miércoles, 26 de abril de 2017

EN TORNO A LA PROPUESTA DE INDULTO: ¿NEGOCIANDO IMPUNIDAD?








Gonzalo Gamio Gehri

¿Qué está pasando en el Perú que diversos funcionarios del gobierno están sacando a la luz el tema del indulto a Alberto Fujimori?  Todo comenzó con la alusión del propio Presidente a la necesidad de “voltear la página” en clara alusión al fujimorismo. Parece haberse diluido la memoria de los crímenes que cometieron Fujimori y Montesinos. Se escucha por doquier la palabra “reconciliación” usada sin trasfondo alguno y como sinónimo de impunidad.

Hay quienes plantean que una medida como ésta favorecería el incuestionable conflicto al interior del fujimorismo. Los ‘keikistas’ no encuentran ningún aspecto positivo en esta decisión, pues verían debilitado el liderazgo de la ex candidata; los “albertistas” estarían accediendo a su objetivo máximo, liberar al ex presidente. Los más ingenuos consideran que ambas fuerzas podrían contrarrestarse mutuamente. No lo creo. No es difícil imaginar al fujimorismo reagrupándose tras el ocaso de algunos liderazgos de coyuntura, como los de quienes conforman la dirección de Fuerza Popular.

Considero que debemos trascender esos cálculos y no descuidar algunas cuestiones de principio. La prisión de Fujimori tiene un contenido simbólico trascendental. Significa que aunque alguien sea poderoso tendrá que responder ante la justicia si viola derechos fundamentales. Esta condena ha quebrado un cerco de impunidad que protegía a la “clase política” durante muchos años. Un indulto sería una grave señal para la justicia, una derrota para el régimen democrático. Fuera de un indulto humanitario por estado grave de salud del reo – justificado con evidencias ante una comisión de especialistas -, no cabe una medida como esa.

“Voltear la página” no es una buena idea si queremos honrar la memoria en torno a la injusticia en el Perú.  Se trata de erosionar el trabajo de la justicia y la conciencia cívica en materia de derechos humanos. Una democracia no se edifica sobre la base de la imposición de la impunidad y la condescendencia a cambio de favores políticos. Que se use la noción de “reconciliación” para legitimar esa clase de arreglos resulta inaceptable. El gobierno debería pensar en el funesto precedente que podría establecer en materia de lo que se puede someter a negociación política.



martes, 18 de abril de 2017

UNAS DECLARACIONES INACEPTABLES








Gonzalo Gamio Gehri

Las declaraciones de Justiniano Apaza sobre los comandos Chapín de Huantar y sobre el MRTA son lamentables e injustas. Ha señalado que los comandos no son héroes y ha deslizado la idea de que los subversivos condenados por terrorismo son “presos políticos”.  Tales expresiones provocan vergüenza.  El Congreso propone declarar a los comandos Chapín de Huantar “héroes de la democracia” y esta ha sido la infeliz respuesta del legislador del Frente Amplio.

Una cosa es sostener que debería proseguirse con las investigaciones acerca de si existieron ejecuciones extrajudiciales durante el operativo y tomar en cuenta las indagaciones de los tribunales internacionales de derechos humanos, para llegar a conclusiones acerca de si se cometieron crímenes y operaron grupos de aniquilamiento con conocimiento de las autoridades. Otra cosa es desconocer la labor de quienes cumplieron su deber en el desarrollo de una estrategia exitosa que salvó la vida de personas que habían sido tomadas como rehenes. El argumento del congresista no consistió en objetar el nombre de la distinción – “héroes de la democracia” -, pues no eran tiempos en los que existía democracia en el Perú (“héroes de la pacificación”, sería más riguroso); se descalifica la acción meritoria de los comandos.

Quien recuerde lo sucedido en el país durante el conflicto armado interno, conocen los documentos de la época y han leído el Informe Final sabe que el MRTA fue un grupo que practicó actos de terrorismo en los que se ejercía suma crueldad. Los casos de secuestro son escalofriantes. Las declaraciones de Apaza deben ser rechazadas por la ciudadanía, dada la ignorancia y el prejuicio que las anima. La actitud irresponsable - además de injusta - del parlamentario sólo alimenta los prejuicios y el espíritu macartista del conservadurismo mediático y político; nutre la imagen caricaturizada de una izquierda cívicamente miope e indulgente con el terror.  Una izquierda que no deseamos para nuestra sociedad.

