RECORDAR PARA QUE NO SE REPITA
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN EN EL PERÚ
Gonzalo Gamio Gehri [1]
El 28 de Agosto de 2003, el Dr. Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregaba el Informe Final elaborado por esta institución[2], encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por los grupos terroristas y por agentes del Estado en el período entre 1980 – 2000, décadas marcadas por una etapa de precariedad democrática y luego por la asunción de una dictadura cívico – militar. En sus nueve tomos, el documento muestra con claridad y solidez argumentativa la situación de indefensión que vivió el pueblo peruano – en particular en las zonas más empobrecidas del país – frente a la violencia desatada por los movimientos subversivos (el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y la represión militar. El Informe Final describe en qué medida el Estado peruano y la mayoría de las instituciones sociales no cumplieron la misión de proteger a los ciudadanos ni de proponer políticas que pudiesen combatir la situación de injusticia y violencia que laceraba la sociedad. La CVR ha constatado – en palabras del Doctor Lerner – un “doble escándalo”: el de la violencia y el de la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos respecto del sufrimiento injusto de miles de compatriotas[3].
A la CVR el Estado peruano le encomendó tres tareas. En primer lugar, esclarecer la verdad de los hechos de violencia suscitados en el período mencionado, precisando las causas y las secuelas del conflicto armado interno. En segundo lugar, determinar las responsabilidades de quienes fueron actores de la violencia, o se vieron envueltos en ella. En este sentido, debía precisar tanto la gravedad de las acciones de los protagonistas del conflicto armado, como también describir la actitud del Estado y las instituciones en aquel tiempo. En tercer lugar, proponer reformas institucionales y un plan integral de reparaciones que pueda impulsar un proceso de reconciliación que permita reconstruir nuestros vínculos comunitarios y fortalecer el régimen democrático; la reconciliación constituye un proceso histórico de largo aliento, que requiere de la participación directa de la sociedad civil. Luego de siete meses de la entrega del Informe Final al Estado y la sociedad peruana, la CVR aún espera que el documento se convierta en tema de debate en los espacios públicos parlamentarios y en la esfera de la opinión pública. El Poder Ejecutivo tarda muchísimo en acusar una lectura detenida del Informe y en atender a las recomendaciones de la Comisión. Asimismo, la CVR ha entregado al Ministerio Público un número determinado de casos que debían ser investigados y sometidos a proceso judicial. No obstante, las instituciones judiciales no han mostrado un especial interés en avanzar en estas investigaciones.
El diagnóstico de la CVR es profundamente estremecedor. Las proyecciones estadísticas del Informe Final señalan que alrededor de 69 mil peruanos perdieron la vida en el conflicto armado interno. De la totalidad de las víctimas, se ha establecido que el 75% era quechuahablante, el 90% habitante del campo y provenía de las zonas más empobrecidas del país. La mayoría de las víctimas de asesinato y tortura no pudo lograr que su voz se escuche en alguna dependencia policial, juzgado, municipio o institución humanitaria: ellos estuvieron condenados a sufrir en silencio. La Comisión ha señalado a los grupos terroristas como los causantes del mayor número de víctimas; la CVR sindica al PCP–SL como una organización terrorista y genocida, que no dudó en someter a esclavitud a comunidades ashaninkas enteras o a utilizar coches-bomba en calles céntricas de Lima. Del mismo modo, indica que las Fuerzas Armadas incurrieron, en ciertos períodos y lugares, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales) y no meros “excesos”, como algunos políticos de escaso talante crítico preferían llamar a estos crímenes.
La CVR establece que los gobiernos democráticos de la década de los ochenta (el de Fernando Belaúnde y el de Alan García) renunciaron a ejercer el poder político de modo que pudiesen combatir las causas de la violencia y defender la legalidad, creando comandos político – militares en las zonas de emergencia donde las Fuerzas Armadas cumplían, extrañamente, funciones políticas. La penosa abdicación del poder por parte del gobierno civil en favor de las Fuerzas Armadas en las zonas golpeadas por la violencia terrorista sentaron las bases de lo que después daría forma a los métodos de control político – militar bajo la dictadura fujimorista. Las investigaciones de la CVR han encontrado responsabilidad política en ambos gobiernos. La CVR asigna asimismo responsabilidad penal a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y su cúpula de poder, por la formación de comandos militares de exterminio (el caso del Grupo Colina) cuyos crímenes contaban con la aprobación del dictador y su asesor.
