NI OLVIDO NI IMPUNIDAD

REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE UNA MARCHA

Gonzalo Gamio Gehri[ 1]

1.- Un hecho polémico.

Hace unas semanas una noticia llamó severamente la atención de la opinión pública. El MOVADEF – agrupación que opera como brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso – realizó una marcha con ocasión del día del Trabajo en Lima. La movilización incluyó la exhibición de una pancartas con el retrato de los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, cuya excarcelación reclamaban recurriendo a una idea espuria de ‘reconciliación’. Al ser interrogados sobre el propósito de esta manifestación, uno de los dirigentes de este movimiento señaló extrañamente que ésta buscaba únicamente  reivindicar “los intereses históricos de la clase obrera”.

El evento desencadenó la indignación de un sector importante de nuestra “clase política”, que consideró que el gobierno no había tomado las medidas adecuadas para prevenir esta manifestación, o quizá interrumpirla una vez iniciada. El fujimorismo insiste hoy en interpelar al ministro del interior a causa de esta situación. Muchos políticos, periodistas y abogados indican que los integrantes del MOVADEF que participaron en esta marcha incurrieron en el delito de apología del terrorismo; otros aseveran que tales acciones no corresponden específicamente a lo que establece la ley, y se han propuesto modificarla. Los medios de comunicación han cubierto la noticia poniendo énfasis en el lamentable espectáculo de los manifestantes enarbolando pancartas con las fotos de los líderes senderistas, y a su lado, presentar a policías vigilando que el evento se desarrolle con orden y normalidad. Se ha explotado el escándalo, y se ha soslayado la tarea de confrontar políticamente a este cuestionable movimiento.

Existen importantes cuestiones de principio que es preciso considerar con cuidado, pues atañen a la ética que subyace a una cultura política específicamente republicana. La estrategia legal punitiva contra MOVADEF no puede ser el núcleo de la lucha contra esta clase de integrismo ideológico y su condenable difusión en nuestra sociedad. Es cierto que debemos estar alertas frente a cualquier forma de apología del delito, y que el Estado debe contar con una estrategia de inteligencia policial que sea eficiente en la medida en que pueda realizar un seguimiento adecuado de las acciones de estos grupos que evidentemente tienen conexiones con las organizaciones terroristas. También es pertinente hacer ajustes a la ley, para prevenir y combatir cualquier forma de incitación a la violencia. Pero creo que estamos dejando de lado dos asuntos importantes en este debate sobre qué hacer con colectivos como MOVADEF. Es preciso no perder de vista que la lucha contra estos movimientos se enmarca en la lucha por fortalecer y preservar el sistema democrático en el Perú.

2.- Dos desafíos morales y políticos. La lucha intelectual contra el integrismo ideológico y el proceso de rememoración de la violencia vivida.

Se trata de una lucha política que posee un trasfondo ético muy claro. Defender la democracia supone reivindicar una forma de vida en común basada en el cultivo de un conjunto de derechos universales y libertades sustanciales que no son susceptibles de negociación. El derecho a llevar una vida tranquila y segura – sin violencia -, el derecho a expresar libremente el propio pensamiento en el marco de una sociedad abierta a una pluralidad de ideas y valores, y tantos otros derechos fundamentales. Es evidente que los grupos terroristas y sus organismos de fachada no comparten aquel trasfondo de sentido. Lo hemos vivido, ellos practicaron una ideología totalitaria que estigmatizaba toda forma de desacuerdo. Ellos cometieron terribles crímenes contra los derechos humanos en el contexto del conflicto armado más cruento de nuestra historia republicana; el Informe Final de  la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como otras investigaciones, han documentado estos hechos con rigor y detalle.

He señalado que enfrentar eficazmente a MOVADEF implica considerar dos asuntos de una particular significación para la defensa de la democracia. El primero es combatir intelectual y políticamente a MOVADEF, tanto en los espacios públicos como en las universidades. Esta clase de movimientos han encontrado una inquietante recepción en un sector de la juventud peruana que no cuenta con información rigurosa acerca de lo sucedido durante el conflicto armado interno. Esta grave situación es consecuencia de la indiferencia del Estado y de los actores políticos frente a las tareas de recuperación pública de la memoria; también es un efecto de la desidia de los partidos políticos ante la posibilidad de presentar batalla ideológica a grupos como el MOVADEF. Es cierto que en más de un sentido esta responsabilidad alcanza a toda la ciudadanía – que no puede mantenerse al margen de esta grave circunstancia -, pero compromete directamente a las organizaciones de nuestro sistema político.

MOVADEF plantea el imperio de una ideología fundamentalista y totalitaria, que rinde culto a la personalidad de un líder y que desarrolla una estrategia de acción que distingue entre fases de “trabajo político” y de “guerra popular” a partir de una presunta “lectura de la historia”, una concepción determinista y dogmática de las sociedades que no cuenta con un sustento conceptual ni empírico consistente. Ninguna de tales presuposiciones es compatible con el espíritu de la democracia. El cuidado del pensamiento crítico y el respeto por la diversidad son bienes fundamentales para un régimen libre. Este tipo de argumentos deben interrogar y desenmascarar el ideario autoritario de este y otros grupos extremistas. El debate público sobre estos problemas – y sus consecuencias para nuestras instituciones – resulta crucial para nosotros.

Este debate requiere de la presencia de los partidos políticos, aunque no sólo ellos. Los partidos han abandonado hace tiempo las tareas de formación intelectual de sus militantes, y han perdido presencia en los movimientos estudiantiles. Se han convertido en cascarones o vientres de alquiler para los proyectos electorales de individuos o grupos particulares de interés. Difícilmente en esa condición podrán convertirse en alternativas a programas sectarios como los de MOVADEF y otros. Los intelectuales y los estudiantes tienen asimismo una responsabilidad especial en esta lucha de ideas; ellos han de vindicar el lugar central del argumento y la evidencia en el debate público y académico. Han de procurar preservar la institución universitaria como un reducto de investigación y pensamiento, un escenario que rechaza el mero recurso a dogmas y slogas sin contenido racional. Otras instituciones de la sociedad civil, como los sindicatos, los colegios profesionales y las ONG, pueden convertirse en espacios de deliberación sobre lo que es justo y convergente con un ethos democrático.

Alguien podrá alegar que esta discusión se tornará estéril, porque el espíritu del MOVADEF y organizaciones similares, sedientas de ortodoxia, no podrán ser persuadidos por el mejor argumento. Es cierto que quien no es sensible al trabajo del diálogo no será capaz de escuchar y modificar sus convicciones, pero esta clase de debate público es para beneficio de toda la sociedad, que debe ser testigo de la debilidad del modelo de justicia y de comunidad política que exhiben grupos integristas como MOVADEF. La sociedad peruana debe reconocer las razones que hacen que Sendero Luminoso y sus defensores representen opciones de muerte y supresión de las libertades para los ciudadanos. Este debate cumple un rol tanto pedagógico como ético-político.

