Gonzalo Gamio
Gehri
El trabajo de
la memoria puede verse bloqueado por agentes externos[1].
En los espacios políticos, esta situación se torna particularmente dramática en
los procesos de la llamada `justicia transicional’, la clase de proyectos de
acción pública que se ponen en ejercicio en situaciones en las que una sociedad
afronta el reto – luego de pasar por un período de violencia o de suspensión
del orden constitucional y habiendo recuperado la democracia o la paz – de
esclarecer lo sucedido en los tiempos de conflicto armado y autoritarismo, con
el fin de establecer responsabilidades y tomar medidas legales y políticas para
que las lesiones de la ley y la violación de los derechos de las personas no se
repita en el futuro. Hacer memoria en esta perspectiva pública - pensemos en el
trabajo de las comisiones de la verdad que han actuado en las últimas décadas -
implica la composición crítica de una narración amplia que recoja estrictamente
las narraciones de las víctimas como una fuente crucial de su investigación, a
la vez que aspira a dilucidar el período de conflicto a la luz de una interpretación
crítica de sus causas y secuelas. Examinar el pasado puede convertirse en una
práctica irritante o peligrosa a juicio de quienes ocuparon posiciones de poder
en los años de conflicto (la situación se agrava seriamente si estos actores
preservan tales posiciones de poder en estas etapas de reconstrucción
institucional). Indagar sobre la verdad de lo ocurrido puede exigirnos nadar
decididamente a contracorriente.
En el Perú, la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) elaboró un extenso y riguroso Informe Final que procura
dar cuenta de la tragedia vivida durante el conflicto armado interno entre 1980
y 2000. La Comisión recabó el testimonio de cerca de diecisiete mil personas,
protagonistas del conflicto o afectados por él. Además de aportar un estudio
interdisciplinario sobre la violencia y la desigualdad en nuestra sociedad, el
documento ha planteado un conjunto de recomendaciones y reformas
institucionales para ejercer la justicia, reparar a las víctimas y lograr la
reconciliación, la posibilidad a futuro de reconstruir los vínculos sociales
dañados durante aquellos años. El Informe sindica a las organizaciones
terroristas como los principales perpetradores de crímenes contra la vida y la
dignidad de las personas, y ha señalado que “en ciertos períodos y lugares”,
las fuerzas armadas y policiales incurrieron en “una práctica sistemática o
generalizada de violaciones de los Derechos Humanos”[2].
El texto pone en evidencia la penosa ausencia del Estado en las zonas que
constituyeron el epicentro de la violencia, así como señala la indolencia de un
sector importante de la autodenominada “clase dirigente” frente al sufrimiento
de las víctimas.
La CVR
entregó al país un estudio fidedigno pero perfectible acerca del conflicto
armado, así como una propuesta razonable acerca de cómo establecer garantías de
no repetición. No se propuso cerrar la discusión sobre nuestras
responsabilidades frente al proceso de violencia, si no propiciarla; el Informe Final fue postulado como un documento para
ser examinado y debatido en los foros públicos del Estado y de la sociedad
civil, con el fin de lograr un acercamiento mayor a la verdad de lo ocurrido en
aquellas dos décadas. Siempre será posible recoger nuevos testimonios,
contrastar nuevas interpretaciones y argumentos que permitan reconstruir los
hechos y afinar nuestras políticas de justicia y reparación. La recuperación de
la memoria es una actividad pública
que implica el trabajo de la deliberación cívica tanto como la investigación de
los especialistas. En este sentido, el Informe fue concebido como un punto de partida para un debate mayor
acerca de los años de la violencia y las posibles lecciones que podemos extraer
de esta dolorosa experiencia para construir una genuina sociedad democrática y
cimentar una auténtica cultura de paz entre nosotros. Por desgracia, la
considerable resistencia que ejerce buena parte de nuestros políticos en
actividad contra la posibilidad misma de plantear una discusión abierta sobre
la memoria del conflicto – una actitud que cuenta con el respaldo de un
importante sector de la prensa, de la empresa privada, e incluso de una facción
de la jerarquía eclesiástica – ha debilitado significativamente esta
iniciativa.
El horizonte
de enunciación de los propósitos planteados en el Informe final de la CVR (y en
general, en el caso de cualquier proyecto ético – político asociado a los
procesos de justicia transicional) es el de la cultura de los derechos humanos,
sostenida sobre la idea de que los individuos son fines y no exclusivamente
medios, titulares de derechos inalienables que no son susceptibles de
negociación. La valoración y protección de tales derechos – más allá del
género, cultura, clase, preferencia sexual o la condición legal de las personas
que los invocan – constituye el presupuesto básico de una sociedad democrática.
