EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL Y SU NEFASTO LEGADO

Gonzalo Gamio Gehri

Hace veinticinco años tuvo lugar el cuestionable e infortunado autogolpe perpetrado desde el régimen de Fujimori y Montesinos. Fujimori cerró el Congreso de la República – entonces conformado por dos cámaras -, e intervino el poder judicial y el ministerio público. La separación de poderes, un elemento esencial para preservar la salud de un régimen democrático, se quebró. El daño producido a las instituciones y al ejercicio de las libertades políticas fue enorme y todavía podemos reconocer sus efectos nefastos en diferentes escenarios de la vida pública. Se impuso la antipolítica y la conducción autoritaria del país favoreció la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

Efectivamente, el golpe de Fujimori contribuyó al envilecimiento de la sociedad peruana.  Consolidó una cultura autoritaria, promovió el célebre mito de “roba pero hace obra”, instituyó un estilo de gobierno basado en la prepotencia y el control de las instituciones.  Las votaciones del Congreso se decidían desde el Servicio de Inteligencia Nacional a través del beeper. Se compró a la prensa y se intentó desde ella difamar y amedrentar a los políticos opositores al régimen. Se usó el avión presidencial para trasladar cocaína. Se cocinaron procesos electorales fraudulentos. El escenario se fue tornando sombrío; los fujimoristas intentan justificar el golpe y legitimar diez años de dictadura y corrupción, pero no se puede soslayar lo que es evidente. Los hechos son incontestables.

Hoy los medios de ultraderecha – incluidos aquellos portales pro-mineros y paleo-conservadores – pretenden defender lo indefendible. No les cuesta trabajo alterar la historia recurriendo a burdos disfraces. El propio ex dictador pretende legitimar sus oscuras acciones indicando que “sólo se pueden hacer tortillas rompiendo huevos”. Por supuesto, él es el prepotente cocinero. Los peruanos fuimos los huevos rotos: algunos perdieron la vida, otros vieron recortadas sus libertades, otros fueron testigos de cómo el funesto fujimorato depredó el tesoro público y minó la institucionalidad en el país. Esa metáfora resulta siniestra y evidentemente autocrática. Sus palabras lo delatan.

10 DE ABRIL.../ SOBRE LA IDEA DE "RECONCILIACIÓN"

Gonzalo Gamio Gehri

Esta es la primera etapa del proceso electoral, falta una segunda etapa.  Tenemos un empate técnico en el segundo lugar. Definitivamente la izquierda ha recuperado una condición de fuerza política parlamentaria después de años de ausencia. Según los primeros conteos oficiales, Fuerza Popular y el grupo de Pedro Pablo Kuczynski serían los contendientes en la elección de junio.

Si este es el escenario, entonces el espacio de discusión va a situarse en el plano de la política antes que en el de las medidas económicas. Vamos a ver si PPK puede hacerse cargo de la agenda de los críticos del fujimorismo: institucionalidad democrática, derechos humanos, política anticorrupción, libertades básicas. Muchos de nosotros consideramos que su propuesta es una alternativa a la vieja opción fujimorista. Deberá asumir una posición más de centro en lo económico, recoger algunos elementos del mensaje de grupos más moderados, para contar con mayor apoyo en estos casi dos meses de campaña  que faltan. No sabemos si su discurso podrá lograr esa clase de flexibilidad programática. Esperemos que sea el caso.

La marcha de esta semana – que recordó el funesto autogolpe fujimorista y que rechaza la candidatura de esa organización – ha destacado que somos muchísimos peruanos los que no queremos una vuelta al régimen autoritario de la década de los noventa, y que estamos dispuestos a luchar contra esa alternativa con todas las herramientas que ofrecen las leyes y la democracia. Nos costó mucho a todos derrotar al fujimorismo y construir un proceso de consolidación democrática. Es preciso defender lo que se ha ganado en estos dieciséis años.