Este tipo de expresiones perjudican severamente a la izquierda peruana, pues revelan tozudez, ceguera ideológica, mezquindad y desconocimiento. Es penoso que un parlamentario del Frente Amplio carezca de la lucidez y del juicio informado que requiere un político responsable. Ese tipo de convicciones no son compatibles con las ideas de una perspectiva progresista (tanto liberal como socialista y socialdemócrata) que el Perú requiere para fortalecer la democracia en nuestro país.


UNA BREVE ENTREVISTA SOBRE LA PHILÍA


Gonzalo Gamio Gehri


Hace unos meses, Punto Edu me hizo una entrevista sobre cómo se ha concebido el amor y la amistad en la filosofía y la literatura a lo largo de la historia. Un tema importante a considerar es si ese concepto del amor y de la amistad puede mantener su vigencia en el presente. Aquí está el enlace de la entrevista.

viernes, 14 de abril de 2017

ACERCA DE CRISTIANISMO Y POLÍTICA








Gonzalo Gamio Gehri

Hoy es Viernes Santo, una fecha crucial para los cristianos. Una fecha que – al menos en principio – tiene que ver con el dolor y la muerte. Pienso en el sufrimiento de las personas, y en las personas queridas que he perdido. Es una fecha que nos remite a las heridas del cuerpo y del alma de tantos seres humanos.

Son días que mueven a la reflexión, no sólo a los cristianos. Además de la fuerza simbólica de la cultura cristiana en occidente, uno se pregunta si se ha comprendido a cabalidad – en una perspectiva política – la importancia del principio de laicidad en una democracia liberal.  El Estado permanece neutral ante las cuestiones religiosas, pues su función consiste en la protección de las libertades y derechos de cada ciudadano, entre ellos el de creer o no creer. El Estado garantiza el trato igualitario de todos los agentes, y combate toda forma de discriminación, incluyendo aquella basada en el credo.

Este principio liberal no sugiere que la religión sea un asunto de relativa importancia. Todo lo contrario: porque se trata de un asunto de profunda importancia para la vida de las personas, debe ser abordado en condiciones de estricta libertad. Tampoco se trata de un asunto exclusivamente privado; la cuestión del sentido de la vida y el tema del espíritu constituyen consideraciones de interés social, corresponden a las iglesias y a las instituciones de la sociedad civil. Pueden tener relevancia pública en tanto puedan traducirse al lenguaje de los derechos (la “estipulación” de Rawls), como en el caso de la gesta de los derechos civiles y el discurso de Martin Luther King Jr.

Esta medida se propone consolidar un régimen político basado en la libertad y la igualdad bajo un ethos democrático. No aspira a confinar a los cristianos a “las catacumbas”, como sesgadamente alega un columnista. Esa suposición es absurda y revela desconocimiento sobre el problema de la separación entre la política y la religión. Los cristianos podemos dedicarnos a cultivar nuestras creencias en nuestras comunidades, y meditar sobre nuestras visiones de la justicia y la trascendencia. Podemos pronunciarnos sobre lo público en la medida en que nos expresemos con argumentos que todos los ciudadanos podamos entender, evaluar y someter a crítica sin cortapisas en los foros políticos. Es que el espacio público es un escenario en el que nos podemos interrogar sobre asuntos de significación común sin obstáculos. La religión tiene un lugar importante en una sociedad moderna, pero su locus propio no es el Estado.


miércoles, 5 de abril de 2017

EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL Y SU NEFASTO LEGADO











Gonzalo Gamio Gehri

Hace veinticinco años tuvo lugar el cuestionable e infortunado autogolpe perpetrado desde el régimen de Fujimori y Montesinos. Fujimori cerró el Congreso de la República – entonces conformado por dos cámaras -, e intervino el poder judicial y el ministerio público. La separación de poderes, un elemento esencial para preservar la salud de un régimen democrático, se quebró. El daño producido a las instituciones y al ejercicio de las libertades políticas fue enorme y todavía podemos reconocer sus efectos nefastos en diferentes escenarios de la vida pública. Se impuso la antipolítica y la conducción autoritaria del país favoreció la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

