LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE LA "MANO DURA"

LA INSENSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL APRA

Gonzalo Gamio Gehri

A veces los ciudadanos tendemos a pensar - erróneamente - que se viola gravemente el Estado de Derecho únicamente en situaciones penosas en las que un general de división "inspirado" o el autócrata civil de turno perpetran un golpe de Estado (sea este militar o cívico-militar, da igual), pero tendemos a ver con mayor condescendencia aquellas circunstancias más pequeñas en las que desde el poder se vulnera la Constitución silenciosamente, o aparentando respetar ciertos procedimientos, pretextando un severo celo por la "seguridad nacional". Es el caso de la nueva norma - dictada por el Ejecutivo - que prohibe la participación de funcionarios del Estado con cargo político o de confianza participar en Huelgas o Marchas de protesta social.

La norma es inconstitucional por razones de forma y de contenido. Desde el punto de vista de la forma, dado que el decreto excede notoriamente las prerrogativas legislativas que le había concedido el Congreso de la República al Poder Ejecutivo (conducentes a la promulgación de leyes vinculadas al combate del crimen organizado). Además, la norma señala que se castigará con pena privativa de libertad y con inhabilitación en la función pública a aquellos presidentes regionales, alcaldes, congresistas, etc., que participen en Huelgas y marchas de protesta; es claro que el verbo "participar" es demasiado amplio e indeterminado para efectos de un decreto que tiene consecuencias penales para la conducta de un funcionario del Estado. No es difícil reconocer que con esta imprecisión el gobierno podría desplegar una serie de actos represivos y cometer auténticos abusos sin encoontrar resistencia legal alguna.

En el nivel del contenido, esta claro que esta norma vulnera y reconrta los derechos básicos de la persona: a la opinión y a la expresión del pensamiento, a la reunión, entre otras. Es natural que congresoistas de oposición acompañen a líderes sindicales y trabajadores en movilizaciones y huelgas. Cuando estas movilizaciones se realizan de manera pacífica y conforme a lo que establece la ley, entonces se está ejerciendo un derecho humano fundamental que no debe ser conculcado por 'razones de Estado'. Amenazar a las autoridades con la inhabilitación - con la revocatoria del mandato popular expresado en una elección - no tiene otro objetivo que amordazar a los políticos opositores que hoy ejercen la función pública. Como bien ha señalado Carlos Rivera hoy en La República, un decreto como éste tiene como resultado la criminalización de las protestas sociales. Una norma como la planteada tendría que ser observada por el Tribunal Constitucional (a menos que se trate - claro está) de ese TC soñado por Mantilla, López Meneses y otros "diabéticos"). Esta clase de medidas muestran una vez más la escasa sensibilidad democrática de nuestro gobierno.

P.D. : Nuevemante gracias, Carlín, por la caricatura.