Resulta interesante percibir cómo los fujimoristas han usado en fechas recientes el concepto de “reconciliación” de una manera imprecisa y confusa, en términos de una especie de “vuelta de página”. Nadie parece haber reparado en ello. Se ha retomado una idea espuria de reconciliación, que supone la suspensión de la memoria frente a lo vivido en materia de legalidad y derechos humanos. Los pueblos no pueden reconciliarse sino se hacen cargo de su pasado con miras a tomar decisiones en el nivel de las mentalidades y de las instituciones. La mirada hacia el pasado está regida por la transformación del presente, pero se requiere de esa perspectiva anamnética. La amnesia moral y política  (y la vocación de impunidad) jamás reconcilian. Es preciso desenmascarar ese discurso vano y edulcorado. Sobre ese discurso no se construye ciudadanía ni comunidad política.

“VOX POPULI..”

Gonzalo Gamio Gehri

Expondré aquí una reflexión que suelo presentar en clase.  En tiempos de campaña electoral, la apelación “al Pueblo” – con mayúsculas – es moneda común. Los candidatos se conciben como preclaros intérpretes de sus intereses, sus necesidades, sus simpatías. Creen saber si a la gente realmente le interesa o no la hoja de vida de los postulantes, si  la gente valora o no si son transparentes en torno a la obtención de sus grados académicos, o toma en cuenta su trayectoria política, o considera significativas sus convicciones en torno a la institucionalidad y los temas de derechos humanos.

Con frecuencia se asume que el Pueblo tiene una (única) voz. Esa voz ‘tendría que ser’ incuestionable, casi infalible (¿?). Vox Populi, Vox Dei, reza el conocido refrán latino. Esa presuposición lesiona gravemente la democracia como idea y como forma de vida política. Efectivamente, la política democrática se sostiene en la pluralidad de voces que se expresan en argumentos y concepciones de lo que es correcto y compatible con el bien común, voces que se encuentran y se contrastan en los espacios públicos. No es el Pueblo el protagonista del régimen democrático, sino los ciudadanos, agentes que pueden exponer sus juicios en el espacio común, elegir autoridades  y ser elegidos como tales, arribar a consensos políticos o expresar disensos a través de los canales que señala la ley. Es por esto que la democracia no se funda solamente en las decisiones de las mayorías, sino también en la observancia de los procedimientos públicos, el seguimiento de la Constitución y las leyes, el respeto de los derechos de las minorías.

La comprensión del Populus en términos de unanimidad conduce a la disolución de la diversidad constitutiva de lo político (y de lo humano); el obvio riesgo es la tendencia al totalitarismo. El joven Hegel cuestionó acertadamente la idea de Rousseau de la “voluntad general” y su conexión con el surgimiento del Terror jacobino. Nada más lejano al espíritu democrático que el rechazo de las “voluntades particulares” y la persecución de quienes piensan de otro modo. Es preciso añadir que la apelación al Pueblo no ha sido extraña al proceder de numerosos tiranos y dictadores: todos ellos se han considerado portavoces de las mayorías. Si la “voz del pueblo” es la “voz de Dios”, entonces ellos son – pretenden ser – sus sumos sacerdotes. Todos ellos han dicho alguna vez “El Pueblo soy yo”.

A todo esto hay que añadir que todos los tiranos han sido en su momento “populares”; todos han llegado al poder en "olor de multitud", entre los aplausos de numerosos seguidores. Algunos pueden seguir siéndolo incluso después de perder el “trono” o de perder la libertad gracias a la sentencia de un tribunal independiente.La "añoranza del dictador" es un sentimiento que no es extraño en esta región; no faltan los individuos que asocian la concentración del poder con la posibilidad de eficacia y orden (la tesis de Ancton que advierte sobre la dimensión corruptora del poder absoluto no los moviliza a cuestionar sus convicciones ingenuas frente al talante autocrático de los presuntos “guías y líderes natos”)   Los regímenes autoritarios sólo pueden afirmarse con la complicidad de personas que renuncian gustosamente al ejercicio de sus libertades políticas, una tesis que se ha formulado en siglos diferentes por Etienne de La Boetie y Alexis de Tocqueville. Para decirlo en registro hegeliano, nunca hay señor sin siervo. Esta apelación a la Vox Populi alimenta nuestra “tradición autoritaria”. La precariedad de nuestras instituciones propicia tales actitudes y afecciones ‘(anti) políticas’.

