lunes, 26 de diciembre de 2016

EL CULTIVO DE LA CIUDADANÍA. APUNTES FILOSÓFICOS*


Resultado de imagen para isaiah berlin



Gonzalo Gamio Gehri [1]


La diversidad es un rasgo distintivo de la condición humana, sostenía Isaiah Berlin.  Las personas que habitamos las sociedades modernas pertenecemos a múltiples culturas, cultivamos  diferentes ideas y convicciones morales, suscribimos diferentes sistemas de  creencias religiosas y asumimos diferentes estilos de vida. Una sociedad democrática se propone organizar con justicia la vida colectiva, en un marco de respeto de esa pluralidad de formas de vivir. Esa es precisamente la labor de la ley y el sistema de instituciones, regular la convivencia social en virtud de la observancia de tales exigencias.
Las personas que habitamos estas sociedades complejas y que desarrollamos diferentes facetas de nuestra identidad – en el mundo del trabajo, la academia, la vida íntima y otros ámbitos de la existencia – tenemos en común la condición de ser ciudadanos. Esa condición posee un carácter ético y político que entraña prerrogativas y obligaciones, así como vínculos sustanciales con el entorno. Una mirada inicial asocia la ciudadanía con la posibilidad de elegir a nuestras autoridades en procesos de sufragio – sin duda un aspecto crucial -, pero es preciso explorar con mayor profundidad  qué significa estríctamente ser un ciudadano.

1.- Agencia política y titularidad de derechos. Dos interpretaciones complementarias de ciudadanía.

El concepto de ciudadanía incorpora dos fuentes de reflexión y práctica política. En una perspectiva liberal,  el centro de gravedad de la ciudadanía reside en la titularidad de  derechos universales. La teoría política ilustrada concibe la sociedad como fruto de un hipotético contrato social entre individuos libres e iguales que eligen las reglas que han de regir la asignación de bienes sociales, así como la constitución de vínculos en el ámbito público. Los involucrados deben ser capaces de discutir y elegir los principios que han de configurar la estructura básica de la sociedad democrática. Estos principios dan forma al sistema de derechos que protege a las personas en los diversos espacios sociales en los que transita a lo largo de su vida. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad constituyen formas de inmunidad  que hacen posible que elaboremos nuestros proyectos vitales, desarrollemos nuestras convicciones y actividades sin la intervención no consentida de un tercero y en condiciones de no violencia. Los individuos se comprometen a respetar la ley y a observar las decisiones de las autoridades que han elegido siguiendo procedimientos democráticos.

La participación en los procesos de representación se revela como un elemento clave para comprender el ejercicio de la ciudadanía en sentido liberal. Los miembros de la sociedad podemos elegir a las autoridades que formarán un gobierno u ocuparán un puesto en el Congreso para desempeñar tareas de legislación y fiscalización. La idea es que estos procesos tengan lugar en medio de un debate público que permita examinar y contrastar los  programas políticos de las diferentes organizaciones que compiten por el acceso al poder. De este modo, el ciudadano ejerce su derecho al voto en condiciones en las que dispone de información y ha formado su juicio. Los funcionarios elegidos actúan en nuestra representación (por lo cual deben rendir cuentas de sus actos) y ejercen el cargo de manera temporal.

La teoría política considera asimismo un segundo modelo de vida cívica. Se trata de una perspectiva clásica, que concibe la ciudadanía como agencia política. Los antiguos atenienses y los romanos de la era republicana sostenían que la deliberación y la acción común en el espacio público constituyen la expresión de lo humano por excelencia. Una ciudad libre fundaba su plena existencia en el autogobierno ciudadano. Los politái no sólo intervienen en los procesos de designación de las autoridades. Ellos forjan consensos y expresan disensos que dan forma a las decisiones que se traducen en políticas específicas para beneficio de la comunidad. Por ello es tan significativa la presencia del ágora en la vida pública como un espacio plural de discusión.

El ciudadano es aquel que a la vez gobierna y es gobernado, de acuerdo con Aristóteles[2]. Participa del ejercicio del poder no sólo porque elige a sus representantes, sino porque interviene en los procesos de deliberación política. El poder se define en términos de Hannah Arendt como “la capacidad de actuar concertadamente” y construir un proyecto común de vida. El poder es la clase de libertad que se constituye desde la práxis.  La acción se traduce en acuerdos basados en razones en materia de la formulación y evaluación de propuestas o de procesos de vigilancia cívica.

