UNA NOTA ACERCA DE LA RECONCILIACIÓN SOCIAL Y EL PERDÓN

Gonzalo Gamio Gehri

La categoría “reconciliación” es – qué duda cabe – una noción polémica e incómoda en los debates sobre Derechos Humanos y políticas transicionales. No sólo en el Perú, pero también en el Perú. En parte, esto se debe a que la palabra puede asumir una cierta connotación de impunidad. Nótese que cuando el gobierno del Presidente Toledo le añadió a la Comisión de la Verdad conformada por la administración Paniagua el rótulo “y de la Reconciliación” – además de cinco nuevos miembros -, los representantes del conservadurismo político local mostraron su satisfacción; esta medida parecía debilitar el mandato planteado inicialmente, que ponía énfasis en el esclarecimiento de los hechos y en la asignación de responsabilidades. Se pretendía identificar acríticamente el concepto de “reconciliación” con el de “perdón”.

Esta identificación fracasa por diversas razones que van más allá del anhelo de “borrón y cuenta nueva” en materia de Derechos Humanos (predicado por los “auténticos nihilistas”), pues tienen que ver con la “naturaleza” del perdón. Se trata de un acto gratuito que la víctima confiere al víctimario, a través del cual se pone fin a la presencia del resentimiento y del odio como elementos de la relación entre ambos. El perdón permite esbozar una mirada sobre la historia – biográfica o colectiva – del dolor que no esté contaminada por la violencia. Resulta importante considerar aquí tres cuestiones importantes: a) sólo la víctima puede perdonar, ningún otro sujeto – incluido el Estado – puede usurpar esa potestad, esa “gracia”; b) el trabajo del perdón no anula el ejercicio de la memoria y la acción de la justicia; c) el victimario debe reconocer – ante la víctima - su responsabilidad frente al mal producido, y percibir con cierta claridad los efectos dolorosos de su acción. El perdón no constituye una invitación al olvido o a la impunidad. A través de su ejercicio, el re-cuerdo preserva su dimensión moral (y política, si es el caso), pero deja de ser agobiante para la víctima, precisamente porque, entre otras cosas, supone a la vez punición y reparación. Incluso la doctrina católica dacerca de la reconciliación y el perdón de los pecados sostiene que la memoria y la justicia constituyen elementos fundamentales en el proceso de restitución de los vínculos humanos y la unión con lo divino: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, satisfacción de la obra, confesión sincera y penitencia son los pasos que hay que seguir. No es difícil darse cuenta de la convergencia entre esta interpretación religiosa de la reconciliación y lo que las investigaciones en el área de justicia transicional señalan acerca de las condiciones de la reconciliación social. Es curioso que los 'críticos político-religiosos' de la CVR - como Rafael Rey o Martha Chávez - - no hayan reparado (¿o no hayan querido reparar?) en esa conexión espiritual entre memoria, justicia y reconciliación (presente en el Evangelio y en documentos como la exhortación de Juan Pablo II Reconciliatio et paenitentia y el estudio de la Comisión Teológica Internacional Memoria y reconciliación).

En el Perú, algunos interlocutores del debate público sobre Derechos Humanos omiten toda referencia a las tres condiciones que acaban de ser reseñadas. Suelen asociar erróneamente el perdón con la amnistía, la declaratoria estatal de la eliminación de la responsabilidad de quienes han sido condenados por la comisión de un delito. La instancia política – por lo general el poder legislativo – decide tratar a los criminales como inocentes, proclamando el olvido legal en torno al daño producido (no olvidar la raíz griega del término, amnestía, olvido). Esta clase de suspensión de la justicia (y de distorsión de la historia, pues en casos de violaciones de Derechos Humanos va de la mano de la configuración de una “historia oficial”) suele ser ejecutada en nombre de una idea - evidentemente falsa - de “reconciliación nacional”. Recuérdese el caso de la tristemente célebre ley de amnistía bajo el fujimorato, y los intentos fallidos del congresista Edgar Núñez de aprobar una amnistía para los efectivos militares procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, en el año 2008. En todos estos casos, se trataba de imponer "políticas" de impunidad.

No fue (ni es) casual que muchos objetores de la CVR y su Informe sostengan falazmente que su investigación “no ha reconciliado” a los peruanos. En primer lugar, basan esta precaria tesis en una concepción de “reconciliación” que o es ingenua (diríase casi ‘matrimonial’) o que clama explícitamente por la imposición de “políticas de impunidad”. Hay que señalar, además, que la reconciliación social y política planteada por los proyectos de justicia transicional constituye un proceso histórico de largo aliento, que supone el trabajo de la memoria, la judicialización de los delitos, reparaciones a las víctimas, la implementación de reformas institucionales. Se trata de un reto que convoca tanto al Estado como a la sociedad civil, e invoca la responsabilidad del ciudadano frente a sus comunidades. La publicación del Informe Final es sólo un momento inicial en ese largo y significativo proceso.