Pensar la democracia desde sus raíces implica identificar y someter a una crítica severa estos modos de pensar y de actuar proclives al autoritarismo que a menudo se convierten en una suerte de nefasto “sentido común” que debilita cualquier sentido nítido de ciudadanía. No existe forma de vida democrática sin debate cívico, sin procedimientos arraigados en el Estado de derecho, y espacios  dialógicos plurales.

ANOTACIONES SOBRE HUXLEY Y LA DISTOPÍA

Gonzalo Gamio Gehri

Las distopías literarias retratan mundos en los que la capacidad de pensar se resiente o se proscribe. Mundos en los que los “valores” se asumen como dados, y no se discuten; sólo se “inculcan”. Pienso en el caso de muchos educadores que conciben la formación en ética de forma dogmática. Pienso asimismo en quienes sostienen que el desarrollo sólo se mide con crecimiento económico, innovación tecnológica y una educación que sólo pone énfasis en el cuidado de las “ciencias exactas”. Las humanidades sólo “cuentan cuentos”, según esa perspectiva tan sólidamente arraigada en el prejuicio. Este asunto me llevó a retomar los temas que examiné en un artículo sobre Huxley, - redactado en mis años de estudios doctorales - acerca de los vínculos entre el concepto de contacto humano y racionalidad práctica en la utopía tecnológica presentada por Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz, en la que se retrata el Londres del futuro como un mundo social sin vínculos sustanciales ni deliberación.

El trabajo mencionado desarrollaba una argumentación que seguía cuatro pasos. 1).- presenté una descripción de las concepciones epistemológicas y antropológicas que subyacen al mundo social “fordiano” descrito por Huxley, poniendo énfasis en la primacía de la racionalidad instrumental y la metafísica mecanicista. Intenté mostrar cómo esos compromisos conceptuales implican el rechazo de las formas encarnadas de discernimiento práctico y los lenguajes de contacto humano; 2).- intenté mostrar, en segundo lugar, en qué medida el impulso crítico de los personajes Bernard Marx y Helmholtz Watson genera una cierta rehabilitación de una comprensión neoaristotélica de la deliberación, la heterogeneidad de los bienes y el carácter constitutivo de las relaciones humanas en la configuración del agente ético; 3).- cómo la aparición del Salvaje en el hilo argumental de la novela permite la contrastación del lenguaje cientificista de Utopía tecnológica con nuevas formas de expresión del contacto humano en términos de la relación yo-tú; 4).-  finalmente, discutí la concepción fordiana de la experiencia de lo absoluto a partir de un examen de los pasajes finales de la novela, en la célebre conversación entre el Salvaje y el Supremo Interventor, Mustafá Mond.

El libro echa luces sobre la compleja represión de las libertades en nombre del “bienestar de la mayoría”. Como en 1984, la aspiración al ejercicio de la libertad es un rasgo incómodo y autodestructivo, una tendencia que puede combatirse en nombre de la “felicidad”. En ambos casos, los personajes deben luchar por defender su derecho a elegir y a discrepar.

LA ESPADA DE DAMOCLES

Gonzalo Gamio Gehri

Los más importantes líderes políticos peruanos están bajo sospecha de corrupción. Alguien podría decir que dicha sospecha ha permanecido omnipresente en la escena política peruana – a causa de la convicción popular de que quienes detentan el poder suelen recurrir a los bienes públicos para satisfacer sus intereses privados -, pero en este momento la mayoría de los potenciales candidatos a las próximas elecciones presidenciales están siendo investigados en virtud de situaciones que comprometen seriamente su imagen pública. Sobre cada uno de ellos pende una pesada y letal espada de Damocles, sostenida débilmente – como en el conocido mito griego - por el hilo de la crin de un caballo.

Alejandro Toledo no puede explicar convincentemente las compras inmobiliarias de su suegra, ni su próspero estado financiero, y cuando pretende hacerlo, queda sumido en un abismo de confusión y contradicciones. Es realmente una verguenza que el oficialismo pretenda protegerlo. Quienes lo apoyaban, pensando en que se trataba del candidato más próximo al programa de la transición paniagüista, difícilmente volverán a votar por él. Su imagen de demócrata y celoso combatiente contra la corrupción se va haciendo añicos.

