SOBRE EL "DEBER DE MEMORIA"

Gonzalo Gamio Gehri

La lucha ético – política por preservar la memoria de la violencia sufrida – en pos del cumplimiento de las exigencias de la justicia y de las condiciones de la reconciliación - es siempre desigual, casi contracultural. El manejo de la “normalidad política” tiende a propiciar el olvido, a dejar atrás el clamor de las víctimas y a atender la agenda del presente: la administración de los recursos públicos, la influencia en el juego de intereses de las fuerzas políticas, las demandas de los electores de hoy (y los de mañana). Las voces de los que ya no están han sido acalladas por los afanes del ahora. Se requiere del ejercicio de una fuerza peculiar para vindicar el recuerdo de las víctimas. Alain Finkielkraut describe agudamente esta dura realidad - la 'natural' tiranía del presente - cuando sostiene que “olvidar es obedecer, olvidar es seguir el movimiento. El pasado, en cambio, debe ser tomado por la manga como alguien que se ahoga. Lo que ha sido no tiene en el ser sino el lugar que le damos”[1]. Finkielkraut se refiere fundamentalmente a la necesidad de evocar la Shoah, Auschwitz, la "Solución Final"; nos señala con razón que tras sesenta años de historia posterior al Holocausto, conviene recordar los horrores del nazismo para evitar que la humanidad sufra nuevamente los males del genocidio y la discriminación étnica. A esta exigencia la llama - siguiendo a Primo Levi - el deber de memoria. Nosotros, que tenemos los sucesos de Accomarca, Chuschi y La Cantuta casi a la vuelta de la esquina, casi hemos cedido a la tentación de debilitar o reprimir la memoria.

El actual gobierno - y con él, la mayoría de fuerzas políticas en el espacio público - ha desatendido sistemáticamente el deber de memoria en el Perú. Buena parte del sector empresarial en el Perú, de la prensa - así como una minoría jerárquica dentro de la Iglesia Católica - han seguido con indiferencia, y a veces con explícita hostilidad, el trabajo por los Derechos Humanos en nuestro medio. El caso de la feroz campaña difamatoria emprendida por la prensa fujimorista en contra de la CVR constituye un claro ejemplo de tal nociva actitud. De este modo, las víctimas han sido prácticamente condenadas - una vez más - a la invisibilidad social. Sólo algunas universidades, algunas instituciones de la sociedad civil y ciertas comunidades católicas y evangélicas (sin mayor representación en los organismos jerárquicos eclesiales) han asumido este valioso compromiso de ir en contra de la corriente, por razones de justicia. Su testimonio fortalece nuestra esperanza, a pesar de la indolencia de las "élites".

¿En qué sentido la recuperación de la memoria de la violencia vivida constituye un imperativo ético y político, que nos impulsa a ejercer una suerte de resistencia cívica respecto a las “políticas de olvido” implícitas en la conducta pública de quienes ejercen funciones de Estado en la actualidad? ¿En qué medida el compromiso con este imperativo constituye una condición para la reconstrucción de una vida democrática? ¿Cuáles son los espacios en los que dicha resistencia democrática puede ejercerse? ¿Qué puede aportar la cultura política para el planteamiento y desarrollo de esta tarea? Estas son preguntas que necesitamos formular y discutir en los espacios públicos con los que contamos, en nombre de las víctimas inocentes del conflicto armado interno, en nombre de las demandas de justicia, reparación y democracia que aun plantean muchos conciudadanos, a pesar de la indiferencia de muchos políticos y "líderes de opinión". “Resistencia”, “recuperación de la memoria”, son expresiones que han sido por lo general asociadas a un discurso de vanguardia. No es este el caso. Este es precisamente uno de los más gruesos malentendidos que han acompañado a la discusión pública en torno al Informe Final de la CVR, que es un documento de carácter transicional, que promueve la reconstrucción de las formas de vida democráticas en el país. Una de las tesis centrales de mis intervencioes en este blog y en otros medios es que la recuperación pública de la memoria y la lucha ciudadana contra la exclusión constituyen elementos fundamentales de la cultura política liberal. La desidia de nuestros "hombres de Estado" - y la de no pocos "hombres de empresa" y ciertos "hombres de Iglesia" - frente a las políticas de memoria y reparación revelan una raquítica cultura de la inclusión en el Perú (convergente con la ideología pretendidamente "aristocrática" - cultivada por nuestras "élites" - típicamente conservadora y neocolonial). Siendo la mayoría de los muertos y desaparecidos en el conflicto armado habitantes de la periferia del pequeño y mezquino "Perú oficial", las exigencias de verdad y justicia resuenan debilmente en los oídos de nuestra "clase dirigente". No obstante, la observancia de tales exigencias constituye una condición esencial para una genuina democratización del país. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad frente al éxito o el fracaso de estas (decisivas) tareas pendientes.

[1] Finkielkraut, Alain “¿Hay un deber de la memoria?” en: Una voz viene de la otra orilla Buenos Aires, Paidós 2002 p. 11.