AÑO UNO: POLÍTICA Y SENTIDO DE CRISIS

Gonzalo Gamio Gehri

Se ha cumplido un año desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia de la República. Este ha sido, sin duda, un año difícil. El fenómeno del Niño costero ha golpeado severamente el Norte del país. El escándalo de Odebrecht ha puesto de manifiesto situaciones graves de corrupción que comprometen no sólo a buena parte de la autodenominada “clase política”, sino que involucra a algunas empresas peruanas notablemente influyentes, un hecho que algunos medios de comunicación tienden a soslayar. Tres expresidentes están siendo investigados en torno a su presunta responsabilidad en este caso, un juez ha ordenado prisión preventiva contra Ollanta Humala. Con él son dos ex mandatarios que están en la cárcel. Este año parece llevar el signo de la crisis.   

Kuczynski formó un gabinete interesante, compuesto por especialistas, pero ha descuidado el aspecto político de su gestión. Rodearse de técnicos ha sido una decisión que ha traído consigo dificultades en materia de acción política. El gobierno requiere de personalidades que cuenten con peso político y habilidades en materia de negociación y manejo de situaciones difíciles. El problema es que el Presidente no cuenta siquiera con una bancada sólida que esté en capacidad de defender con firmeza y lucidez las reformas propuestas por su gobierno. Tampoco lidera un partido político organizado y con presencia nacional. Algunos de sus voceros son políticos que tienen su propia agenda, y no siempre han sabido sumar esfuerzos para sacar adelante el programa de su partido.

Uno de los problemas más graves ha sido sin duda el conflicto entre el poder ejecutivo y el Congreso de la República. El fujimorismo – principal fuerza política en el parlamento  -  se ha propuesto poner en jaque al gobierno sometiendo a interpelación a varios ministros, forzando la renuncia de algunos de ellos. El gobierno ha usado la carta del indulto a Alberto Fujimori como potencial factor de negociación, una carta altamente discutible. En circunstancias en las que un expresidente padece prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, curiosamente un sector de nuestros políticos considera pertinente indultar a otro expresidente, condenado por corrupción y por violaciones a los derechos humanos. El mensaje del gobierno transmite ante la opinión pública resulta  éticamente cuestionable, en la medida en que las pretensiones de impunidad de Fujimori se han convertido en materia de cálculo político.

Esta situación ha generado una división significativa entre los fujimoristas. Los seguidores de Keiko Fujimori se muestran reacios a promover la asignación del indulto como un posible tema de acuerdo político; por su parte, los congresistas cercanos a Kenji Fujimori plantean el asunto como una condición esencial de un supuesto programa de “reconciliación nacional”, un programa controvertido que pretende olvido e impunidad como factores de cohesión comunitaria: se trata, evidentemente, de una idea espuria de reconciliación, que no se justifica en el derecho a la verdad y en el trabajo de la justicia, como exige la cultura de los derechos humanos. El tiempo pondrá de manifiesto si esta división en Fuerza Popular se convierte en fragmentación política.

En los espacios de opinión pública impera una suerte de sentido de crisis, la idea de que el país enfrenta graves problemas – principalmente asociados con la inseguridad ciudadana y con la corrupción – que el gobierno no puede enfrentar con eficacia a causa de su incapacidad para hacer política en su sentido más pleno. Los conflictos se resuelven convocando tanto a los actores como a los afectados, intentando proponer medidas de consenso que permitan deponer posiciones extremas sin sacrificar principios fundamentales, en un marco general de transparencia y apertura a las razones del otro. Los actores principales del gobierno muestran serias dificultades para la deliberación y la negociación, actividades políticas esenciales para enfrentar problemas básicos que afectan la convivencia social y la estabilidad política del país. La opción por la tecnocracia en desmedro de la política parece pasarle una temprana factura a la administración PPK. Nos preguntamos si el presidente tendrá el juicio y los reflejos necesarios para tomar acciones que reviertan esta complicada situación en breve plazo, y si cuenta con los cuadros para llevar a cabo estas acciones.

(Aparecido primero en Ideele N° 271).

UNA NOTA SOBRE UN SISTEMA INSPIRADOR Y PRECARIO

Gonzalo Gamio Gehri

Un viejo político británico solía decir que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Winston Churchill era famoso por sus declaraciones sesudas y llenas de sarcasmo. Su juicio sobre la democracia entraña una lúcida lección. Se trata de una herramienta algo precaria – pues su estabilidad requiere de un sentido fuerte de ciudadanía y (por consiguiente) de instituciones sólidas respaldadas por los ciudadanos -, pero potencialmente eficaz para plantear y resolver conflictos al interior de la sociedad.

Churchill tiene razón cuando plantea su reflexión en un sentido comparativo. La democracia es un régimen político que se propone organizar el ejercicio del poder a partir de la vigencia de un sistema de derechos y libertades individuales, que incluyen la toma de decisiones basada en la deliberación pública y la alternancia de quienes desempeñan funciones de Estado. Aspira con ello a realizar nuestras expectativas de autonomía, de justicia y de bienestar. Los otros modelos que compiten con ella – el  ya derrotado fascismo y el comunismo – se han revelado totalitarios; ellos pretenden organizar la vida de los individuos sin el concurso de su propia opinión, a partir de un régimen de partido único o de Estado corporativista, sin espacio alguno para la discrepancia o la expresión del pensamiento. La sombra de Hitler y Stalin todavía rondaban el mundo, y el gobierno de Franco todavía ejercía su poder en España. Observar las potenciales debilidades de la democracia liberal suponía observar en detalle a sus rivales.

Tiene sentido sin duda apreciar una forma de vida política basada en las acciones coordinadas de sus usuarios – los ciudadanos – y en el reconocimiento de los derechos universales de cada uno de ellos. Un régimen que no se reclama producido por la voluntad de Dios, por la decisión de un grupo de individuos que comparten un linaje  ancestral que ellos mismos juzgan especial, o por la intervención de una clase social racionalmente iluminada que dice conocer las leyes objetivas de la historia. Un sistema político en el que existen modos de fiscalizar la conducta pública de los funcionarios, y de incorporar temas nuevos en la agenda pública, que sean de interés ciudadano.