Alexis de Tocqueville ha mostrado en qué medida una comprensión meramente representativa y procedimental de la democracia resulta insuficiente si pretendemos preservar las libertades públicas como un rasgo básico de una sociedad abierta. Este autor viajó a los Estados Unidos – entonces una República notablemente joven – para estudiar con rigor las instituciones judiciales, penitenciarias y políticas. Este proyecto le permitió realizar una investigación comparada en torno al contraste entre las democracias antiguas y las contemporáneas. Tocqueville sostuvo que la presencia del individualismo determinó que las personas que habitan las sociedades modernas tiendan a privilegiar el ámbito privado  (el mundo del trabajo, la familia, las empresas, etc.) como escenario de realización humana, tomando distancia de la actividad política como fuente de florecimiento y excelencia práctica. En los hechos, los individuos tienden a desertar del ejercicio de la ciudadanía activa. Este fenómeno modifica sustancialmente la situación del uso del poder en estas sociedades. Opera en ellas una suerte de acuerdo silencioso entre quienes dirigen el Estado y los ciudadanos.  Los gobernantes se proponen garantizar la seguridad física y económica de los individuos. Los gobernados, por su parte, abandonan la acción política, dejando en manos de los políticos profesionales la tarea de tomar decisiones en la vida pública. El poder al que los sujetos renuncian es asumido por los actores que forman parte de las élites políticas. Los individuos dejan de comportarse como agentes políticos; se conducen como súbditos sin necesidad de abandonar el marco normativo de la democracia representativa[3].
.
Tocqueville sostenía que la única forma de revertir esta situación crítica implica recuperar la forma clásica de ciudadanía, propiciando la acción común y potenciando espacios para la deliberación y la movilización. Sólo interviniendo en la política es posible restituir al ciudadano la clase de libertad que estaba en riesgo de perder. Los municipios y las comunidades vecinales, los partidos políticos, así como las instituciones de la sociedad civil – universidades, colegios profesionales, ONGs, sindicatos, iglesias, entre otras organizaciones – se revelan como espacios para la acción cívica. Desde ellos debatimos asuntos de interés colectivo, formamos y expresamos nuestro juicio político y fiscalizamos a nuestras autoridades. El cuidado de los derechos requiere de la agencia política.

2.- Escenarios sociales, visiones de la vida y acción cívica.

Las sociedades contemporáneas están constituidas desde la diversidad de culturas y estilos de vida. Como sostuvimos líneas arriba, la ciudadanía es una dimensión de la identidad que los usuarios de estas sociedades compartimos, más allá de nuestras filiaciones locales. Tiene sentido que nos preguntemos qué clase de conexión existe entre nuestras formas particulares de pertenencia y convicción y el compromiso político en los términos amplios en los que ha sido descrito, a saber, la adhesión a un proyecto de vida pública de carácter democrático.

 ¿En qué sentido el cristianismo – por poner un ejemplo – una religión que entraña un sistema particular de valoraciones, puede establecer vínculos éticos sustanciales con el ejercicio de la ciudadanía? El cristianismo desarrolla un conjunto de propósitos y modos de vivir (entre los que se cuentan el cultivo de las virtudes cardinales y teologales) que aspiran a cimentar una vida lograda; en una perspectiva crítica, pueden reconocerse una serie de puntos de convergencia con los valores públicos democráticos, en particular la preocupación por la justicia, la solidaridad y el trato igualitario. Sin embargo, no debemos olvidar que vivimos en un mundo social plural y secular en el que no todos los ciudadanos suscriben nuestro credo espiritual.

Las religiones y las visiones del mundo abarcan la totalidad de la vida humana, no sólo se ocupan de las cuestiones relativas a la libertad y la justicia pública que son materia de interés de una ciudadanía democrática. No obstante, la valoración de determinados fines y prácticas que son significativas en términos políticos pueden brotar de consideraciones que para un sector de la población tienen un origen religioso o provienen de los usos de una cultura local. En los Estados Unidos de los años sesenta, una fuente medular del discurso cívico en favor de la lucha por los derechos civiles residió en la prédica profética del pastor baustista Martin Luther King; esos motivos religiosos entroncaron  plenamente con los principios liberales presentes en la Constitución de 1776, principios que fueron invocados en el debate público que condujo a la abolición de la esclavitud. Este discurso fue recogido – en clave cívica – por  muchos ciudadanos no bautistas, no creyentes y no afroamericanos que asumieron el estandarte político de la igualdad. Del mismo modo, en las últimas décadas, el discurso de la opción por el pobre – que encontramos en los cimientos de la teología de la liberación – ha tenido una significativa influencia en el pensamiento político progresista en América Latina.

Lo que quiero sostener es que una determinada concepción del trato correcto o equitativo  puede tener su origen en motivos religiosos o de concepción del mundo, pero puede erigirse en una causa ético- política movilizadora de la ciudadanía entera en la medida en que pueda traducirse al lenguaje público de los derechos, en virtud de un fenómeno que John Rawls llama estipulación. El lenguaje político constituye el horizonte hermenéutico del debate público y del proceso de edificación de los principios constitucionales[4]. La preocupación práctica por la inclusión adquiere una resonancia política plural. Se convierte así en foco de deliberación pública al interior de una genuina democracia liberal.

La diversidad de culturas, religiones y formas de vida puede nutrir el diálogo político y promover el compromiso ciudadano con el ejercicio de la justicia y la consecución del bien común. Para ello, las diversas comunidades locales deben estar dispuestas a participar en la conversación cívica e intervenir en la construcción de un léxico público que trascienda sus propias fronteras tradicionales. Las exigencias públicas de la justicia y del bienestar interpelan a todos los ciudadanos sin excepción y los convocan a deliberar juntos en los espacios de acción común.









* Publicado en la Revista Intercambio # 36 Diciembre de 2016.

