LA VIOLENCIA DE LOS POLÍTICOS (CARLOS DEOCÓN)

En Lima muy poca gente sabe lo que está pasando en España con el movimiento de Indignados 15-M y sus conflictos con el gobierno y los partidos más influyentes de la península. Este movimiento declara estar interesado en promover una presencia mayor del ciudadano en la democracia española. Se trata de un fenómeno muy interesante que llama profundamente a la reflexión. Publico este artículo de Carlos Deocón aparecido en ese país, que me ha remitido mi amigo el jurista Alekssandar Petrovich. Deocón es un especialista en Derechos Fundamentales formado en la Universidad Carlos III. Encuentro su artículo sumamente agudo y valiente, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con todos sus argumentos o con el uso de ciertos conceptos específicos. Se trata de motivar el diálogo sobre este tema. Todas las posiciones razonadas sobre un problema tan importante y complejo son bienvenidas en estye blog (G.G.).

LA VIOLENCIA DE LOS POLÍTICOS

Carlos Deocón Bononat

17-6-2011 La clase política acusa al 15-M de practicar la violencia. Pero muchas de las leyes que aprueba suponen una violencia ejercida contra la mayoría de la población, en beneficio de los más poderosos.

El jueves 16 de Junio España desayunó con la valoración políticos hacían de los acontecimientos del día anterior en Barcelona. Se hablaba de la violencia del movimiento de los indignados y se llegó a calificar de golpe de estado encubierto (expresión utilizada por el diputado de CiU Jordi Turull). El Movimiento 15-M ha logrado algo inesperado en la España del siglo XXI: Resucitar el debate político (no el meramente politiquero), que parecía muerto y enterrado en el país del consumismo, los realities y la Champion’s Leage. Resulta bochornoso que ese gran logro sea condenado por el aparato propagandístico del Régimen (los periódicos, las tertulias de bienpensantes, el pensamiento políticamente correcto) para dar carpetazo a la atinada y radical crítica que se ha originado a través de la Red, en los campamentos, las movilizaciones, las lecciones políticas que jóvenes y no tan jóvenes han protagonizado estas semanas pasadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia?

Cuando alguien sabe que no podrá dar a sus hijos lo que necesita cualquier niño para desarrollarse sano y feliz. Cuando alguien duda de que pueda pagar la hipoteca o el alquiler de la casa que habita, y sabe que será desalojado de la misma. Cuando una persona de 20 años no encuentra trabajo, o una de 50 es despedido y sabe que su vida laboral ha terminado. Cuando alguna de estas situaciones, o todas ellas, se producen, entonces se está ejerciendo una terrible violencia contra esas personas. Una violencia sancionada por la Ley que dictan Sus Señorías.

Sus Señorías… Cuando unas cuantas personas se reúnen a puerta cerrada y deciden acerca del destino de todo un país, sin que los afectados puedan hacer nada más que esperar cuatro años para votar; entonces podemos decir que se ejerce la violencia política.

Violencia política es la completa impunidad de los políticos profesionales para beneficiar a los más poderosos (la banca, las grandes empresas prestadoras de servicios que una vez fueron públicos, las constructoras e inmobiliarias) y perjudicar al resto de la población.

Cuando los políticos profesionales se reúnen a comer o cenar en lujosos y discretos restaurantes con representantes de las empresas de telefonía móvil, farmacéuticas o la SGAE y toman decisiones que después aplican a todos los ciudadanos, eso es violencia política. Es violento porque no hay nadie allí presente para verificar los términos de la transacción que se lleva a cabo, los intereses corporativos y personales que motivan las decisiones, y que en el Parlamento (o Parlament, o Consell, o Pleno) se disfrazan de necesidad política y económica “para preservar los derechos de los ciudadanos y el interés común”.

Cuando las palabras dichas en el Foro Público no valen nada, entonces hay violencia. Son palabras inocuas que ocultan hechos violentos. Los parlamentarios, consejeros y concejales tienen el poder de ordenar nuestras vidas. Cuando su palabra es ley y ellos mienten, esconden los intereses de los poderosos y sus propios intereses tras el discurso del interés común, eso es violencia, una violencia brutal, contra la que nada podemos hacer, según las normas del juego que ellos mismos sancionan.

Violencia es cuando 300 señorías se sientan en sus escaños y deciden sin más debate que el de “quítate tú para ponerme yo” acerca de la vida de millones de personas. Ellos creen que debe ser así, y no pueden entender que varios miles de personas les impidan hacerlo durante un día. Tras los acosos de que son víctimas por parte de algunos indignados, los políticos profesionales de este país han comenzado a clamar contra la violencia. Hasta se ha llegado a hablar de golpe de estado encubierto.