Una cultura política felizmente antropocéntrica está a la base de los programas democráticos que conocemos. No nos desconcierta que sean los viejos partidarios de las teocracias, las rancias aristocracias de origen feudal y las más anacrónicas visiones epistémicas de la historia las que pretendan condenar los intentos de cimentar el régimen democrático entre nosotros. Y pretenden hacerlo en nombre de un extraño saber cuyos fundamentos no saben sostener.

La democracia busca encontrar mediaciones que ponderen – no anulen – la tensión política entre las exigencias de la justicia y las demandas de la libertad individual. Se plantea el necesario diseño de reglas e instituciones que establezcan contrapesos en el uso del poder. Con frecuencia, estos ideales enfrentan obstáculos poderosos – gobiernos con pretensiones autoritarias, la presión de corporaciones y grupos de poder económico o de otro tipo, presencia de corrupción, etc. -, de forma tal que el proyecto democrático tienda a debilitarse, incluso en medio de la incredulidad de los propios ciudadanos. Pese a todo, la democracia constituye una meta política por la que vale la pena vivir. La nutren antiguos e importantes valores públicos a cuyo logro no podemos renunciar.

LA DEMOCRACIA COMO PROYECTO ÉTICO-POLÍTICO

Gonzalo Gamio Gehri

Estos dos asuntos constituyen auténticos desafíos éticos y políticos en la lucha por fortalecer la democracia en el país. Las ofertas autoritarias son sumamente seductoras entre nosotros. Sólo podremos combatirlas con eficacia en la medida en que podamos entender la democracia en los términos de un proyecto amplio de desarrollo humano y justicia social,  así como sea posible construir una cultura política basada en el ejercicio de la ciudadanía activa.

 La democracia, sus principios, sus prácticas e instituciones, son en primera instancia instrumentos para lidiar con nuestras vidas y con las vidas de los demás en condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre; se trata de herramientas construidas socialmente para lograr la concreción de libertades y de nuestras expectativas de bienestar. El sistema de derechos y las formas encarnadas de autogobierno cívico constituyen medios razonables y eficaces para la consecución de tales fines. Probablemente no existan formas políticas que puedan competir con ella – al menos hasta el día de hoy - en la búsqueda de estos propósitos. Los regímenes autoritarios, estructurados a partir de la supresión de las libertades y de los derechos individuales, concentran el poder en pocas manos. Su preservación se basa en la limitación de las capacidades centrales de las personas.

En este sentido, la democracia constituye un experimento formulado en medio de una historia marcada mayoritariamente por la experiencia de la autocracia y el imperio de diversas formas de desigualdad y discriminación. Consolidar estos principios, prácticas e instituciones implica en buena cuenta remar contra la corriente en mundos sociales y políticos en los que la mentalidad autoritaria tiene un lugar. Este experimento puede fracasar o tener éxito, como cualquier otro proyecto social o político. Considero que se trata de un experimento que merece la pena vindicar, en la medida en que él potencia un conjunto de disposiciones humanas intrínsecamente valiosas. Podrá realizarse en la medida en que los ciudadanos estemos dispuestos a ponerlo en ejercicio, incluso en situaciones adversas, a través de prácticas compartidas en los espacios comunes. Cultivar el discernimiento y propiciar su cuidado en los escenarios del sistema político y la sociedad civil no es una tarea sencilla. No obstante, constituye un paso necesario en el desarrollo de la esfera pública si pretendemos construir formas de vida orientadas por el ejercicio de la libertad.

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NOTA:  Esta es la primera sección de un escrito más largo - aparecido en el último Número de  Páginas - , que iré publicando aquí.

EL DEBER POLÍTICO DE DEFENDER LA DEMOCRACIA

Gonzalo Gamio Gehri  [1]

El domingo será un día decisivo para nuestro país. Debemos decidir entre apoyar una candidatura de una extrema derecha conservadora, ensombrecida por un pasado autoritario y corrupto – que cuenta con un presente visiblemente marcado por acusaciones de colusión con el narcotráfico y con el crimen organizado -, y  respaldar en las urnas una candidatura de derecha liberal que ha recogido el anhelo, común a distintos grupos políticos y organizaciones sociales, de preservar la institucionalidad democrática peruana.

La falta de perspectiva de nuestra  autodenominada “clase política”,  la complicidad de un sector importante de los medios de comunicación y de los empresarios, así como la condescendencia frente al autoritarismo que observa una parte de la población peruana, han contribuido a destacar la figura de Keiko Fujimori, aunque se trate de una candidata que cuenta con una escasa preparación y ostenta una cuestionable trayectoria política en diferentes niveles, que incluye un trabajo legislativo lleno de inasistencias y múltiples despropósitos. Algunos periodistas han repetido la discutible suposición de que la hija del gobernante autoritario de los años noventa habría realizado un espléndido “trabajo político”, recorriendo el país y movilizando a la gente desde el 2011. Llamar “trabajo político” al ejercicio del clientelismo constituye un exceso semántico, por decir lo menos. Constituye un error y quizás un intento de infundir confusión describir toda actividad proselitista como una clase de acción política.  Sobre este punto tenemos una discusión conceptual pendiente, urgente.

En las últimas semanas hemos podido verificar la debilidad del programa de gobierno de los fujimoristas, su tardía convocatoria a especialistas que llegaban improvisadamente a sus filas, las investigaciones sobre presuntos vínculos de este grupo político con el narcotráfico y con organizaciones delictivas; el caso Ramírez no es un caso solitario ¿Cómo un grupo político con esas presuntas conexiones podría enfrentarse a la delincuencia? La discutible conducta de Chlimper en cuanto a la entrega de un audio modificado a un medio televisivo nos recuerda la escasa vocación por la transparencia del fujimorismo de los noventa, se trata del empleo de las mismas prácticas de manipulación y encubrimiento de la verdad, así como la misma  pretensión de impunidad. Esos no son signos de cambio, en absoluto. 