[1]Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[2] Cfr. Política 1277b 10.
[3] Véase sobre este tema Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, Madrid, Guadarrama 1969 en especial  pp.259 y ss.
[4] Cfr. Rawls, John “Una revisión de la idea de la razón pública” en: El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de la razón pública”  Barcelona, Paidós 2001, examínese especialmente el capítulo 4.

domingo, 25 de diciembre de 2016

ACERCA DEL NACIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET Y EL ÁGAPE










Gonzalo Gamio Gehri

La Navidad es una fiesta central para los cristianos. Evoca el Nacimiento de Jesús de Nazaret, considerado por sus seguidores Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Este acontecimiento tiene una relevancia especial, en la medida en que se trata de la Encarnación del Espíritu como tal. La idea es que Dios ingresa en el tiempo finito de los seres finitos. Mientras muchas religiones promueven el acceso a la eternidad, la fe cristiana se plantea el problema del acceso al tiempo ordinario, nuestra temporalidad finita.

Esta idea tiene una dimensión ética y existencial fundamental. Vemos a Dios en el rostro de los demás, particularmente los más débiles y desfavorecidos. No está particularmente en el rito; está en los ojos y la situación de tus hermanos. Ser indiferente ante el sufrimiento del inocente implica ser indiferente frente al sufrimiento de Jesús, también un hombre inocente. El Espíritu se encarna en el ágape, en el Amor. Quien no tiene amor o no actúa desde él, no posee sustancia es como ruido vacío, “campana que toca”, y nada más. De acuerdo con el Segundo Testamento, uno será juzgado por el Amor que ha donado, y no por la observancia de la pureza ritual, la obsesión de los fariseos. Este énfasis en el ágape hace que la lectura que la teología de la liberación hace del cristianismo esté arraigada en el Evangelio (Mateo 25 y otros pasajes centrales).

Es cierto. Que Jesús vea por primera vez el mundo en un establo nos dice algo respecto de la identificación de Dios con los más pequeños. Esta es una constante en la profecía practicada por Cristo en la adultez. La preocupación cristiana por los débiles es crucial, y es compatible con la exigencia de justicia formulada en el Primer Testamento. Cada celebración de Navidad implica la oportunidad de renovar el compromiso incondicional con el Amor y la solidaridad.


Feliz Navidad…..

martes, 20 de diciembre de 2016

LA LAICIDAD Y LO PÚBLICO. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE UN DEBATE SANMARQUINO








Gonzalo Gamio Gehri


El tema de la laicidad en la UNMSM enfrenta nuevamente conflictos y simple incomprensión. Llama la atención que la tesis “un Estado laico es un Estado ateo” – sencillamente absurda – esté presente en las discusiones entre algunos estudiantes y algunos profesores de aquella venerable institución. El principio de neutralidad estatal en cuestiones religiosas no pretende alejar a los ciudadanos de la forma de espiritualidad que han escogido adoptar; sólo recuerda que su lugar son las iglesias, así como otras organizaciones propias de la “sociedad civil”. Al Estado y a sus espacios les corresponde proteger la libertad y la igualdad religiosa y de visión del mundo en una sociedad moderna y pluralista.

Lo que sorprende en algunos casos es que esta incomprensión se ha convertido en un cierto cinismo ideológico, que aparentemente antepone la pura retórica a la 'cosa misma'. Se ha podido constatar que en esta discusión sobre los símbolos navideños en la Facultad de Ciencias Humanas se han enarbolado dos argumentos especiosos sumamente cuestionables y que entrañan extrañas consecuencias morales y políticas.  No se trata de puntos de vista generalizados para nada, pero llama la atención por carácter puramente polémico. Un curioso y esquemático relativismo antiliberal  y conservador - en particular, en la segunda perspectiva - ha ingresado en la controversia sobre la laicidad. Interesante. 

a.- El tema de los nacimientos en el espacio de la Universidad del Estado no es un asunto de culto, es mera “costumbre”. Por tanto, no lo alcanzaría el principio de laicidad.

Sorprende este tipo de actitud frente al rito que se defiende. Que se trata de símbolos religiosos de un credo particular es algo que no se puede cuestionar. Decir que hoy se trata de “adornos” equivale a despojar de toda trascendencia y significación espiritual a la idea de escenificar el Nacimiento de Jesús de Nazareth ¿Qué sentido tendría este ritual sin su referente sagrado? Resulta extraño minimizar el valor del Nacimiento como re-cuerdo de un evento de importancia religiosa con el exclusivo propósito de preservar la costumbre ‘formal’. Se trata de una argucia retórica burda. Una “tradición” pierde su razón de ser cuando pierde de vista aquello que representa o pretende hacer explícito. En contraste, el defensor del principio de laicidad reconoce el valor que tales rituales tienen para los creyentes, sólo pone énfasis en que su lugar no es el espacio estatal.

b.- Quienes defienden el principio de laicidad están imponiendo una idea foránea, ajena a las creencias y sentimientos de las mayorías. Son “imperialistas culurales” que enarbolan un falso universalismo moral.