El segundo asunto relevante tiene que ver con la significación del proceso de  esclarecimiento de la memoria como un elemento básico de la construcción de la justicia en una genuina democracia. El MOVADEF propone una amnistía general para las personas involucradas en los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Pretenden con ello favorecer a los senderistas presos por terrorismo. Amnistía es amnesia e impunidad, es borrón y cuenta nueva. Se trata de una medida que toda la legislación global en materia de derechos humanos rechaza con razón. Sobre la base de políticas de olvido y suspensión de la justicia no puede edificarse una sociedad libre e inclusiva. Una verdadera reconciliación exige honrar el derecho a la verdad y a la justicia que demandan las víctimas de la violencia. Esta es una crítica que alcanza no sólo al radicalismo de izquierda, sino también a la extrema derecha, hoy tan proclive a considerar un inaceptable indulto a Fujimori como objeto de negociación política; tal parece que la práctica antidemocrática del culto a la personalidad del líder va más allá del signo ideológico de los adeptos.

Si creemos en la justicia, en su capacidad de regular nuestra vida en común, debemos cerrar filas ante este tipo de proyectos. Ni olvido ni impunidad en materia de derechos humanos. Estamos hablando de la vida y de la dignidad de los peruanos más vulnerables, quienes fueron víctimas de crímenes terribles.  Para evitar que situaciones así se repitan debemos hacer memoria, y tenemos que librar una batalla ética y política para desenmascarar la doctrina y las prácticas de quienes desataron la tragedia más cruenta que enlutó nuestro país.  

(Aparecido en Ideele Nº 270)

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[1] Doctor en filosofía por la Universidad de Comillas. Profesor de la UARM y de la PUCP. 

UN PASO IMPORTANTE

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Gonzalo Gamio Gehri

Interesante gesto el de la ministra Marisol Pérez Tello el de pedir perdón – en su discurso por los trece años de la entrega del Informe Final de la CVR – porque ésta fuese la primera vez que su ministerio se hacía presente en esta clase de reuniones con los familiares de víctimas del conflicto armado interno. Pidió perdón por la indiferencia del Estado frente al predicamento de las víctimas, y eso tiene valor.

La ministra anunció la apertura del Registro de Personas Desaparecidas. Este Registro se elaborará en conformidad con la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas – promulgada a fines del gobierno anterior -. La Ley 30470 establece que la desaparición de un ciudadano es condición suficiente para su búsqueda. Esperemos que estas declaraciones de la ministra sean una expresión inequívoca de la actitud del nuevo gobierno de asumir con total seriedad los compromisos adquiridos con las víctimas de la violencia. Que éste sea un paso importante en el establecimiento de un nuevo espíritu frente a las exigencias de memoria y justicia que correctamente formulan quienes sufrieron directamente estas dos décadas de terror y desamparo.

EL ENTIERRO DE LA RELIGIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

El atentado perpetrado ayer en Niza ha cobrado ya 84 vidas inocentes, incluyendo mujeres y niños. El asesino, de origen tunecino, arrolló con un camión rentado a decenas de personas que celebraban el día de Francia – fecha de la toma de la Bastilla -, asociado con la proclamación de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad como estandartes de la Revolución y la construcción de la República. Este acto terrorista no ha sido reivindicado por ninguna de las organizaciones delictivas conocidas, lo cual lleva a pensar que se trata de un atentado llevado a cabo por un criminal afín a alguno de estos grupos que actuaba por cuenta propia.

Estas personas y grupos actúan con el propósito de sembrar terror en occidente, “agudizar las contradicciones”, para usar las palabras a las que recurren a menudo diversos colectivos extremistas. Estos asesinatos buscan la eliminación de personas en países importantes del Atlántico Norte, así como empujar a la población francesa a la adhesión a la perspectiva del ultraconservadurismo francés, claramente xenófobo y contrario a la inmigración y al Islam. La idea es propiciar una confrontación radical con aquellos que denominan “los cruzados”.

Los grupos terroristas denigran el Islam, originalmente una religión de compasión. El integrismo entierra la religión, edificando en su lugar una ideología despiadada. Este envilecimiento de la fe no es exclusivo de los grupos extremistas musulmanes, pero hoy se trata del fenómeno más visible y virulento. Urge no sólo enfrentar con las armas a este tipo de organizaciones, sino solicitar que las comunidades islámicas del mundo denuncien las acciones de grupos criminales que promueven la muerte y la estigmatización de los seres humanos, prácticas que todo musulmán de buena voluntad debe rechazar. Sería saludable evitar que la extrema derecha europea consolide un discurso basado en el prejuicio contra el mundo islámico. Es preciso separar la creencia de estas actividades que la degradan. 

EL ANTIVOTO

PERSPECTIVAS SOBRE EL ANTIFUJIMORISMO

Gonzalo Gamio Gehri

En estos últimos días ha resurgido el movimiento antifujimorista en el Perú. La parcialidad evidente de buena parte de la “clase política” y de los periodistas, así como el injusto sesgo que viene aplicando el JNE ante los documentados actos de entrega de dinero de parte de la señora Fujimori (y los suyos), han propiciado la reaparición de un sector importante de la ciudadanía que no quiere la vuelta del fujimorismo y lo que significó como proyecto político. No quieren el regreso de quienes quebraron el sistema democrático, perpetraron actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, controlaron las instituciones, compraron la prensa, negociaron con narcotraficantes y traficantes de armas. Sumieron el país en una década siniestra marcada por el crimen, el autoritarismo y la rapiña. El Perú necesita una renovación política, no el retorno de un régimen que fue evidentemente mafioso.

Por supuesto, la protesta debe hacerse siguiendo las prácticas que exigen la ley, la democracia y el sentido de justicia más básico. Hay que rechazar la violencia de donde fuere, no importa su origen o sus destinatarios. Puede protestarse legítimamente sin violencia alguna, como en el caso de las dos marchas organizadas en Lima en contra de la candidatura de Keiko Fujimori.  Ella debe ser excluida del proceso electoral por estas inaceptables prácticas clientelistas, como sucedió en el caso de César Acuña. No pueden hacerse excepciones..

La candidata ha respondido que lamenta que estas protestas estén dirigidas a una persona, que deberían plantearse y discutirse propuestas, que los protestantes deberían apoyar algún proyecto político y promover alguna candidatura.

