VENCER A LA IMPUNIDAD

REFLEXIONES SOBRE EL CASO LA CANTUTA

Gonzalo Gamio Gehri


Hace unos meses escribí en el Gran Combo Club un pequeño texto – Los griegos y Nosotros – en el que trataba de mostrar, criticando una nota de Alonso Alegría sobre La Orestiada de Esquilo, que los temas que aborda la tragedia antigua guardan una estrecha relación con los conflictos éticos y políticos que le toca afrontar al hombre contemporáneo, y muy en particular a sociedades que han padecido conflictos armados desgarradores, como la nuestra.

Lo ocurrido con el caso de los estudiantes y el profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta constituye un ejemplo que ilustra esta tesis. Los esfuerzos de los familiares de las víctimas por esclarecer los crímenes perpetrados por el Grupo Colina, recuperar los cuerpos de sus seres queridos y vencer los numerosos obstáculos para lograr que se haga justicia – los mecanismos de impunidad e intimidación instalados en el fujimorato, la indiferencia de la “clase política”, el encono de la prensa autoritaria – se asemejan a los trabajos del coro de mujeres argivas de Las Suplicantes de Eurípides, madres y esposas de los guerreros caídos en la fallida invasión de Tebas, que piden la intercesión del rey Teseo ante Creonte para recoger los cadáveres y darles sepultura. En el drama como en la vida real, estas personas lograron su objetivo, venciendo la impunidad de quienes pretendían dejar las cosas como están.

La semana pasada, los cuerpos de estas personas fueron finalmente enterrados: pueden descansar en paz, después de dieciséis años de estar expuestos al escrutinio público, a los exámenes forenses. Quedaron atrás los fallidos intentos del régimen de Fujimori por mantenerlos ocultos, así como las ofensivas insinuaciones de que las propias víctimas se habían “autosecuestrado”, como sostenía de modo vergonzante una conocida congresista fujimorista ¿Cuántas veces los familiares de los estudiantes y el profesor estuvieron a punto de rendirse, pensando que las murallas del poder eran demasiado anchas para que ellos – ciudadanos sin presencia pública ni posición económica – pudieran superarlas con los instrumentos que brinda la legalidad y la ética de los Derechos Humanos. No obstante, quienes se consideraban los “dueños del Perú” en los noventa (o, más precisamente, sus secuestradores, en particula después del autogolpe), quienes compartían el poder y se consideraban inmunes a la acción de la justicia, están siendo actualmente procesados por delitos de lesa humanidad. Hoy esos familiares representan la poderosa idea de que no hay “intocables” en el Perú cuando se violan los Derechos Humanos. El proceso judicial a Fujimori y Montesinos constituye un signo de esperanza de que la justicia pueda llegar a cristalizarse, a pesar de todo. Este hecho evidencia que no todo está perdido para quienes claman por la recuperación de la memoria y el castigo de los culpables. Se pone de manifiesto que las tragedias pueden terminar “bien” - en algún sentido -, de modo que los ciudadanos comprendan cuáles son los límites en el ejercicio del poder (y desarrollen el tipo de "sabiduría práctica" sobre los rasgos de la vida en común, como quería Eurípides).

Lamentablemente, todavía existen peruanos que consideran – como el propio Vladimiro Montesinos – que se pueden perpetrar crímenes en nombre de la “razón de Estado”; que un hipotético “bien mayor” (por ejemplo, la pacificación del país) puede legitimar el “costo social” de las masacres, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas. Esa hipótesis no es sólo moralmente censurable (pues convierte a las personas en meras variables en un cálculo entre costos y beneficios) sino que es históricamente falsa: se ha demostrado que la medida que posibilitó la derrota del terrorismo y la efectiva pacificación del país fue el agudo cambio de estrategia – operado hacia 1989 – que sustituía la represión indiscriminada por el trabajo de inteligencia. Dicho cambio produjo fruto, y la captura de los jefes terroristas se debió a él. La “guerra sucia” había generado en el pasado el resultado contrario. El Informe Final de a CVR da cuenta de este proceso con especial claridad.

La lucha contra la impunidad librada en casos como el de La Cantuta debe ser entendida en el marco de la afirmación de un universalismo moral, expresado en la cultura de los Derechos Humanos. Esta cultura democrática es fruto de la Ilustración y del proceso de modernización de las sociedades, no constituye privilegio de una ideología o de un derrotero político particular. La cultura de los Derechos Humanos tendría que ser patrimonio de todas las formas de pensar la política. Se trata de una construcción liberal (no lo olvidemos) que aspira a convertirse en un bien de la humanidad, en tanto pretende proteger en la práctica a los individuos contra la crueldad de diverso cuño. La tesis central es que los individuos deben verse protegidos del daño, no en correspondencia a algún mérito especial o distinción de la quesólo goza una "élite", sino en virtud de su condición “efectiva” de seres humanos (más allá, ciertamente, de la definición que busquemos asignarle: agentes racionales, animales lingüísticos, bípedos implumes, etc., sobre este tema propiamente filosófico me ocuparé en otra ocasión): individuos de todo origen, cultura, género y situación legal deben estar protegidos por estos derechos. Su vigencia constituye – como he señalado antes – un signo de civilización.