MUSEO DE LA MEMORIA: INICIALES AVANCES

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer, la municipalidad de Miraflores entregó oficialmente el terreno en el que se construirá – gracias a una donación del gobierno alemán – el Museo de la Memoria. Participaron en la ceremonia el Presidente de la República, el escritor Mario Vargas Llosa, el ex Presidente de la CVR, Salomón Lerner, el ex Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, entre otros. Como es natural, el evento se realizó en medio de la polémica que este proyecto ha suscitado. Miembros del Poder Ejecutivo, personajes vinculados a la jerarquía militar, periodistas de los medios conservadores, así como diferentes personalidades del mundo de la política y autoridades sociales que ejercieron cargos de responsabilidad en los años del conflicto armado interno, se han mostrado incómodos y hasta hostiles frente a la idea misma de un museo que contribuya a la reconstrucción narrativa y discusión del proceso de violencia vivido, para reflexionar y tomar medidas de no repetición.

En el centro mismo de la polémica - en el contexto de una ceremonia en la Escuela de Oficiales del Ejército - el ministro Rey insistió en su improvisada e infundada tesis de que la CVR sostuvo que la población civil estaba en medio de dos fuerzas virulentas y sanguinarias. La República reseña sus declaraciones de la siguiente manera:

“Esas fuerzas del orden no fueron ni son un bando, hay que honrarlas, y espero que esa verdad sea la que se refleje en el museo que van a construir", dijo el ministro en alusión al edificio que se levantará en el distrito capitalino de Miraflores.

En opinión del Ministro de Defensa, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó esa época de violencia, cometió un error "al sostener que lo que hubo en Perú durante el combate al terrorismo fue un enfrentamiento entre dos bandos, igualmente malos y genocidas".

Como se sabe, estas insinuaciones no tienen que ver con lo que el Informe realmente dice, en la versión extensa o en la versión abreviada. Pero ya sabemos que, para algunos “críticos”, la verdad es lo de menos. Se trata solamente de generar una imagen falsa del documento, que pueda ser útil para los intereses que representan. El propio Vargas Llosa ha señalado que es evidente que la mayoría de estos singularmente extraños seguidores de Catón ni siquiera se han tomado el trabajo de leer el texto (1):

“Este hecho, la responsabilidad del terrorismo de Sendero, el MRTA y otros grupúsculos fanáticos, en la tragedia que vivió el Perú en aquellos años, quedó probado hasta la saciedad en la investigación, muy injustamente criticada, que llevó a cabo la Comisión de la Verdad que presidió el doctor Salomón Lerner y que muchos de cuyos objetores –dicho sea de paso – no se han preocupado siquiera de leer.”

Es preciso señalar lo siguiente. El Informe Final de la CVR fue elaborado por una Comisión creada por el Estado para cumplir con una misión encomendada por el Estado peruano. Allí está el documento, para ser estudiado y discutido; se trata de una investigación interdisciplinaria y rigurosa sobre la violencia y la desigualdad en el Perú en las últimas dos décadas. El ciudadano Rey tiene, por supuesto, el derecho a no leer el texto, tiene el derecho incluso a asumir - lamentablemente - sus pre-suposiciones como 'evidencias' (aunque sean infundadas, y le impidan juzgar legítimamente el Informe, vale decir, con algún conocimiento de causa). Sin embargo, considero que el ministro Rey tiene el deber de conocer el documento - como material de trabajo y de discusión -, ya que, como ministro de Estado, tendría que estar enterado de los argumentos y material probatorio de una investigación encargada por el Estado cuyo contenido está relacionado con su sector. La desinformación en la materia no sería justificable desde ningún punto de vista. Sus declaraciones sólo revelan desinformación y prejuicio.

Pero volvamos al tema del post, el Museo de la Memoria. El Museo busca convertirse en un lugar de meditación y diálogo en torno a la historia vivida, pero también acerca de las posibilidades de una cultura de paz en el Perú. Pretende convertirse en un espacio para la construcción de ciudadanía. Un espacio para la conversación cívica, y para llamar las cosas por su nombre. Reconocer el heroísmo de quienes ofrecieron la vida defendiendo a la sociedad y cumpliendo la ley, reconocer la entraña vesánica y fanática de los grupos terroristas que le declararon la guerra al Estado, pero también reconocer que algunos uniformados violaron los Derechos Humanos. Recuperar críticamente la memoria y purificar nuestras instituciones contribuirá a fortalecer nuestra democracia. El Museo procurará ofrecer una mirada amplia sobre el pasado y el futuro de la cultura de los Derechos Humanos en el Perú. Una mirada amplia, no "neutral", una perspectiva veraz y rigurosa sobre lo ocurrido que ponga de manifiesto un compromiso ético y social con las víctimas.

