ALAN GARCÍA Y SU CURIOSO SENTIDO DE LA LEGALIDAD

Gonzalo Gamio Gehri


En el último post de su magnífico blog – “Alan Fujimori Fujimori” en Desde el tercer piso -, José A. Godoy discute lúcidamente la clara vocación por la impunidad (sobre todo en materia de Derechos Humanos) que cultiva nuestro Presidente de la República. Es cierto que no deberíamos esperar otra cosa de quien se acogió a la prescripción de los presuntos delitos de corrupción que eran materia de acusación en su contra; tampoco podría esperarse otra cosa de quien ha elegido como aliado electoral a un invitado frecuente a la salita del SIN, ha convocado como sus Vicepresidentes a fujimoristas convictos y confesos, o ha formado su gabinete con sonoros apologetas de la impunidad y de las leyes de amnistía.

García ha concedido una entrevista al diario La Razón – en más de una ocasión el órgano de prensa de Montesinos – en la que se ha pronunciado a favor de la liberación de Moisés Wolfenson (quien colaboró con Montesinos brindándole titulares hasta en tiempos de su proceso) y ha defendido la fórmula “un día en la cárcel = un día en prisión domiciliaria”, penosa iniciativa frustrada del ex legislador Kuennen Franceza, de Unidad Nacional (otro devoto del fujimorismo). Esta iniciativa se reveló ya como un gigantesco despropósito al servicio de los prontuariados de cuello y corbata. Curioso sentido de la legalidad de nuestro presidente, que opina a sabiendas de que sus palabras podrían tener un (ilegítimo) eco en otros fueros del Estado. Cuando uno se topa con esta clase de declaraciones presidenciales se pregunta si existe una genuina voluntad política que permita que Fujimori pueda ser finalmente condenado – como apuntan todo los indicios y pruebas en materia de justicia – en los tribunales. O si el poder ejecutivo (tan empático con el ex dictador, rodeado como está de sus simpatizantes) terminará presionando para garantizar la impunidad del procesado. ¿Qué primará en García, la “solidaridad” con el fujimontesinismo y el cálculo político? ¿O su evidente obsesión por “pasar a la historia” con alguna decencia?

Asimismo, el mandatario ha señalado que publicará la lista de los 1800 “terroristas liberados e indultados” - "para que vea quién es su vecino", según la corrosiva declaración presidencial - suponiendo que estos realizan acciones subversivas en el VRAE. El tema es complejo y delicado, pero, en principio, medidas como esta – que hay que discutir exhaustivamente (pues tal y como se plantean pueden ser lesivas de los Derechos Fundamentales) – no corresponden a la Presidencia de la República, sino a la Policía Nacional y particularmente al Poder Judicial. Constituye un sórdido mito la idea de que se han “liberando terroristas” en los años de la recuperación de la democracia, una “leyenda urbana” que han aderezado gente interesada en beneficiarse políticamente con el tema como Martha Chávez, Giampietri, y diarios fujimoristas como Expreso y por supuesto La Razón. Recordemos que los primeros excarcelados fueron personas injustamente inculpadas por terrorismo en los años del fujimorato, merced al trabajo de una Comisión ad hoc dirigida por el P. Hubert Lanssiers – de intachable probidad y prestigio – y aprobada por el propio Fujimori (eso no lo mencionan Chávez, Giampietri, y Raffo, como es de esperar). El propio régimen autoritario reconoció que el endurecimiento de la política en esa materia generó muchísimas injusticias y abusos. La Comisión siguió trabajando con la misma transparencia y eficiencia. Mucha gente padeció carcelería, perdió a su familia y su trabajo siendo inocente, y sufrió por años el estigma inmerecido de “terrorista” a causa de la irresponsabilidad de las declaraciones del Presidente y de campañas como las que emprende La Razón. La deshonestidad de muchas autoridades y nuestra indiferencia contribuyeron a convertir las vidas de gente inocente en un verdadero infierno (gente que investigó tales casos, como Pilar Coll y quienes trabajaron con Lanssiers pueden dar fe de ello); debemos evitar que estas injusticias se repitan poniendo siempre la ley por delante. En los últimos años ha quedado demostrado que para castigar al terrorismo no se “necesita” romper con el Estado de Derecho, que nos es posible sancionar con todo el peso de la ley – asignando justas penas de cadena perpetua – en el marco de los principios democráticos y en el respeto de la legalidad y el debido proceso.

Esperemos que se investigue y castigue a quienes practican el terror – pues son evidentemente enemigos de la Ley y de la sociedad: ya el Informe Final de la CVR ha señalado que Sendero Luminoso constituye el principal perpetrador de violaciones contra los Derechos Humanos -; pero es preciso exigir que se protejan los derechos constitucionales de quienes - como ha quedado demostrado - jamás tuvieron nada que ver con el crimen. Distinguir a unos de otros corresponde a una seria y rigurosa investigación policial y legal. Debemos evitar incurrir en la arbitrariedad y el discurso fácil y efectista, en nombre de la dignidad de esos ciudadanos injustamente vejados y por la memoria de un hombre ejemplar como Hubert Lanssiers.

(La caricatura es de Carlín).