ESQUEMA SOBRE POLÍTICA, SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA

Gonzalo Gamio Gehri

I.- DEMOCRACIA

}  Tomar distancia del concepto de democracia basado en la etimología (Démos / Krátos) [1].

}  “Pueblo” es una categoría equívoca (se la interpreta en términos de unanimidad).

}  Todos los tiranos han sido en su momento “populares”.

}  Una forma de vida política que atiende a la distribución del poder.

1. Herencia liberal

}   Sistema de derechos universales.

}  Mecanismos de representación política.

}  Separación de poderes al interior del Estado.

}   Fronteras  institucionales: Estado / Mercado / Iglesias / Universidades / Sociedad civil.

}  Secularización de la política.

2. Herencia clásica.

}   Noción de ciudadanía como agencia política.

}   Participación del ciudadano en la cosa pública.

}   Autogobierno como una forma de defender derechos.

}   Espacios de la sociedad civil y partidos políticos como potenciales espacios públicos.

2.- DOS MODOS DE INJUSTICIA.

}  Injusticias y fatalidades.

}  Dos modos de injusticia (Cicerón / J. Shklar):

}  Injusticia activa: cuando lesionamos la ley o atentamos contra los derechos de nuestros conciudadanos.

}  Injusticia pasiva: cuando un tercero atenta contra la ley y nosotros - por indiferencia, pereza o complicidad – preferimos mirar hacia otro lado.

}  Idea de injusticia pasiva (Cicerón / Judith Shklar).

}  Categoría cívica fundamental.

}  La ausencia de compromiso cívico refuerza las actitudes autoritarias (Tocqueville).

}  La tesis de la “servidumbre voluntaria” (La Boetie).

}  Idea antidemocrática de las “instituciones tutelares”.

}  Tema de la indolencia frente al dolor de las víctimas. Incapacidad de ponerse en el lugar del otro.

3.- MEMORIA Y JUSTICIA

}  Cultura de derechos humanos e Idea de justicia transicional:

}  Forma de investigación y acción política que tiene lugar en procesos de recuperación de la democracia (“transiciones”).

}  Revisión del pasado violento o autoritario como condición para la recuperación de la paz o del orden constitucional.

}  Proceso de carácter público: supone la contrastación de testimonios e interpretaciones en torno a la violencia vivida. La voz de las víctimas tiene prioridad.

}  Memoria es una actividad hermenéutica que hace visible lo invisible (Reyes Mate).

}  El fin de la memoria es hacer justicia. Restituir a la víctima su condición de ciudadano.

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[1] Notas para la conferencia dictada en abril en el Diálogo Parlamento transparente y lucha contra la corrupción en el Perú, organizado por Transparencia en coordinación con USAID y el Congreso de la República.  

SOCIEDAD CIVIL Y BIENES COMUNES

Gonzalo Gamio Gehri

Suele suponerse que el debate y la configuración de las cuestiones relativas al bien público – líneas de gobierno, ley y legislación, edificación de instituciones – corresponden al sistema político, el Estado y los partidos que compiten por convertirse en alternativas de gobierno o de labor legislativa. Nos referimos a asuntos (y bienes específicos) que apelan a la sociedad en términos de una entidad política común. La discusión en torno a la agenda pública y la toma de decisiones recaen por supuesto en nuestros representantes y en los militantes de las organizaciones políticas, pero los ciudadanos podemos participar en estas actividades desde otros lugares, como las instituciones de la sociedad civil.

Ciudadanos que no mantienen membrecía en un movimiento político puntual pueden intervenir en la conversación política o fiscalizar a sus autoridades desde los espacios abiertos en universidades, colegios profesionales, sindicatos, comunidades religiosas, gremios, grupos de reflexión, ONGs, etc., espacios externos al sistema político que median entre las personas y el Estado, y que pueden convertirse en foros para la forja del juicio ciudadano. Problemas como la corrupción o la defensa de derechos básicos pueden ser abordados desde estos foros, y traducirse en iniciativas que pueden traducirse – a través de los canales legales – en políticas concretas.