Este es un argumento curioso. La idea es que quienes apoyan la solicitud no deberían interferir en una costumbre arraigada. La mayoría de la gente no se preocupa si se usan los escenarios estatales para desarrollar rituales de una religión particular porque sencillamente cree que la fe puede guiar o iluminar la vida del Estado; la mayoría cree en el plano de los hechos, en un Estado confesional. Aquí se quitan la máscara los detractores  más virulentos de la solicitud ante la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Se amparan en un  relativismo cultural políticamente conservador para desestimar la iniciativa de los estudiantes. Además, el razonamiento es deficiente: el hecho de que numerosas personas respalden una práctica – organizar Nacimientos en UNMSM – no significa que esta práctica sea válida o justa.

Pero es preciso decir algo más. Sostener que la defensa del principio de laicidad es un valor extranjero, occidental, moderno y ajeno, constituye un argumento que los conservadores usan para rechazar la democracia y los derechos humanos como fuentes para la acción moral y política. Lo mismo puede decirse sobre la invocación a la justicia de género, el respeto de la diversidad cultural y religiosa, el empleo de categorías liberales o marxistas para comprender y transformar la sociedad ¿Qué es finalmente originario e idiosincrásico? Incluso el cristianismo fue importado e impuesto de diversos modos, no se trató de una cosmovisión nativa o fácilmente asimilable a los supuestos “hábitos colectivos originarios” (si se puede usar esta rara expresión). Esta visión conservadora decreta el silencio de la crítica racional y el examen de las tradiciones.

El empleo de esta vana sofistería ha convertido a algunos estudiantes y profesores contrarios a la solicitud presentada al Decanato de promotores del valioso pluralismo sanmarquino en conservadores políticos, usuarios de un relativismo colectivo especioso, que en la ética y la política tiende a dejar nuestras creencias y prácticas sin crítica ni transformación cívica. Quienes pensamos que la democracia constituye una vía adecuada para nuestra patria estamos convencidos de que la laicidad constituye una condición esencial para transitarla genuinamente.













lunes, 12 de diciembre de 2016

APUNTES SOBRE LAICIDAD EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA



Resultado de imagen para u san marcos



Gonzalo Gamio Gehri

Nuevamente los alumnos de la UNMSM han formulado en una carta que se tome en serio el principio de imparcialidad en materia religiosaen una universidad pública como lo es la Decana del Perú. Un grupo de estudiantes solicita – a través de una carta firmada por V. Román Marroquín – que no se usen las instalaciones de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas para presentar símbolos religiosos, en la medida en que el Estado democrático – liberal debe guardar un régimen de estricta neutralidad en cuanto a la fe o la ausencia de fe de los ciudadanos. Y ello – se señala – en condiciones de riguroso respeto al lugar de la espiritualidad en la identidad de las personas que han escogido asumir un credo religioso.


Algunos detractores de esta iniciativa sostienen que el tema de los símbolos navideños no reviste de importancia ni de interés. Quien vea la cantidad de comentarios al comunicado – que está muy bien escrito – se dará cuenta de que tiene gran significación para los estudiantes de esa casa de estudios. Nuestro país encuentra enormes dificultades en enfrentar el camino de la laicidad – un rasgo básico del Estado propio de una sociedad democrática – y es hora de seguir esa senda. Ella es compatible con el encuentro dialógico  de todas las confesiones y visiones del mundo, en un marco de equidad y libre expresión de las creencias. La Universidad peruana tiene que examinar con espíritu crítico estos principios.

Es hora de examinar este problema. Lo justo es que el Decanato se pronuncie sobre esta misiva, reconociendo esta preocupación como legítima y saludable desde el punto de vista de nuestra institucionalidad democrática y pluralista.

-----------------------------------------


Fuente:

https://www.facebook.com/sentido.referencia/posts/1836320393306555:0




NEUTRALIDAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE CREENCIA


Compartimos la carta dirigida por Valeria Román Marroquín al Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas - UNMSM, Carlos García-Bedoya Maguiña. Suscribimos sus argumentos en favor del respeto al principio de neutralidad religiosa y la laicidad. El Decano tendría que acceder a estas demandas o, en su defecto, justificar de manera contundente su inobservancia del principio de neutralidad religiosa.

Lima, 07 de diciembre de 2016
Sr. Dr.
Carlos Alberto García Bedoya Maguiña
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
UNMSM

