miércoles, 15 de marzo de 2017

LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA, LOS CONTEXTOS Y EL PASO DEL TIEMPO.


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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PERÚ Y EL “PLAN CÓNDOR”



Gonzalo Gamio Gehri[1]


1.-  La justicia, nosotros y el “Plan Cóndor” [2].

El 17 de enero último, un tribunal de Roma condenó a cadena perpetua al ex Presidente de facto del Perú, Francisco Morales Bermúdez, junto al ex ministro Pedro Richter Prada y al general del ejército Germán Ruiz Figueroa, además de cinco militares retirados de diversos países de América del Sur, acusados de colaborar con el llamado “Plan Cóndor” cuyo ejercicio implicó la eliminación de un grupo de ciudadanos argentinos de ascendencia italiana.  La noticia ha causado reacciones diversas en los espacios de opinión pública locales.

El “Plan Cóndor” era un operativo de inteligencia coordinado por un grupo de dictaduras militares sudamericanas durante los años setenta, consistente en la captura, tortura, eliminación y desaparición de miembros de grupos insurgentes y de políticos opositores a estos regímenes (recuérdese el caso Letelier en Chile). Aunque el régimen militar del Perú no era un “miembro fundador” del siniestro “Plan Cóndor”,  existen indicios contundentes de que él gobierno de Morales Bermúdez colaboró con esta operación. En cuanto a los hechos vinculados al caso que ha sido materia de juicio, se señala que los disidentes argentinos fueron capturados por agentes del ejército peruano para luego ser llevados a Bolivia. Nunca se supo más del paradero de esas personas. En esto coinciden asimismo las investigaciones del periodista norteamericano John Dinges y las del peruano Ricardo Uceda, autor del libro Muerte en el Pentagonito.

La noticia de la condena de Morales Bermúdez ha sido recibida con frialdad – sino con abierta irritación – por la prensa conservadora, aquella que precisamente se ha propuesto debilitar cualquier espacio para la reconstrucción de la memoria como condición para el logro de justicia para las víctimas de la violencia. Los argumentos bosquejados han sido muchos. La supuesta primacía de la “soberanía nacional” frente a cualquier exigencia de justicia global, aún en materia de derechos humanos. La presunta vocación de la ‘segunda fase’ del gobierno militar por el retorno a la democracia, en contraste con las restantes dictaduras de la región, que aspiraban a mantenerse en el poder. Se ha aludido también a la avanzada edad del ex gobernante.  Se pretende impedir que Morales Bermúdez, Richter y Ruiz asuman su responsabilidad frente a la comisión de delitos graves contra la vida y la libertad de los seres humanos.

Esta reacción no sorprende. Hace cerca de diez años, cuando se supo que el caso sería objeto de una estricta investigación legal por parte de autoridades italianas, y que la responsabilidad penal de Morales Bermúdez sería sometida a discusión, el entonces Presidente García, el entonces ministro de defensa Flores Aráoz y otras personalidades (incluyendo alguna autoridad religiosa) se pronunciaron en contra de lo que percibían como una injerencia extranjera en asuntos nacionales, en la medida en que los hechos investigados presuntamente ocurrieron aquí e involucraban a compatriotas.  Lo que se hacía evidente a partir de estas y otras declaraciones era que un sector significativo de nuestros políticos, eventuales funcionarios públicos y autoridades no estatales no alcanzaba a comprender – o no quería comprender – lo que significa el imperio de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, así como el universalismo moral que le subyace; universalismo que constituye un signo de civilización y de decencia pública.

2.- La trascendencia de los derechos humanos y el trabajo ético - político de la memoria.

Comienzo haciendo algunas pequeñas precisiones. Aquí no se trata de debatir en qué medida el ex mandatario haya dejado el poder impulsando un proceso de transición democrática en medio de una aguda crisis socioeconómica y política. O si existía o no  alguna afinidad ideológica entre la dictadura peruana y los feroces regímenes militares de la región. Tampoco se trata de discutir cómo se aplica una pena severa en materia de derechos humanos a una persona de edad avanzada, en el marco de la atención y el respeto de sus condiciones de salud. Hay una cuestión de principio, vinculada a la observancia universal de los derechos humanos, así como a la imprescriptibilidad de los delitos que los lesionan.

