JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: EL DISCURSO DE LA ‘VIEJA ESCUELA’ CONSERVADORA

Gonzalo Gamio Gehri

Quisiera someter a discusión algunas impresiones personales sobre una entrevista particularmente reveladora. El día de ayer – en RPP, en Ampliación de Noticias – el ministro de Defensa, Rafael Rey, reiteró las consabidas críticas contra la CVR, los organismos defensores de los derechos humanos, y a favor de la idea de que los efectivos militares están siendo expuestos a la ‘persecución’ y a la ‘desmoralización’. Incluso se refirió (de manera un tanto ambigua, podríamos decir) al caso de las amenazas contra Salomón Lerner. Se trató de una entrevista acalorada, en la que afloraron – con escasos y relativos matices – los viejos tópicos de cierto conservadurismo político (en la política activa, entiéndase). El dato anecdótico, un intercambio de palabras algo tenso entre el entrevistado y Augusto Álvarez Rodrich.

Nuevamente, el hoy ministro objetó las cifras de la CVR, señaló la inexistencia de los datos de la matanza de Putis, etc. Llama la atención la “crítica” a una presunta distinción ad hoc entre “sociedad civil” y “sociedad militar”, que supuestamente “divide” a los peruanos. Me pregunto ¿De dónde viene esa extraña distinción, que alguna vez el propio presidente García ha utilizado? No proviene de la filosofía política, sin duda. Más bien, parece un improvisado naipe “retórico” sacado de la manga (aunque se trata de una pobre carta, como resulta obvio). En la tradición contractualista, la “sociedad civil” es descrita como el espacio en el que la vida humana se regula según normas y estructuras políticas que las “partes” del contrato han elegido coordinadamente. Contrasta, pues, con la hipótesis del “Estado natural”. Tanto Hegel como los herederos de Tocqueville – motivados por razones diferentes – han distinguido a la “sociedad civil” del Estado. Para el primero es el espacio de las relaciones y los conflictos económico - sociales, para los segundos es el escenario de la vida cívica. En ninguno de ambos casos se trataba de plantear una relación de mera oposición. Ya nos hemos ocupado de discutir este concepto en otro post.

En términos contemporáneos, la sociedad civil constituye la expresión de la sociedad organizada en instituciones que median entre el individuo y el Estado, y que buscan configurar espacios de discusión cívica y vigilancia del poder política dentro de los márgenes de la racionalidad de la democracia. Así está definida la sociedad civil en el Informe Final de la CVR y no, como pretende el ministro Rey, en términos de un espurio antagonismo con las Fuerzas Armadas. Según el ministro, esta imaginaria distinción sociedad civil / sociedad militar le serviría a la CVR para señalar que los peruanos estuvieron sometidos a la violencia del terrorismo y de la represión estatal, cuando sucedió – señala – que la sociedad peruana fue defendida por sus Fuerzas Armadas, aun en los casos en las que suscitaron “excesos”. Hay que decirle al señor ministro que sí, nuestras Fuerzas Armadas defendieron heroicamente a la sociedad y al Estado (y eso lo reconoce expresamente el Informe Final de la CVR, Conclusión Nº 53), pero en situaciones claramente delictivas como Putis o Barrios Altos las acciones de los perpetradores no fueron en absoluto “defensivas”: se trató de violaciones de derechos humanos. Y los crímenes deben ser sancionados sin excepciones ni privilegios en los fueros de la justicia ordinaria. Desde luego, los criminales no comprometen el honor de toda la institución. La “salida” que persigue Rey distorsiona la lógica misma de la legalidad en materia del principio de imparcialidad y de proporcionalidad. Genera serias dificultades al proyecto de inclusión ciudadana de las fuerzas militares y policiales, al vulnerar el principio de igualdad ante la ley (isonomía), condición básica de la ciudadanía.

Considero que el discurso de Rey no contribuyen a consolidar una cultura democrático-liberal en el país. Su mensaje es excesivamente beligerante, virulento, y no suele ponderar los argumentos contrarios. Su posición recae una y otra vez en el extremismo político. Se trata además de una posición contradictoria, porque al proponer dos estándares de justicia claramente diferenciados para civiles y militares incurre en la distinción que tanto critica. Antes bien, sus alegatos constituyen la expresión de la vieja escuela autoritaria, que tanta acogida encuentra entre los políticos, cierta prensa amarilla y algunas autoridades sociales. Tampoco favorece al gobierno en materia de legalidad y derechos humanos. Como los propios entrevistadores sugirieron, la acostumbrada estrategia “ultra”, consistente en estigmatizar a la sociedad civil como enemiga del “orden y la pacificación” sólo debilita el escenario democrático de la forja de consensos en torno a las políticas de seguridad. Con esa clase de prédica, la idea misma de una “sociedad unitaria” (planteada por el propio entrevistado) constituye una gaseosa y demagógica abstracción.