De mi mayor consideración:
Quien lo saluda es estudiante de la Escuela Académico-Profesional de Filosofía. El motivo de la presente es solicitarle que, en su condición de Decano, realice las gestiones efectivas necesarias para que se garantice el respeto al principio de neutralidad religiosa en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. La laicidad es un pilar de la democracia moderna y, como parte de nuestra educación universitaria, que es también una educación para ser mejores ciudadanos, debemos partir por la exigencia de su respeto en la Facultad. Las autoridades son funcionarios públicos, y, por tanto, representantes del Estado. En ellos se materializa el Estado y son ellos quienes tienen que cumplir con los deberes del Estado. La razón de ser de la función pública es servir a la ciudadanía, esto es, velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. La libertad de creencia es uno de nuestros derechos y considero que está siendo vulnerado por parte de la Facultad. Aquí no se está velando por su igual ejercicio por parte de todos y todas. Por lo mismo, me remito a usted en tanto máxima autoridad en Letras y en tanto funcionario público.
El principio de laicidad o neutralidad religiosa establece que ninguna fe o doctrina religiosa se imponga a través de la ley o en los hechos por instituciones del Estado. Esto implica que ningún credo religioso debe recibir privilegios especiales. Los ciudadanos tienen libertad de creer o no creer y esta libertad se ve mermada cuando el Estado o sus instituciones toman partido por alguna fe en particular. Se espera, en consecuencia, neutralidad estatal ante los distintos credos. Los ciudadanos son libres de creer y expresar su fe en espacios públicos; las instituciones del Estado no tienen esa libertad. Si no se garantiza la neutralidad por parte de las instituciones del Estado, se está atentando contra la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también estipulado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Sin neutralidad, se está coaccionando a los ciudadanos, ya que al tener estos la libertad de elegir en qué creer y en qué no creer, no deberían verse influidos (ni perseguidos) por el aparato estatal. La prohibición de imágenes religiosa en instituciones estatales apunta a que se garantice esta libertad.
No obstante lo arriba argumentado, vemos que al ser próximas las celebraciones cristianas de fin de año, en los pasillos de la Facultad se están colocando motivos e imágenes religiosas –sean misterios, nacimientos, etcétera. Ello, a pesar de que en años anteriores, la ya egresada Katherin Angeles Sihuay demandó el retiro de estos objetos. Es una lástima que sus solicitudes hayan caído en saco roto y que las autoridades ni siquiera se hayan dignado a dar una respuesta por escrito u oral a sus demandas. La ignoraron por completo. Debemos recordar que las autoridades tienen que rendir cuenta de sus actos y omisiones. Si una estudiante considera que la Facultad, mediante sus acciones, atenta contra el derecho a la libertad de creer, que no garantiza la igualdad en el ejercicio de este derecho a todos y todas, la autoridad debería dignarse mínimamente a decir qué es lo que ocurre, a rendir cuenta de su acto. Agradeceré que si no acoge mi solicitud de retiro de las imágenes religiosas (y concretamente de retiro del nacimiento cristiano de la Facultad), me diga al menos por qué no lo hace y por qué a su juicio la Facultad no debe respetar el principio de neutralidad religiosa.
Permítame señalar que la colocación de un nacimiento en uno de los pasillos de la Facultad (específicamente, a dos metros de la puerta de ingreso a la sala de sesiones y a la espalda de la sala de profesores, desde cuyos tomacorrientes se alimenta el juego de luces) falta el respeto tanto a la naturaleza de un Estado democrático como a los conceptos de libertad religiosa y tolerancia. La Facultad de Letras es un establecimiento público, y por lo tanto, está prohibida de adherirse o promover cierta fe. Lo repito: si bien la libertad religiosa es prerrogativa de los individuos, no lo es por parte del Estado y sus instituciones. Abiertamente, la Facultad de Letras con ese nacimiento está haciendo un culto religioso. ¿Por qué lo permite usted? Si esto sucede, si no hay neutralidad por parte de los establecimientos públicos; si no existe una separación entre Estado y religión, entonces no se garantiza la protección de los derechos de los individuos: es más, es el mismo Estado – en nuestro caso particular, la Facultad – el que viola la libertad de credo.
En este nacimiento se utiliza dinero de nuestra Facultad dado que se está destinando el tiempo de los trabajadores (horas hombre que se paga con dinero público) a su instalación y mantenimiento. También se emplea fluido eléctrico para su iluminación y decorado. ¿Alguien dirá que todo ello suma poco dinero? Pues, bien, a si sea un sol o cincuenta céntimos, ni usted ni yo somos dueños de ese dinero para gastarlo en nuestros gustos personales y no en la ejecución de fines estatales (pensar de otro manera sería legitimar el delito de peculado). Súmese a todo, que la ubicación de este nacimiento atenta contra la seguridad de los estudiantes, docentes y trabajadores, ya que obstruye el paso en el pasillo, lo cual sería muy peligroso en caso de que se dé un sismo. Asimismo, considere el modo irresponsable en el que se ha procedido para instalar su juego de luces, introduciendo el cable por la ventana y entre las cortinas hacia la sala de profesores. ¿Qué garantía ofrece usted de que eso no puede terminar en un incendio? ¿Cuál es el protocolo de seguridad que han seguido sus técnicos en la instalación de ese nacimiento?
Independientemente de las razones de seguridad aducidas, que también es obligación de la Facultad considerar, es deber de las autoridades de la Facultad velar por mantener imparcialidad, tanto en los espacios públicos como en los bienes que se encuentran bajo su administración. Estos bienes públicos no pueden ser destinados a la promoción de alguna fe en particular. La libertad de todos los individuos, su derecho a acceder al espacio público y a tener una vida digna están, indudablemente, vinculados al desarrollo de una sociedad en la que no existan impedimentos ni represiones para el desarrollo de la libertad de conciencia. La neutralidad debe ser entendida, entonces, como la garantía de la ausencia de algún tipo de hegemonía. En ese sentido, también como uno de los ejes medulares de la justicia social.
En concreto, solicito:
• Que se retiren las imágenes y motivos religiosos instalados en la Facultad, ya sean colocados por la misma o por terceros.
• Que la Facultad no permita que se vuelvan a instalar imágenes o motivos religiosos en las oficinas, biblioteca, sala de lectura y pasillos.
Usted, como Decano -cargo máximo dentro de nuestra Facultad-, tiene la potestad de aceptar o no mi solicitud -muy independiente de la decisión de un Consejo de Facultad, por ejemplo-, luego de haber evaluado con detalle los argumentos expuestos en esta carta. Como dije antes, tome en cuenta que este es un pedido que se ha hecho en años anteriores: la egresada Katherine Ángeles, durante dos años consecutivos (2014 y 2015), ha pedido garantías a las autoridades para que se defienda la neutralidad y la libertad religiosa por parte de establecimientos públicos como lo es la Facultad. Incluso se presentó con firmas de distintos estudiantes de Letras que suscribían esta petición. A pesar de tener contundentes argumentos a favor (a los cuales me adhiero y alguno de los cuales retomo en este documento), nunca se dio ninguna respuesta.
Confío en su criterio y en su capacidad de decisión. Sé que usted, como intelectual y funcionario público de un Estado democrático, sabrá actuar con racionalidad y coherencia, al ser máxima autoridad en una Facultad que se caracteriza por formar personas con pensamiento crítico. Si es que esta petición no llegara a concretarse, le pediría que como Decano presente una respuesta alturada, ya que está en la obligación legal y moral de dar cuenta de sus decisiones. Una vez más, espero que, a diferencia de la gestión anterior, usted no les dé la espalda a los estudiantes ni los mire por encima del hombro creyendo que sus demandas no merecen ninguna respuesta. Si considera que me equivoco, explíqueme por qué y se lo agradeceré como ciudadana y como estudiante. Si considera que no me equivoco, agradeceré que ponga en acto las medidas que solicito.
Atentamente,
Valeria Alejandra Román Marroquín
Estudiante de la EAP de Filosofía
Código 16030164



