CUESTIONES DE JUICIO POLÍTICO. EXPLICAR Y CUESTIONAR

Gonzalo Gamio Gehri

Steven  Levitsky tiene razón cuando sostiene que, en lugar de descalificar a los votantes que no comparten nuestras opiniones, deberíamos tratar de entender sus decisiones, así como proponernos elaborar una lectura rigurosa y lúcida de lo que sucede en la escena política. No tiene sentido atribuir mera irracionalidad a quien, por ejemplo, vota por candidatos sobre quienes pesa una fundada sospecha de corrupción, o representan opciones que debilitan el sistema democrático. Es evidente que el primer paso para enfrentar un problema es comprender su naturaleza y raíces. Constituye un disparate menospreciar la actitud de los electores, considerándolos ineptos e ignorantes – como hace un sector de la extrema derecha -, o asumir una postura de censura moral, como hace una facción de la izquierda. No resulta para nada democrático despreciar a quien no piensa como nosotros.

Esto no significa, sin embargo, renunciar al ejercicio de la crítica, o abandonar el reto de reflexionar prestando oídos a consideraciones normativas. Es preciso estudiar a fondo la actitud de desconfianza de los votantes frente a la conducta de los políticos, sus programas, sus agendas. Poco o nada esperan los ciudadanos de la “clase política” nacional. La condescendencia frente a la corrupción de los políticos peruanos se debe en parte a que las estrategias aplicadas en el pasado para combatirla no han tenido el éxito esperado. Veintidós presidentes regionales afrontan hoy investigaciones o procesos por corrupción. Sobre la mayoría de los potenciales candidatos a la Presidencia de la República pesa sospechas de corrupción.

No debemos olvidar que el voto por opciones que entrañan una gestión corrupta alimenta de un modo u otro el circuito mismo de la corrupción[1]. La idea de apoyar expresamente a quien “roba pero hace obra” envalentona a quien así procede, y robustece el halo de impunidad que suele acompañar sus acciones ¿Cómo podremos luego cuestionar el comportamiento público de esta clase de personajes o pedirles cuentas por sus actos? Podemos intentar entender esta situación, pero ello no implica acallar las voces de quienes – con sólidos argumentos - advierten acerca de los peligros que se  generan desde estos escenarios.  Son dos niveles fundamentales para el estudio de la relación entre política y corrupción. Judith Shklar ha señalado que ser testigo de un acto lesivo de la ley dejándolo pasar – por cobardía, frustración, comodidad o expectativas de “eficacia”- constituye un acto de injusticia. Esa pasividad socava toda forma de ciudadanía.

Describir esta clase de fenómenos no implica asumir las actitudes de menosprecio o las ínfulas de superioridad moral que Levitsky denuncia. Es preciso señalar las posibles consecuencias de la condescendencia frente a la corrupción. La desesperanza (o la desconfianza) que impera en un sector importante del electorado puede también paralizar las formas de juicio y de acción que podrían combatir eficazmente la corrupción. En la medida en que los ciudadanos perdemos la fe en las transformaciones que pueden realizarse desde nuestras acciones en común, el circuito de la corrupción preserva su poder. Por fortuna, la solución no es sólo un asunto que concierne a los políticos en actividad: ella está también, en nuestras manos, si estamos dispuestos a organizarnos y a involucrarnos en procesos de vigilancia política. Es razonable desconfiar de los políticos, tenemos sobradas razones para ello, pero podemos confiar un poco más en lo que nosotros podemos hacer para cambiar las cosas. El futuro no está escrito, tampoco en lo político.

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[1][ Véase las ideas de S. Lerner Febres en esta materia, en su artículo periodístico Elecciones y participación, del 3 de octubre de 2014, La República.