Alan García nunca ha gozado de un poderoso prestigio en materia de respeto a los principios de la ética pública. Los temas de corrupción y violencia son su talón de Aquiles. Esa debilidad pesa sobre su imagen, a pesar de sus habilidades para la estrategia política. Ahora se evidencia que durante su gobierno se esforzó por indultar a una parte importante de la población carcelaria del Perú. Lamentablemente, en nuestro medio el indulto es una gracia que depende prácticamente de la exclusiva voluntad del Presidente de la República. Esto podría quedar en el terreno de la sospecha y el la acusación de negligencia y abuso en el ejercicio de una potestad casi monárquica si no fuera  porque las instancias judiciales ya han registrado testimonios e indicios que señalan que reos (entre los que se cuentan peligrosos narcotraficantes que actuaban en bandas) habrían pagado altas sumas de dinero a cambio de ser indultados o ver conmutadas sus penas. Ya ha perdido su libertad Miguel Facundo y el mismo destino podría alcanzar al propio ex ministro Pastor. Y las investigaciones podrían involucrar al propio ex Presidente García.

Los fujimoristas - por su parte - suelen asumir una actitud bastante cínica frente a los temas de corrupción, luego del hallazgo de los vladivídeos y el hecho que Fujimori se allanara respecto de los cargos de corrupción en su contra. Ahora parecen estar más que dispuestos a señalar la paja en ojo ajeno. No obstante, la propia Keiko Fujimori está siendo investigada en torno al origen de sus ingresos, la propiedad de la casa en la que vive, etc. Ya en el pasado habín surgido dudas acerca de los fondos que pagaron sus estudios universitarios y los de sus hermanos. Ella ha declarado – con un inexplicable tono de orgullo, hay que decirlo – que las contribuciones de su partido sostienen su estilo de vida, y que ella no trabaja. Quizá éstas sean las ventajas de estar al frente de una franquicia familiar con alcances políticos. En un escenario político profundamente personalista y autoritario, el líder suele acumular grandes privilegios y contar con la sumisión de sus adeptos.

El caso es que los más importantes líderes políticos están siendo duramente cuestionados por asuntos de ética pública y probidad personal. La sombra que se cierne sobre ellos es ciertamente densa: no se trata del “dilema de las manos sucias” de Michael Walzer, aquí no estamos ante un conflicto moral en que el político debe optar entre respetar un principio ético o sacrificarlo en nombre de una meta política importante en el contexto de una situación extrema; aquí hablamos de la simple y contundente sospecha de enriquecimiento ilícito, desbalance patrimonial, soborno, aprovechamiento delictivo del aparato del Estado y fechorías de este estilo.

Estos líderes políticos tienen mucho que aclarar, es más que evidente,  pero la pregunta es qué vamos a hacer los ciudadanos. Es cierto que la cultura de la trasgresión y de la impunidad está arraigada en la sociedad, y que somos nosotros los que solemos votar por estos personajes. Urge una reforma de nuestras prácticas y concepciones de la vida. Urge una transformación profunda de lo que significa la acción política entre nosotros, un desafío que involucra a la ciudadanía entera,  pues la "política" no es solamente lo que los "políticos" hacen o dicen que hacen. Los partidos políticos están capturados por el caudillismo a tal punto que no parece razonable esperar que esta sea percibida como una buena ocasión para renovar los liderazgos y renovar la política de una vez. Lamentablemente el escenario político partidario no muestra ninguna dimensión democrática que favorezca el surgimiento de nuevas generaciones de militantes con proyección hacia un puesto en el Congreso o acaso hacia alguna candidatura municipal o presidencial. Debemos reflexionar sobre nuestra posición frente a esta crítica circunstancia. 