ACERCA DE CULTURA, DEMOCRACIA Y MEMORIA








Gonzalo Gamio Gehri

Hace varias semanas se presentó en la UARM el libro Culture, Democracy, Catholicism. Voices from Four Continents, editado por Maichel J. Schuck y John Crowley-Buck y publicado por la Fordam University Press.  El texto tiene contribuciones de especialistas de Estados Unidos, Lituania, Indonesia y el Perú. Por nuestro país escriben Soledad Escalante, Jorge Aragón, Oscar Espinosa y quien redacta estas líneas. Los comentarios estuvieron a cargo de Félix Reátegui y Birgit Weiler.

Mi artículo estuvo dedicado a la lucha por la memoria en los actores católicos que intervinieron en el debate público sobre el conflicto armado interno, posterior a la publicación del Informe Final de la CVR. En ese debate pudo visibilizarse la existencia de perspectivas conservadoras y progresistas. La discusión se remite a la tradición bíblica como la fuente de la ética de la memoria. Claramente, el Evangelio se pronuncia a favor de la rememoración de la experiencia del sufrimiento del inocente. Ella es fuente de un ethos político edificado desde la rememoración de la violencia y la búsqueda de justicia e inclusión en todos los ámbitos de la realidad.

Muy interesantes los comentarios de los profesores Reátegui y Weiler, que animan a retomar esta investigación sobre el tema de la rememoración y la justicia, que pone de manifiesto un gran problema para la sociedad peruana. La CVR ha advertido que las condiciones que generaron el conflicto armado interno siguen presentes en nuestro país, las situaciones de exclusión y discriminación que propiciaron la propagación de una ideología fundamentalista que predicó la violencia, generó situaciones de terror y alentó una terrible represión estatal. Se trata del conflicto más letal que ha sufrido la República del Perú.

La CVR recibió un trato hostil de parte de la “clase política” y del periodismo conservador, que se dedicó a distorsionar sus conclusiones y a difamar a sus componentes. No faltaron los ataques a las personas y a su integridad. Salomón Lerner F.. recibió en diferentes ocasiones amenazas de muerte. Asimismo, las agresiones fueron de diversa naturaleza en la red. El infame vandalismo de Ricardo Milla T,  a la semblanza del Presidente de la CVR en Wikipedia. Más allá de la virulencia de los ataques contra la Comisión, sus recomendaciones siguen planteando una propuesta fundamental para construir una sociedad en camino hacia la Reconciliación.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

LA ‘IDEOLOGÍA DE GÉNERO’ Y LOS PISHTACOS







Gonzalo Gamio Gehri

En estos días, el Perú está viviendo una verdadera asonada oscurantista. Un probable operativo  psicosocial en las redes genera pánico y virulencia en Huaycán. Se difunde el rumor de que operan en la zona traficantes de órganos, los llamados pishtacos, cuyas acciones habrían cobrado vidas humanas. Este rumor no se cimenta en ninguna denuncia ni investigación policial; sin embargo, un número importante de vecinos se movilizan y generan actos de violencia frente a la comisaría. Una mujer muere en este confuso incidente. En otros lugares de la ciudad, un grupo de personas de clara convicción paleo-conservadora religiosa y política, declaran que el Minedu ha elaborado un documento que pretende imponer la llamada “ideología de género” en la educación de los jóvenes. El hecho es que la currícula defiende la igualdad de género, el derecho de varones y mujeres a un trato no discriminatorio, equitativo en materia de oportunidades y libertades. El proyecto del ministerio está orientado a criticar los estereotipos que contribuyen a marginar a las mujeres y a generar incomprensión y violencia contra las minorías, como corresponde a una sociedad democrática y liberal. Sólo podremos vivir en democracia si se valora el diálogo y el respeto por la diversidad.