Frente a estas acusaciones, Keiko Fujimori ha indicado que no está enterada sobre las actividades y el patrimonio del secretario general de Fuerza Popular y de sus candidatos al Congreso de la República ¿Es ese el “liderazgo” que el Perú requiere? Si no existe claridad ni firmeza en la evaluación y conducción del propio partido, menos podemos esperar que luche contra la corrupción y con el delito en las instituciones del Estado. Ha sido criticable el hecho de que haya buscado forjar alianzas con mineros ilegales, con los reservistas, con sectores cuestionables del sindicalismo local. Los compromisos firmados con algunos grupos evangélicos conservadores son un penoso signo de sumisión de la política frente a la religión, en contraste con una mentalidad democrática liberal, que exige una razonable separación de fueros. Dicha candidatura privilegia el cálculo electoral sobre el cultivo de los principios éticos / políticos. Eso no sorprende. La perspectiva de país que tiene el fujimorismo (desde sus inicios hasta hoy) es antidemocrática y está basada en la valoración inmoderada del uso de la fuerza. 

Defendamos la democracia, una vez más. Existe una opción a la que apoyar, la de la organización política de PPK. No es un tema de odio (es ridículo lo que dicen los paleoconservadores tipo V. A. Ponce o P. Butters sobre este asunto) sino de preocupación por nuestra sociedad. No dejemos que el país se hunda en el pantano de la autocracia y la condescendencia frente a la corrupción. Rechacemos el imperio de la antipolítica que sólo produce lesiones de libertades, así como erosión de la justicia y la realización humana. Combatamos el siniestro slogan "roba pero hace obra", que genera falta de esperanza ante las potencialidades de nuestros ciudadanos y de nuestras asociaciones. A pesar de la auténtica  vulnerabilidad de nuestro sistema político, algo hemos avanzado en esta materia. Hemos combatido la cultura de la impunidad y el escueto anhelo de concentración del poder. Honremos el trabajo de la transición democrática. No retrocedamos a esos años funestos. No cedamos ante una inadmisible amnesia política.

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[1 ]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor en la en la Pontificia Universidad Católica del Perú y  en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

ÉTICA, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

Gonzalo Gamio Gehri[1]

Dentro de poco tiempo elegiremos en segunda vuelta a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Esa persona designará a los especialistas que conformarán un gabinete de ministros, y delegará  entre sus colaboradores otros puestos en el Estado. En otras palabras,  esa persona formará un gobierno por un período de cinco años. Todo ello por encargo nuestro, no debemos olvidarlo. El poder que ese gobierno administrará proviene de nosotros, de nuestra decisión y de nuestro consentimiento. Elegir, por ello, es un acto que entraña una gran responsabilidad en clave ética y política.

Ser ciudadano no sólo consiste en ser titular de derechos universales, implica asimismo ser un agente político, un sujeto capaz de intervenir en la vida pública para incorporar temas de interés común en la agenda política, para generar corrientes de opinión, para vigilar la buena marcha del ejercicio de la función pública de parte de las autoridades elegidas. Como se ha dicho recientemente, “la democracia no llega sola”; el  poder sólo se limita con lucidez si los ciudadanos actuamos en conjunto.

Es necesario que los ciudadanos nos informemos antes de votar, y que se contrasten las propuestas y los argumentos de los candidatos en los foros de debate disponibles en el sistema político y en las instituciones de la sociedad civil. Debemos examinar rigurosamente los programas de gobierno, así como evaluar detenidamente las trayectorias de los postulantes al sillón de Pizarro. Aquí la eficacia y la probidad en el ejercicio de la función pública, así como el compromiso con la consolidación de una democracia liberal en nuestro país, constituyen criterios fundamentales para decidir con sensatez y sentido de justicia a quién apoyar en las urnas, y a quién no. En esta línea de reflexión, no debemos avalar el clientelismo como estrategia política, tampoco la tolerancia frente a la corrupción o la condescendencia con el narcotráfico. De nosotros depende que el despotismo (no necesariamente ilustrado) y la deshonestidad no constituyan opciones para la administración del poder.

La capacidad de emitir un voto consciente constituye una condición necesaria para el cultivo de la ciudadanía democrática, pero no es una condición suficiente. Podemos reunirnos y actuar juntos para expresar ideas comunes que nos movilicen, así como para  ejercitar el control político en términos de vigilancia cívica. Esta dimensión de la ciudadanía requiere una disposición permanente, una práctica presente tanto en períodos electorales como después de las elecciones. En realidad, la participación ciudadana constituye el único remedio contra cualquier forma de autoritarismo que se proponga  amenazar las bases de la vida pública. Sólo podemos contener las pretensiones autocráticas de cualquier autoridad política en la medida en que estemos dispuestos a actuar juntos, y a resistir a toda forma de concentración del poder. Es preciso recuperar el valor de la política, concebida como una actividad que nos convoca a todos, y que expresa una forma crucial de libertad.

(Publicado en La Periferia es el centro, LR)

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[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y  en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

EL EXTRAÑO ARGUMENTO DE LA ‘MADUREZ POLÍTICA’

Gonzalo Gamio Gehri

Dos o tres columnistas de opinión de un medio de internet expresamente conservador han construido un especioso y defectuoso argumento político-electoral e ideológico. Luego de la exclusión de dos candidatos – noticia que recibieron con gran entusiasmo – han alertado a la población que la sociedad peruana se dirige a una situación de polarización. El país se divide hoy - sostienen - entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”. Curiosamente, saludaron el fallo del JNE contra Acuña, pero se sienten preocupados ante la hipotética exclusión de la candidata de Fuerza Popular por una falta semejante. Temen que los “antifujimoristas” desarrollen una actitud supuestamente “irresponsable”; ponen las manos al fuego por el nuevo espíritu “democrático” de los fujimoristas – aducen que han ejercido una “prudente oposición” desde hace quince años -, y sugieren que los críticos de Fujimori  se impongan una disposición conciliadora con los fujimoristas, evocando la experiencia de las transiciones chilena y española. Incluso hablan (ahora sí, pero en sus términos) de la pertinencia de la  ‘Reconciliación’.  

