martes, 26 de noviembre de 2013

LA DEBILIDAD DE LA POLÍTICA







Gonzalo Gamio Gehri

Ayer tuvo lugar en la capital un proceso electoral extraño y percibido como innecesario. Un proceso generado y precipitado por los operadores de una amplia campaña de revocación y por la obsesión de Castañeda Lossio por volver al sillón municipal antes de tiempo. Preocupa la deserción de tantos votantes, así como la renuencia – con elementos de irritación y de abierta hostilidad – de muchos ciudadanos a convertirse en miembros de mesa ante el manifiesto abandono del puesto por parte de las personas seleccionadas. En algunos casos, sólo la presencia de un fiscal o de un policía lograba persuadir a los votantes a convertirse en Presidente o miembro de mesa.

Este es un grave síntoma de rechazo ante el compromiso ciudadano – no es simple caso coyuntural escepticismo político -, pero hay más. Revela una profunda incredulidad frente a la corrección y la utilidad de los procedimientos democráticos. Si a esto sumamos una particular tibieza y proclividad ante la posibilidad de suscribir posiciones autoritarias – una actitud presente en una buena parte de nuestra población –, el panorama se torna sumamente complicado. Tenemos a un ex presidente condenado por crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos, y a dos ex mandatarios investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y malos manejos en torno a la política de indultos. A muchos de sus seguidores la situación de sus líderes no los conmueve ni perturba; muchos compatriotas consideran que las prácticas corruptas son parte del quehacer político, o pueden ser disculpadas discretamente a cambio de cierta eficacia gubernamental en materia económica o de seguridad. Que exista alguna suerte de “racionalidad” – un concepto unilateral, concebido en términos del escueto cálculo costo / beneficio – detrás de estos fenómenos no resuelve el problema.  Nunca han faltado quienes sugieran que la servidumbre voluntaria constituye un  extraño “bien”.

Actualmente las fuerzas políticas se acusan recíprocamente de acoger operarios de Vladimiro Montesinos en sus filas. Parece claro que tanto el APRA, Fuerza Popular como Gana Perú manifiestan alguna forma de influencia del entorno de Montesinos, si tomamos en cuenta las evidencias y los indicios disponibles. Constituye una absoluta expresión de descaro que el fujimorismo – en la persona del propio Alberto Fujimori y en la de su hija y sucesora en el timón de su agrupación - denuncie la presencia del montesinismo en el oficialismo, si fue precisamente el régimen de Fujimori el que ungió de un poder casi ilimitado a su asesor y gobernó con él a lo largo de una década completa. Es impresionante la condescendencia - o, acaso,  la complicidad - de la prensa conservadora frente al estridente cinismo de los fujimoristas en esta materia. La percepción de la existencia de una compleja red de corrupción en prácticamente todos los espacios de la política nacional desmoraliza severamente a los ciudadanos, quienes a menudo sienten que los circuitos de corrupción e impunidad son inevitables en el sistema político y asumen una actitud de funesta tolerancia frente a sus prácticas y manifestaciones. Esta actitud robustece a su vez la disposición de muchos políticos a servirse del poder para obtener ilegalmente beneficios. El descrédito de la acción política afianza un sentimiento de impotencia cívica que sólo favorece a quienes están interesados en que las cosas continúen como están. La política como tal se debilita, y esta situación sólo alimenta la concentración del poder por parte de quienes - desde el Estado o desde los partidos - hacen uso de él sin vigilancia ni controles institucionales realmente eficaces.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

EL INFORME ACLARA LAS COSAS. LAS MENTIRAS DEL CHAVISMO (IDEELE)








UNA BREVE NOTA INTRODUCTORIA

Gonzalo Gamio Gehri


La Revista Ideele en su último número se ha encargado de citar algunos pasajes del Informe Final de la CVR que desmientes las ofensivas expresiones de Martha Chávez, dirigidas contra la investigación y contra la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación,  que sólo revelan que desconoce el documento. Aquí dejo el enlace para quienes quieran revisar el texto. Que el lector saque sus conclusiones. Necesitamos un debate más riguroso sobre la memoria en el Congreso de la República y otros foros políticos.