Así es. El modelo de justicia implícito en la defensa de los derechos humanos se propone trascender los espacios nacionales y el tiempo para cuidar de las personas, concebidas como seres intrínsecamente valiosos. Los derechos humanos constituyen herramientas sociales cruciales para proteger la dignidad, las libertades y el acceso al bienestar de los individuos, todos ellos bienes esenciales para llevar una vida plena. La idea es que no podemos negociar el valor de las personas, que ellas no pueden convertirse en simples “costos” en relación a la búsqueda de un objetivo supuestamente “superior”, el que fuere. No constituyen variables de cálculo utilitario. No existe meta superior para una democracia liberal que el respeto de los derechos y las libertades básicas de los individuos.

¿Quién garantiza este respeto? Por mucho tiempo, la respuesta fue exclusivamente “el Estado”, pensado como el encargado de hacer cumplir la ley y regular la vida social. Ordinariamente, es la entidad que cumple estas funciones, y las cumple bien en la medida en que se estructure conforme a las exigencias de una democracia constitucional  y cuente con la supervisión crítica de sus ciudadanos. Pero también hemos tenido la terrible experiencia de Estados que violan la legalidad y reprimen las libertades o vulneran la vida de sus pobladores y de ciudadanos extranjeros. Los Estados totalitarios han desarrollado diversas estrategias para acabar con individuos o con grupos de personas que consideraban incómodos, peligrosos o simplemente prescindibles para el tipo de sociedad que pretendían diseñar e imponer.

El caso de la Shoá perpetrada bajo el nazismo constituyó un hito en la configuración de la cultura de los derechos humanos y la forma cómo ésta debía sobrepasar las fronteras nacionales para cumplir con su propósito de proteger a los individuos en condiciones de indefensión y vulnerabilidad. La prioridad es la defensa de las víctimas, así como el combate y la prevención de delitos contra estos derechos. Con el tiempo, se ha construido alrededor del lenguaje y el sentido práctico de los derechos humanos una compleja y sólida red de instituciones y tribunales internacionales que hacen posible que personas que hayan visto conculcados sus derechos puedan denunciar a su propio Estado y a sus funcionarios si son responsables de lesión o recorte de los mismos -, para lograr justicia y reparación. De tal modo que personas que desde el ejercicio del poder han violado derechos humanos puedan ser procesados y justamente sancionados. No importa cuánto años hayan pasado, el tiempo no puede ser causa de impunidad. La captura de Pinochet a fines de los años noventa apuntó en esta dirección. La reciente  condena de Morales Bermúdez por un tribunal romano responde a una situación similar.

Pese al tiempo transcurrido, las víctimas de estos crímenes siguen luchando por ejercer su derecho a conocer la verdad de lo sucedido con sus seres queridos torturados, asesinados y desaparecidos durante una época de represión y terror. Ellas asimismo  invocan su derecho a lograr justicia, la cual que implica el castigo de los perpetradores y el resarcimiento de quienes padecieron injustamente un terrible daño físico y psicológico. Esta es una importante lección ética y política que es preciso recoger e incorporar a nuestro modo de pensar y vivir la justicia transicional. El trabajo de la memoria acerca de la violencia vivida y el cultivo de la justicia no sólo benefician a las víctimas y a su entorno, sino que contribuyen a mejorar nuestras diversas comunidades, en la medida que nos ayudan a establecer políticas de no repetición. Esta clase de procesos y decisiones nos recuerdan que el corazón de la cultura humanitaria es la idea moral de que no existen muertos ajenos. Todos son nuestros muertos, más allá de su condición y origen, y todos merecen que se les haga justicia.




[1] Doctor en filosofía por la Universidad de Comillas. Profesor de la PUCP y la UARM.
[2] Aparecido hace varios días  en Ideele Nº 267.

sábado, 4 de marzo de 2017

UNOS EXTRAÑOS DISCURSOS







Gonzalo Gamio Gehri


Hoy se llevó a cabo la marcha Con mis hijos no te metas. Se esperaba que convocara a una buena cantidad de asistentes. Desde hace mucho tiempo se ha podido constatar que muchos de los activistas de esta campaña – incluyendo los que alzan la voz en la calle, los que llevan las pancartas, etc. – no están enterados de lo que está en discusión, más allá de recitar slogans contra el programa escolar basados en el prejuicio y la ignorancia. Lo curioso del asunto es que muchos de los “oradores” de la tarde han aderezado discursos que ostentan no solamente torpeza y absoluto desconocimiento sobre estos temas, sino incluso falsedades y mera violencia. Desde señalar cosas absurdas como que “el gobierno quiere homosexualizar al país”, hasta atribuir a desastres naturales ocurridos en la región una motivación “moral” y “espiritual”; el rechazo del Ser supremo de la prostitución y la homosexualidad., o por aprobar el matrimonio igualitario. Revisen este enlace  (ver los videos).