Es evidente que éste es un cuestionamiento superficial, que no explora la naturaleza de este antivoto y de esta protesta. Quienes protestan contra la candidatura de Keiko Fujimori rechazan lo que ella representa. Su candidatura representa la entraña delictiva del gobierno de Alberto Fujimori – señalado por Transparencia Internacional como la séptima dictadura más corrupta del siglo XX en el mundo -, del que hereda buena parte de su equipo político y de campaña. En los tiempos más oscuros del fujimorismo, Keiko Fujimori era la primera dama. A los que protestan contra los fujimoristas no les convencen los cambios cosméticos que Keiko Fujimori y su equipo han hecho en los últimos meses en su lista de candidatos al Congreso o el discurso atemperado para la ocasión, menos autoritario. Se trata de puro marketing político.

Quienes protestan contra la postulación de Keiko Fujimori no sólo repudian esta herencia sombría. También sostienen que Keiko Fujimori no está preparada para asumir el gobierno del país. Su trayectoria profesional y política no demuestra que esté apta para ejercer una responsabilidad tan grande. Nunca ha trabajado, y su gestión como congresista no ha sido significativa ni productiva. En años recientes, se ha dedicado a su feudo – el "negocio familiar", es decir, su organización política, cuya dirección responde a consideraciones dinásticas – que le otorga una presencia mediática. Su único “activo político” es llevar el ADN del padre. Su presencia política se la debe a Alberto Fujimori.

Quienes protestan tienen en común el percibir la candidatura de Keiko Fujimori como peligrosa para el futuro de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cada uno de ellos tendrá seguramente alguna afinidad política, y habrá pensado a quién apoyar en las elecciones. Llamar “terruco” a quienes rechazan el proyecto fujimorista retrata muy bien la actitud que asumirían estas personas de llegar al poder: perseguir al opositor, estigmatizarlo y criminalizarlo. Oponerse al fujimorismo – a su juicio – no es un acto político: es un acto subversivo y delictivo. Eso también es violencia, por supuesto.

El antivoto es razonable en este caso. Es absurdo señalar que el voto negativo es intrínsecamente contraproducente o inmaduro; los periodistas que así opinan tienen expectativas se carácter político.  Sostener - como hacen algunos columnistas de los medios afines a los fujimoristas - que a los críticos del fujimorismo sólo los impulsa el odio" es un alegato infantil, que no puede ser tomado con seriedad. Los ciudadanos tienen derecho a decirle “no” a una candidatura que puede suponer un decisivo retroceso en cuanto al desarrollo de la institucionalidad, los derechos humanos y el cuidado de las libertades básicas. Quienes protestan contra el fujimorismo tienen sus propias afinidades electorales, pero tienen en común la defensa de la democracia. Esa es una buena razón  para protestar. No queremos quebrar nuestra democracia. Ese principio que quienes lucharon por la transición presidida por Valentín Paniagua asumieron como una prioridad nacional.

APOLOGÍAS DE LA VIOLENCIA

Gonzalo Gamio Gehri

Hace nueve días que el Portal virtual La Mula reveló que la artífice de la campaña violentista Chapa tu choro, y déjalo paralítico, es fujimorista y estaría en los planes de este grupo para lapostulación al Congreso. Más recientemente aún, los apristas le han hecho un guiño a esta campaña.  No es un secreto que este tipo de iniciativas pueden resultar interesante a una población que se siente impotente frente a la escalada de la delincuencia y a los insuficientes recursos que el Estado ha mostrado para detenerla y prevenirla con eficacia. No obstante, incitar a los peruanos a capturar a un ladrón, lincharlo y provocarle daños de por vida constituye una clara invitación al delito.

Con todo, esta propuesta no sorprende, y su manejo político es tristemente previsible. Nuestros políticos más conservadores – y los medios de prensa que les son afines – intentan instalar dos ideas básicas en la opinión pública: a) Todos los políticos son - en principio - corruptos; b) siendo ese el escenario, habrá que elegir al candidato que imponga “el orden y la autoridad”, a sangre y fuego. Eficacia más violencia manifiesta, esa es la fórmula. Este no es un mensaje nuevo: recuerden la emoción con la que nuestros políticos y periodistas evocaban la figura de Lay Fun, el perro que mató a mordiscos a un delincuente, y cómo un columnista neofascista solicitaba construirle un monumento. Hace unos días, un ladrón robó un celular y recibió una brutal golpiza. Es preciso estar alerta y prevenir el uso desmedido de la violencia (1). Una cosa es que la población se organice para vigilar el vecindario y denuncia cualquier amenaza, y otra promover el linchamiento.

No es de extrañar que sean el fujimorismo y el aprismo las organizaciones que celebran estas iniciativas y estas reacciones entre la población. Cabe preguntarse qué problemas podrían resolverse con esta  irresponsable apología de la violencia. Probablemente ninguno, no ciertamente el problema de la seguridad. Se trata de provocar una virulenta y riesgosa catarsis que puede traducirse en apoyos electorales a las candidaturas que la alientan. La política con vocación autoritaria se fortalece con esta prédica que sólo invoca el uso de la fuerza y no atiende las causas de la criminalidad. Se apunta sólo a la represión y no a la prevención del delito. Se opta por la demagogia y no por el trabajo de una política seria de seguridad en el marco de la legalidad democrática..

Esta clase de propuestas generan formas de visceralidad extrema en la población de las distintas localidades del país. En cualquier momento, transeúntes desprevenidos acabarán sufriendo esta improvisada explosión de justicia callejera. Se trata de una iniciativa muy peligrosa que encuentra un terreno fértil en la evidente desconfianza que manifiestan los peruanos frente a las instituciones que tienen la misión de defender la ley en las calles, así como en la incredulidad frente a la importancia de respetar los derechos humano,. Los medios observan – divertidos – cómo la población cede a la tentación de usar la violencia sin control oficial como método para enfrentar la delincuencia, y los políticos se frotan las manos pescando en río revuelto. El problema no es abordado con seriedad ni responsabilidad, importa más generar un discurso impactante que incendie la pradera. El tema del trabajo preventivo en temas de seguridad no se plantea siquiera como punto a debatir; nadie dice nada sobre las formas de violencia simbólica y estructural que propician esta situación de inseguridad. El Perú se convierte en una parodia del Far West, mientras que en el  escenario político el mensaje radical – “Déjalo paralítico” – se abre paso y gana nuevos adeptos.

(1) Véase sobre este punto, el artículo de Salomón Lerner Febres aparecido hoy en La República.