Ideele y Argumentos - en una perspectiva más académica y cívica - están promoviendo una discusión más detenida del Informe, iniciativa que constituye un significativo avance en la materia. Comentaré esta discusión,  más estricta, en torno al carácter de los trabajos sobre justicia transicional peruana  en una futura entrada de este blog.

viernes, 15 de noviembre de 2013

EL CONGRESO, MARTHA CHÁVEZ Y LOS DERECHOS HUMANOS





Gonzalo Gamio Gehri

El problema se inició el último Halloween y terminó abruptamente hace unos pocos días. Martha Chávez fue, por un tiempo fugaz, la coordinadora del grupo de trabajo parlamentario de derechos humanos, entidad encargada de evaluar y dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones planteadas por la CVR. Nadie objetaba que la congresista mencionada esté habilitada formalmente para acceder a ese puesto, lo que se cuestionaba es la pertinencia de la designación. Difícil concebir a una persona menos idónea que Martha Chávez para desempeñar con esmero tales funciones.

No se trata esta vez de defender el Informe Final – el documento se defiende bien, ya resulta un problema crónico que los políticos sigan criticándolo sin haberlo mirado -  sino de una simple revisión de las declaraciones y el comportamiento de la parlamentaria en torno al tema de los derechos humanos. La técnica reiterada de descalificar a las víctimas – o estigmatizarlas -, amenazar con denunciar a los denunciantes, tratar como terroristas a los activistas de derechos humanos, sugerir auto-torturas, apoyar medidas de impunidad y de amnesia legal y política, etc., tan característica del discurso de los exponentes más fundamentalistas del fujimorato, encontró en ella una ejecutora implacable.

Creo que es justo pensar que esa clase de trayectoria y conducta política no alientan ni la investigación ni la acción en materia de derechos humanos. No me preocupa si este cargo lo ostenta un conservador o un liberal o un socialista – los derechos humanos son (o deben ser) parte del ideario de cualquier organización política sensata -, pero creo que la designación debió recaer en alguien que no hubiera participado del funesto cinismo político que definió la conducta del gobierno de Fujimori en este aspecto central de la vida en común.

 Lo que sorprende es la hipocresía de los parlamentarios que inicialmente apoyaron su candidatura, votaron por Martha Chávez y luego – ante la preocupación de parte de la opinión pública -, se esforzaron por desactivar el grupo de trabajo. Estaba claro que elegir a Chávez implicaba una afrenta – y un desafío – a quienes valoran las políticas de derechos humanos. El grupo de trabajo ya fue disuelto, pero el incidente revela un hecho político, la poca o ninguna importancia que nuestra autodenominada “clase política” le asigna a los derechos humanos. Ella bloquea las políticas de justicia transicional, pero ni siquiera se esfuerza por construir una “memoria alternativa” que debata conceptual y políticamente con la memoria que pretende recusar.

“Si uno considera el sentido de la injusticia tal como Rousseau, como algo innato y naturalmente proporcionado, entonces debe, al menos en principio, dar crédito a la voz de la víctima más que a la del funcionario, a la del acusado de haber causado daño o a la de los ciudadanos que se evaden de su deber”. Más allá de las sutilezas antropológicas y ontológico - morales, estas expresiones de Judith Shklar ponen de manifiesto la importancia de escuchar y contrastar la voz de las víctimas en la construcción de la respuesta democrática frente al problema de la injusticia. Lo mínimo que debemos esperar de quienes prometen dedicarse a la defensa de los derechos humanos es que le otorguen un lugar fundamental al testimonio de las víctimas y a sus legítimas exigencias éticas y legales en materia de memoria y reparación.



lunes, 11 de noviembre de 2013

CUESTIONES DE ÉTICA CÍVICA Y ÉTICA PÚBLICA (ESQUEMA)





Gonzalo Gamio Gehri

I.- ÉTICA PÚBLICA.

1.- Espacio público y espacio privado.
2.- Justicia y vida buena.
3.- La razón pública.
4.- Discutir lo público. Estado y sociedad civil.

II.- ÉTICA CÍVICA.

1.- Dos conceptos de ciudadanía.
2.- Concepto liberal.
3.- Concepto clásico.
4.- Los temores de Tocqueville.

III.- CIUDADANÍA E INJUSTICIA

1.- Injusticia y fatalidad.
2.- Dos formas de injusticia
3.- Ciudadanía e injusticia pasiva.
4.- Ciudadanía e identidades políticas. Participación y pluralidad de visiones éticas.