Ambas incidentes recuerdan los psicosociales perpetrados bajo el funesto régimen de Fujimori, y comparten entre sí ciertos patrones. 1) Se trata de “situaciones catastróficas” inexistentes; en ambos casos, habla el prejuicio y la falta de información. No hay pistachos, nadie está asesinando y robando los órganos de la población de Huaycán. El Ministerio no está promoviendo el ejercicio de una temprana sexualidad entre la niñez, ni está propiciando el uso de baños mixtos; eso sólo está en la mente de los críticos conservadores. Es simplemente absurdo. Leyendo el texto se despeja cualquier duda al respecto. 2) Esta clase de rumores infundados – que recurren a la manipulación de información en la red – está al servicio del ejercicio de la violencia, así como provoca una sensación de pánico y desconcierto a partir de la cual se propone  transmitir la imagen de que el gobierno padece síntomas de debilidad y no puede lidiar con el desorden, o que incluso lo propicia. 3) Intentan beneficiar a los grupos que prometen “mano dura” y una cosmovisión autoritaria y monolítica. Habrá que identificar a sus artífices, aunque ese discurso nos es familiar. Ya sabemos de qué organizaciones se trata.

Hoy el APRA y el fujimorismo intentarán censurar al Ministro de Educación. Aunque los temas son otros – los Panamericanos y las computadoras -, se sabe que los puntos fundamentales son los planes de estudio y el futuro de la Reforma universitaria. Para nadie es un secreto que dieciséis congresistas están comprometidos con los intereses de universidades que tendrían problemas para estar a la altura de los criterios que la Ley establece. Se sabe también que muchos de los columnistas que se desgarran las vestiduras por la “ideología de género” y que piden en los medios la censura del ministro son autoridades o docentes de aquellas universidades-negocio que son contrarias a esta reforma. Políticos y columnistas de opinión han intentado convertir al funcionario en una suerte de enemigo político, en sentido estricto. Es preciso prestar atención al modo en que estos personajes proceden cuando se trata de defender su agenda,  personal o corporativa, a expensas del país. 

viernes, 25 de noviembre de 2016

INTERESES, LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y BAJA POLÍTICA








Gonzalo Gamio Gehri

La bancada fujimorista ha decidido interpelar al ministro Saavedra con la intención de censurarlo. Está claro que detrás de este tipo de estrategia está el intento de acabar con la Reforma Universitaria, a través del ataque de sus principales gestores. El APRA ya ha propuesto modificar la Ley para debilitar la SUNEDU y promover una suerte de  “indulto” para las universidades que no podrían – en la perspectiva de la reforma – obtener el licenciamiento. Si esta organización es conformada por autoridades universitarias (en la clave de la criticada ANR), la supervisión de la calidad académica simplemente quedará diluida en el círculo de los intereses y el cuidado de la baja política criolla, tan conocida.

Muchos de los columnistas que rechazan la ley son funcionarios de universidades-empresa que no están interesadas en la formación científica de los jóvenes, sino con una instrucción profesional, a menudo insuficiente, concebida desde el exclusivo formato mercantil. Con frecuencia denuncian la “infiltración” progresista o izquierdista en los espacios académicos, pero cabe la interrogante a la intelectualidad antiprogresista ¿Dónde están sus  propias contribuciones a la investigación? ¿Dónde están las publicaciones de sus universidades? La incorporación del anhelo de lucro ha distorsionado profundamente el trabajo científico y tecnológico en el Perú. La reducción de los periodos de estudio, la aniquilación de los estudios generales, la desaparición en la práctica del examen de admisión se ha convertido en características de estas instituciones educativas. Su pobre nivel académico es un secreto a voces.

Necesitamos una instancia como la SUNEDU, constituida por investigadores de alto nivel, que puedan supervisar la buena marcha de la educación universitaria. El Estado peruano debe someter a evaluación a aquellas instituciones que pretenden otorgar títulos y grados a nombre de la nación. Tenemos derecho a saber qué centros educativos no califican como reales universidades. 

Los intentos por quebrar la ley y por sacar al ministro pueden leerse desde la pretensión de preservar sus centros contra cualquier intento de supervisión de calidad académica. Los fujimoristas y los apristas procurarían - según la hipótesis de algunos expertos - pactar un  nuevo ministro con otra línea de acciones. Se proponen intimidar al Ejecutivo con su número de parlamentarios. Es preciso cuestionar severamente esta clase de estrategias basadas en los intereses de facción y la  simple prepotencia.