Esta crisis nos interpela como agentes. Necesitamos una ciudadanía vigilante, dispuesta a pedirle cuentas a sus representantes y a señalar allí donde las autoridades exceden las potestades que implica el ejercicio de la función pública. Ciudadanos que no olviden con facilidad las irregularidades en la conducta pública de los candidatos. Ciudadanos  dispuestos a actuar como aujetos políticos, que no dejen la cosa pública solamente en manos de los políticos y de las autoridades elegidas. Necesitamos desarrollar coraje cívico y lucidez política. De otro modo, la política local seguirá brindándonos el patético drama del que hoy somos silenciosos  testigos.

LIBERTADES LIMITADAS

Gonzalo Gamio Gehri

El debate sobre el liberalismo ha asumido configuraciones nuevas. Alberto Vergara ha respondido recientemente a sus críticos, explorando la fecunda relación entre el liberalismo y el institucionalismo. Nelson Manrique se ha sumergido en un debate con una suerte de liberalismo militante desde un punto de vista ideológico, cultivado por Carlos Atocsa, Paul Laurent y otros, sobre el “modelo chileno”, discutiendo si los Chicago Boys avalaron o no la entraña sanguinaria y antiliberal de la dictadura chilena a cambio de una política de apertura económica, si existió o no una especie de 'alianza ideológica' entre el autoritarismo y el llamado "neoliberalismo", etc.

Manrique ha señalado desde sus primeros aportes al debate inicial que nuestros “liberales criollos” tienden a privilegiar los principios del liberalismo económico, y a darle una menor atención al plano político liberal (distribución del poder, democracia, derechos humanos, laicidad del Estado, etc.). En determinadas situaciones han sido claramente condescendientes con dictaduras funestas y regímenes autoritarios, como el caso de Pinochet y el de Fujimori. En principio, esa hemiplejia moral e intelectual es claramente antiliberal. No hay dictadura “buena” ni libertades básicas que sean prescindibles. La situación es tan patética como la del socialista que dice valorar la democracia pero que defiende el régimen tiránico de los Castro. Todo recorte ilegal de las libertades, todo atentado contra los derechos básicos de las personas – sea cual sea su origen o fuente de interés – debe ser rechazado en la perspectiva de una democracia liberal.

Los defensores de una supuesta “ortodoxia liberal” (la expresión suena a contradicción, por supuesto, pero sus apologistas tienden a promover la “pureza doctrinal” en sus canteras ideológicas y a identificar de manera militante el surgimiento de “focos heréticos” en otros foros) rechazan la primacía del aspecto político del liberalismo que detectan en posiciones como las de Manrique o Vergara. Incluso Laurent establece un injustificado - y francamente delirante - paralelo entre losdefensores del liberalismo político y la inaceptable solicitud de los miembros de Sendero Luminoso de una “solución política” frente a las condenas de losresponsables de la violencia vivida durante los años del terror subversivo y la represión. Absurdo, simplemente. El papel lo aguanta todo, lamentablemente. Pareciera que de lo que se trata solamente es de desenmascarar “socialistas” y “estatistas”, y denunciar “herejías” aquí y allá. Les aterra el “pensamiento de la manada”, y creen divisar sus manifestaciones fantasmales por doquier (divisar al "hereje" por todas partes, en eso los talibanes de derecha y los radicales de izquierda se asemejan de un modo inquietante).

Por eso considero que estos “liberales criollos” comparten una suerte de fe antes que cultivan alguna forma de pensamiento crítico; por eso su énfasis inquisitorial en la “pureza doctrinal”. Al renunciar al cuidado de la filosofía práctica, estos creyentes renuncian a lo más interesante y persuasivo del pensamiento liberal, empezando por la idea de autonomía y por el cuidado de la justicia distributiva. Confunden la valoración ético-política de las libertades del individuo con la perspectiva epistemológica atomista, y pretenden reducir los principios liberales al catecismo del mercado. Les cuesta reconocer el hecho evidente de que los planteamientos de Locke y Mill son esclarecedoras construcciones teórico-políticas que buscan cimentar un sistema de derechos y libertades individuales concernientes a la expresión del pensamiento, la tolerancia religiosa, la actividad económica y la elección del estilo de vida, entre otras importantes cuestiones. El liberalismo tal y como lo conocemos – no lo olvidemos – nació como un intento por resolver políticamente el terrible problema de las guerras de religión. Los liberales se han esforzado por siglos en combatir toda forma de integrismo ideológico y de despotismo. Autores contemporáneos como Isaiah Berlin, John Rawls y Richard Rorty han desarrollado con originalidad esta senda crítica.

