ÉTICA, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

Gonzalo Gamio Gehri[1]

Dentro de poco tiempo elegiremos en segunda vuelta a quien ocupará el cargo de Presidente de la República. Esa persona designará a los especialistas que conformarán un gabinete de ministros, y delegará  entre sus colaboradores otros puestos en el Estado. En otras palabras,  esa persona formará un gobierno por un período de cinco años. Todo ello por encargo nuestro, no debemos olvidarlo. El poder que ese gobierno administrará proviene de nosotros, de nuestra decisión y de nuestro consentimiento. Elegir, por ello, es un acto que entraña una gran responsabilidad en clave ética y política.

Ser ciudadano no sólo consiste en ser titular de derechos universales, implica asimismo ser un agente político, un sujeto capaz de intervenir en la vida pública para incorporar temas de interés común en la agenda política, para generar corrientes de opinión, para vigilar la buena marcha del ejercicio de la función pública de parte de las autoridades elegidas. Como se ha dicho recientemente, “la democracia no llega sola”; el  poder sólo se limita con lucidez si los ciudadanos actuamos en conjunto.

Es necesario que los ciudadanos nos informemos antes de votar, y que se contrasten las propuestas y los argumentos de los candidatos en los foros de debate disponibles en el sistema político y en las instituciones de la sociedad civil. Debemos examinar rigurosamente los programas de gobierno, así como evaluar detenidamente las trayectorias de los postulantes al sillón de Pizarro. Aquí la eficacia y la probidad en el ejercicio de la función pública, así como el compromiso con la consolidación de una democracia liberal en nuestro país, constituyen criterios fundamentales para decidir con sensatez y sentido de justicia a quién apoyar en las urnas, y a quién no. En esta línea de reflexión, no debemos avalar el clientelismo como estrategia política, tampoco la tolerancia frente a la corrupción o la condescendencia con el narcotráfico. De nosotros depende que el despotismo (no necesariamente ilustrado) y la deshonestidad no constituyan opciones para la administración del poder.

La capacidad de emitir un voto consciente constituye una condición necesaria para el cultivo de la ciudadanía democrática, pero no es una condición suficiente. Podemos reunirnos y actuar juntos para expresar ideas comunes que nos movilicen, así como para  ejercitar el control político en términos de vigilancia cívica. Esta dimensión de la ciudadanía requiere una disposición permanente, una práctica presente tanto en períodos electorales como después de las elecciones. En realidad, la participación ciudadana constituye el único remedio contra cualquier forma de autoritarismo que se proponga  amenazar las bases de la vida pública. Sólo podemos contener las pretensiones autocráticas de cualquier autoridad política en la medida en que estemos dispuestos a actuar juntos, y a resistir a toda forma de concentración del poder. Es preciso recuperar el valor de la política, concebida como una actividad que nos convoca a todos, y que expresa una forma crucial de libertad.

(Publicado en La Periferia es el centro, LR)

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[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y  en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

10 DE ABRIL.../ SOBRE LA IDEA DE "RECONCILIACIÓN"

Gonzalo Gamio Gehri

Esta es la primera etapa del proceso electoral, falta una segunda etapa.  Tenemos un empate técnico en el segundo lugar. Definitivamente la izquierda ha recuperado una condición de fuerza política parlamentaria después de años de ausencia. Según los primeros conteos oficiales, Fuerza Popular y el grupo de Pedro Pablo Kuczynski serían los contendientes en la elección de junio.

Si este es el escenario, entonces el espacio de discusión va a situarse en el plano de la política antes que en el de las medidas económicas. Vamos a ver si PPK puede hacerse cargo de la agenda de los críticos del fujimorismo: institucionalidad democrática, derechos humanos, política anticorrupción, libertades básicas. Muchos de nosotros consideramos que su propuesta es una alternativa a la vieja opción fujimorista. Deberá asumir una posición más de centro en lo económico, recoger algunos elementos del mensaje de grupos más moderados, para contar con mayor apoyo en estos casi dos meses de campaña  que faltan. No sabemos si su discurso podrá lograr esa clase de flexibilidad programática. Esperemos que sea el caso.

La marcha de esta semana – que recordó el funesto autogolpe fujimorista y que rechaza la candidatura de esa organización – ha destacado que somos muchísimos peruanos los que no queremos una vuelta al régimen autoritario de la década de los noventa, y que estamos dispuestos a luchar contra esa alternativa con todas las herramientas que ofrecen las leyes y la democracia. Nos costó mucho a todos derrotar al fujimorismo y construir un proceso de consolidación democrática. Es preciso defender lo que se ha ganado en estos dieciséis años.

