Gonzalo Gamio Gehri
Increíble
lo que ha pasado en la Universidad San Martín
de Porres hace unos pocos días. Y la respuesta del Decano de la Facultad de
derecho resulta aún más sorprendente. De acuerdo con lo señalado por una
testigo del incidente, las autoridades de la Facultad consideraron pertinente tomar fotos en
una clase en el contexto de la campaña de publicidad. La persona denunciante
indica que, en medio de la clase, por disposición de las autoridades, “entraron 10alumnos blancos (da la casualidad que todos eran blancos) yse intercalaron conlos alumnos que estaban en el salón, luego procedieron a tomar las
instantáneas”. Estos alumnos no eran parte de la clase. La alumna que
comenta el hecho sostiene – con razón – que esta acción puede calificarse como
racista. El incidente provocó una serie de reacciones y comentarios, que
motivaron que el Decano, Ernesto Álvarez Miranda – ex presidente del Tribunal
Constitucional – escribiera una nota sobre el tema.
“No creerán que
luego de haber presidido el TC resulto ser racista, pasa que para hacer publicidad a colegios de nivel B hay
que ponerse en la mente y gustos de chicos y chicas de 16 años. No comparas
planes de estudio ni corrientes jurídicas, sino que ojeas el folleto de
admisión y eliges el lugar donde encuentras gente que quisieras conocer por los
motivos más frívolos y superficiales. La publicidad
eficaz es la que se pone en el lugar del público objetivo a la que está destinada.
Las profes pidieron gentilmente intercalar a los chicos con chicas, y en el
grupo había de diversos tipos y colores, por cierto. Disculpen si alguien se
ofendió, la idea es que postulen más y mejores muchachos para seguir elevando
nuestra posición en los rankings, y eso beneficiará a graduados, alumnos y
profesores".
Es lamentable constatar la cantidad de prejuicios y
estereotipos que presenta esta asombrosa respuesta. La nota empieza con una
evidente falacia (la idea es “no puedo ser racista
si he presidido el Tribunal Constitucional").
Se asume que “los colegios de nivel B” cuentan con estudiantes de un cierto
“perfil”, y que en general la clase media está compuesta por personas de un
determinado fenotipo. La alusión a los "mejores muchachos" es
profundamente desafortunada, y sumamente grave en una Facultad de derecho, en
una universidad cuyo patrono es san Martín de Porres - un hombre de bien
víctima de discriminación racial - y en un país democrático y multicultural. El
texto supone que los postulantes eligen presentarse a una u otra universidad
sin tomar en cuenta alguna consideración académica o profesional. El
decano minusvalora a los alumnos escolares de una manera que resulta a todas
luces ofensiva. Sostener que los móviles de los estudiantes para escoger
universidad constituyen “los motivos más frívolos y superficiales" es, por
lo menos, una generalización altamente discutible. No es la respuesta que uno
espera de una institución que pretende ser formadora de la juventud.
Pero hay un asunto, si cabe, más grave. La USMP se
precia de tener una prestigiosa Facultad de derecho.
Se supone que la razón de ser de su existencia es la preocupación por la
justicia en nuestra sociedad. La idea de introducir muchachos blancos en la
clase como una estrategia de marketing refuerza prejuicios racistas que
vulneran la dignidad y la igualdad de las personas y lesionan la democracia.
Una universidad que respeta los derechos humanos – y que los concibe como algo
más que normas y procedimientos puramente formales – no debe renunciar a formar
el juicio de las personas, a educar, y a combatir cualquier forma de
discriminación. Entregarse a las exigencias de la mera mercadotecnia
incurriendo en prácticas racistas equivale a claudicar en la tarea de hacer
pedagogía moral y política en la universidad. Las universidades no son meras
empresas que por todos los medios se proponen competir para captar un buen
número de estudiantes matriculados. El funesto decreto legislativo 882 – un
decreto fujimorista – generó una peligrosa distorsión de la misión
universitaria; fomentó la creación esos centros de dudosa calidad que invocan
la existencia de una “raza distinta” (para citar otro ejemplo, especialmente
patético) cuyos exponentes perciben toda transacción humana e institución desde
la lógica de los negocios.
No dejemos que las universidades abjuren de sus fines en nombre de meras
motivaciones económicas. La universidad debe ser un espacio para la forja de
una conciencia crítica que interpela las presuposiciones y las prácticas
que debilitan la cultura de derechos en el país. En el caso específico de la USMP , hay que felicitar la
iniciativa de los propios alumnos de denunciar el hecho. La respuesta del
decano sí preocupa, se esperaría alguna rectificación de su parte, cuando
menos. El decano afirma que "los blancos venden", y que "nuestro mercado es así", sin importar lo nocivas que son estas suposiciones para la cultura de los derechos humanos. La apelación a un supuesto “realismo de mercado” – la aspiración a
llegar a un determinado público para captar postulantes de aquel grupo social –
no puede oscurecer un propósito crucial de una genuina universidad: construir
conocimiento para formar una sociedad autoconsciente y justa, que defiende los
derechos de todos sus ciudadanos.