LOS INVISIBLES

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos meses, las palabras “progreso” y “exclusión” han sido evocadas una y otra vez en el discurso público. Los analistas políticos nos recuerdan una y otra vez que si algún mensaje claro ha transmitido la población en las últimas elecciones es que el crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, y no sólo a una élite de privilegiados. En parte fue este mensaje el que determinó que el corazón del debate político en el período de segunda vuelta fuese el tema de la vigencia y alcances del modelo económico; cada uno de los candidatos finalistas concentró su atención en mostrar a sus potenciales electores que preservaría este modelo, esforzándose por poner de manifiesto que lo pondría a funcionar incorporando políticas distributivas que llegasen a los sectores más empobrecidos del país.

Llama la atención que en esta discusión no se haya tocado realmente el tema de la preservación del modelo político como un asunto central. Estamos hablando de la vigencia de la institucionalidad democrática, en cuyo centro encontramos el sistema de derechos fundamentales, así como la exigencia de trato igualitario a todos los ciudadanos como horizonte normativo de las relaciones sociales. En una sociedad democrática, se rechaza de plano la violencia, el hostigamiento o la exclusión por razones de raza, condición socioeconómica, cultura, religión, género, hábitos sexuales, etc., y se toman en consideración las necesidades básicas que las personas requieren satisfacer para llevar una vida de calidad, esto es, una vida en la que existan espacios de elección del proyecto personal, acceso al bienestar, así como posibilidades de afiliación o participación política. A pesar de la precariedad de nuestra democracia, resultaría por demás insensato renunciar a estos principios que funcionan como ejes orientadores de la acción política.

Parte de la debilidad de la democracia se manifiesta en las enormes dificultades que afronta la sociedad para afirmar una genuina cultura de derechos en el país. Una cultura que se haya encarnado o formas de vivir y en políticas sociales concretas en materia de distribución y de reconocimiento. En el Prefacio a la segunda edición de Hatun Willakuy – la versión abreviada del Informe Final de la CVR – Salomón Lerner Febres señala que la Comisión describe “la coexistencia inarmónica de los distintos mundos sociales y culturales que componen nuestro país: imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que integran la sociedad peruana”[1], como parte del trasfondo social en el que estalla la violencia. Las La ausencia del Estado en vastos territorios de la sierra y la selva, así como la pervivencia de formas de desprecio y estigmatización social basadas en el origen, en el color de la piel y en la cultura constituyeron factores que propiciaron el surgimiento de ideologías fundamentalistas y totalitarias que desataron el conflicto armado más cruento que ha vivido el país en su etapa republicana. Por desgracia, estamos hablando de situaciones y prácticas que no han sido superadas o erradicadas del todo, gracias a la miopía de nuestra autodenominada “clase política” y a la indiferencia de no pocos ciudadanos. Muchos peruanos asumen como “dadas” o como “inevitables” diversas formas de exclusión y subordinación que son abiertamente contrarias a las formas de vida democráticas y que convierten a millones de peruanos en “invisibles” – en socialmente insignificantes – para el “Perú oficial” (urbano, hispanohablante y criollo). Ese penoso “sentido común” pone de manifiesto diferentes expresiones de violencia simbólica que lesionan y empobrecen las vidas de muchísimas personas en nuestra comunidad y promueven la impresión falsa de que la injusticia y las desigualdades son hechos cotidianos con los que simplemente tenemos que coexistir.

Nuestra República ha heredado sin duda una serie de suposiciones y prácticas coloniales que minan cualquier proyecto político serio centrado en la afirmación de una cultura de derechos. También se han instalado entre nosotros creencias autoritarias que conspiran contra una comprensión estricta del ciudadano como un agente político que puede actuar en el espacio público y convertirse en artífice de su propio destino. Es todavía poderosa la idea de que nuestra comunidad política requiere de “instituciones tutelares” – las Fuerzas Armadas o las organizaciones religiosas – que guíen a sus miembros y asociaciones por la ruta de la “rectitud” y el “desarrollo”. En una verdadera democracia los ciudadanos no necesitan tutores: todos los individuos son interlocutores legítimos al interior de la sociedad civil y de los espacios deliberativos con los que cuenta el Estado.

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[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.