No obstante, el discurso de los derechos humanos ha sido sindicado erróneamente
por los medios de prensa y los grupos políticos de extrema derecha en el Perú
como un elemento del imaginario ideológico izquierdista. La agenda de la
transición, así como la propia acción de las organizaciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, han sido identificadas como una expresión de
esta clase de ideario político. Los fujimoristas, por ejemplo, se han esforzado
por convertir las políticas transicionales en materia de lucha contra la
corrupción y recuperación de la memoria histórica en presuntas “estrategias de
persecución”, y así, construir una especie de “mística partidaria de
resistencia” entre sus adeptos[3]. En los años del gobierno aprista el
oficialismo, por su parte, intentó bloquear toda iniciativa dirigida a
incorporar en los textos escolares el estudio del proceso de violencia vivido y
las rutas posibles de una reconciliación nacional fundada en el ejercicio de la
justicia. Se ha edificado en estas canteras una suerte de “sentido común
conservador” que tacha de “inconveniente” o
de “perniciosa” la tarea de esclarecer lo sucedido durante el conflicto
armado interno y plantear políticas concretas en esta materia.
* Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.
[1] En el caso de la vida
individual, la memoria puede verse bloqueada por causas “internas”, como
plantea el psicoanálisis. Sin embargo, esta posibilidad no es tema de este
breve artículo.
[2] Comisión
de la Verdad y Reconciliación, Informe Final (Tomo I) Lima, UNMSM – PUCP
2004 p. 30.
[3] Sobre este tema de la
particular mística fujimorista y su lectura de la transición consúltese Navarro
Ángeles, Melissa “Tras el líder. Oportunidades de un partido personalista para
lograr la continuidad luego del alejamiento del líder fundacional: el caso del
fujimorismo” en: Politai Año 2 Nº 3
pp. 139 – 148.
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2 comentarios:
"No obstante, el discurso de los derechos humanos ha sido sindicado erróneamente por los medios de prensa y los grupos políticos de extrema derecha en el Perú como un elemento del imaginario ideológico izquierdista."
¿Erróneamente?, el pensamiento ceverrista buscó -felízmente sin exito- implantar en el país una memoria postiza en donde no hubo terrorismo sino "conflicto armado interno", en donde sendero luminoso no era una agrupación terrorista, sino "un partido político", en donde la "pobreza" y la "exclusión" terminan justificando el accionar del terrorismo comunista y en donde los terrorista ya no son unos criminales sino "víctimas" a las que hay que reparar y homenajear.
Por eso es falso que sólo los medios de prensa o lo que el dueño de este blog refiere como "extrema derecha" hayan identificado que la ideología derechohumanista y el pensamiento ceverrista esconden el accionar de la izquierda peruana, esto es algo que ya ha sido asumido por la gran mayoría de la población peruana y es casi de sentido común.
Finalmente, cabe recordar que la CVR de la izquierda fue muy "comprensiva" con el lamentable accionar de la izquierda peruana durante el terrorismo (recordemos que la izquierda peruana nunca deslindo del salvajismo de sus parientes ideológicos de sendero luminoso y el mrta).
No es casual tampoco que las agrupaciones que dicen defender los derechos humanos sólo sean muy activas para defender los derechos de los terroristas (la persecusión judicial desatada contra los Comandos Chavín de Huantar es un ejemplo patético de esto), pero no para defender a la mayoría de la población.
La CVR de la izquierda por su evidente sesgo hacia la izquierda, ya no es un referente válido desde el cual aproximarse al terrorismo desatado por sendero luminoso y el mrta a partir de 1980 en adelante.
Lo que dices no se ajusta a la verdad. Ls conclusiones - para no citar el texto desarrollado - señalan la entraña criminal y terrorista de SL, y denuncian a ese grupo como el principal perpetrador de delitos contra los DDHH . El término "conflicto armado interno" es descriptivo ("guerra" no cabe). Leer el IF no te har{a daño y hasta podrá depurar tus prejuicios. La CVR es particularmente dura con los partidos de izquierda por su ambivalencia y tardía redacción. todo eso está en el texto.
Finalmente, a los conservadores no les interesa escribir una memoria alternativa; le bastan esta clase de comentarios sin respaldo documental ni conceptual. Si en algo coinciden con el nefasto Movadef es en predicar la supresión de la memoria y las amnistías.
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