El asunto es sencillo. La iniciativa del Estado en materia educativa se propone cimentar la igualdad de derechos, libertades y oportunidades en materia de género en un país en la que prácticamente no existe todavía una educación sexual razonable, un país en el que impera mayoritariamente el machismo, en el que son frecuentes los embarazos prematuros, la agresión contra las mujeres de temprana edad, incluso constituyen un problema grave los crímenes de odio por temas de género y orientación sexual. Edificar una sociedad democrática implica sentar las bases de la justicia en materia de género y el respeto por las diversas identidades. Esta iniciativa pedagógica ha sido saludada por la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones.

Pero un conjunto de movimientos ultraconservadores – algunos católicos, otros protestantes – han decidido tergiversar este tema, acuñando el término “ideología de género”, infundiendo la idea de que el currículo pretende confundir a los niños en materia de sexualidad, promoviendo la homosexualidad, y disparates de este tipo. Buscan sustituir el término “género” – una categoría socio-cultural – por el de “sexo” – que es biológico -. Lo acaba de indicar J. L. Cipriani. Pero “sexo” y “género” son cosas bien distintas. El sexo está determinado por la genitalidad y la disposición cromosomática. Uno nace varón o mujer por supuesto, independientemente de la orientación sexual. Pero el género – lo “masculino” y lo “femenino” – se construye socialmente. Lo que se espera de “lo masculino” y “lo femenino” no es invariable. En muchas culturas, sólo por poner un ejemplo no controversial, no se esperaba que una mujer fuese a la guerra o interviniera en la política. La cultura liberal se ha comprometido con la igualdad y la libertad en estos asuntos tan cruciales. La justicia entre los géneros es un asunto muy importante para la consolidación de la vida democrática. Desde una clave epistemológica, es una categoría crucial en las humanidades y las ciencias sociales.

Pero estos grupos de ultraderecha han fundado incluso un movimiento, “Peruanos por la igualdad” (?). Han proferido una serie de despropósitos sobre el gobierno, las izquierdas, la democracia, la igualdad. Una antología de lo absurdo e injustificado. Su vocero, Martín Santiváñez, sugiere que no debemos escuchar a los organismos internacionales que tratan estos problemas. Juzguen ustedes mismos leyendo en esta página. El hecho es que muchos grupos de ultraderecha pretenden dictar la política pública. Es una lástima que en lugar de realizar un debate sobre el tema recurriendo a evidencias y argumentos, estos grupos hayan optado por la agitación y la propaganda. Por eso esta clase de colectivos, cuando pretenden influir en el mundo del pensamiento, no suelen realizar este propósito desde el trabajo de las razones (véase la preocupación de Caviglia sobre la probable incursión del Sodalicio en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y sus estudios humanísticos).

Sustituir el término “género” por otro, o anularlo, sería nefasto desde el punto de vista del pensamiento crítico tanto desde el punto de vista de la existencia social. Queremos vivir en una sociedad dialogante y tolerante, sin discriminación ni violencia porque algunos estilos de vida no los aceptemos por prejuicio e intransigencia. A algunos sectores les altera que se sostenga algo tan obvio como que nuestra identidad personal (el Quién soy yo) se construya a través del tiempo. Después de todo, se trata de la trama de nuestras vidas. Se siente mucho temor a lo que es diverso. Eso no es nada sano, ni tampoco justo, aunque se trate de una actitud que enarbolen miles de seres humanos.   













martes, 21 de febrero de 2017

SOBRE EL INTEGRISMO “RENOVADO”





Gonzalo Gamio Gehri

Hoy concluí mis clases de verano en Estudios Generales Ciencias. La última parte de las clases se concentró en el libro de Richard J. Bernstein El abuso del mal. Allí el autor discute el discurso de la derecha norteamericana después del 11 de Septiembre, sumamente influido por el integrismo religioso y político, que tiende a demonizar y caricaturizar a sus enemigos, dificultando el combate que se ha entablado por ellos. George W. Bush decía recibir el consejo divino para tomar decisiones bélicas en el contexto de una “guerra santa”. El libro sostiene que esa actitud socava el espíritu democrático norteamericano, presente en el magisterio de los padres fundadores, en la primera Constitución y en el legado de los filósofos pramatistas, promotores de la deliberación práctica y el falibilismo.