Uno no sabe exactamente si estos columnistas son realmente ingenuos o si están participando en un extraño ajedrez ideológico local. Para empezar, sus modelos históricos no han sido descritos con rigor. Las transiciones chilena y española no han sido procesos exentos de cuestionamiento. El paso chileno a la democracia estuvo lastrado de múltiples ‘enclaves autoritarios’, como los denominan los especialistas (que incluían posiciones estratégicas de funcionarios del régimen de Pinochet, entre otras condiciones planteadas desde la dictadura); la transición española supuso la negociación de una amnistía para los actores de la guerra (que tuvo lugar cerca de cuarenta años antes) y la dictadura. Amnistía significa  - como es sabido - impunidad y silencio.

La dictadura de los noventa es un hecho doloroso y reciente. Los “vladivídeos” documentan la podredumbre de un régimen mafioso, de un grupo político oscuro y de sus cómplices en las fuerzas del orden, la empresa privada, los medios de comunicación, los partidos políticos. El escándalo de corrupción fue mayúsculo. El intensivo “lavado de cara” que ha realizado la prensa involucrada con ese régimen a esos personajes no ha sido suficiente para que mucha gente olvide los crímenes del fujimorato: delitos contra los derechos humanos, corrupción, compra de conciencias, esterilizaciones forzadas, destrucción de la institucionalidad, vínculos con el narcotráfico, etc. Muchos peruanos no pueden olvidar la huida a Japón, la renuncia por fax, entre otros gestos políticos vergonzantes. El fujimorismo no ha roto completamente con ese pasado, dada la ambivalencia de su discurso y la pervivencia de prácticas lesivas de la democracia, como el clientelismo y el lamentable “pan y circo”. La violencia hay que desestimarla siempre - eso está fuera de cualquier discusión -, pero la protesta  política observante de las leyes contra lo que significa el fujimorismo está plenamente justificada.

Alberto Fujimori está preso por crímenes comprobados. No queremos que en el Perú prevalezca la impunidad frente a ellos. Ni en España ni en Chile los hijos de los dictadores han pretendido generar “organizaciones dinásticas”, movimientos políticos de un retorcido caudillismo que se han convertido en verdaderos feudos familiares. La construcción de candidaturas basadas en el ADN de Pinochet o Franco habría impedido la marcha de la democracia en aquellos países, o habría suscitado severos problemas y preocupaciones en los espacios de opinión pública. La derecha chilena y el Partido Popular han sabido asumir una estructura democrática y un discurso republicano o liberal / conservador. El fujimorismo no ha desestimado sus raíces autoritarias. Su entorno político más relevante data de los noventa.

Un análisis detenido de aquellos alegatos falsamente “conciliadores” revela sus lagunas y equívocos. La desconfianza frente al legado y las  propuestas del fujimorismo no es un signo de “inmadurez”, sino es expresión de una perspectiva histórica basada en los hechos. Un  juicio fundado en una conciencia civil. Nos tomó a los peruanos diez años recuperar las instituciones democráticas. No resulta extraño que queramos preservar los bienes propios del Estado de derecho contra cualquier peligro potencial que pudiera debilitarlos.

ACERCA DE LA DEBATIDA "DESCOMPOSICIÓN DE LA "POLÍTICA" PERUANA

Gonzalo Gamio Gehri

La situación de la política peruana es realmente desconcertante. Estas reflexiones son absolutamente preliminares, todavía imprecisas - unas cuantas líneas en un escrito de blog -, pero creo que tiene sentido poner un par de ideas por escrito. Tengo el recuerdo vivo de varias campañas electorales, pero ésta sin duda es de las más retorcidas y cuestionables de las que tengo noticia.

La sensación que uno tiene es que fuera de unas pocas excepciones, los candidatos a la presidencia del Perú cuentan con una trayectoria pública penosa y sombría. Uno de ellos no puede responder a las numerosas acusaciones de plagio que comprometen su confusa y controvertida biografía como  promotor educativo y como actor político;  los alegatos de sus defensores son patéticos y provocan verguenza ajena. Otro es un ex presidente cuestionado por los indultos y conmutaciones de penas  a  peligrosos narcotraficantes, asignados bajo su gestión; cuenta además con otra serie de críticas en torno a la probidad de su gestión. La candidata favorita está asociada de un modo u otro con el gobierno de su padre – un mandato marcado por delitos de corrupción y contra los derechos humanos -, y es una política sin grandes cualidades a la que los periodistas conceden entrevistas sin mayor rigor ni severidad ni críticas incómodas. Casi la totalidad de la prensa nacional – salvo algunos pocos medios – se esfuerza por hacernos creer que se trata de los únicos candidatos que habría considerar.

A mi juicio, Barnechea,  kuczynski, Mendoza y Guzmán constituyen alternativas más razonables, por su preparación, y porque no cuentan con esos precedentes tan cuestionables. El contenido de los planes de gobierno, por supuesto, no cuenta como un elemento decisivo para la decisión; para mucha gente se trata de una cuestión de carisma o de “percepción de liderazgo”. Podemos hablar con propiedad de la “descomposición de la política” pero sólo en la medida en que aceptamos usar  el concepto de “política” allí donde no existen partidos políticos ni instituciones sólidas, ni un espacio público plural y abierto al debate cívico, etc.

Es preciso renovar lo político desde la experiencia básica de ciudadanos que se encuentran para discutir los problemas del Perú. Necesitamos examinar la trayectoria pública de los candidatos al ejecutivo y al legislativo, evaluar sus programas de acción. No dejemos que el tema del proceso de este año permanezca como un asunto de simpatías (y no de saber) y de cobertura mediática. Que nuestra deliberación y nuestra decisión hagan la diferencia en esta oportunidad.

ÉTICA Y POLÍTICA. RESPONSABILIDAD CÍVICA FRENTE A LAS ELECCIONES (ESQUEMA)

Gonzalo Gamio Gehri

I.- ÉTICA Y RACIONALIDAD PRÁCTICA.

1.- Reflexiones filosóficas sobre ética y política.