¿Cómo librará el gobierno esta compleja batalla?


martes, 15 de noviembre de 2016

¿UNA CONTRARREFORMA UNIVERSITARIA DESDE EL CONGRESO?








Gonzalo Gamio Gehri

En estos días se cocina en el Congreso de la República un proyecto de Reforma de la ley Universitaria, planteada por el parlamentario Velásquez Quesquén, promovida por el APRA, ante el desbordante entusiasmo de la mayoría fujimorista. Este proyecto propone que los rectores elijan a la dirección de SUNEDU, y que se decrete una suerte de “indulto” a las universidades que no podrían lograr el licenciamiento que exige la normativa hoy vigente.

Entre las quinientas mejores universidades en el mundo, sólo una es peruana. La educación universitaria afronta una delicada situación, en parte por una antigua campaña de mercantilización de la educación superior en el Perú, promovida desde el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Esa campaña ha producido universidades de ínfimo o nulo nivel académico, que, en numerosos casos, han pasado a convertirse en fructíferos negocios edificados sobre la base de la estafa a los alumnos. Tras veinte años del DL 882, algún resultado tendría que arrojar la apertura de universidades – empresa. Pues bien, este fenómeno no ha producido ningún resultado positivo. Ninguna de estas nuevas universidades se destaca por su calidad académica o por sus aportes a la investigación científica.

 La iniciativa parlamentaria del APRA está intentando salvar la vida de algunas universidades cercanas a su círculo de intereses, y que no podrían conseguir el anhelado licenciamiento. De paso pretendería asistir a los fujimoristas, para ayudar a al menos uno de estos centros regentados por personajes afines a Fuerza Popular. Estos movimientos al interior del Congreso son compatibles con los continuos ataques del Portal neoconservador El Montonero en contra del ministro de Educación, centrados en la Ley Universitaria. Para estos políticos de cuestionable interés por la calidad del trabajo intelectual, se trata de volver a las funestas costumbres de la Asamblea Nacional de Rectores, que neutralizaba cualquier intento de corregir los graves problemas que padece la Universidad peruana, para la que – salvo contadas excepciones – la calidad académica no parece ser una prioridad. 


viernes, 11 de noviembre de 2016

ANOTACIONES CONCEPTUALES SOBRE CORRUPCIÓN







Gonzalo Gamio Gehri

Uno de los problemas que afronta nuestra todavía frágil democracia es la corrupción[1], los modos como ésta se instala en nuestra sociedad, así como la condescendencia que ella suscita no sólo en nuestra autodenominada “clase dirigente”, sino entre la propia ciudadanía. La “tolerancia” frente a la corrupción constituye una clara señal de alerta para quienes se esfuerzan por preservar la salud de nuestras instituciones.

Uno de los problemas básicos es la propia definición de corrupción, que estrecha su contenido y restringe con ello el campo de acción que se puede desplegar contra ella. A menudo se concibe la corrupción como “el uso privado del bien público”. Esta definición sitúa la corrupción solamente en el espacio de acción del Estado, e invisibiliza la corrupción que tiene lugar fuera de él. Incluso el importante libro de Alfonso Quiroz parte de aquella premisa discutible.

 “Para los fines del presente trabajo, la corrupción se entiende como el mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante  la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones”[2].
Nuestra intervención introduce una definición alternativa de corrupción. Hablamos propiamente de “corrupción” cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos. Por lo general tal intromisión se ejecuta con la intención de lograr un beneficio particular indebido (con frecuencia asociado al poder y al dinero). Esta noción incorpora el el sentido originario del latín corruptio, asociado al verbo corrumpĕre, expresión que habría de traducirse como “trastocar la forma genuina de algo”, “degradar” o “echar a perder”.





[1] Este post es la primera versión de los pasajes iniciales del Resumen ejecutivo de mi presentación en Metas del Perú hacia el Bicentenario.
[2] Quiroz, Alfonso Historia de la corrupción en el Perú Lima, IEP / IDL 2013 p. 30.

NOTAS BREVES SOBRE CHARLES BUKOWSKI, LAS SOLEDADES Y LA MUCHEDUMBRE









Gonzalo Gamio Gehri

Esta es una composición impresionante. A solas con todo el mundo, escrito por Charles Bukowski (1920-94), pone de manifiesto con singular dureza – casi con violencia – una suerte de ineludible  carácter solitario de la vida humana. Buscamos en otros el amor y la amistad, sentencia, y tan solo encontramos el mero yo ¿Qué hacer con la desesperanza y la poderosa melancolía?

No hay ninguna
posibilidad:
estamos todos atrapados
por un destino
singular.
Nadie encuentra jamás
a
l otro”.

La falta de fe del poeta en las posibilidades de encuentro humano es implacable. Estamos solos en medio de una muchedumbre humana en la que no nos comunicamos, ya sea porque dejamos que impere el silencio entre nosotros o porque no ponemos nuestra mente y nuestro corazón en la comunicación. La nada lo invade todo. Las palabras de Bukowski son inapelables..

“Los tugurios se llenan
los vertederos se llenan
los manicomios se llenan
los hospitales se llenan
las tumbas se llenan

nada más
se llena”.