LUCHAR POR LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

La entrega del Informe Final de la CVR tuvo lugar hace doce años, y los ideales que motivaron la formación de la Comisión y la elaboración de dicha investigación permanecen vigentes: el esclarecimiento de lo sucedido durante aquel tiempo de miedo. La necesidad de reparar a las víctimas, demostrarles que su dolor es el nuestro, que su aspiración a la justicia es nuestra aspiración. Que somos ciudadanos de la misma comunidad política.  

Sin embargo, nuestras “élites” – numerosos políticos en actividad, algunos empresarios, jerarcas de la Iglesia, algunos militares en retiro – eligieron mirar hacia otro lado, no discutir el texto, o cuestionarlo sin leerlo. Recurrieron al poder que podían usar para bloquear toda posibilidad de que el Informe pueda ser debatido en las escuelas. Debatido, ese es el verbo. No se ha permitido que este texto – una investigación interdisciplinaria sobre veinte años de violencia en el Perú, que recogió cerca de diecisiete mil testimonios escuchando las voces de personas – sea estudiado y examinado a conciencia. La causa de la necesaria restitución de los derechos de las víctimas – la mayoría de ellas  no habitante de las ciudades peruanas ni hablante del castellano como idioma materno – no parece constituir una prioridad para nuestra “clase dirigente”: dicha tarea está lejos del círculo de sus intereses.

A menudo, nuestras “élites” han pretendido silenciar esta investigación tratándola con abierta hostilidad. Movilizando los medios conservadores contra ella, convocando a personalidades para declarar contra ella (desatendiendo el ámbito del argumento), para concentrarse sólo en el posicionamiento de los personajes cuya responsabilidad frente al conflicto – por acción o por omisión – había sido examinada por la CVR. El asunto de fondo, el desamparo de las víctimas, el estado de la defensa de los derechos humanos, la fractura de las relaciones sociales, se deja de lado, o se la cubre con el manto de los “temas políticos”. La cuestión de la verdad se soslaya. Parece ser lo habitual cuando se interpela a nuestras “élites”. Es lo que ha sucedido también con los ya verificados  plagios del cardenal Juan Luis Cipriani. Lo que importa no es denunciar o reconocer las malas prácticas, sino movilizar poderes para silenciar las justificadas críticas de los ciudadanos.  Pero lo real sigue allí.

Las tareas de la recuperación de la memoria han sido recogidas en otros espacios. Algunas instituciones de la sociedad civil: organizaciones de derechos humanos, injustamente maltratadas en otro tiempo. Algunas universidades, conscientes de su compromiso con el país y con la justicia. Contadas comunidades religiosas de distintas confesiones, contraviniendo el parecer de algunos de sus líderes, pero privilegiando su adhesión a la causa del cuidado de los más pobres y vulnerables. A todos esos individuos y grupos les inspira la idea de que no será posible constituir una genuina comunidad ni humanidad sino concentramos la mirada en la protección de la dignidad de quienes han sufrido y exigen justicia y escucha de parte de sus conciudadanos.

UN JUSTO HOMENAJE A SALOMÓN LERNER FEBRES

Gonzalo Gamio Gehri 

El día 17 la Pontificia Universidad Católica del Perú le rindió un justo homenaje al Dr. Salomón Lerner Febres – su Rector emérito – por sus setenta años de vida, de servicio al país y a la Universidad. Un hombre justo, que presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación de manera juiciosa y valerosa;  ha continuado luego su labor en lo relativo al trabajo de la memoria y la defensa de los derechos humanos desde el IDEHPUCP. Se ha publicado La verdad nos hace libres, en homenaje a su trayectoria: soy uno de los autores de los ensayos que componen ese volumen, editado por G. Gutiérrez, M. Giusti y E. Salmón.  Lo conozco desde hace muchos años, pero tuve la oportunidad de conversar con frecuencia con él desde los primeros años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a cuyo Comité de filósofos fui convocado en 2001. Este grupo se reunía una vez por semana para discutir los conceptos centrales de la justicia transicional y los estudios de derechos humanos.Desde entonces tengo el honor de trabajar junto a él y ser su amigo.

Este ha sido un espacio para recordar al maestro y al amigo. Su generosidad y la claridad de su pensamiento son conocidas en la PUCP, y se han puesto de manifiesto en los diversos cargos que ha tenido que ejercer dentro y fuera de la Universidad. Gustavo Gutiérrez ha destacado la gran contribución de Salomón a la causa de la justicia en el Perú y el Rector Marcial Rubio ha mostrado cómo la Universidad afrontó un notable proceso de modernización gracias a la labor de Felipe Mac Gregor y Salomón Lerner Febres. Ambos (y quienes trabajaron con ellos) han batallado para articular de manera  lúcida el compromiso con el quehacer científico, el pluralismo y el espíritu católico. Ambos se esforzaron porque la PUCP concentre su atención en pensar y actuar respecto de los problemas del Perú. 

Esta clase de aspiraciones y trabajos supone también enfrentar dificultades y resistencias. Salomón ha sufrido amenazas – incluyendo un cobarde atentado informático que recordamos en las redes, cuyas pruebas pueden ser revisadas -  de parte de los sectores que se sintieron severamente interpelados - o directamente confrontados -  por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Buena parte de la "clase política" y otros grupos de poder recibieron el informe con hostilidad. El texto recabó diecisiete mil testimonios de víctimas que no habían sido escuchadas, y que señalaron formas de violencia perpetradas por terroristas y por malos agentes del Estado. Verdades que nos cuestionan, que hay que afrontar si queremos construir una sociedad justa, establecer garantías de no repetición. Salomón se mantuvo firme en la rigurosa investigación que la Comisión elaboró. Ha afrontado estas situaciones con la entereza y la integridad moral que lo caracterizan. Ha asumido un compromiso expreso con el mensaje del Documento, con la exigencia ética de someter a discusión su mensaje. Sus escritos y trayectoria pública nos invitan  a no abandonar la causa del derecho irrenunciable  a la verdad y a la justicia que poseen quienes sufrieron violencia y discriminación. Su lucidez, coraje y perseverancia en tal situación constituye un ejemplo para los ciudadanos. La PUCP - su casa - celebra su vida y obra, dedicadas a la reflexión y a la acción en torno a las posibilidades de la justicia en el país. 