2.- Deliberación práctica.

3.- Injusticia y sus dimensiones.

II.- DEMOCRACIA.

1.-Las dos herencias.

2.- Sistema de derechos fundamentales y espacios públicos.

3.- Paideia y agencia cívica.

  

III.- PROBLEMAS ANTE LA CAMPAÑA.

1.- Rostros y espacios de la corrupción.

2.- Autoritarismo, clientelismo, precariedad de la política..

3.- Nuestra responsabilidad. Espacios y propósitos de la acción política del ciudadano. Praxis cívica desde la sociedad civil.

OTRO ENSAYO SOBRE RELIGIÓN Y POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

En estos últimos días ha sido publicado el último volumen de los Cuadernos de Ética y Filosofía Política,  en el que aparece un texto mío denominado ¿Qué es un Estado laico?, que profundiza  en el tema de la secularidad política y la neutralidad estatal en cuestiones religiosas. Se trata de una defensa de la laicidad en sentido liberal, y una crítica de la ambigua tesis de una “laicidad positiva”. El artículo tiene una parte conceptual y otra centrada en el caso peruano, en el nivel de la crítica de algunas tradiciones locales. Hace un tiempo que estoy dedicado a examinar estoy temas, así que he estado publicando varias cosas sobre las concepciones y desafíos que se plantean a una sociedad pluralista en estos asuntos de religión y política.

DOS PUBLICACIONES SOBRE SOCIEDAD LIBERAL Y ESTADO LAICO

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos meses he publicado dos ensayos acerca del vínculo entre sociedad liberal y Estado laico, tema al que he dirigido mis investigaciones más recientes. El primero es un estudio publicado en España – en Miscelánea Comillas, la revista de Ciencias Humanas y Sociales de la U.P. de Comillas -, titulado Libertad de creer. Justicia y libertad religiosa en la sociedad liberal, cuyas bases expuse inicialmente en el último Congreso de ALCADECA celebrado en la PUCP.  Se trata de un ensayo sobre los efectos del pluralismo liberal en la comprensión de las libertades religiosas, en diálogo con el concepto de “estipulación” y con la idea de “pluralismo razonable” en el segundo Rawls, así como la perspectiva crítica de Walzer y Nussbaum.

El segundo es un breve ensayo publicado en el Portal Pólemos, titulado Democracia liberal y Estado laico. Se trata de una reflexión arraigada en el Perú, en medio de una polémica estrícta – de carácter político a la vez que académico – sobre las posibilidades de contar con un Estado aconfesional en el país. Este artículo es fruto de una contribución inicial, publicada en la página virtual del diario La República y de un escrito de este blog. 

A PROPÓSITO DEL CONCEPTO DE CIUDADANO*

Gonzalo Gamio Gehri  [1]

En sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos[2]. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si éstas consideran la acción política como una potencial opción de sentido.

Por “ciudadanía”, la teoría política ha concebido dos cosas diferentes. En una perspectiva moderna – es decir, liberal -, alude a la condición de las personas de ser titulares de derechos universales: sujetos del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, al desarrollo del proyecto vital. En una perspectiva clásica – de raíces griegas y romanas -, invoca la capacidad de agencia política, la actividad vinculada a la búsqueda de consensos y la expresión de disensos en escenarios compartidos de discernimiento y toma de decisiones políticos, en otras palabras, espacios públicos. El polités participa activamente en el proceso de elección de las autoridades, pero también interviene en la fiscalización de su gestión y le pide cuentas de sus actos públicos. En realidad, se trata de conceptos complementarios de ciudadanía, en tanto la interpretación clásica ofrece una forma rigurosa del cultivo de los derechos políticos.  La cultura de derechos y la práxis cívica se reclaman mutuamente tanto en el terreno del concepto como en el de la práctica.

El ciudadano es usuario de libertad política, vale decir, es usuario de poder en el sentido en el que lo define Hannah Arendt, como la capacidad de actuar en concierto. Se trata del “poder cívico”, no del poder como la mera “capacidad de hacer” en un sentido maquiaveliano. El poder cívico nace del encuentro de las personas en un espacio plural de intercambio de argumentos. En esta línea de pensamiento, la palabra es la fuente del poder, no el uso de la fuerza. Esta idea es tan antigua como Las Suplicantes de Eurípides, obra en la que el rey Adrasto de Argos sentencia sobre la desmesura humana frente a su condición de seres de lenguaje. En lugar de usar el lógos para resolver sus conflictos, usan la violencia. El texto de Eurípides es contundente: “¡Fatuos mortales que tendéis el arco más de lo oportuno y recibís de la Justicia innumerables males! Tomáis lecciones de los hechos, ya que no de los amigos. Y vosotras, ciudades, que podéis conjurar el mal por la palabra, dirimís vuestros asuntos con la sangre, no con la palabra”[3]. Sólo podemos vencer la tentación de la violencia en la medida en que podemos ser capaces de invocar el ejercicio del diálogo como el recurso adecuado para comprender y enfrentar nuestros problemas en los diferentes contextos de la vida.

La deliberación en los espacios públicos es un tipo de práctica política ciudadana especialmente importante. A través de esta participación, las personas pueden incorporar en la agenda pública temas de interés común, intervenir en la discusión en torno a la toma de decisiones o la pertinencia de determinadas leyes, y también pueden fiscalizar el ejercicio de la función pública de las autoridades del Estado. En el mundo contemporáneo, las organizaciones políticas y las instituciones de la sociedad civil constituyen foros para las acciones de esta clase. Se trata de escenarios para el discernimiento cívico, en los que los agentes pretenden arribar a consensos tanto como expresar razonablemente cuestionamientos y disensos. En efecto, en un régimen democrático constitucional no sólo el logro de acuerdos sociales y políticos es considerado un propósito digno de valor, sino que se entiende que no es posible estar de acuerdo en todos los asuntos: en algunos casos, bastará con que podamos entender la naturaleza y los términos de los desacuerdos, y que estemos dispuestos a proteger los derechos de las minorías.

* Esta es la primera parte de un texto que aparecerá en el portal Pólemos, de Derecho & Sociedad.