Difícilmente podríamos imaginar el movimiento de las ideas en el país sin la investigación y la discusión crítica al interior de las universidades, o la vindicación de derechos sociales sin las organizaciones de trabajadores y los movimientos feministas, sólo por poner tres  ejemplos. Lo mismo podemos decir sobre la defensa de derechos humanos y las políticas de educación intercultural desde la acción de organizaciones sociales y los movimientos de derechos humanos. Y podemos citar otros casos. Estos escenarios pueden abrirse a la intervención de ciudadanos independientes, o potenciarse otros lugares para este fin. Una democracia requiere de partidos políticos sólidos – de los que adolece nuestro país desde hace tiempo -, pero también exige contar con una sociedad civil plural organizada y diversa, que permita el planteamiento y la contrastación del juicio cívico. A mbos constituyen espacios para la acción y la deliberación común.

REFLEXIONES SOBRE EL CORAJE CÍVICO

Gonzalo Gamio Gehri

La situación del país en materia de corrupción constituye una fuente de inquietud entre los ciudadanos. Lo que viene sucediendo en Ancash y en otras regiones del país es grave: autoridades que se benefician económica y políticamente desde el ejercicio del poder, hostilizando o incluso lesionando a sus potenciales opositores, estableciendo alianzas con congresistas y periodistas en virtud de negociaciones en la sombra. El recurso al espionaje y a los servicios de sicarios para eliminar obstáculos en el camino de ciertos representantes regionales se ha convertido en un signo bastante claro de que algo se pudre desde hace tiempo en la política peruana.

Estas circunstancias ponen de manifiesto de que la corrupción es un fenómeno con el que no se puede convivir sin generar graves peligros contra el sistema de derechos. Ella prospera en tiempos de autoritarismo, y lo alimenta en todos los niveles. La corrupción es un fenómeno ciertamente complejo, que no se agota en el uso de los bienes públicos para obtener beneficios de carácter privado. El espacio de la corrupción no es sólo el Estado. Hablamos propiamente de “corrupción” cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos. Una definición como ésta permite ampliar la descripción del fenómeno hacia contextos no públicos, y a contemplar el circuito completo, incorporando la figura del corruptor y el corrupto en todos sus escenarios.

La concentración de poder en pocas manos en diversos espacios (Estado, sindicatos, etc.), y  la ausencia de fiscalización efectiva propician el surgimiento de la corrupción. La corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar. La fe en la transparencia de las transacciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo. La cultura de la impunidad  refuerza la conducta corrupta (y corruptora) y desmoraliza al ciudadano. Aquí se hace significativa la noción de “injusticia pasiva” tal como ha sido discutida por Judith N. Shklar en diálogo con la obra de Cicerón y de Giotto. Actuamos de manera ‘pasivamente injusta’ en tanto  cuando un tercero atenta contra la ley y nosotros - por indiferencia, pereza o cobardía – preferimos mirar hacia otro lado. Nos comportamos como súbditos.

Conjuramos la corrupción con instituciones sólidas, con los filtros adecuados y con una práctica cotidiana de rendición de cuentas. No obstante, ninguna de estas condiciones se configura sin acción y vigilancia ciudadana. La corrupción no prospera sin injusticia pasiva. Requerimos ciudadanos dispuestos a considerar la corrupción como una injusticia inaceptable. Que puedan actuar desde los espacios que brindan el sistema político y las instituciones de la sociedad civil. Se trata de escenarios en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común, y generar formas de vigilancia respecto de la conducta de las autoridades, , que finalmente administran el poder por encargo de los ciudadanos y tienen que responder ante ellos en materia de eficacia, probidad y calidad de la gestión.

 . 

El conocimiento de la ley, la conciencia del propio derecho a la praxis cívica y la fiscalización de las autoridades constituyen recursos importantes para el control democrático y la defensa de la ética pública. Nada de esto se logra sin coraje cívico, el valor que mueve a los agentes políticos a llamar las cosas por su nombre y a confrontar a las autoridades elegidas que exceden sus potestades y vulneran la ley. Hoy, la hija de un opositor al hasta hace poco mandamás de Ancash pone el ejemplo. Quiere reivindicar la figura de su padre asesinado en oscuras circunstancias y enfrentar a quienes podrían haber propiciado tal delito – un hecho que tiene valor -, pero, aún movida por el dolor, no teme enfrentarse a un poder superior a sus fuerzas. No es la única que se atreve a denunciar la injusticia, ante la incomodidad de un sector de nuestra “clase dirigente”. Hay que quebrar esa lamentable tolerancia a la corrupción que le otorga una aureola de invulnerabilidad a los corruptos.  