EL RACISMO, LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EL “REALISMO DE MERCADO”

Gonzalo Gamio Gehri

Increíble lo que ha pasado en la Universidad San Martín de Porres hace unos pocos días. Y la respuesta del Decano de la Facultad de derecho resulta aún más sorprendente. De acuerdo con lo señalado por una testigo del incidente, las autoridades de la Facultad consideraron pertinente tomar fotos en una clase en el contexto de la campaña de publicidad. La persona denunciante indica que, en medio de la clase, por disposición de las autoridades, “entraron 10alumnos blancos (da la casualidad que todos eran blancos) yse intercalaron conlos alumnos que estaban en el salón, luego procedieron a tomar las instantáneas”. Estos alumnos no eran parte de la clase. La alumna que comenta el hecho sostiene – con razón – que esta acción puede calificarse como racista. El incidente provocó una serie de reacciones y comentarios, que motivaron que el Decano, Ernesto Álvarez Miranda – ex presidente del Tribunal Constitucional  – escribiera una nota sobre el tema.

“No creerán que luego de haber presidido el TC resulto ser racista, pasa que para hacer publicidad a colegios de nivel B hay que ponerse en la mente y gustos de chicos y chicas de 16 años. No comparas planes de estudio ni corrientes jurídicas, sino que ojeas el folleto de admisión y eliges el lugar donde encuentras gente que quisieras conocer por los motivos más frívolos y superficiales. La publicidad eficaz es la que se pone en el lugar del público objetivo a la que está destinada. Las profes pidieron gentilmente intercalar a los chicos con chicas, y en el grupo había de diversos tipos y colores, por cierto. Disculpen si alguien se ofendió, la idea es que postulen más y mejores muchachos para seguir elevando nuestra posición en los rankings, y eso beneficiará a graduados, alumnos y profesores".

Es lamentable constatar la cantidad de prejuicios y estereotipos que presenta esta asombrosa respuesta. La nota empieza con una evidente falacia (la idea es “no puedo ser racista si he presidido el Tribunal Constitucional"). Se asume que “los colegios de nivel B” cuentan con estudiantes de un cierto “perfil”, y que en general la clase media está compuesta por personas de un determinado fenotipo. La alusión a los "mejores muchachos" es profundamente desafortunada, y sumamente grave en una Facultad de derecho, en una universidad cuyo patrono es san Martín de Porres - un hombre de bien víctima de discriminación racial - y en un país democrático y multicultural. El texto supone que los postulantes eligen presentarse a una u otra universidad sin tomar en cuenta alguna consideración académica o profesional.  El decano minusvalora a los alumnos escolares de una manera que resulta a todas luces ofensiva. Sostener que los móviles de los estudiantes para escoger universidad constituyen “los motivos más frívolos y superficiales" es, por lo menos, una generalización altamente discutible. No es la respuesta que uno espera de una institución que pretende ser formadora de la juventud.

Pero hay un asunto, si cabe, más grave. La USMP se precia de tener una prestigiosa Facultad de derecho. Se supone que la razón de ser de su existencia es la preocupación por la justicia en nuestra sociedad. La idea de introducir muchachos blancos en la clase como una estrategia de marketing refuerza prejuicios racistas que vulneran la dignidad y la igualdad de las personas y lesionan la democracia. Una universidad que respeta los derechos humanos – y que los concibe como algo más que normas y procedimientos puramente formales – no debe renunciar a formar el juicio de las personas, a educar, y a combatir cualquier forma de discriminación. Entregarse a las exigencias de la mera mercadotecnia incurriendo en prácticas racistas equivale a claudicar en la tarea de hacer pedagogía moral y política en la universidad. Las universidades no son meras empresas que por todos los medios se proponen competir para captar un buen número de estudiantes matriculados. El funesto decreto legislativo 882 – un decreto fujimorista – generó una peligrosa distorsión de la misión universitaria; fomentó la creación esos centros de dudosa calidad que invocan la existencia de una “raza distinta” (para citar otro ejemplo, especialmente patético) cuyos exponentes perciben toda transacción humana e institución desde la lógica de los negocios. 

No dejemos que las universidades abjuren de sus fines en nombre de meras motivaciones económicas. La universidad debe ser un espacio para la forja de una conciencia crítica que interpela las presuposiciones y  las prácticas que debilitan la cultura de derechos en el país. En el caso específico de la USMP, hay que felicitar la iniciativa de los propios alumnos de denunciar el hecho. La respuesta del decano sí preocupa, se esperaría alguna rectificación de su parte, cuando menos. El decano afirma que "los blancos venden", y que "nuestro mercado es así", sin importar lo nocivas que son estas suposiciones para la cultura de los derechos humanos. La apelación a un supuesto “realismo de mercado” – la aspiración a llegar a un determinado público para captar postulantes de aquel grupo social – no puede oscurecer un propósito crucial de una genuina universidad: construir conocimiento para formar una sociedad autoconsciente y justa, que defiende los derechos de todos sus ciudadanos. 

SOBRE RECONCILIACIÓN, JUSTICIA Y PERDÓN. OTRA NOTA SOBRE "LOS RENDIDOS"

Gonzalo Gamio Gehri

Quisiera discutir algunas ideas del texto de José Carlos Aguero - Los rendidos - que son bastante controvertidas y relevantes. Algunas ideas sobre la complejidad del concepto de víctima en los estudios teóricos de derechos humanos. La víctima es alguien que ha sido tratado con injusticia, de modo que su cuerpo y alma han sido dañados en circunstancias no deseadas por quien sufre sus efectos. Eso no significa que la víctima sea por sí misma una persona moralmente ejemplar; se trata en realidad de una persona concreta, que ha estado en el lugar incorrecto en la hora incorrecta. Se le han desconocido sus derechos básicos, se ha negado su identidad como ciudadano y su condición moral de individuo. La víctima no lo es por reunir ciertos estándares de pureza. Ha sucedido en la Alemania nazi, en la Rusia estalinista y en el Perú: los victimarios pueden convertirse en víctimas, las víctimas pueden convertirse luego en victimarios. Todorov lo ha explicado con rigor. podemos pensar en posibles casos hipotéticos. Condenados por delitos probados de terrorismo pueden encontrar la muerte en la represión de un motín en la cárcel. O un militar sentenciado por tortura que es víctima de un atentado subversivo. Esas muertes, no obstante, tienen lugar en un contexto de injusticia. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen delitos contra los derechos humanos. Un preso pierde el derecho al libre tránsito mientras cumple su condena, pero no ha perdido su derecho a vivir. Para la acción de la justicia es importante reconocer la condición de víctima y victimario cuando estas recaen en una misma persona, y deben ser consideradas y evaluadas de manera diferenciada, para asignar sanciones y ponderar reparaciones, cuando éstas son necesarias. Se trata de imputaciones distintas: ambas son valiosas en la medida que se trata de dar a cada cual lo que le corresponde[1].

“La víctima (…), está allí, aunque no se le quiera ver o se la descarte del lenguaje. En algún lugar del mundo alguien se conduele de un deudo de una guerra, en secreto. Quizá un vecino. Y quizá nunca lo sepas porque quizá calle toda su vida”[2]. 