La verdadera violencia es recortar un 10% el gasto público en Cataluña, o cualquier otro porcentaje o en cualquier otra parte del país. Es violento dejar a la gente sin una sanidad y una educación públicas de calidad. Es violento obligar a los ciudadanos a pagar a empresas privadas para que sus hijos reciban una buena educación y tenga una buena salud.

Es sumamente violento recortar las prestaciones sociales de los trabajadores desempleados. Cada mañana, delante del espejo o de una taza de café, una persona en paro tiene miedo, es objeto de una violencia brutal que le impide vivir con dignidad. Esa violencia, le dicen al parado, es anónima. Pero no lo es. Tiene nombres y apellidos: los de la nómina del Congreso de los Diputados o del Parlament Catalán.

El verdadero golpe de estado es el que dieron en la Transición los poderes que hoy, imperceptiblemente y tras la mascarada de la democracia, nos gobiernan realmente. Los sucesivos gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero encumbraron y consolidaron el poder del dinero, vendieron las empresas públicas, crearon oligopolios y fundaron imperios trasnacionales a partir de lo que era de todos los españoles. Privatizaron el país. A eso lo llamo yo robo. No es un robo con violencia tal y como lo define el derecho penal. Se trata de una violencia mucho más tenaz.

Porque los ciudadanos estamos inermes ante ella. El Tribunal Constitucional, que está en manos de los partidos políticos, ha sentado hace tiempo que los derechos económicos, sociales y culturales no vinculan a los poderes públicos. Que el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación o al trabajo, no pueden ser exigidos ante el Poder Judicial, y que su realización depende de la voluntad de los políticos elegidos democráticamente. Lo cual es tanto como decir que depende de las negociaciones que nuestros representantes corruptos realizan con Endesa, Sanitas, Florentino Pérez o la Iglesia Católica.

A eso lo llamo yo violencia.

Es una violencia mucho más deshonesta que la que algunos indignados ejercieron frente al Parlament. La violencia de unos pocos de esos indignados es condenable y parece fruto de la impotencia, del abuso, de lo absoluto que resulta el poder político. Eso si no se trata, como sugieren los portavoces del M-15, de una provocación externa al propio movimiento.

Pero la violencia que ejercen los poderosos económicos y sus Señorías es una violencia mucho más antigua. Es la violencia primigenia por la que un componente de la antigua tribu igualitaria se apropia de una parte del territorio que disfrutan todos y la pone a su exclusivo servicio. Al cabo de un tiempo, quienes antes usaban libremente de los bienes de la tierra, deben trabajar para el nuevo dueño si quieren comer, beber y pasear por la tierra que no era de nadie, que era de todos. ¿Cómo pudo aquel antepasado violento cometer ese robo, ejercer esa violencia impunemente sobre sus congéneres ya desiguales? Porque ostentaba el poder político, o quienes lo oficiaban recibían prebendas del usurpador.

¿Les suena de algo? Nuestra democracia es sólo un disfraz de la violencia. O una forma de violencia implacable: los políticos la ejercen con la legitimidad de las urnas. “Yo ejerzo la violencia legítimamente, luego tú debes callar y aceptar. Las cosas son así”.

La verdadera democracia, la verdadera legitimidad, nace de saber que todas las personas verán realizados su derecho a una vida digna. Eso significa que cuando sus Señorías deciden acerca de nuestras vidas, todos y cada uno de los ciudadanos podemos contradecirles, en las instancias de decisión, en los tribunales (el Constitucional debe ser un Tribunal de todos y para todos) o en la calle.

El enfado ante lo que ocurre no debería ser calificado como “violencia” por los violentos que nos gobiernan. Pero ellos tienen miedo. No temen que los indignados violentos vayan a hacerles algún mal físico. En realidad, nadie (más allá de una puntual obnubilación) les desea ningún mal. Y ellos lo saben.

Lo que temen los políticos profesionales es que la gente despierte, que exija una verdadera democracia. Que se les acabe el chollo. Que por fin, después de 35 años de mascarada, la violencia política sea sustituida por una verdadera democracia. Ellos querrían que siguiéramos jugando al juego en que siempre ganan, donde ponen las normas y hacen las trampas. Pero eso no va a ser posible por mucho más tiempo.