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[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[3] Suplicantes, 745 -50.

ACERCA DE LA CULTURA DE DERECHOS

Gonzalo Gamio Gehri

Las democracias vigentes han adoptado los principios de los derechos humanos como un componente básico de su ordenamiento jurídico. Se ha constituido asimismo un sistema internacional  de justicia que hace posible que los propios individuos puedan denunciar a los Estados si es que consideran que éstos vulneran sus derechos o restringen ilegalmente sus libertades. De este modo, las personas pueden verse protegidas frente a potenciales abusos estatales. Estos mecanismos no siempre son comprendidos adecuadamente, y es común que sean rechazados por los sectores más conservadores y recalcitrantes de la sociedad. Sin embargo, constituyen un avance crucial en la historia de la defensa de los derechos humanos. Con todo, estos mecanismos y procedimientos no son autosuficientes; requieren de una ética de la memoria que se comprometa con la escucha de las víctimas y con el ejercicio de su derecho a la verdad y a la justicia. En el caso del Perú, el fortalecimiento de esa ética sigue siendo una tarea pendiente, a once años de publicado el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Los derechos humanos constituyen poderosas e iluminadoras herramientas sociales para el cuidado de la vida, la dignidad y las libertades de todos los seres humanos sin excepción. La promoción de estos derechos constituye un ‘signo de civilización’ que trasciende las ideas políticas y los enfoques intelectuales. Algunas personas perciben una matriz teológica que sostienen los derechos humanos, otras prefieren asociarlos a una fundamentación metafísica densa – una imagen de la condición humana o de la naturaleza de la razón -, un tercer enfoque plantea interpretar los derechos humanos en una clave pragmátista y contextualista, como una conquista histórica de una cultura humanitaria. La mayoría de los ciudadanos de las democracias concentran su atención en la expresión práctica de la cultura de los derechos humanos antes que en los debates sobre su cimentación teórica. En realidad, los derechos son susceptibles de una justificación filosófica  plural en cuanto a sus fuentes. Se trata de vindicar en el terreno específico de la praxis nuestra potestad de elegir el modo de vivir y contar con las condiciones sociales para llevar esa vida sin violencia ni arbitrariedad.

“No podemos decir que la noción de derechos humanos esté metafísicamente desnuda; sin embargo, en cuanto a lo conceptual debe – o debería llevar – pocas ropas. No cabe duda de que no necesitamos concordar en que se nos haya creado a imagen y semejanza de Dios, o en que tengamos derechos naturales que emanan de nuestra esencia humana, para concordar en que no queremos ser torturados por los funcionarios del gobierno, ni estar expuestos a arrestos arbitrarios, ni que se nos quite la vida, la familia o la propiedad”[1].

Esta vocación universalista requiere de un intenso compromiso ético que implica el cultivo de la empatía – la capacidad de ponerse en el lugar de las víctimas -  así como el cuidado de un estricto sentido de justicia. Creer que toda persona es un titular de derechos inalienables supone estar convencido de que nadie está fuera de nuestra comunidad moral, que nadie escapa a nuestro círculo de lealtades y obligaciones. Ello significa que denunciar el sufrimiento inocente constituye una prioridad para nosotros. Se trata de una nueva manera de considerar a todo ser humano como un compañero de ruta cuya existencia y destino realmente nos interesa.

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[1] Appiah, Kwame. La ética de la identidad Buenos Aires, Katz 2007 p. 369.

INFORME CVR: UN AÑO MÁS DE SU PUBLICACIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

Hace una semana se cumplieron once años de la publicación del Informe Final de la CVR. El 27 de agosto de 2003 Salomón Lerner Febres entregó el documento al Presidente y a los miembros del Congreso de la República, y, a través suyo, a todos los ciudadanos. Es sin duda una investigación interdisciplinaria promovida por el Estado – durante el proceso de transición - que examina con rigor y compromiso cívico el fenómeno de la violencia y la exclusión durante el conflicto armado interno. El Informe se instala firmemente en el horizonte moral y político de la cultura de los derechos humanos. Aunque todavía un grupo importante de ciudadanos persevera en la tarea de discutir el documento y explorar las posibilidades de realizar sus recomendaciones, particularmente desde algunas universidades, centros de investigación y comunidades religiosas,  el texto ya no suscita un gran interés de parte de la mayoría de los medios ni de la “clase política”, incluido el propio gobierno. No debería sorprender el hecho, dado que muchos políticos en actividad eran en los tiempos de la violencia funcionarios públicos en ejercicio. En muchos casos, su indiferencia – y quizás su cobardía – se explica por sus propios intereses o por las expectativas de los poderes que los avalan. Mientras tanto, las víctimas inocentes del conflicto esperan el día en que se haga justicia y se les trate como compatriotas y titulares de derechos universales no negociables.

Es cierto que el tipo de trabajo de las comisiones de la verdad es doloroso y desafiante – y está bien que así sea -, de modo que la validez de su relato y los alcances de sus propuestas va afirmándose con el tiempo. Así ha sucedido en Sudáfrica y en otras sociedades. Sin embargo, No puedo evitar pensar que las condiciones de la violencia, a nivel estructural, cultural e ideológico, siguen lamentablemente latentes en el país, como lo estaban antes de la época del terror subversivo y la represión. Ni el crecimiento económico ni la precaria estabilidad democrática han logrado conjurar el grado de conflictividad presente en la sociedad de tantas formas. Es un peligro que ya el Informe Final de la CVR y diversas investigaciones especializadas han advertido. El uso de la fuerza y el autoritarismo siguen siendo instrumentos atractivos para no pocos grupos políticos, y tanto el funesto Movadef como la extrema derecha libran una absurda y sinuosa lucha contra la memoria. El buen sentido escasea en materia de justicia, institucionalidad y derechos humanos.  La reflexión de Hubert Lanssiers – que tiene algo menos de dos décadas – tiene una preocupante vigencia:

“Contaban los griegos que Cadmo, fundador de Tebas, mató un dragón y enterró sus dientes en el campo. De inmediato la tierra se cuarteó y, en lugar de espigas, asomaron cascos de bronce, puntas de lanza y, finalmente, hombres armados: todo un ejército fantasmal programado para matar.
 Me pregunto si no estamos, nosotros, sembrando los dientes del dragón sin darnos cuenta de que terminaremos siendo triturados por ellos”.

