremos que en el Perú prevalezca la impunidad frente a ellos. Ni en España ni en Chile los hijos de los dictadores han pretendido generar “organizaciones dinásticas”, movimientos políticos de un retorcido caudillismo que se han convertido en verdaderos feudos familiares. La construcción de candidaturas basadas en el ADN de Pinochet o Franco habría impedido la marcha de la democracia en aquellos países, o habría suscitado severos problemas y preocupaciones en los espacios de opinión pública. La derecha chilena y el Partido Popular han sabido asumir una estructura democrática y un discurso republicano o liberal / conservador. El fujimorismo no ha desestimado sus raíces autoritarias. Su entorno político más relevante data de los noventa.

Un análisis detenido de aquellos alegatos falsamente “conciliadores” revela sus lagunas y equívocos. La desconfianza frente al legado y las  propuestas del fujimorismo no es un signo de “inmadurez”, sino es expresión de una perspectiva histórica basada en los hechos. Un  juicio fundado en una conciencia civil. Nos tomó a los peruanos diez años recuperar las instituciones democráticas. No resulta extraño que queramos preservar los bienes propios del Estado de derecho contra cualquier peligro potencial que pudiera debilitarlos.

¿LA DEMOCRACIA PERUANA EN RIESGO? ALGUNOS APUNTES PRELIMINARES

Gonzalo Gamio Gehri

Preocupante la situación de la política peruana. Quienes creen que la salida de la candidatura de Julio Guzmán de la campaña electoral se explica exclusivamente con el escueto slogan “hay que cumplir la ley”, deberían revisar las expresiones de preocupación de la OEA por el caso, así como las notas de numerosos medios de prensa internacional que han cubierto la noticia en los últimos días. ¿Esta situación pone en riesgo la democracia en el Perú y la legitimidad del proceso electoral? Eso es algo que tiene que ser debatido con rigor y objetividad. La idea transmitida ha sido que el Jurado Nacional de Elecciones ha fallado de tal manera que la candidatura de Guzmán sale de carrera por una cuestión formal, una presunta irregularidad de democracia interna sobre la que ningún miembro de Todos por el Perú ha planteado denuncia, cuestionamiento, impugnación o queja alguna. Una presunta irregularidad que no puede ser materia de tacha.

Lo curioso del caso es que Todos por el Perú no constituye la única organización que presenta algún problema o cuestionamiento de orden procedimental en cuanto a la inscripción de una lista presidencial o la celebración de una alianza electoral. Una investigación elaborada por la revista Poder sostiene que el PPC no aprobó la alianza con el APRA en un Congreso Extraordinario, como sus estatutos estipulaban. A diferencia del caso de Guzmán, miembros del PPC ya habían señalado críticas y dudas al respecto ante el mismísimo JNE. David Rivera – quien dirige la revista – se pregunta “por qué el JNE ha puesto los reflectores especialmente sobre  Todos por el Perú”. El resultado es que el JNE ha sacado de la carrera electoral a la candidatura que hasta ahora ocupaba el segundo lugar en los sondeos de opinión. Esta situación convulsiona la marcha de la campaña y convierte extrañamente al tribunal electoral en una suerte de actor inesperado.

Más allá de las acciones que pueda tomar Todos por el Perú – dentro y fuera del Perú, incluyendo posiblemente la CIDH – el de hoy es otro escenario político. Los críticos más duros señalan que este escenario está bosquejado para que Keiko Fujimori logre la Presidencia. A su juicio, los medios nacionales casi no la critican. Aquellos críticos no carecen de razones para aseverar eso. los adversarios políticos de Fuerza Popular no cuestionan la debilidad de su programa de gobierno, ni la cuestionada trayectoria de algunos de sus colaboradores más influyentes. Es preciso saber si los aspirantes presentables que quedan - Barnechea, Mendoza y PPK - podrán enfrentarse con solvencia moral y política a la nueva amenaza autoritaria que representa el fujimorismo,, y si los ciudadanos podremos movilizarnos y organizarnos de modo que esta amenaza pueda ser derrotada en las urnas. La democracia se fortalece si actuamos como ciudadanos. Somos parte de la solución. No cabe duda al respecto.