Las víctimas merecen ver restituidos sus derechos, en los términos en que un ciudadano y una persona humana los posee. Tienen derecho a conocer la verdad acerca de lo que le sucedió a él o a sus seres queridos. Tienen derecho a la justicia, a participar de un debido proceso que esclarezca la responsabilidad de sus agresores, de modo que éstos reciban una sanción que corresponda a aquello que establece la ley. Tienen derecho a ser reparadas a partir de las medidas equitativas que determinan las instancias del Estado que se ocupan del ejercicio de este tipo de políticas de derechos humanos. Tienen derecho a recuperar su lugar en la sociedad, junto a los suyos, y continuar con sus vidas en paz. Una vez cumplido el proceso de duelo y habiéndose logrado los propósitos de la justicia y la reparación, quienes una vez sufrieron inmerecidamente violencia reasumen la conducción de sus vidas.

El rol de las víctimas en el proceso de reconciliación social es sin duda crucial. Se trata de un proyecto ético y político que se propone reconstruir lazos sociales lesionados por la violencia y construir una auténtica ciudadanía democrática. El perdón constituye una opción libre que puede afrontar la víctima si lo considera correcto: es esencialmente un acto voluntario, no una obligación. Es el camino que discierne el autor en este libro. Argumenta que el perdón implica asumir la actitud moral de “rendirse”, en el sentido de deponer una actitud de rencor y anhelo de revancha frente a los perpetradores – cuya necesaria sanción está en manos quienes hacen justicia en el ámbito público -; perdonar entregarse a los demás en una dinámica de escucha y acogida de los otros. No supone impunidad penal ni olvido. Implica memoria y justicia en todos sus niveles prácticos. El ejercicio del perdón es una figura existencial específica  – eminentemente práctica - al interior del horizonte más amplio de la reconciliación.

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[1] Esto significa que ninguna de estas condiciones elimina o “compensa” a la otra.

[2] Agüero, José C. Los rendidos. Sobre el don de perdonar. Lima, IEP 2015 p. 115.

REMEMORACIÓN Y RENDICIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

El historiador José Carlos Agüero acaba de publicar con el Instituto de Estudios Peruanos Los rendidos, un libro de veras importante. Un libro reflexivo y personal – es sin duda una meditación continua en primera persona – que plantea preguntas que probablemente nadie se atrevía a formular ¿Cuál es el estatuto moral de la víctima? ¿El victimario de ayer puede convertirse en la víctima de hoy (y viceversa)? ¿Heredamos las culpas de nuestros ancestros? M. Tanaka, S. Lerner Febres y N. Manrique han desarrollado interesantes comentarios a esta valiente y honesta obra. Me gustaría desarrollar algunas breves cuestiones, en estrecha conversación con el libro.

Agüero es un investigador sanmarquino experto en temas de derechos humanos. Trabaja actualmente para el ministerio de cultura, y colaboró con la CVR recogiendo testimonios de víctimas del conflicto armado. En este libro, revela una verdad que hasta entonces había guardado celosamente en su mente y sus afectos: es hijo de dos miembros del PCP-Sendero Luminoso, asesinados extrajudicialmente en El Frontón y en Chorrillos, respectivamente, durante dos etapas diferentes del conflicto. Agüero alterna recuerdos personales sobre su familia y la tragedia vivida por ella, con reconstrucciones de la historia del conflicto, que como académico y especialista conoce muy bien. El autor no rehuye los cuestionamientos más severos sobre sus padres, su militancia, su ideología – que critica sin apelaciones ni eufemismos – y actividades. Agüero es contrario al maoísmo de Sendero y del Movadef, y es perfectamente consciente del mal queque los grupos subversivos han producido en la sociedad peruana, incluyendo el ejercicio de la violencia sobre la población empobrecida y el ensañamiento sobre los cadáveres de sus víctimas. Conoce bien el carácter y alcances de los delitos del PCP-Sendero Luminoso. No obstante, intenta acercarse a la dimensión humana de los perpetradores de violaciones de derechos humanos- sean terroristas o malos agentes del Estado -, para comprender lo sucedido sin justificar ni avalar un ápice los crímenes cometidos.

Se trata de una empresa delicada y riesgosa – porque será sin duda malinterpretada por un periodismo, un sector empresarial y una “clase política” a los que no les interesa hacer memoria y revisar los estereotipos con los que trabaja a la base de su discurso cuando "hace política", pues creen falazmente que modificarlos implicaría claudicar en el terreno de las convicciones. Ni siquiera consideran de que una lectura más compleja del fenómeno – más lúcida y realista – podría llevarnos a extraer lecciones más hondas acerca de qué hacer para que sucesos como éstos no se repitan. La mayoría de nuestros políticos, de nuestros líderes empresariales y de nuestros periodistas no aprecia la conexión entre la “verdad” y la “justicia”. Contra esa violenta y autocomplaciente ignorancia se enfrenta el libro de  José Carlos Agüero. La estigmatización le viene mejor a nuestras "élites" que la revisión de sus supuestos. Es la actitud que asumieron con el documento de la CVR, y no han asumido una lectura seria de los textos de Carlos Flores Lizana y de Lurgio Gavilán.

El autor critica con razón que algunos estudios nuevos en materia de justicia transicional que debilitan la noción de víctima o prescinden de ella. Ellos abogan por “descentrar” las narraciones, o desplazar el acento de las mismas, de la experiencia del daño hacia el ejercicio de la ‘agencia’. Antes bien, Agüero aboga por complejizar el concepto de víctima, sin desestimar sus vínculos con el proceso que lleva de la víctima a su conversión en agente (proceso que lleva el nombre de “justicia”, por cierto). La reconstrucción de la memoria concentra parte significativa de su atención en el padecimiento de las víctimas, ciertamente; se trata de conocer el daño producido, y repararlo. “Porque en una guerra el daño es un tema central para comprender las relaciones”[1]. La condición de la víctima no es la de la “inocencia absoluta”, sino la del sufrimiento de la injusticia. Las víctimas son personas concretas, no ángeles.

Agüero se interroga acerca de si él mismo es una víctima. Sin duda, lo es. Se vio privado prematuramente de la presencia de sus padres, a causa de la propia decisión de éstos. Tuvo que enfrentar por años la espada de Damocles de la estigmatización. Ocultar su identidad, renunciar al duelo. El ser víctima implica insertarse potencialmente en la red del ejercicio del perdón, que hace posible el pedir perdón o concederlo libremente. Como se sabe, el perdón supone el cuidado del recuerdo y la práctica estricta de la justicia en diversos espacios sociales. No puede ser confundido con la amnistía ni con otra forma de olvido moral o político. No existe reconciliación en un contexto de impunidad. La víctima que perdona elige voluntariamente observar el pasado sin la presión del odio y de la amargura, pero no ha renunciado a la transformación de estructuras y mentalidades que exige el cumplimiento de la justicia en materia de rememoración, sanción y reparación.