Pero lo que realmente sorprende es la defensa a ultranza que hace este grupo “ortodoxo” de “la experiencia chilena”. Lo de Atocsa puede comprenderse como un intento por distinguir la labor de los economistas del prontuario asesino de los golpistas chilenos y quizás procurar diluir las responsabilidades de estos técnicos respecto de su colaboración con un régimen político a todas luces delictivo. Atocsa y Manrique han citado documentos de la época – lo que ha enriquecido notablemente esta controversia -, y es posible que su polémica continúe.  No pretendo intervenir en la discusión sobre Chile, sino examinar otro asunto que refuerza los cuestionamientos a la hemiplejia de nuestros “liberales locales”, un tema que fortalece aceradamente el punto esbozado por las columnas publicadas por Manrique desde que intervino en la primera etapa del debate sobre el liberalismo.  

Los críticos de Nelson Manrique dieron un paso más, uno que llama poderosamente la atención. Publicaron un texto de Carlos Sabino en el que se pretende justificar el golpe de Pinochet, y avalar la oscura aventura dictatorial de 1973 a partir de las supuestas “debilidades inherentes” del sistema democrático – sistema político que es descrito pobremente a partir de los principios de la soberanía popular y de la regla de la mayoría, prescindiendo de toda referencia a mecanismos públicos de distribución y contención del poder conocidos desde los tiempos de los griegos y romanos -. Esta es la vieja retórica de los "golpes inevitables" y de las "dictaduras benéficas", bien aderezada con curiosas descripciones de coyuntura. Una posición que ya los sectores democráticos chilenos de derecha e izquierda - tanto en la política como en la academia - se han encargado de cuestionar y refutar. Recuerdo la respuesta lúcida de Alejandro Foxley cuando se le preguntó en el Perú si el crecimiento económico sureño compensaba los tiempos de dictadura. "No lo sé. Si usted puede poner en un lado de la balanza las torturas, las desapariciones y la supresión de la democracia, y en el otro, manzanas y cobre, hágalo, sopese ambas cosas - ya que sugiere que es posible - y saque sus conclusiones. Yo no puedo hacer un cálculo semejante. Me repugnaría el sólo hecho de intentar hacerlo". Creo que esa es la respuesta de un auténtico demócrata.

Llama la atención cómo tan a menudo tantos presuntos liberales sacrifican gustosamente – en la teoría y en la práctica – las libertades políticas con el fin de asegurar libertades económicas. No parece incomodarles la explícita renuncia a las libertades cívicas o la pérdida del régimen constitucional; piénsese en los periodistas devotos de Hayek que florecieron en los noventa y callaron en siete lenguas los males del autoritarismo de Fujimori y Montesinos. Como he sostenido, quienes suscriben realmente esa amplia “familia de argumentos” liberales tienden a apreciar y a defender ambos frentes. El coqueteo y “trueque” entre el autoritarismo y el libre mercado es marcadamente antiliberal. Somete tanto a los “técnicos” (que suponen dominar una “ciencia”) como a los “ciudadanos” a una lamentable situación de servilismo ante el feroz tirano y a su corte de aduladores. Ya lo decía La Boetie en el siglo XVI: “esta obstinada voluntad de servir se ha enraizado tan profundamente que ya parece que el amor mismo a la libertad no es tan natural”[1]. Ya no se trata solamente de que esta actitud autoritaria prive de contenido la idea misma de un "espíritu liberal": el asunto es que esta actitud de silencio y complicidad conspira contra la vida y la dignidad de las personas y quiebra la libertad.

La respuesta de Foxley  no comulga con el aparentemente “celebrado” (y poco preciso a nivel conceptual) análisis de Sabino. Tampoco es compatible con las tesis de La Boetie y otros pensadores de la libertad. Los “liberales criollos” parecen mostrarse proclives a sacrificar la democracia si a cambio se cuenta con una economía más o menos “libre”. Sea como sea, el argumento central de Nelson Manrique en la discusión parece haber dado en el  blanco. La condescendencia de cierto “liberalismo económico ad hoc” – como el de estos escritores militantes, afines al “modelo chileno” - frente al autoritarismo resulta tan manifiesta como preocupante. Como se ha dicho, el pensamiento liberal brilla por su ausencia en nuestro medio.