(Una versión corregida y ampliada de este texto aparecerá en Ideele). 

LOS MEDIOS, LOS INTELECTUALES Y LA OPINIÓN PÚBLICA. APUNTES SOBRE LA PRENSA LOCAL, HOY

Gonzalo Gamio Gehri

La presencia de los intelectuales en el espacio de construcción de opinión pública (al menos en el ámbito de los medios de comunicación de masas) es escasa; se reduce a muy pocos espacios periodísticos.  Impera en la actualidad la figura del columnista  de opinión que escribe notas cada vez más cortas y sin una unidad temática, en las que emite juicios sin el respaldo de algún argumento o sobre la base de alguna investigación, y con frecuencia obedeciendo a una agenda política bastante precisa. Hoy el estilo visceral se ha se impuesto en diversos medios de prensa y cuenta con un cierto número de lectores. La dimensión pedagógica del periodismo brilla por su ausencia. En algunos medios parece primar hoy el prejuicio, la mera impresión, la diatriba, cuando no el insulto. El estilo virulento ha calado hondo en un buen número de espacios de comunicación. Tenemos ejemplos célebres de este cuestionable proceder.

Por supuesto, no se espera que los intelectuales constituyan el sector con mayor presencia en los medios. No es esa la tesis que quisiera bosquejar aquí. La esfera pública está abierta a todos los ciudadanos que tengan algo razonable que sostener sobre los asuntos de interés común. Empresarios, profesionales, trabajadores, todos los ciudadanos son posibles formadores de opinión pública. Nadie tiene garantía de lucidez en los asuntos políticos. Sin embargo, me parece importante fortalecer la figura del “intelectual público”, venida a menos en el contexto local.  En estos días se viene discutiendo este asunto, ello que me parece positivo. La historia del Perú destaca la presencia de esta clase de escritores, desde Vidaurre, Rodríguez de Mendoza,  así como  el autodenominado “solitario de Sayán” y otros intelectuales en adelante. El aporte de los intelectuales en el espacio de discusión política es valioso por dos razones.

En primer lugar, porque los intelectuales están habituados a tratar con argumentos y evidencias. Ese modo de proceder – actuar  brindando, recibiendo y evaluando razones - previene contra el autoritarismo y la prepotencia que hoy prosperan en algunos medios. El cuidado del argumento educa en la actividad ciudadana y promueve el diálogo y el cultivo de la crítica, el elemento básico de la esfera pública y también de la genuina academia. En segundo lugar, porque el pensamiento crítico exige lo que Richard Bernstein denomina – siguiendo a James, a Pierce y a Dewey, célebres forjadores del pragmatismo filosófico  – la actitud falibilista, que apuesta por fomentar la revisión crítica de las propias ideas, e incluso su abandono si no existen buenas razones para preservarlas. Esta buena disposición a acoger y a escuchar al otro combate toda forma de dogmatismo e integrismo ideológico, pues, como asevera este autor, “el falibilismo de hecho plantea dudas sobre la posibilidad del conocimiento absoluto incorregible”[1].  En una sociedad como la peruana - en la que existe una proclividad permanente a imponer ortodoxias de todo cuño en la vida política y a invocar presuntas “instituciones tutelares” en el ámbito público – el recurso a esta disposición intelectual, promotora de pluralismo y de racionalidad, constituye una forma sensata de fortalecer el ethos democrático.

La dinámica de la confrontación de razones constituye un rasgo común de la comunidad científica y de la esfera de opinión pública ciudadana. Se trata de una práctica que es preciso recuperar por el bien de la salud de nuestras instituciones sociales y políticas.

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[1] Bernstein, Richard J. El abuso del mal  Katz 2006 p. 58.