ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y CENSURA

Gonzalo Gamio Gehri


Uno de los conceptos políticos que resultan más irritantes para el partido aprista – y aparentemente, también para quienes se han comprometido con el llamado ‘Frente Social’ que lo secunda – es el de la “sociedad civil” como instancia vigilante frente al gobierno y la administración del poder. Sectores afines al gobierno actual suelen malinterpretarla, cuando no vapulearla en el discurso y en la acción. La búsqueda de mecanismos legales para controlar desde las instancias gubernamentales a las ONG constituye un signo de la actitud de sospecha que el oficialismo pone de manifiesto frente a las instituciones de la sociedad civil. En un artículo publicado en La República el último 10 de julio – El INC y el arte de atarantar -, Hugo Neira vuelve a ocuparse del tema[1], en el contexto en que procura aclarar sus posición frente el “caso Quijano”. Como se recordará, su opinión (abiertamente favorable al INC y al gobierno) motivó las duras críticas de Jorge Bruce, Chachi Sanseviero y otros, publicadas también en medios periodísticos. Neira ha insistido en que el INC no censuró la muestra de Piero Quijano, que solamente le hicieron saber al artista que el Museo Mariátegui no constituye el lugar apropiado para presentar dibujos que pueden cuestionar la actuación de las Fuerzas Armadas en los años de la violencia en el Perú. El presidente García no habría hecho sino respaldar esa decisión. Como se permite que la muestra sea expuesta en lugares privados, no hay censura. Con este sencillo argumento, Neira sale en defensa de Bákula.

Pero Neira va más allá de lo que considera una anécdota. Sostiene que este debate evidencia que “confundimos gobierno con Estado” e incluso llega a preguntarse – retóricamente, por supuesto – si sabemos que existe al Estado. Se plantea cuestiones que no vienen al caso como “¿Quién decidirá que solamente vayan cinco mil personas por día a visitar Macchu Picchu? Las autoridades, el Estado”, para concluir que el Estado es quien decide qué expresiones del pensamiento o del arte se exhiben en auditorios públicos, y cuáles no. “¿Tiene una dependencia estatal la libertad de decir no? No que en el país, en su espacio”, señala. Se permite finalmente hacer una disquisición sumaria sobre el Leviatán de Hobbes, aquí en el Perú, “donde muchos no quieren ni reglamento ni ley”.

Debo decir que he aprendido mucho de El mal peruano y de La Tercera mitad, estupendos libros, así como he estudiado con sumo interés otros trabajos de Neira. Por eso mismo no entiendo el tono palaciego y la actitud condescendiente de sus últimos artículos. Simplemente no puedo compartir su posición en este tema, pues me parece inconsistente e inaceptablemente indulgente frente a las actitudes intolerantes y represivas de las autoridades del gobierno. Quien confunde Estado con gobierno es precisamente Neira - incluso confunde Estado con propiedad privada - cuando consiente en que funcionarios del INC exijan el retiro de dibujos que no son del agrado del ministro de defensa, del presidente (o de quien fuere). ¿Qué si el Estado puede decir no? Es obvio que Neira no se hace las preguntas esenciales en esta materia: ¿”no” a qué? ¿Bajo qué criterio? El Estado es de todos – somos todos – y no únicamente de quienes detentan el poder o ejercen eventualmente la función pública. Censurar no significa exclusivamente ‘prohibir la difusión de determinadas ideas en todo el territorio nacional’, como sugiere Neira; censurar es vetar u obstaculizar - desde una posición de poder – la libre transmisión o el intercambio de tales ideas. Neira no quiere admitir lo evidente: ¿Quiénes vulneran la ley – o “no quieren ni reglamento ni ley” –, quienes rechazan el veto, o quienes conculcan desde el poder político la libertad de expresión de un artista que interpreta una situación histórica concreta? ¿Quién atenta contra los principios democráticos y los Derechos Humanos?

Pero para Neira la cosa es precisamente al revés. Según su posición, este enjambre de voces críticas y fiscalizadoras es la prueba de que “aquí se quiere la dictadura de la sociedad civil”. Con estos cuestionamientos, sus miembros pretenderían – sigo reseñándolo - “atarantar” a las autoridades y a la población. Enseguida detona el manido y escuálido argumento de rutina: “¿En nombre de qué legitimidad? Porque los delegados de tal entidad se autonombran”. Tengo que pensar que Neira apela a esta tesis movido por la simpatía que profesa por las autoridades a las que defiende; de lo contrario, tendría que considerar que no tiene presente una de las categorías centrales del liberalismo cívico-humanista (hipótesis negada, puesto que Neira conoce a Tocqueville y a sus seguidores contemporáneos muy bien). En la lógica de las instituciones de la sociedad civil – espacios ciudadanos de deliberación y formación de opinión – no rige la representación, sino más bien la participación directa de las personas. La lógica de la representación corresponde a las autoridades estatales elegidas, y a los dirigentes de los partidos políticos. No podemos confundir una cosa con la otra. Cuando las organizaciones de la sociedad civil cuestionan el control ilegal de los espacios públicos, o denuncian inaceptables recortes a la libertad de opinión o de expresión, ellas simplemente cumplen con su función al interior de una comunidad democrática. Entonces ¿Quién es el que finalmente pretende atarantarnos?

[1] Una primera aproximación de Neira frente este tema – en las páginas de La República – pueden encontrarla en Neira, Hugo “ONG. Una cuestión previa” en La República 14 de noviembre de 2006 p. 17.