Uno de los elementos más interesantes de esa investigación reside en la historia de la formación de la Nueva derecha cristiana – durante los años setenta y ochenta – y, como un movimiento suyo, la  llamada Mayoría Moral, un grupo ultraconservador formado por el integrismo protestante y un sector de la ultraderecha católica.  Ella buscaba recuperar la idea de un Estado dibujado desde los cánones del cristianismo más conservador, particularmente en las áreas de salud y educación. En el libro, Bernstein reseña los trabajos de Steve Bruce sobre este tema.  

Resulta interesante  constatar la forma en que estos grupos diseñaron un enemigo fundado en la simplificación y el prejuicio: se inventaron un “humanismo secular” que suscribía a la vez el “relativismo”, el aborto, el ateísmo y una serie de creencias a la carta del conservador. Una perspectiva inexistente a la medida de sus campañas. Me pregunto si esa experiencia ha sido llevada al Perú de alguna forma.  Es difícil evitar comparar la prédica rancia de la Mayoría Moral con los grupos conservadores que se movilizan contra el MINEDU y otras instituciones pedagógicas y científicas en relación con la igualdad de género. Sustituyan el “humanismo secular” por “la izquierda” o “ideología de género” y se harán un retrato bastante claro sobre el discurso y las estrategias de estos grupos. La idea central – que “existe una minoría poderosa que quiere imponer su agenda a la mayoría” – está prácticamente calcada de más de un discurso de la Nueva derecha cristiana.  El ideario básico – “provida”, “pro-moral” y “pro valores patrióticos” – también está presente en el lenguaje de la Mayoría Moral.  Las reflexiones de Bernstein y las de Bruce son interesantes en lo que respeta a la forma de cuestionar a estos movimientos. Una vez más el recurso al falibilismo puede ser muy útil.










viernes, 10 de febrero de 2017

LA ESTIGMATIZACIÓN DEL OTRO




Gonzalo Gamio Gehri[1]


A pocos días de iniciado su mandato como Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha decretado un veto migratorio contra siete países que cuentan con mayoría musulmana. La medida se propone en el contexto de la lucha contra el terrorismo. La fiscal general en funciones, Sally Yates, anunció que el Departamento de Justicia norteamericano no defenderá este polémico decreto, pues recae sobre él la sospecha de ser ilegal. Por emitir estas declaraciones, Yates fue removida de su cargo el último lunes 30 de enero.

No pocas personalidades políticas y especialistas en la materia, tanto locales como extranjeros, se han pronunciado públicamente en contra de esta decisión. Impedir el ingreso al país de personas en razón de su origen cultural, nacionalidad o religión constituye una forma de discriminación incompatible con el espíritu de la constitución estadounidense; se trata de una medida que además contraviene los principios básicos de la cultura de los derechos humanos. Esta decisión entraña una penosa forma de estigmatización de las personas, en tanto se identifica de manera injustificada la profesión de fe en el Islam con la posible práctica de actos terroristas, o con la afinidad con quienes los cometen. Esta nefasta práctica prospera en tiempos en los que sus usuarios promueven la ignorancia y el temor en un sector de la ciudadanía. Se confunde así el cultivo de la religión musulmana con el integrismo y con el ejercicio de la violencia.

Estigmatizar es marcar a alguien como objeto de desprecio y tratos crueles a causa de su pertenencia a un grupo social discriminado. La estigmatización supone la construcción de una imagen falsa y destructiva de la persona y de la colectividad, una imagen que mina su libertad y las expone a la violencia. El estigma se convierte en el único esquema interpretativo desde el cual el individuo y el grupo son descritos y evaluados, anulándose la posibilidad misma de conocerlos en profundidad y sin prejuicios. En el caso señalado, se hace abstracción de los notables aportes de la cultura islámica al desarrollo de las ciencias y de las artes, así como la contribución de los reinos de Al Andalus al cuidado de la tolerancia religiosa en sus dominios. Para quien orienta su vida desde el prejuicio, lo que importa es sindicar a todo creyente musulmán como un fanático, un enemigo.

