EXAMINAR LA UNIVERSIDAD PERUANA

Gonzalo Gamio Gehri

La nueva Ley universitaria ha desatado grandes iras en diversos sectores de la sociedad, principalmente entre los políticos y numerosos empresarios del llamado “negocio de la educación superior”. La ley tiene diversos puntos a revisar, pero considero que resulta saludable que se pueda contar con una norma sobre la materia. Es razonable promover la supervisión la calidad académica de las universidades peruanas en una sociedad en la que abundan instituciones que no cumplen con lo que prometieron a sus estudiantes – una formación de alto nivel -; muchos de estos centros  intentan sustraerse a la verificación de calidad aduciendo que son “empresas” y que este tipo de evaluación sería “controlista”. Sólo el mercado – a su juicio – producirá buenas universidades. Los hechos, no obstante, no parecen respaldar esta presuposición.

El Decreto Legislativo 882 expedido bajo el fujimorismo ha hecho mucho daño. Diecisiete años después, se constata el fracaso de la doctrina del ‘sólo mercado’ en la educación superior: ninguna de las universidades “con fines de lucro” ostenta estándares de calidad académica o figura en Rankings decentes de desempeño universitario. Las investigaciones y publicaciones que producen – allí donde realmente existen – son escasas y por lo general carecen de impacto público y científico (en muchos de estos lugares – no en todos -, la selección de los docentes es deficiente e incluso el trato a los trabajadores es indigno). Con este giro meramente mercantil, la mayoría de universidades privadas han decidido convertirse exclusivamente en centros de instrucción profesional. La universidad renuncia así a dos de sus propósitos cruciales: producir conocimiento y arte en cuanto tales, y contribuir a discutir y a pensar la comunidad política como un espacio potencial de justicia y ejercicio de las libertades básicas. La universidad como sociedad profética, para citar al célebre profesor F. Mac Gregor, quien dedicó parte de su vida a pensar la 'naturaleza' de la institución universitaria.

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Con el Decreto Legislativo 882 se pretendió proponer el imperio de ¿Quién se ha llevado mi queso? (y otros textos de autoayuda empresarial por el estilo) sobre el sentido común de académicos y profesionales ¿Qué ganamos los peruanos con la creación criolla de ese formato de universidad? Nada, en realidad, al menos en el terreno de la excelencia académica, o en el de la construcción de pensamiento y en el desarrollo de la ciencia. Los únicos que han ganado con esta medida son los empresarios de la educación superior, quienes además de haber promovido un negocio rentable han logrado incluso – en algunos casos – edificar una atalaya convergente con sus aspiraciones políticas, en las que se ejerce un descarado clientelismo. Numerosos políticos en actividad son hoy promotores de esta clase de instituciones. La mayoría de estos centros educativos son sólo negocios, y nada más. Ni siquiera han logrado convertirse en lugares decentes de formación  profesional. Sin embargo, hemos llegado a esta lamentable situación sin mayores resistencias ni críticas, gracias a la creencia ingenua de que sólo el mercado mejorará la educación. Dentro de muy poco tiempo, numerosos médicos, pedagogos y abogados de estos precarios centros aspirarán al ejercicio profesional. Muchos verán frustrados sus sueños a causa de una formación deficiente; otros pondrán en peligro la salud y el futuro de muchas personas, entre estudiantes, pacientes y clientes. Frente a este escenario sombrío, algún tipo de supervisión de calidad se hace necesario. Por eso la idea de una Superintendencia resulta saludable. Que su composición sea plural será importante. Debe garantizarse no sólo la representación del Estado, sino la presencia de académicos de probada trayectoria.  Recuperar la universidad como un espacio para el libre cultivo de la ciencia, las artes, el espíritu crítico y la civilidad constituye una prioridad para el país.

Es preciso reconstruir la universidad peruana sobre los cimientos de un trabajo que no pierda de vista los objetivos esenciales de la educación superior, que rescate el espíritu del quehacer académico y científico en el Perú. En otras palabras, ya es hora de cuestionar con severidad y rigor esas absurdas alusiones a la “raza distinta” y discursos similares que sólo confunden aquello que significa formar el intelecto con la raquítica y repetitiva monserga del “emprendimiento” y la “innovación”.  Esa es una retórica vacía, de la peor calidad. El pensamiento crítico es condición de una vida social fecunda. Sin genuino conocimiento y vocación de justicia es imposible edificar una sociedad democrática y libre, que promueva las capacidades de sus ciudadanos.