Resulta interesante percibir cómo los fujimoristas han usado en fechas recientes el concepto de “reconciliación” de una manera imprecisa y confusa, en términos de una especie de “vuelta de página”. Nadie parece haber reparado en ello. Se ha retomado una idea espuria de reconciliación, que supone la suspensión de la memoria frente a lo vivido en materia de legalidad y derechos humanos. Los pueblos no pueden reconciliarse sino se hacen cargo de su pasado con miras a tomar decisiones en el nivel de las mentalidades y de las instituciones. La mirada hacia el pasado está regida por la transformación del presente, pero se requiere de esa perspectiva anamnética. La amnesia moral y política  (y la vocación de impunidad) jamás reconcilian. Es preciso desenmascarar ese discurso vano y edulcorado. Sobre ese discurso no se construye ciudadanía ni comunidad política.

EL ANTIVOTO

PERSPECTIVAS SOBRE EL ANTIFUJIMORISMO

Gonzalo Gamio Gehri

En estos últimos días ha resurgido el movimiento antifujimorista en el Perú. La parcialidad evidente de buena parte de la “clase política” y de los periodistas, así como el injusto sesgo que viene aplicando el JNE ante los documentados actos de entrega de dinero de parte de la señora Fujimori (y los suyos), han propiciado la reaparición de un sector importante de la ciudadanía que no quiere la vuelta del fujimorismo y lo que significó como proyecto político. No quieren el regreso de quienes quebraron el sistema democrático, perpetraron actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, controlaron las instituciones, compraron la prensa, negociaron con narcotraficantes y traficantes de armas. Sumieron el país en una década siniestra marcada por el crimen, el autoritarismo y la rapiña. El Perú necesita una renovación política, no el retorno de un régimen que fue evidentemente mafioso.

Por supuesto, la protesta debe hacerse siguiendo las prácticas que exigen la ley, la democracia y el sentido de justicia más básico. Hay que rechazar la violencia de donde fuere, no importa su origen o sus destinatarios. Puede protestarse legítimamente sin violencia alguna, como en el caso de las dos marchas organizadas en Lima en contra de la candidatura de Keiko Fujimori.  Ella debe ser excluida del proceso electoral por estas inaceptables prácticas clientelistas, como sucedió en el caso de César Acuña. No pueden hacerse excepciones..

La candidata ha respondido que lamenta que estas protestas estén dirigidas a una persona, que deberían plantearse y discutirse propuestas, que los protestantes deberían apoyar algún proyecto político y promover alguna candidatura.

Es evidente que éste es un cuestionamiento superficial, que no explora la naturaleza de este antivoto y de esta protesta. Quienes protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori rechazan lo que ella representa. Su candidatura representa la entraña delictiva del gobierno de Alberto Fujimori – señalado por Transparencia Internacional como la séptima dictadura más corrupta del siglo XX en el mundo -, del que hereda buena parte de su equipo político y de campaña. En los tiempos más oscuros del fujimorismo, Keiko Fujimori era la primera dama. A los que protestan contra los fujimoristas no les convencen los cambios cosméticos que Keiko Fujimori y su equipo han hecho en los últimos meses en su lista de candidatos al Congreso o el discurso atemperado para la ocasión, menos autoritario. Se trata de puro marketing político.

Quienes protestan contra la postulación de Keiko Fujimori no sólo repudian esta herencia sombría. También sostienen que Keiko Fujimori no está preparada para asumir el gobierno del país. Su trayectoria profesional y política no demuestra que esté apta para ejercer una responsabilidad tan grande. Nunca ha trabajado, y su gestión como congresista no ha sido significativa ni productiva. En años recientes, se ha dedicado a su feudo – el "negocio familiar", es decir, su organización política, cuya dirección responde a consideraciones dinásticas – que le otorga una presencia mediática. Su único “activo político” es llevar el ADN del padre. Su presencia política se la debe a Alberto Fujimori.

Quienes protestan tienen en común el percibir la candidatura de Keiko Fujimori como peligrosa para el futuro de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cada uno de ellos tendrá seguramente alguna afinidad política, y habrá pensado a quién apoyar en las elecciones. Llamar “terruco” a quienes rechazan el proyecto fujimorista retrata muy bien la actitud que asumirían estas personas de llegar al poder: perseguir al opositor, estigmatizarlo y criminalizarlo. Oponerse al fujimorismo – a su juicio – no es un acto político: es un acto subversivo y delictivo. Eso también es violencia, por supuesto.