Pero la sociedad peruana entera es también responsable por lo vivido. Ningún fenómeno de estas características puede suceder sin el consentimiento de la población. Muchas veces los ciudadanos preferimos mirar a otro lado cuando se perpetraban crímenes contra la vida y la dignidad humana. Muchos optaron por respaldar un gobierno autoritario y mafioso como el de Fujimori, a cambio de “mano dura” en políticas antisubversivas; muchos prefirieron renunciar a la acción ciudadana y someterse al arbitrio del régimen. Pudimos hacer algo y no lo hicimos. Es en esa línea de reflexión que la CVR llama la atención sobre la responsabilidad moral de todos los peruanos en relación con la crudeza del conflicto armado y la ausencia de compromiso cívico con la defensa de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática.
Como en el caso de otras Comisiones de la Verdad en el mundo, el trabajo de la CVR ha sido recibido con cierta irritación y hostilidad por los partidos políticos y algunas instituciones civiles. Algunos representantes conservadores han considerado “inconveniente” la recuperación pública de la memoria que ha desarrollado la CVR. Afirmaban que carece de sentido “hurgar en el pasado” para “reabrir viejas heridas”. Con esta actitud, pretendían de facto acallar la voz de las víctimas y defender la impunidad de los perpetradores. Muchos de ellos habían votado la Ley de Amnistía años atrás. Aquellos que ejercieron cargos de gobierno en los 80´ perdieron la oportunidad de elaborar un análisis riguroso y autocrítico sobre su actuación en aquellos años de terror y crueldad: aplicaron una vez más la lógica del Avestruz. Entre las instituciones civiles, sólo los organismos de defensa de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y algunas universidades han asumido seriamente la tarea de recoger y examinar el Informe (con la excepción de unos pocos obispos, que rechazaron el Informe sin siquiera leerlo). Afrontar la verdad puede ser una experiencia dolorosa.
La CVR ha lanzado el reto. El Informe Final constituye un texto que habla de la violencia, la desigualdad, la injusticia y las profundas fracturas sociales presentes en la sociedad peruana. De la profunda brecha existente entre el “Perú oficial” y el “Perú real”. También habla de nuestros anhelos de inclusión y equidad, de nuestras esperanzas y posibilidades de re-fundar una auténtica res pública. A los peruanos nos toca ahora recoger el guante y – a través del diálogo, la crítica y la acción cívica - luchar por esa reconciliación.
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN EN EL PERÚ
Gonzalo Gamio Gehri [1]
El 28 de Agosto de 2003, el Dr. Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregaba el Informe Final elaborado por esta institución[2], encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por los grupos terroristas y por agentes del Estado en el período entre 1980 – 2000, décadas marcadas por una etapa de precariedad democrática y luego por la asunción de una dictadura cívico – militar. En sus nueve tomos, el documento muestra con claridad y solidez argumentativa la situación de indefensión que vivió el pueblo peruano – en particular en las zonas más empobrecidas del país – frente a la violencia desatada por los movimientos subversivos (el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y la represión militar. El Informe Final describe en qué medida el Estado peruano y la mayoría de las instituciones sociales no cumplieron la misión de proteger a los ciudadanos ni de proponer políticas que pudiesen combatir la situación de injusticia y violencia que laceraba la sociedad. La CVR ha constatado – en palabras del Doctor Lerner – un “doble escándalo”: el de la violencia y el de la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos respecto del sufrimiento injusto de miles de compatriotas[3].
A la CVR el Estado peruano le encomendó tres tareas. En primer lugar, esclarecer la verdad de los hechos de violencia suscitados en el período mencionado, precisando las causas y las secuelas del conflicto armado interno. En segundo lugar, determinar las responsabilidades de quienes fueron actores de la violencia, o se vieron envueltos en ella. En este sentido, debía precisar tanto la gravedad de las acciones de los protagonistas del conflicto armado, como también describir la actitud del Estado y las instituciones en aquel tiempo. En tercer lugar, proponer reformas institucionales y un plan integral de reparaciones que pueda impulsar un proceso de reconciliación que permita reconstruir nuestros vínculos comunitarios y fortalecer el régimen democrático; la reconciliación constituye un proceso histórico de largo aliento, que requiere de la participación directa de la sociedad civil. Luego de siete meses de la entrega del Informe Final al Estado y la sociedad peruana, la CVR aún espera que el documento se convierta en tema de debate en los espacios públicos parlamentarios y en la esfera de la opinión pública. El Poder Ejecutivo tarda muchísimo en acusar una lectura detenida del Informe y en atender a las recomendaciones de la Comisión. Asimismo, la CVR ha entregado al Ministerio Público un número determinado de casos que debían ser investigados y sometidos a proceso judicial. No obstante, las instituciones judiciales no han mostrado un especial interés en avanzar en estas investigaciones.