Efectivamente, el golpe de Fujimori contribuyó al envilecimiento de la sociedad peruana.  Consolidó una cultura autoritaria, promovió el célebre mito de “roba pero hace obra”, instituyó un estilo de gobierno basado en la prepotencia y el control de las instituciones.  Las votaciones del Congreso se decidían desde el Servicio de Inteligencia Nacional a través del beeper. Se compró a la prensa y se intentó desde ella difamar y amedrentar a los políticos opositores al régimen. Se usó el avión presidencial para trasladar cocaína. Se cocinaron procesos electorales fraudulentos. El escenario se fue tornando sombrío; los fujimoristas intentan justificar el golpe y legitimar diez años de dictadura y corrupción, pero no se puede soslayar lo que es evidente. Los hechos son incontestables.

Hoy los medios de ultraderecha – incluidos aquellos portales pro-mineros y paleo-conservadores – pretenden defender lo indefendible. No les cuesta trabajo alterar la historia recurriendo a burdos disfraces. El propio ex dictador pretende legitimar sus oscuras acciones indicando que “sólo se pueden hacer tortillas rompiendo huevos”. Por supuesto, él es el prepotente cocinero. Los peruanos fuimos los huevos rotos: algunos perdieron la vida, otros vieron recortadas sus libertades, otros fueron testigos de cómo el funesto fujimorato depredó el tesoro público y minó la institucionalidad en el país. Esa metáfora resulta siniestra y evidentemente autocrática. Sus palabras lo delatan.














domingo, 26 de marzo de 2017

100 AÑOS….



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Gonzalo Gamio Gehri


La Pontificia Universidad Católica del Perú ha cumplido un siglo de vida. Desde hace décadas, la PUCP se ha convertido en un foco de irradiación del pensamiento crítico y el pluralismo. Es una comunidad de investigación dedicada al cuidado del saber científico y las artes, el diálogo entre la razón y la fe, así como al estudio del Perú, de sus problemas y caminos posibles hacia el desarrollo integral, la justicia y las libertades políticas.

El viernes 24 se celebró este primer siglo de existencia con una lección inaugural impartida por Gustavo Gutiérrez, profesor emérito de la PUCP y padre de la teología de la liberación, contando con la presencia del Presidente de la República, el cardenal  Giuseppe Versaldi – nuestro nuevo Gran Canciller, quien además leyó una comunicación enviada por el Papa, saludando a la Universidad -, el Rector, los Vicerrectores y un auditorio compuesto por trabajadores, profesores y alumnos de la PUCP. Antes de la lección inaugural, nuestro Gran Canciller ofició una Misa, que contó con la colaboración de numerosos obispos y los teólogos de nuestra Casa de estudios, que han vuelto a las aulas. Tanto Gustavo Gutiérrez, como el cardenal Versaldi destacaron la convergencia entre el cultivo del pluralismo intelectual y ciudadano y el cuidado de una fe cristiana abierta al diálogo.

En los años transcurridos, primero como estudiante y luego como profesor de la PUCP, he sido testigo del serio trabajo de sus profesores e investigadores, de la preocupación por las personas – especialmente los grupos más vulnerables de la sociedad -, la disposición a escuchar argumentos diferentes, una inquietud permanente por la verdad y por el logro de la justicia, la disciplina del concepto y la búsqueda de consensos basados en el uso de la razón. En las aulas encontramos un amplio abanico de perspectivas sobre la vida pública: liberales, socialistas, libertarios, socialcristianos, socialdemócratas, liberales conservadores, etc. Cada una de estas perspectivas es bienvenida en un espacio de libertad académica y tolerancia en la que se trabaja con el argumento y con la evidencia. Sus estudiantes, egresados y académicos cultores de todas aquellas visiones del mundo y de la sociedad se sienten orgullosos de pertenecer a esta ‘sociedad profética’, para usar la expresión de un antiguo Rector.