El antivoto es razonable en este caso. Es absurdo señalar que el voto negativo es intrínsecamente contraproducente o inmaduro; los periodistas que así opinan tienen expectativas se carácter político.  Sostener - como hacen algunos columnistas de los medios afines a los fujimoristas - que a los críticos del fujimorismo sólo los impulsa el odio" es un alegato infantil, que no puede ser tomado con seriedad. Los ciudadanos tienen derecho a decirle “no” a una candidatura que puede suponer un decisivo retroceso en cuanto al desarrollo de la institucionalidad, los derechos humanos y el cuidado de las libertades básicas. Quienes protestan contra el fujimorismo tienen sus propias afinidades electorales, pero tienen en común la defensa de la democracia. Esa es una buena razón  para protestar. No queremos quebrar nuestra democracia. Ese principio que quienes lucharon por la transición presidida por Valentín Paniagua asumieron como una prioridad nacional.

EL EXTRAÑO ARGUMENTO DE LA ‘MADUREZ POLÍTICA’

Gonzalo Gamio Gehri

Dos o tres columnistas de opinión de un medio de internet expresamente conservador han construido un especioso y defectuoso argumento político-electoral e ideológico. Luego de la exclusión de dos candidatos – noticia que recibieron con gran entusiasmo – han alertado a la población que la sociedad peruana se dirige a una situación de polarización. El país se divide hoy - sostienen - entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”. Curiosamente, saludaron el fallo del JNE contra Acuña, pero se sienten preocupados ante la hipotética exclusión de la candidata de Fuerza Popular por una falta semejante. Temen que los “antifujimoristas” desarrollen una actitud supuestamente “irresponsable”; ponen las manos al fuego por el nuevo espíritu “democrático” de los fujimoristas – aducen que han ejercido una “prudente oposición” desde hace quince años -, y sugieren que los críticos de Fujimori  se impongan una disposición conciliadora con los fujimoristas, evocando la experiencia de las transiciones chilena y española. Incluso hablan (ahora sí, pero en sus términos) de la pertinencia de la  ‘Reconciliación’.  

Uno no sabe exactamente si estos columnistas son realmente ingenuos o si están participando en un extraño ajedrez ideológico local. Para empezar, sus modelos históricos no han sido descritos con rigor. Las transiciones chilena y española no han sido procesos exentos de cuestionamiento. El paso chileno a la democracia estuvo lastrado de múltiples ‘enclaves autoritarios’, como los denominan los especialistas (que incluían posiciones estratégicas de funcionarios del régimen de Pinochet, entre otras condiciones planteadas desde la dictadura); la transición española supuso la negociación de una amnistía para los actores de la guerra (que tuvo lugar cerca de cuarenta años antes) y la dictadura. Amnistía significa  - como es sabido - impunidad y silencio.

La dictadura de los noventa es un hecho doloroso y reciente. Los “vladivídeos” documentan la podredumbre de un régimen mafioso, de un grupo político oscuro y de sus cómplices en las fuerzas del orden, la empresa privada, los medios de comunicación, los partidos políticos. El escándalo de corrupción fue mayúsculo. El intensivo “lavado de cara” que ha realizado la prensa involucrada con ese régimen a esos personajes no ha sido suficiente para que mucha gente olvide los crímenes del fujimorato: delitos contra los derechos humanos, corrupción, compra de conciencias, esterilizaciones forzadas, destrucción de la institucionalidad, vínculos con el narcotráfico, etc. Muchos peruanos no pueden olvidar la huida a Japón, la renuncia por fax, entre otros gestos políticos vergonzantes. El fujimorismo no ha roto completamente con ese pasado, dada la ambivalencia de su discurso y la pervivencia de prácticas lesivas de la democracia, como el clientelismo y el lamentable “pan y circo”. La violencia hay que desestimarla siempre - eso está fuera de cualquier discusión -, pero la protesta  política observante de las leyes contra lo que significa el fujimorismo está plenamente justificada.

Alberto Fujimori está preso por crímenes comprobados. No queremos que en el Perú prevalezca la impunidad frente a ellos. Ni en España ni en Chile los hijos de los dictadores han pretendido generar “organizaciones dinásticas”, movimientos políticos de un retorcido caudillismo que se han convertido en verdaderos feudos familiares. La construcción de candidaturas basadas en el ADN de Pinochet o Franco habría impedido la marcha de la democracia en aquellos países, o habría suscitado severos problemas y preocupaciones en los espacios de opinión pública. La derecha chilena y el Partido Popular han sabido asumir una estructura democrática y un discurso republicano o liberal / conservador. El fujimorismo no ha desestimado sus raíces autoritarias. Su entorno político más relevante data de los noventa.

Un análisis detenido de aquellos alegatos falsamente “conciliadores” revela sus lagunas y equívocos. La desconfianza frente al legado y las  propuestas del fujimorismo no es un signo de “inmadurez”, sino es expresión de una perspectiva histórica basada en los hechos. Un  juicio fundado en una conciencia civil. Nos tomó a los peruanos diez años recuperar las instituciones democráticas. No resulta extraño que queramos preservar los bienes propios del Estado de derecho contra cualquier peligro potencial que pudiera debilitarlos.