Examinar y discutir las condiciones de las múltiples dimensiones de la violencia, para combatirlas en democracia, constituye un desafío crucial para el país. No lo olvidemos.

FOROS PÚBLICOS Y ARGUMENTACIÓN ÉTICO – POLÍTICA. CONSIDERACIONES CRÍTICAS

Gonzalo Gamio Gehri

La figura del intelectual público y la del científico – se dice – estarían desdibujándose en los foros mediáticos  del Perú. Estos serían los tiempos de los meros 'promotores de opinión'. Por lo menos es lo que parece suceder en la mayoría de los medios periodísticos locales, salvo un par de importantes excepciones. Se ha instalado - en muchos medios - la prepotencia como estilo periodístico, la atribución arbitraria del interés creado, la sorna fácil y la bravuconada.  La estigmatización ideológica, por supuesto (no estoy aludiendo a la discusión acerca de los fundamentos de las diversas ideologías, en tanto ese debate está prácticamente ausente en las organizaciones políticas y en los medios del Perú,  pues solamente se plantea en escenarios estrictamente académicos). Y todo eso vende, o eso es ño que parece. Nuestros “líderes de opinión” prefieren la mera confrontación personal al intercambio de argumentos. Basta leer las columnas de un periodista libertario, en las que se dice en que ser de izquierda equivale a padecer una deficiencia cerebral gravísima, o revisar las malogradas notas de otro columnista, un abogado paleoconservador, que siempre se las arregla para señalar alguna presunta componenda que involucre al gobierno y a “la izquierda” (sea lo que signifique esté rótulo en sus esquemas). Declaraciones tan categóricas requieren razones y evidencias, pero no resulta difícil constatar la ausencia de argumentos, en ambos casos. Un estilo agresivo, en un caso, y en el otro una solemnidad vacía, con guiños extraños a Catón. Es preciso recuperar el cuidado del argumento, para enriquecer el debate público.

Con frecuencia, suele pensarse que puede sentarse una posición política válida emitiéndose una “opinión” o señalando una mera preferencia personal sin contar con buenos argumentos que la respalden. En realidad no es así. No resulta sensato ni riguroso que algunos periodistas y columnistas simplemente compartan con el público sus simpatías y sus fobias. Ello no aporta a la discusión cívica ni propone pedagogía política alguna. Que uno exprese una mera preferencia personal o que señale un tipo de lealtad – digamos “dogmática” e “ideológica” – no significa que esa opción sea digna de adhesión. Pasar del hecho de suscribir una postura política a sostener que esa postura merece ser elegida y convertirse en objeto de compromiso ético supone ofrecer razones que hagan manifiesto su valor. Ambos planos no deben ser confundidos, y el lector no tendría que darse por satisfecho percibiendo los prejuicios de los redactores, o sus reacciones inmediatas ante ciertos acontecimientos o puntos de vista. En este asunto - así como en otros - las contribuciones del intelectual público y las del especialista son  realmente significativas.

Concebir la política sólo desde la mera pugna de ideologías e intereses personales o de grupo – como hacen numerosos columnistas conservadores locales - sólo contribuye a envilecer la acción política y a oscurecer sus posibilidades como vehículo de edificación de un mundo común, cuyas instituciones, prácticas y reglas podrían hacer algo más que reflejar las expectativas de lobbies y de políticos inescrupulosos. La sola apelación a la cruda Realpolitik no supone invocar un destino inexorable para nuestra considerablemente vulnerable esfera pública. Con frecuencia, algunos medios de comunicación particularmente influyentes constituyen entusiastas grupos de interés en el juego político criollo, de modo que alientan el exclusivo juego de fuerzas. Se comportan como espacios de agitación y propaganda, y no como foros plurales de discusión en los que el intercambio de argumentos y la exhibición de evidencias tienen un lugar crucial. 

No debemos resignarnos a la pobre situación de la discusión política nacional; en gran medida, cambiar esta situación implica promover espacios de intervención del ciudadano común en el debate público. Este era el punto de vista de Dewey, de Hook y de Arendt: todos ellos intelectuales públicos que promovieron el compromiso personal con la construcción de espacios públicos como una forma de renovar la política y de combatir las manifestaciones de autoritarismo en las sociedades contemporáneas. No tiene sentido dejar el tema político en las manos de nuestra “clase política” o en las de aquellos “columnistas de opinión” que reducen la política al mero conflicto de interés dogmático / ideológico. La política involucra a todos los ciudadanos, por principio.

UN EVENTO SOBRE ÉTICA PÚBLICA, AGENCIA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Gonzalo Gamio Gehri

Hace una semana y poco más participé en el Diálogo Parlamento transparente y lucha contra la corrupción en el Perú, organizado por Transparencia en coordinación con USAID y el Congreso de la República.  Se planteó mi intervención como una reflexión sobre el tema Ética y política ¿Una relación posible? Luego comentaron Marisol Pérez Tello y José Távara. Finalmente los presentes – congresistas, periodistas, funcionarios de distintas organizaciones sociales – tomaron la palabra para contrastar ideas. El evento estuvo muy bien gestado y el tema en general fue abordado con precisión por los participantes que formularon algún cuestionamiento o desarrollaron algún caso.

Yo describí inicialmente – recurriendo a algunos argumentos de Bernard Williams y también de Platón – el concepto de ethos, para desarrollar la idea de razón práctica en los términos de una “vida examinada”. Discutí luego la noción de democracia y la distribución del poder político que ella postula a partir de su organización institucional y su sistema de derechos – la herencia liberal – y el elemento participativo – la herencia griega -. La lucha contra la concentración del poder requiere procedimientos y mecanismos de representación tanto como ciudadanos alertas y dispuestos a actuar en los espacios públicos. La corrupción prospera allí donde no existen filtros formales, donde las instituciones son débiles y en donde los ciudadanos no se movilizan y  no vigilan a sus autoridades.