La PUCP ha salido adelante enfrentando situaciones difíciles. Hoy es reconocida por los rankings locales y por el juicio de la opinión pública como la Universidad más prestigiosa a nivel nacional. La Universidad y la Santa Sede han logrado un acuerdo “consensuado y definitivo” que honra la autonomía y la estructura democrática de la PUCP en un marco de diálogo permanente con la Iglesia. El trasfondo de este acuerdo está marcado por el servicio que la PUCP ofrece al país y a la Iglesia. El sentido de fraternidad y la alegría, presentes en las acciones y los discursos del padre Gutiérrez, del Rector y de  las autoridades eclesiásticas – así como el iluminador saludo del Papa Francisco -  ponen de manifiesto la común vocación por la verdad, el trabajo fraterno y el pluralismo. Una institución académica comprometida con la democracia, los derechos humanos y con la búsqueda del saber. Un feliz centenario a toda la comunidad universitaria..



miércoles, 15 de marzo de 2017

LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA, LOS CONTEXTOS Y EL PASO DEL TIEMPO.


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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PERÚ Y EL “PLAN CÓNDOR”



Gonzalo Gamio Gehri[1]


1.-  La justicia, nosotros y el “Plan Cóndor” [2].

El 17 de enero último, un tribunal de Roma condenó a cadena perpetua al ex Presidente de facto del Perú, Francisco Morales Bermúdez, junto al ex ministro Pedro Richter Prada y al general del ejército Germán Ruiz Figueroa, además de cinco militares retirados de diversos países de América del Sur, acusados de colaborar con el llamado “Plan Cóndor” cuyo ejercicio implicó la eliminación de un grupo de ciudadanos argentinos de ascendencia italiana.  La noticia ha causado reacciones diversas en los espacios de opinión pública locales.

El “Plan Cóndor” era un operativo de inteligencia coordinado por un grupo de dictaduras militares sudamericanas durante los años setenta, consistente en la captura, tortura, eliminación y desaparición de miembros de grupos insurgentes y de políticos opositores a estos regímenes (recuérdese el caso Letelier en Chile). Aunque el régimen militar del Perú no era un “miembro fundador” del siniestro “Plan Cóndor”,  existen indicios contundentes de que él gobierno de Morales Bermúdez colaboró con esta operación. En cuanto a los hechos vinculados al caso que ha sido materia de juicio, se señala que los disidentes argentinos fueron capturados por agentes del ejército peruano para luego ser llevados a Bolivia. Nunca se supo más del paradero de esas personas. En esto coinciden asimismo las investigaciones del periodista norteamericano John Dinges y las del peruano Ricardo Uceda, autor del libro Muerte en el Pentagonito.

La noticia de la condena de Morales Bermúdez ha sido recibida con frialdad – sino con abierta irritación – por la prensa conservadora, aquella que precisamente se ha propuesto debilitar cualquier espacio para la reconstrucción de la memoria como condición para el logro de justicia para las víctimas de la violencia. Los argumentos bosquejados han sido muchos. La supuesta primacía de la “soberanía nacional” frente a cualquier exigencia de justicia global, aún en materia de derechos humanos. La presunta vocación de la ‘segunda fase’ del gobierno militar por el retorno a la democracia, en contraste con las restantes dictaduras de la región, que aspiraban a mantenerse en el poder. Se ha aludido también a la avanzada edad del ex gobernante.  Se pretende impedir que Morales Bermúdez, Richter y Ruiz asuman su responsabilidad frente a la comisión de delitos graves contra la vida y la libertad de los seres humanos.

Esta reacción no sorprende. Hace cerca de diez años, cuando se supo que el caso sería objeto de una estricta investigación legal por parte de autoridades italianas, y que la responsabilidad penal de Morales Bermúdez sería sometida a discusión, el entonces Presidente García, el entonces ministro de defensa Flores Aráoz y otras personalidades (incluyendo alguna autoridad religiosa) se pronunciaron en contra de lo que percibían como una injerencia extranjera en asuntos nacionales, en la medida en que los hechos investigados presuntamente ocurrieron aquí e involucraban a compatriotas.  Lo que se hacía evidente a partir de estas y otras declaraciones era que un sector significativo de nuestros políticos, eventuales funcionarios públicos y autoridades no estatales no alcanzaba a comprender – o no quería comprender – lo que significa el imperio de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, así como el universalismo moral que le subyace; universalismo que constituye un signo de civilización y de decencia pública.

2.- La trascendencia de los derechos humanos y el trabajo ético - político de la memoria.