La estigmatización es una herramienta para la deshumanización de las personas. La cultura democrática y el sistema de derechos ofrecen elementos de juicio y de práctica para combatirla, en la medida en que fundan sus instituciones y normas en la idea de dignidad y en el principio de autonomía. Se combate la idea de que existen religiones, culturas y estilos de vida que son intrínsecamente perniciosos y perversos, y que se pueda llegar a esta discutible conclusión sin esforzarse por conocer estas formas de pensar y de vivir, y discutir con ellas recurriendo a argumentos. Con frecuencia, grupos políticos y religiosos que se pronuncian en contra de las políticas de diversidad en materia de cultura y de género, invocan el principio de tolerancia para proponer que se admitan sus puntos de vista en la esfera pública. Como la filósofa norteamericana Nancy Fraser ha argumentado en un reciente escrito, tal invocación equivale a solicitar el “derecho” a excluir a otros grupos cuyos modos de pensar y vivir en verdad menosprecian. La autora señala que se trata de un alegato conservador completamente inaceptable. Una sociedad democrática no acepta la discriminación ni tolera la intolerancia. Y hace bien al conducirse así.

La estigmatización es causa de injusticia contra seres humanos concretos en circunstancias concretas. Pretender conducir la vida pública y guiar la política migratoria a partir de etiquetas falsas y destructivas resulta funesto para una sociedad democrática. Si queremos respetar la dignidad y la libertad de los individuos, debemos acercarnos a ellos procurando escuchar con atención lo que tienen que decir acerca de sus identidades, convicciones y aspiraciones. De otro modo, no podremos comunicarnos ni interactuar genuinamente en un marco ético-político de respeto y reconocimiento recíproco.


(Publicado La Periferia es el Centro)




[1] Doctor en filosofía por la Universidad de Comillas. Profesor de la PUCP y la UARM.

miércoles, 8 de febrero de 2017

¿’TODOS CORRUPTOS’?








Gonzalo Gamio Gehri


Los primeros resultados de la investigación sobre el caso Odebrecht que involucran al ex presidente Toledo resultan particularmente inquietantes. Un colaborador eficaz del caso habría revelado la recepción de una coima de varios millones de dólares. Se especula acerca de si se propondrá una orden de captura contra él en los próximos días.  Si se demuestra su culpabilidad, Alejandro Toledo tendrá que recibir un justo castigo por sus acciones. Se trata de un final triste para quien una vez capitaneó una importante  movilización contra el régimen corrupto de Fujimori.

Se sabe cuál será el tono del discurso político de las próximas semanas: algunos columnistas aseverarán que quienes otrora dividieron el país entre “corruptos” y “guardianes de la corrección política” se ha revelado artificial porque los supuestos “pontífices de la ética de lo público” se habrísn revelado corruptos. Esta distinción es obviamente espuria, y ha sido diseñada para ser caricaturizada por sus críticos conservadores. La idea que pretenden imponer es que “todos son corruptos”, y que no tendría sentido buscar en la “clase política” a quienes no lo sean [1]. Los olmos no producen peras. Entre nuestros políticos, hemos de buscar a los más “eficaces” y a aquellos que tengan más “autoridad” y “firmeza”. Aquel que robe pero que produzca “obras”. Esa es la mirada cínica, que se pretende falsamente “realista”.

Otros simplemente identificarán el quehacer político con la comisión de delitos de  corrupción y con la búsqueda de provecho privado. Habrá que alejarse de la vida pública, y aspirar a otros bienes (el trabajo, las relaciones afectivas, etc.), para preservar una vida proba y tranquila, sostienen. Esta es la mirada escéptica, que desalienta a los ciudadanos a intervenir en la política, e incluso a fiscalizar a los funcionarios públicos.