Recientemente, desde Correo - el diario de ultraderecha por excelencia - se ha deslizado por enésima vez la poco convincente tesis de que el Museo constituye una causa de una izquierda urbana, y se acusa el proyecto de "elitista". propio de intelectuales de clase media y de "diarios caros" (léase La República). Se cuestiona que el Museo tenga su sede en Miraflores, y que la idea acaso no cuente con el respaldo de la mayoría. Extraña que el objetor no sepa que algunos alcaldes de otros distritos se negaron a acoger el Museo, y que Miraflores no haya sido el lugar seleccionado en un inicio (si es el caso que sí se sepa, la crítica se torna cínica, y hasta mezquina). Me sorprende también que el argumento de la popularidad como "medida" reaparezca, a pesar de su evidente debilidad, pues entraña un razonamiento falaz (en el mejor de los casos, meramente "retórico"). Una causa no adquiere legitimidad moral si es que es "popular" o si tiene llegada a las "mayorías. Del mismo modo, un individuo no delibera sobre el valor ético de un propósito centrando su análisis en si sus propósitos "sintonizarán" o no con las "bases", o con las mayorías; la deliberación práctica no se reduce al cálculo, ni a las "ilusiones" de vanguardia. La sola sugerencia de que una supuesta "élite" intelectual o política está monopolizando el duelo entraña una insinuación que podría ser tomada como ofensiva (En todo caso, si esta presunción les preocupa tanto ¿Qué hacen estos críticos para "democratizar" el duelo? ¿Alguna iniciativa? ¡Si ellos se opusieron desde un principio a la idea misma del Museo!). Reducir esta importante cuestión a un asunto "de clase" es realmente conmovedor; el problema no es sólo que el recurso es arcaico, sino que es conceptualmente endeble. El valor de una causa no depende de las estadísticas. Aquí falla el "relativismo sociológico" tanto como el "determinismo de clase", propio de una especie de 'marxismo residual'. Estamos hablando de argumentos, no de la suma de simpatías, de consignas o de adhesiones.

Vargas Llosa plantea acertadamente la reflexión en términos del discernimiento sobre el valor de los medios y los fines. Los subversivos creían delirantemente que el logro de su dogmática utopía justificaba la muerte de miles de peruanos (la insana “cuota de sangre” de su discurso); algunos malos elementos de las fuerzas del orden – no las instituciones. Las instituciones sí podrían ser responsabilizadas cuando existen ocultamiento de información o cuando hay doctrinas oficiales de por medio – consideraban que el fin de la pacificación legitimaba la represión indiscriminada y el crimen (el tiempo se encargó de refutarlos: lo que derrotó al terrorismo fueron las acciones de inteligencia y el trabajo con la población, a partir de la última etapa del primer gobierno de García). Al respecto, el autor de La Guerra del fin del mundo dijo al respecto lo siguiente:

“Es verdad que, en la lucha contra el terror, se cometieron crímenes intolerables contra los derechos humanos que un Estado de Derecho y una conciencia democrática no pueden excusar ni silenciar. Ocurrió porque ni nuestra sociedad ni nuestras instituciones estaban preparadas para librar una guerra tan feroz y tan cruel como la que desataron los terroristas y porque una larga tradición de dictaduras hizo creer a algunos insensatos que el arma más eficaz contra el terror revolucionario es el terror de Estado. No es así. El fin no justifica los medios. Confiamos en que las salas de exhibición y de estudio del Museo sirvan para mostrar, como decía Albert Camus, que en una verdadera sociedad libre son los medios los que justifican los fines y no al revés.”

Creo que en este punto Vargas Llosa da en el clavo. Tanto los terroristas como quienes - en el otro lado del espectro político - predican la impunidad y el silencio frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado consideran que ‘el fin justifica los medios’. Algunos políticos y periodistas creen erróneamente que, si las fuerzas del orden defendían al Estado, entonces el crimen cometido por algunos de sus elementos “no es de lesa humanidad” (¿?). Ese tipo de pensamiento es conceptualmente escuálido, además de cínico y potencialmente deshumanizador, pues plantea una inaceptable condescendencia con la violencia, que curiosamente acerca a sus suscriptores a aquellos que invocaban el terror en nombre de una concepción fundamentalista de la (supuesta) “justicia social”. Tenemos que romper de una vez por todas con ese funesto esquema de pensamiento.

Precisamente, el Museo está pensado para promover esta clase de discusión.

(1) Actualización 26/ Dic.: véase el lamentable y pobrísimo artículo de Hugo Guerra en El Comercio - La tarea pendiente -: su columna confirma las palabras de Vargas Llosa sobre la ignorancia de muchos críticos de la CVR frente al documento que supuestamente "cuestionan". Guerra le achaca al Informe Final cosas que el documento no dice. No es la primera vez.

Actualización 27 / Dic.: Rafael Rey - en el artículo Monumento a las víctimas, publicado en La República - insiste en su lucha tragicómica contra la CVR. Insiste también en no leer aquello que persigue. Para el Ministro de Defensa la verdad parece estar subordinada al juego de fuerzas político.