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[1] Agüero, José C. Los rendidos. Sobre el don de perdonar. Lima, IEP 2015 p. 108.

NARRACIONES PARA RECORDAR

Gonzalo Gamio Gehri

El teólogo Carlos Flores Lizana – autor del importante libro Diario de vida y muerte (2008) – ha publicado Veinticinco relatos para no olvidar, editado por IDEHPUCP.  Es la compilación de historias breves y muy bien logradas en torno al tiempo en que el autor vivió en Ayacucho desempeñando una labor pastoral con la Compañía de Jesús, entre 1987 y 1991.

Las veinticinco historias reconstruyen el tiempo de miedo y dolor que vivió la población ayacuchana, golpeada por la acción terrorista del PCP – Sendero Luminoso y por la represión estatal. El libro destaca asimismo el heroísmo y la solidaridad de no pocas personas, en circunstancias en que muchos preferían mirar hacia otro lado ante los crímenes que se cometían. Se trata del testimonio de una Iglesia – concebida como comunidad de creyentes, en los términos del último Concilio – que supo oponerse a la violencia y denunciar el abuso, incluso cuando algunas autoridades políticas, militares y eclesiásticas no siempre prestaron la debida atención. Es un teólogo el que escribe, y pone los acentos en el aspecto biográfico y espiritual de los personajes del texto. El libro constituye un elogio de aquellos ciudadanos que desde la pobreza y la incomprensión optaron lúcida y firmemente por el camino de la paz.

Una lectura importante para quienes deseen acercarse con ojos críticos a una de las etapas más complejas de la vida de nuestra sociedad. El libro recurre explícitamente al mandato ético que plantea no olvidar como clave para reconstruir nuestros lazos sociales.  El texto añade al final de cada historia una guía de lectura del Informe de la CVR y algunas preguntas para examinar. Resulta una herramienta intelectual útil para debatir el tema en la escuela, así como en múltiples escenarios académicos y ciudadanos preocupaos por el derecho a la verdad.

(Imagen tomada de aquí),

REMEMORAR Y ACTUAR: MEMORIA CRÍTICA Y POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Una forma concreta de defender los derechos humanos y de educar la mente y el carácter de acuerdo con sus exigencias está constituida por la edificación de una ética de la memoria. Esta clase de reflexión moral y política formula su ejercicio en la necesidad de esclarecer los procesos históricos de violencia o suspensión del orden constitucional con el fin de conocer con rigor lo ocurrido, asignar responsabilidades, castigar a los perpetradores de delitos, reparar a las víctimas y establecer garantías de no repetición a partir de reformas institucionales y políticas educativas. Hacer memoria implica escuchar y contrastar el testimonio de quienes vieron conculcados sus derechos y libertades para que la  tome consciencia de la gravedad de la experiencia vivida y pueda tomar decisiones al respecto. Conocer estas vivencias e incorporarlas en la propia historia constituye una condición esencial para restituir a las víctimas sus prerrogativas como ciudadanos.

La recuperación de la memoria es una tarea pública, que convoca a todos los ciudadanos y no solamente a una élite. Quienes se han visto afectados por la violencia o por el bloqueo de libertades tienen algo que decir sobre el proceso de reconstrucción de los conflictos vividos. Los testimonios deben ser examinados y contrastados en la discusión en espacios compartidos del Estado y de la sociedad civil[1]. En este proceso cuenta tanto la narración de las experiencias como su validación o refutación en virtud de la argumentación y el trabajo con evidencias. A menudo – aunque no en todos los casos -, las tareas de la memoria son afrontadas en su fase inicial por las investigaciones de una Comisión de la verdad, que ofrece un informe interdisciplinario sobre los procesos de violencia para ser debatido por las autoridades competentes y los propios ciudadanos.

El ejercicio crítico de la memoria busca prevenir y combatir la injusticia, así como procura formar un estricto sentido de la injusticia que permita a los ciudadanos identificar la lesión de los derechos, así como participar en la denuncia y fiscalización de las conductas injustas. Esta forma de percepción ética alienta la convicción de que toda persona es un miembro de nuestra comunidad política, un ser dotado de derechos que requiere de mi acción solidaria si se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad e indefensión[2]. Ella se instala en el centro de una concepción de lo político basada en el reconocimiento de la igualdad y la libertad de los agentes, de modo que constituye una disposición fundamental para la defensa de una forma de vida específicamente democrática.

En ese sentido, el esclarecimiento de la memoria contribuye a hacer visibles a quienes se les desconoció ilegítimamente la condición de personas y de agentes políticos. Saber qué sucedió con ellos constituye un primer paso para que esta clase de daño no se repita; se trata asimismo de una primera figura de justicia reparadora[3]. Por eso es éticamente correcto hablar de un “derecho a la memoria”,  e incluso de un “deber de memoria”, en la medida en que el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas forma parte del proceso de superación de la época de violencia hacia el logro de una genuina cultura de paz. El ejercicio de la memoria no es sólo un derecho que invoca el individuo – conocer y dar a conocer lo ocurrido con él y con sus seres queridos -, sino también un deber que la comunidad política debe cumplir para convertirse en un sistema de instituciones libre e inclusiva.

El crítico Tzvetan Todorov ha señalado con acierto que por lo general quienes investigan en temas de derechos humanos distinguen con claridad cuatro papeles en el marco del relato de los episodios de violencia: en cuanto a la comisión de actos violentos,  la víctima y el verdugo; en cuanto a las medidas de reparación,  el benefactor y los beneficiarios. Con alguna frecuencia la asignación de tales roles es susceptible de controversia, pero la clase de valoración que se despliega sobre estos papeles no genera grandes dudas; simpatía por las víctimas y los beneficiarios, condena de los verdugos[4].  El obvio peligro de esta actitud es la simplificación y la oposición burda buenos / malvados. En una representación distorsionada de una sociedad que analiza su propio pasado conflictivo, la percepción de quiénes somos “nosotros” está asociada a la afinidad con la situación de las víctimas y las hazañas de los héroes. Del mismo modo, los criminales son evidentemente “ellos”, individuos desprovistos de calidad humana, asesinos que se comportan como depredadores sin consciencia. Y nos congratulamos de no ser ellos.

