VIENTOS AUTORITARIOS EN LA SOCIEDAD PERUANA / MÁS COMUNICADOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

Mientras espero – sin mayor expectativa – el previsible penúltimo discurso presidencial de Alan García, recuerdo que hoy se cumplen diez años de la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización ciudadana que contribuyó decisivamente a la caída del régimen fujimorista. Como ha señalado agudamente Nelson Manrique en una interesante entrevista publicada el último domingo, Alejandro Toledo tuvo la lucidez de asumir el liderazgo de la marcha – convocada por diversos sectores de la sociedad civil y de la esfera política -, contando con el respaldo de los ciudadanos que entonces se movilizaban, y los políticos de oposición le brindaron su apoyo (dicho sea de paso, en su última columna, el inefable Martín Santiváñez arremete con insolencia desde el diario de los Agois contra Manrique, recurriendo al agravio personal, sólo porque el historiador cuestiona correctamente el militarismo existente en muchos de nuestros "rituales de Fiestas Patrias". Ese lamentable incidente confirma mi impresión de que el nivel de las columnas de Santiváñez es comparable al de La Ortiga: más allá de la grosería de uno y la huachafería del otro, en ambas columnas campea la más completa ausencia de argumentos, la vana altanería y la agresión más desencarnada). Hoy en día, gracias a los esfuerzos del APRA y de parte de la prensa de derecha, estamos asistiendo a un claro intento de “restauración conservadora”: los ataques a la CVR, a la PUCP, a los organismos de derechos humanos, al sistema anticorrupción del gobierno de Paniagua, las mentiras recurrentes en torno al “rebrote” terrorista, etc.

Diez años después de la Marcha de los Cuatro Suyos, el panorama político no deja de ser preocupante. Los sectores más autoritarios en la llamada “clase dirigente” – ojo, no sólo en la política – se están reagrupando y recuperando sus antiguas posiciones de poder, con el beneplácito y la colaboración del actual gobierno. Los avances del proyecto transicional son combatidos por el oficialismo y sus aliados. Los temas de justicia y ética pública brillan por su ausencia en la agenda pública. Las cuestiones de derechos humanos son hoy sindicadas como “izquierdistas”, las apelaciones a la diversidad cultural y a la tolerancia son tachadas de “relativistas”. En el plano de las mentalidades, los esquemas basados en las jerarquías e incluso en el prejuicio étnico, cultural y social se han fortalecido. Piénsese en las declaraciones presidenciales – así como en numerosas columnas de opinión – con motivo de los sucesos de Bagua. Ha reaparecido el viejo y cuestionable discurso sobre las “élites”. Salomón Lerner ha denunciado esta situación con singular claridad y energía:

“En nuestra patria las diferencias no son solamente eso: constituyen también pretextos para la preservación de un orden jerárquico cuestionable. Por ello, estudiar al Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significa vivir en una sociedad donde se presume como dato natural, y por ende innecesario de justificarse, la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. El proceso que examinamos fue, así considerado, el develamiento de nuestra propia constitución como sociedad enemistada consigo misma. Los recelos entre sectores sociales y culturales diversos y atendidos de manera muy desigual por el Estado; las presunciones altaneras de los poderosos sobre los excluidos; la vocación elitista de los poderes públicos, todo ello apareció como el sustrato de la violencia misma, como el fermento que ayuda a explicar – aunque de ningún modo lo justifique – el proceder atroz de los actores armados y la complacencia de ciertos sectores sociales con la violencia, según el lado del que ella viniera” ”[1].

Corresponde a los ciudadanos el tomar conciencia de esta situación, y ejercer la crítica contra el discurso y las prácticas fundados en la exclusión. Ellos prosperan allí donde impera el silencio y la inacción del ciudadano de a pie.

II

Llama la atención el comunicado de saludo que – a página entera – publicó El Comercio en la p. A 3, una carta de saludo al Cardenal Cipriani, firmada por empresarios cuya “línea” es conocida, y políticos en actividad en el gobierno actual y en el régimen de Fujimori. Y periodistas de una clara tendencia ideológica (Delta, Vargas, Prieto Celi, etc.), así como los abogados del Arzobispado en el litigio contra la PUCP, y algunos miembros del Opus Dei (uno se pregunta cómo entender la presencia de la firma de Javier Villa Stein, que no contribuye a garantizar la neutralidad del Poder Judicial ante un proceso judicial en curso). Es posible que el ‘saludo’ constituya un nuevo gesto frente a la PUCP, puesto que se señala expresamente el título de Gran Canciller que ostenta el Arzobispo de Lima. Se toca allí el tema de la trayectoria del Cardenal al frente de las Diócesis de Ayacucho y Lima. El lector – par a formar su propia posición sobre el tema – tendrá que contrastar los términos de ese documento con otras lecturas de las circunstancias evocadas. El Informe Final de la CVR y otras fuentes presentan estos hechos de un modo diferente, a partir de la exposición documentada de las declaraciones públicas de las autoridades mencionadas y sus acciones en torno a los temas relativos a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Se trata de un tema controversial en el que, mucho más que las expresiones de adhesión, cuentan los argumentos y las evidencias. Que el lector examine los documentos a su disposición y juzgue de acuerdo con los hechos. El Informe Final de la CVR exhibe documentos y argumentos que respaldan sus conclusiones sobre el controvertido papel de la jerarquía eclesial ayacuchana en esa trágica etapa de nuestra historia, el texto publicado en El Comercio solo declara las meras convicciones subjetivas de quienes lo suscriben. Yo tengo un juicio propio sobre el asunto, que el visitante habitual de este blog conoce bien. Considero personalmente que textos tendenciosos y racionalmente cuestionables como El Trigo y la Cizaña no pueden tapar el sol con un dedo, ni confundir al lector informado sobre lo ocurrido en aquellos años de dolor y violencia. La verdad histórica cuenta.

Con todo respeto, no entiendo esta saturación de comunicados de tendencia contraria a la Universidad y en clara alusión al litigio con la PUCP (son ya cerca de cinco y seis, cartas de autoridades eclesiales de Lima, algunos obispos, familiares, etc.). No puedo sino pensar que el documento de apoyo a la autonomía de la PUCP firmado por 300 académicos de enorme prestigio intelectual constituyó un duro golpe moral a quienes quisieran ver intervenida la Universidad. Una amplia mayoría de profesores, alumnos, trabajadores, así como las autoridades democráticamente elegidas en la PUCP queremos una universidad plural y moderna, que es la que nos ha formado. Esas formas de presión externa no prosperarán.

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.