El diagnóstico de la CVR es profundamente estremecedor. Las proyecciones estadísticas del Informe Final señalan que alrededor de 69 mil peruanos perdieron la vida en el conflicto armado interno. De la totalidad de las víctimas, se ha establecido que el 75% era quechuahablante, el 90% habitante del campo y provenía de las zonas más empobrecidas del país. La mayoría de las víctimas de asesinato y tortura no pudo lograr que su voz se escuche en alguna dependencia policial, juzgado, municipio o institución humanitaria: ellos estuvieron condenados a sufrir en silencio. La Comisión ha señalado a los grupos terroristas como los causantes del mayor número de víctimas; la CVR sindica al PCP–SL como una organización terrorista y genocida, que no dudó en someter a esclavitud a comunidades ashaninkas enteras o a utilizar coches-bomba en calles céntricas de Lima. Del mismo modo, indica que las Fuerzas Armadas incurrieron, en ciertos períodos y lugares, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales) y no meros “excesos”, como algunos políticos de escaso talante crítico preferían llamar a estos crímenes.
La CVR establece que los gobiernos democráticos de la década de los ochenta (el de Fernando Belaúnde y el de Alan García) renunciaron a ejercer el poder político de modo que pudiesen combatir las causas de la violencia y defender la legalidad, creando comandos político – militares en las zonas de emergencia donde las Fuerzas Armadas cumplían, extrañamente, funciones políticas. La penosa abdicación del poder por parte del gobierno civil en favor de las Fuerzas Armadas en las zonas golpeadas por la violencia terrorista sentaron las bases de lo que después daría forma a los métodos de control político – militar bajo la dictadura fujimorista. Las investigaciones de la CVR han encontrado responsabilidad política en ambos gobiernos. La CVR asigna asimismo responsabilidad penal a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y su cúpula de poder, por la formación de comandos militares de exterminio (el caso del Grupo Colina) cuyos crímenes contaban con la aprobación del dictador y su asesor.
Pero la sociedad peruana entera es también responsable por lo vivido. Ningún fenómeno de estas características puede suceder sin el consentimiento de la población. Muchas veces los ciudadanos preferimos mirar a otro lado cuando se perpetraban crímenes contra la vida y la dignidad humana. Muchos optaron por respaldar un gobierno autoritario y mafioso como el de Fujimori, a cambio de “mano dura” en políticas antisubversivas; muchos prefirieron renunciar a la acción ciudadana y someterse al arbitrio del régimen. Pudimos hacer algo y no lo hicimos. Es en esa línea de reflexión que la CVR llama la atención sobre la responsabilidad moral de todos los peruanos en relación con la crudeza del conflicto armado y la ausencia de compromiso cívico con la defensa de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática.
Como en el caso de otras Comisiones de la Verdad en el mundo, el trabajo de la CVR ha sido recibido con cierta irritación y hostilidad por los partidos políticos y algunas instituciones civiles. Algunos representantes conservadores han considerado “inconveniente” la recuperación pública de la memoria que ha desarrollado la CVR. Afirmaban que carece de sentido “hurgar en el pasado” para “reabrir viejas heridas”. Con esta actitud, pretendían de facto acallar la voz de las víctimas y defender la impunidad de los perpetradores. Muchos de ellos habían votado la Ley de Amnistía años atrás. Aquellos que ejercieron cargos de gobierno en los 80´ perdieron la oportunidad de elaborar un análisis riguroso y autocrítico sobre su actuación en aquellos años de terror y crueldad: aplicaron una vez más la lógica del Avestruz. Entre las instituciones civiles, sólo los organismos de defensa de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y algunas universidades han asumido seriamente la tarea de recoger y examinar el Informe (con la excepción de unos pocos obispos, que rechazaron el Informe sin siquiera leerlo). Afrontar la verdad puede ser una experiencia dolorosa.
La CVR ha lanzado el reto. El Informe Final constituye un texto que habla de la violencia, la desigualdad, la injusticia y las profundas fracturas sociales presentes en la sociedad peruana. De la profunda brecha existente entre el “Perú oficial” y el “Perú real”. También habla de nuestros anhelos de inclusión y equidad, de nuestras esperanzas y posibilidades de re-fundar una auténtica res pública. A los peruanos nos toca ahora recoger el guante y – a través del diálogo, la crítica y la acción cívica - luchar por esa reconciliación.
[1] Doctorando en filosofía por La UPCo. Profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya .
[2] Texto disponible en la Página www.cverdad.org.pe.
[3]Véase Lerner Febres, Salomón “Discurso de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación” Lima, 2003, p. 2.
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