Esta mirada estigmatizadora echa a perder la dimensión pedagógica de la ética de la memoria. Calificar la conducta de los perpetradores como “inhumana” impide comprender lúcidamente las direcciones posibles del comportamiento humano y afrontarlas correctamente en la práctica desde las herramientas que ofrecen la política democrática y el derecho. Somos capaces de las acciones más nobles, pero también de los crímenes más siniestros, ello depende en gran medida de la calidad de nuestra crianza, de si hemos estado expuestos sin alternativa a la influencia de ideologías fundamentalistas y a circunstancias de desamparo y necesidad extrema. “Habría que dejar de considerar que el adjetivo “humano” es un cumplido”, sostiene Todorov, “aunque eso no quiere decir que debemos convertirlo en un insulto. Los animales matan para comer o para defenderse, y los hombres para protegerse de peligros que a menudo sólo existen en su imaginación o para poner en práctica proyectos surgidos de su cabeza”[5]. La promesa de la construcción de un paraíso en la tierra – cuando es formulada desde un espíritu integrista que no admite el cultivo de la discrepancia o del cuestionamiento – se torna en un discurso que avala la eliminación de personas y el ejercicio de la crueldad. La historia moderna deja constancia de cómo esta clase de utopía ha asumido raíces ideológicas distintas (desde la prédica del acceso de la nación a su “destino espiritual” hasta la lucha por edificar una “sociedad sin clases”) pero la misma lógica destructiva en el terreno de los hechos.

Primo Levi y Hannah Arendt han retratado muy bien la conducta de los operadores del mal en los campos de concentración. No se trata de “demonios” sedientos de sangre, sino de personas que actúan “normalmente” en diferentes espacios de la vida ordinaria, pero que se comportan como engranajes “eficaces” de un sistema que aniquila la vida y deshumaniza a sus víctimas[6]. Son funcionarios de auténticas fábricas de muerte y reducción a la esclavitud que han renunciado voluntariamente a pensar por sí mismos. Merecen nuestra condena y el castigo público que establezcan los tribunales, pero no debemos considerar que sus crímenes están fuera de lo potencialmente humano. Reconocer la aparente “normalidad” del cultivo del mal no implica adelgazar o relativizar nuestras distinciones éticas fundamentales – como aquella que establece la frontera entre el bien y el mal – sino que por el contrario, nos permite identificar con mayor perspicacia las formas sutiles y cotidianas en las que el mal puede presentarse en la vida de nuestra comunidad política y de nuestra especie. Esta capacidad de juicio y de percepción resulta fundamental para la tarea moral y política de enfrentar el mal, no con la esperanza de erradicarlo definitivamente – tal esperanza resulta vana en el mundo de los asuntos humanos – sino con el objetivo de denunciarlo, sancionarlo y prevenirlo a partir de los instrumentos con los que cuentan la ley y la acción cívica.

“Levi siempre ha rechazado la vía fácil de estigmatizar a los “malvados” como subgrupo de la humanidad totalmente diferente de nosotros. No. Los vigilantes, incluso los peores de ellos, no son monstruos, sino seres humanos tristemente corrientes, gente cualquiera transformada por las circunstancias. Por eso es ilusoria toda solución mediante el método quirúrgico de dejarlos fuera de forma radical. La causa de su decadencia no es su naturaleza, sino que “los habían educado mal”. Hay que entender aquí la palabra “educación”, en sentido amplio, que incluye no sólo la escuela, sino también la familia, los medios de comunicación, los partidos y las instituciones, y por lo tanto todo el sistema totalitario. Para los que viven fuera de él, pero desean eliminar todo lo que lo recuerda, la vía indicada consiste en poner en práctica una mejor “educación””[7].

El trabajo de rememoración de la violencia vivida ha de contribuir a la formación del juicio y de las actitudes de los ciudadanos, para evitar la instauración (o el retorno) de modos de pensar y de actuar para los que el ejercicio de la crueldad y la represión de las libertades sean prácticas cotidianas, “normales”. Por eso el testimonio de las víctimas resulta crucial. Constituye la piedra angular de una forma de paidéia. Efectivamente, la ética de la memoria busca educar a los ciudadanos en la idea de que todas las personas poseen dignidad y derechos que no deben ser conculcados. Lo que las víctimas narran es el relato de aquello que acontece cuando a un ser humano se le desconocen tales derechos. Se trata de hacer justicia y reparar el daño causado, pero también de orientar el presente a través de las lecciones que extraemos del pasado. Exploramos nuestro pasado reciente, y desarrollamos investigaciones comparativas con situaciones similares ocurridas en otros lugares y épocas históricas con el fin de aprender a reformar nuestras mentalidades y prácticas sociales para controlar y prevenir la irrupción de violencia ilegítima en los espacios de la vida pública y privada.

No se trata sólo de recordar el pasado, sino que ese recuerdo esté dirigido a desarrollar nuestras reflexiones y decisiones a la luz del proyecto de construcción de hábitos e instituciones basados en la observancia de los derechos humanos y los principios básicos de la democracia. La recuperación de la memoria esclarece la tragedia vivida para que ésta no pueda repetirse. Identificar las condiciones históricas de la violencia, clarificarlas en virtud de una narración rigurosa, pero también diseñar y poner en ejercicio políticas que transforme vuestras instituciones y mentalidades y promueva una nueva forma de vivir en comunidad. Porque hemos atravesado duros episodios de la historia en los que hemos denigrado a nuestros semejantes es que sabemos que la mejor forma de vivir juntos implica honrar la dignidad y la libertad de quienes viven a nuestro alrededor y comparten con nosotros diversos espacios sociales.

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[1] He discutido con detenimiento la idea de una ética de la memoria en mi libro Tiempo de memoria.  Gamio, Gonzalo Tiempo de memoria: reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional Lima, IBC, CEP, IDEHPUCP 2009.

[2] Cfr. Shklar, Judith N. The faces of injustice New Haven and London, Yale University Press 1988.

[3] Véase Vernant, Jean Pierre “Historia de la memoria y memoria histórica” en: Academia Universal de las Culturas ¿Por Qué recordar? Buenos Aires, Gránica 2002 p. 22.

[4][4] Todorov, Zvetan “La memoria como remedio contra el mal” en: La experiencia totalitaria Barcelona, Galaxia Gutenberg 2010 pp. 277 y ss.

[5] Ibid., p. 282.

[6] Arendt, Hannah Eichmann en Jerusalén Barcelona, Lumen 2003; Levi, Primo Los hundidos y los salvados Barcelona, El Aleph 1988; Levi, Primo Deber de memoria Buenos Aires, Libros del zorzal 2006.

[7] Todorov, Zvetan “El testamento de Primo Levi” en: La experiencia totalitaria  op.cit., p.272.