En el plano de los procedimientos electorales, veremos si la denuncia ante el Jurado Electoral Especial sobre la presunta donación de dinero en plena campaña – acusación que lesionó fatalmente la candidatura de Acuña – prospera hasta comprometer la campaña de los fujimoristas. Pronto sabremos si la investigación del JNE será estricta o no, o si procede con imparcialidad a la luz de la evaluación de las pruebas y los argumentos que se presenten para fundamentar este caso.Tendrán que pasar algunas semanas para reconocer y discernir el verdadero impacto de estos acontecimientos en el espacio político peruano y si comprometen o no al sistema democrático.

CIUDADANÍA, PEDAGOGÍA Y CULTURAS. EL DESAFÍO DE UNA EDUCACIÓN DELIBERATIVA*

Gonzalo Gamio Gehri

El compromiso con los derechos humanos y el cuidado de la razón práctica constituyen elementos básicos de toda educación ciudadana en una sociedad democrática. Se trata de dimensiones de la formación del juicio y del carácter que nos permiten lidiar razonable y respetuosamente con los valores de la pertenencia cultural. Una sociedad democrática se propone ofrecer espacios sociales en los que los individuos puedan desarrollar libremente sus vínculos con sus culturas originarias – vínculos que, como hemos visto, pasan por el ejercicio de la crítica -, a la vez que defender con firmeza los cimientos legales e institucionales del pluralismo razonable.

La educación cívica democrática requiere potenciar una ética deliberativa que forma a las personas en la dinámica de forjar consensos interpersonales y expresar disensos a partir del recurso a razones expuestas en el espacio público. Abraham Magendzo es el académico que en los últimos años se ha dedicado a elaborar un paradigma pedagógico que desarrolla esta perspectiva ética. Este modelo promueve la práctica del discernimiento de principios y fines, pero también propicia el encuentro dialógico entre personas que suscriben diferentes visiones del mundo y la vida. Alienta, asimismo, la empatía, el reconocerse en la situación de otros para generar vínculos de solidaridad interpersonal en el seno de una sociedad democrático-liberal.

“Una sociedad que delibera es una sociedad capaz de respetar las diferencias, identidades y opiniones. Pero también es una sociedad cuyos miembros son capaces de comprender y colocarse en la posición de sus interlocutores, de modo que pueden advertir el porqué de sus demandas u opiniones, de esta forma se generaran ámbitos de comunicación que enriquecen e integran en igualdad las diferentes posiciones de sus miembros, que son capaces de resolver y establecer el entendimiento sobre la base de bienestar común y del respeto a las minorías”[1].

La pedagogía deliberativa le otorga un inapreciable valor tanto a la defensa de la universalidad como a la reivindicación de las diferencias. Defiende radicalmente el universalismo moral y legal expresado en la cultura de los derechos humanos y en el imperativo de dispensar un trato igualitario y respetuoso a toda persona humana, más allá de su credo, origen y estilo de vida. Por ello promueve la observancia de los procedimientos democráticos que garantizan una vida social sana y razonable. Estos procedimientos buscan asegurar el sistema de derechos que vertebra una sociedad pluralista y liberal.

Pero también esta pedagogía alienta la expresión de las diferencias en el seno de una democracia. El valor de esa diversidad debe expresarse a través de los canales que establece la ley, en el marco del respeto de las libertades y derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Comunicar estas diferencias, contrastarlas y discutirlas en las esferas de deliberación constituye un derecho básico, el derecho a ser uno mismo. Como hemos señalado, la construcción de la identidad es un proceso abierto al diálogo; es un proceso que dura toda la vida y que supone el escrutinio permanente y riguroso de la razón práctica. El despliegue de las identidades constituye una ocasión para el cultivo de la conversación cívica y el mutuo aprendizaje en un sentido ético y político. Una democracia genuina promueve el desarrollo de las fuentes identitarias de las personas, del mismo modo que procura formar a esas personas como ciudadanos que suscriben  conscientemente un sistema público basado en el cuidado de la libertad y la igualdad de todos los miembros de la sociedad.

---

* Se trata de la quinta parte  de un texto presentado en la revista electrónica de Foro Académico. bajo el título general El cuidado de la diversidad.

[1]Magendzo, Abraham “Formación de estudiantes deliberantes para una democracia deliberativa” en: REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2007, Vol. 5, No. 4,  p.  74. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/art4.pdf.