Es probable que los fujimoristas (y también algunos apristas que desconocen los primeros escritos de su fundador), opten por la primera perspectiva. Todos están cubiertos por el mismo lodo, podrían argüir. Como la corrupción no es patrimonio de ningún partido, entonces la acusación de corrupción se convierte en un lastre llevadero; entre gitanos no se van a leer las palmas de las manos. Habrá que considerar otros talentos, como la “eficacia” y la “severidad”. La invocación a la prepotencia no es impopular en una sociedad habitada por una seductora tradición autoritaria de sólidas raíces. Ese es el discurso desencarnado. No tenemos que aceptarlo. Es hora de refundar la política en el país. No se trata solamente de renovar los liderazgos en el sistema político – en el Estado y en las agrupaciones políticas -, lo fundamental es que la ciudadanía de la voz y rechace cualquier forma de condescendencia con la corrupción, actitud por la que apuestan los políticos en actividad que han conducido el país desde la década de Fujimori hasta hoy.

Este es el desafío ético y político que se plantea a la ciudadanía. La caída de los políticos no puede socavar nuestra fe en nuestras instituciones y en la acción política. Refundar lo público no equivale a 'regenerar' el país apelando a un mero “cambio de actitud” de la “clase dirigente”. Se trata de que actuemos nosotros, dado que somosla fuente de todo genuino poder público. Seamos agentes de cambio, ciudadanos en cuanto tales. Discutamos, propongamos proyectos razonables para el país. Demos razón de nuestra condición de actores libres, capaces de transformar nuestro entorno actuando en concierto. Somos nosotros – no ellos – quienes decidimos nuestro destino como miembros de una República.




[1] Cfr. El último artículo de Salomón Lerner Febres en La República - del día 3 de febrero - en el que critica dicha idea.

lunes, 30 de enero de 2017

APUNTES SOBRE LOS DERROTEROS DEL EXTREMISMO CONSERVADOR











Gonzalo Gamio Gehri

El triunfo de Donald Trump en la campaña electoral estadounidense ha desatado la consolidación de toda una corriente ultraconservadora en el mundo con una importante proyección hacia la opinión pública. Sentimientos de un nacionalismo exacerbado, reacciones contra el enfoque de derechos y de género, incluso gestos de aprobación ante las controversiales declaraciones de Trump sobre la pertinencia de las dictaduras de Hussein y Gadafi. Se convierte en usual el desafiar lo “políticamente correcto” – incluida la búsqueda del control democrático y el respeto por los derechos humanos – a la par que elogiar la firmeza y la “autoridad” de los líderes.  Y se sienten complacidos en medio de esos extraños aires de “heterodoxia”.

Los ataques verbales a los inmigrantes – aún a aquellos que en Europa y Norteamérica han sido acogidos por razones humanitarias - y a las minorías culturales y sexuales   En el discurso paleoconservador, se apela a la recuperación de la “civilización occidental y cristiana”, pontificando a favor de sus “principios eternos” y en contra de sus enemigos; en otras versiones, se recurre a razones de seguridad. En un reciente escrito, Nancy Fraser ha señalado cómo la invocación conservadora a “ser tolerados” equivale, en el terreno de las ideas y en el ámbito de las prácticas, a solicitar se les conceda el 'derecho' a excluir a las personas y a los grupos que consideran peligrosos, inferiores o contrarios a lo que supuestamente establece el “orden natural”. Es decir, procuran trastocar el propio principio de tolerancia.

En el Perú, este discurso basado en la violencia verbal y en la inducción al miedo ha estado presente por décadas de acción política autoritaria, reacia a tomar en serio las exigencias de los derechos humanos, la democracia deliberativa y las políticas inclusivas. Con esta nueva oleada europea y estadounidense, esta clase de léxico político y agenda ha encontrado su lugar tanto en los medios de prensa conservadores como en las redes sociales, en donde han florecido “portales de opinión de ultraderecha”, espacios antiliberales o tradicionalistas comprometidos con el fujimorismo y otros grupos radicales. Como el papel lo aguanta todo, para estos espacios, la izquierda local – en todas sus versiones -  es “proterrorista” y se organiza según estrategias polpotianas, Barack Obama es un “neomarxista”. Incluso algunos extremistas acusan al actual Papa de ser una suerte de “infiltrado de la izquierda internacional”.  Estas caricaturas extravagantes están en las redes sociales de extrema derecha.