Próximamente publicaré por partes mi esquema y las ideas básicas de mi presentación. Combatir la corrupción exige cuidar dos frentes, el de las instituciones y los procesos, y el de la acción cívica. Rendición de cuentas de un lado y vigilancia del otro. El conocimiento de la ley, la conciencia del propio derecho a la praxis cívica y la fiscalización de los representantes constituyen recursos importantes para el control democrático y la defensa de la ética pública. Necesitamos ciudadanos con coraje y sentido de justicia que estén dispuestos a salir al espacio común para denunciar la comisión de delitos. El incremento de la participación directa de los agentes en los procesos de fiscalización ciudadana constituye un poderoso elemento de contención (y prevención) del delito al interior de nuestras instituciones. Es preciso actuar como ciudadanos: los súbditos nada pueden contra un soberano casi omnipotente (La Boetie, Tocqueville); en un régimen democrático - liberal, los representantes administran el poder por encargo, y están sujetos al examen y a la interpelación de los agentes políticos. El poder no les “pertenece” y están sujetos al control de los individuos y de los organismos públicos.

CONCEPTOS Y CONTEXTOS EN TORNO A LA FILOSOFÍA POLÍTICA LIBERAL

Gonzalo Gamio Gehri

El jueves di una conferencia, evento organizado la Asociación Debate Político – grupo compuesto por estudiantes y egresados de la Maestría de ciencia política de la PUCP -, a quienes agradezco la oportunidad de plantear esta reflexión. Aquí la estructura de mi intervención.

CONCEPTOS Y CONTEXTOS EN TORNO A LA FILOSOFÍA POLÍTICA LIBERAL

I.- CONTEXTO NARRATIVO.

1.- Lidiar con la diversidad. Reforma y contrarreforma.

2.- Guerras de Religión.

3.- Ilustración y progreso de la racionalidad.

II.- IDEAS FUERZA DEL IDEARIO LIBERAL.

1.- Tolerancia y pluralismo razonable.

2.- Autonomía y cuidado de la crítica.

3.- Secularización de lo público.

4.- Libertades cívicas y derechos universales.

III.- LIBERALISMO Y JUSTICIA DISTRIBUTIVA. PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS.

1.- El liberalismo procedimental de Rawls. Concepciones políticas de la justicia y razón pública.

2.- Michael Walzer y el liberalismo hermenéutico. Justicia distributiva e igualdad compleja en el mundo social contemporáneo.

3.- El Perú y la ausencia de organizaciones políticas liberales.




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26 /12

Alwssandro Caviglia escribe sobre las similitudes entre Stalin y Hayek

LA DEBILIDAD DE LA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer tuvo lugar en la capital un proceso electoral extraño y percibido como innecesario. Un proceso generado y precipitado por los operadores de una amplia campaña de revocación y por la obsesión de Castañeda Lossio por volver al sillón municipal antes de tiempo. Preocupa la deserción de tantos votantes, así como la renuencia – con elementos de irritación y de abierta hostilidad – de muchos ciudadanos a convertirse en miembros de mesa ante el manifiesto abandono del puesto por parte de las personas seleccionadas. En algunos casos, sólo la presencia de un fiscal o de un policía lograba persuadir a los votantes a convertirse en Presidente o miembro de mesa.

Este es un grave síntoma de rechazo ante el compromiso ciudadano – no es simple caso coyuntural escepticismo político -, pero hay más. Revela una profunda incredulidad frente a la corrección y la utilidad de los procedimientos democráticos. Si a esto sumamos una particular tibieza y proclividad ante la posibilidad de suscribir posiciones autoritarias – una actitud presente en una buena parte de nuestra población –, el panorama se torna sumamente complicado. Tenemos a un ex presidente condenado por crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos, y a dos ex mandatarios investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y malos manejos en torno a la política de indultos. A muchos de sus seguidores la situación de sus líderes no los conmueve ni perturba; muchos compatriotas consideran que las prácticas corruptas son parte del quehacer político, o pueden ser disculpadas discretamente a cambio de cierta eficacia gubernamental en materia económica o de seguridad. Que exista alguna suerte de “racionalidad” – un concepto unilateral, concebido en términos del escueto cálculo costo / beneficio – detrás de estos fenómenos no resuelve el problema.  Nunca han faltado quienes sugieran que la servidumbre voluntaria constituye un  extraño “bien”.

Actualmente las fuerzas políticas se acusan recíprocamente de acoger operarios de Vladimiro Montesinos en sus filas. Parece claro que tanto el APRA, Fuerza Popular como Gana Perú manifiestan alguna forma de influencia del entorno de Montesinos, si tomamos en cuenta las evidencias y los indicios disponibles. Constituye una absoluta expresión de descaro que el fujimorismo – en la persona del propio Alberto Fujimori y en la de su hija y sucesora en el timón de su agrupación - denuncie la presencia del montesinismo en el oficialismo, si fue precisamente el régimen de Fujimori el que ungió de un poder casi ilimitado a su asesor y gobernó con él a lo largo de una década completa. Es impresionante la condescendencia - o, acaso,  la complicidad - de la prensa conservadora frente al estridente cinismo de los fujimoristas en esta materia. La percepción de la existencia de una compleja red de corrupción en prácticamente todos los espacios de la política nacional desmoraliza severamente a los ciudadanos, quienes a menudo sienten que los circuitos de corrupción e impunidad son inevitables en el sistema político y asumen una actitud de funesta tolerancia frente a sus prácticas y manifestaciones. Esta actitud robustece a su vez la disposición de muchos políticos a servirse del poder para obtener ilegalmente beneficios. El descrédito de la acción política afianza un sentimiento de impotencia cívica que sólo favorece a quienes están interesados en que las cosas continúen como están. La política como tal se debilita, y esta situación sólo alimenta la concentración del poder por parte de quienes - desde el Estado o desde los partidos - hacen uso de él sin vigilancia ni controles institucionales realmente eficaces.