Comienzo haciendo algunas pequeñas precisiones. Aquí no se trata de debatir en qué medida el ex mandatario haya dejado el poder impulsando un proceso de transición democrática en medio de una aguda crisis socioeconómica y política. O si existía o no  alguna afinidad ideológica entre la dictadura peruana y los feroces regímenes militares de la región. Tampoco se trata de discutir cómo se aplica una pena severa en materia de derechos humanos a una persona de edad avanzada, en el marco de la atención y el respeto de sus condiciones de salud. Hay una cuestión de principio, vinculada a la observancia universal de los derechos humanos, así como a la imprescriptibilidad de los delitos que los lesionan.

Así es. El modelo de justicia implícito en la defensa de los derechos humanos se propone trascender los espacios nacionales y el tiempo para cuidar de las personas, concebidas como seres intrínsecamente valiosos. Los derechos humanos constituyen herramientas sociales cruciales para proteger la dignidad, las libertades y el acceso al bienestar de los individuos, todos ellos bienes esenciales para llevar una vida plena. La idea es que no podemos negociar el valor de las personas, que ellas no pueden convertirse en simples “costos” en relación a la búsqueda de un objetivo supuestamente “superior”, el que fuere. No constituyen variables de cálculo utilitario. No existe meta superior para una democracia liberal que el respeto de los derechos y las libertades básicas de los individuos.

¿Quién garantiza este respeto? Por mucho tiempo, la respuesta fue exclusivamente “el Estado”, pensado como el encargado de hacer cumplir la ley y regular la vida social. Ordinariamente, es la entidad que cumple estas funciones, y las cumple bien en la medida en que se estructure conforme a las exigencias de una democracia constitucional  y cuente con la supervisión crítica de sus ciudadanos. Pero también hemos tenido la terrible experiencia de Estados que violan la legalidad y reprimen las libertades o vulneran la vida de sus pobladores y de ciudadanos extranjeros. Los Estados totalitarios han desarrollado diversas estrategias para acabar con individuos o con grupos de personas que consideraban incómodos, peligrosos o simplemente prescindibles para el tipo de sociedad que pretendían diseñar e imponer.

El caso de la Shoá perpetrada bajo el nazismo constituyó un hito en la configuración de la cultura de los derechos humanos y la forma cómo ésta debía sobrepasar las fronteras nacionales para cumplir con su propósito de proteger a los individuos en condiciones de indefensión y vulnerabilidad. La prioridad es la defensa de las víctimas, así como el combate y la prevención de delitos contra estos derechos. Con el tiempo, se ha construido alrededor del lenguaje y el sentido práctico de los derechos humanos una compleja y sólida red de instituciones y tribunales internacionales que hacen posible que personas que hayan visto conculcados sus derechos puedan denunciar a su propio Estado y a sus funcionarios si son responsables de lesión o recorte de los mismos -, para lograr justicia y reparación. De tal modo que personas que desde el ejercicio del poder han violado derechos humanos puedan ser procesados y justamente sancionados. No importa cuánto años hayan pasado, el tiempo no puede ser causa de impunidad. La captura de Pinochet a fines de los años noventa apuntó en esta dirección. La reciente  condena de Morales Bermúdez por un tribunal romano responde a una situación similar.

Pese al tiempo transcurrido, las víctimas de estos crímenes siguen luchando por ejercer su derecho a conocer la verdad de lo sucedido con sus seres queridos torturados, asesinados y desaparecidos durante una época de represión y terror. Ellas asimismo  invocan su derecho a lograr justicia, la cual que implica el castigo de los perpetradores y el resarcimiento de quienes padecieron injustamente un terrible daño físico y psicológico. Esta es una importante lección ética y política que es preciso recoger e incorporar a nuestro modo de pensar y vivir la justicia transicional. El trabajo de la memoria acerca de la violencia vivida y el cultivo de la justicia no sólo benefician a las víctimas y a su entorno, sino que contribuyen a mejorar nuestras diversas comunidades, en la medida que nos ayudan a establecer políticas de no repetición. Esta clase de procesos y decisiones nos recuerdan que el corazón de la cultura humanitaria es la idea moral de que no existen muertos ajenos. Todos son nuestros muertos, más allá de su condición y origen, y todos merecen que se les haga justicia.




[1] Doctor en filosofía por la Universidad de Comillas. Profesor de la PUCP y la UARM.
[2] Aparecido hace varios días  en Ideele Nº 267.