Para los “líderes de opinión” conservadores, los peores años de la corrupción fujimorista no existieron, o han sido inventados por liberales e izquierdistas en el calor de una “campaña persecutoria”. La captación fujimontesinista de los medios de comunicación se ha convertido en sólo un molesto rumor del pasado. Para algunos de los columnistas de esa esos medios, el peligro mayor de la historia de la prensa en el Perú es la acción de un hipotético “soviet caviar” (sic). Lo curioso es que los presuntos campeones del “tradicionalismo político - religioso” tampoco es que puedan exhibir grandes logros académicos o periodísticos que desafíen la supuesta “colusión progresista”. Lo suyo son las teorías conspirativas, la apologética de sus compañeros y la queja más simplona y rancia. Su invocación a la “regeneración del país” a partir de la recuperación de los valores del cristianismo preconciliar y el liderazgo de las viejas “élites” – aquellas que precisamente han estado sistemáticamente de espaldas al país y su necesidad de justicia y democracia -, al carecer de sentido crítico y densidad conceptual, se convierte en vana retórica y  en vulgar tañido de campana. Su prédica solemne y marchita se manifiesta como un mero ejercicio criollo de demagogia y falta de creatividad.




jueves, 26 de enero de 2017

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA




Gonzalo Gamio Gehri

Toda institución humana guarda una relación particular con su entorno. La Universidad, desde sus inicios, ha discutido la naturaleza de sus vínculos con la sociedad, y si estos entrañan alguna clase de compromiso moral y político. Hoy, en tiempos en los que prolifera la llamada “Universidad-empresa”, concebida  como una asociación con fines de lucro – es decir, una organización que persigue fundamentalmente fines privados -, merece la pena examinar la cuestión de cómo las universidades entienden su propia proyección hacia la sociedad.

Lo primero que hay que considerar es el tipo de contribución que la Universidad hace a la sociedad a través de sus actividades y propósitos básicos. La función originaria de la Universidad es producir conocimiento y expresiones de sentido que puedan ser compartidos, examinados y discutidos por la institución y por la sociedad entera. La Universidad es una comunidad de investigación basada en el intercambio de argumentos y el trabajo sobre evidencias, juicios y formas de expresión. La Universidad es una institución académica y el cuidado de la razón constituye su elemento fundamental.

La Universidad también es un espacio para pensar críticamente la sociedad, sus prácticas y sus instituciones. Ella se dedica a examinar y discutir en qué sentido sus ciudadanos pueden o no acceder a una vida de calidad, una vida que supone el ejercicio de libertades básicas en un marco de justicia, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad. La Universidad es un foro público en el que se delibera sobre los conocimientos y las herramientas sociales que puedan generar un auténtico desarrollo humano y fortalecer el sistema de derechos. Es un escenario para la configuración del juicio cívico. A lo largo de los siglos, la Universidad ha sido la conciencia crítica del país. Esa proyección básica hacia la vida pública no debe perderse.

La construcción de ciencia, el ejercicio de pensamiento crítico y la formación ciudadana son bienes comunes, propósitos indesligables de la constitución de un nosotros, una comunidad política autorreflexiva y genuinamente democrática. A través del cuidado de tales bienes – que trascienden el estricto interés privado – la Universidad pone de manifiesto su sentido de responsabilidad frente al entorno social y político en el que habita. Los proyectos de voluntariado o acompañamiento desarrollados por los estudiantes y los trabajadores de la Universidad se enmarcan en el cuidado de los bienes comunes mencionados.


Pensar que la Universidad únicamente se propone instruir a futuros profesionales para insertarse eficazmente en el mercado laboral constituye un error; la capacitación profesional debe ser concebida desde la producción de conocimiento y la paidéia cívica. Los destinatarios de este trabajo formativo se sitúan más allá de las fronteras de la propia institución universitaria, son todos los ciudadanos. Estas consideraciones nos permiten recordar la visión de la Universidad – esbozada por el P Mac Gregor – como una “sociedad profética”, en un doble sentido: por un lado, una institución en la que los académicos y los ciudadanos anticipan y analizan los modelos de ciencia y sociedad que tomarían forma en el porvenir; por el otro, se trata de una institución que examina nuestras prácticas sociales, vínculos e instituciones a la luz de las exigencias de la justicia.