---

[1] De La Boetie, Etienne  Discurso de la servidumbre voluntaria Madrid, Trotta 2008 p. 31.

EL LIBERALISMO POLÍTICO Y SUS ROSTROS

Gonzalo Gamio Gehri

Hace unos días, Nelson Manrique escribió el artículo Liberalismo y pseudoliberalismo, que apareció en La República. El texto se enmarca en el debate reciente sobre el liberalismo, y constituye una respuesta aguda y sensata a quienes – desde una perspectiva que quizá se proclama “ortodoxa” – critican que haya establecido una distinción entre “liberalismo político” y “liberalismo económico” como una operación estrictamente liberal. Esta distinción le permite cuestionar certeramente la atalaya ideológica en la que se sitúan quienes se mostraron condescendientes y silenciosos frente a gobernantes autoritarios y corruptos que – como Pinochet y Fujimori – combinaron la represión de libertades y derechos básicos con mercados abiertos; se trata de la misma posición de quienes hoy miran con admiración a China y Singapur. No existe nada menos “liberal” que las violaciones a los derechos humanos y la desarticulación de la democracia.

Me parece (aunque no tengo certeza de ello) que el artículo de Manrique es una réplica a un post de Paul Laurent, Los liberalismos de los no liberales, en el que acusa rudamente al propio Manrique y a otros de “desconocer” la verdadera matriz del pensamiento liberal, la presunta raíz económica de la ciudadanía liberal, etc. En general, en lo que respecta a las cuestiones fundamentales de teoría política, la invocación a una suerte de “pureza doctrinal” me preocupa y me resulta peligrosa: me parece una actitud muy poco liberal, me recuerda a la investigación de “herejías” de la inquisición colonial,  o a la estigmatización intelectual de los “revisionistas” por parte del totalitarismo estalinista y maoísta. El liberalismo requiere de una actitud  falibilista, incompatible con el denominado "espíritu de ortodoxia" y no consiste en una especie de "saber iniciático".  No encuentro intelectualmente edificante  discutir el “canon literario” liberal como si se tratara de una colección de textos sagrados. Laurent dice que John Rawls, Richard Rorty y Amartya K. Sen no son liberales; ante ello, yo sólo puedo mostrar extrañeza, no sólo porque no justifica su aserto, sino  porque se trata de autores que se cuentan entre los filósofos políticos liberales más importantes de los últimos cincuenta años (a los que habría que sumar el nombre de Isaiah Berlin y el de Judith Shklar). Si hacemos a un lado de la discusión el asunto de los elementos específicamente filosóficos de las ideas liberales, entonces algo anda realmente mal. El liberalismo descansa sobre una familia de argumentos que giran en torno a los derechos universales, la libertad individual, el pluralismo, la secularización de lo político y la autonomía racional. No reivindica ortodoxias, enarbola criterios inapelables de autoridad intelectual ni condena herejías. Precisamente, el liberalismo combate  el mundo cultural y sociopolítico en el que la vindicación de ortodoxias, autoritarismos y anatemas era moneda habitual.

La respuesta de Manrique me parece una buena manera de avanzar en este debate sin perder sus elementos centrales (1). Señalar simplemente las supuestas “heterodoxias” se parece mucho a la estigmatización ideológica y al desfile de etiquetas (como  “rojo”, “caviar”, “estatista”, “colectivista”) que encontramos cada día en periódicos como Correo y Expreso. En contraste, Manrique destaca que en América Latina la separación entre “liberalismo político” y “liberalismo económico” ha resultado fundamental para la consolidación de una derecha conservadora y autoritaria con la que muchos actores políticos y “líderes de opinión” están muy contentos. El pensamiento liberal – que suele valorar ambos frentes – brilla por su ausencia en la escena política peruana. Abrir un espacio para la política liberal no implica adoptar necesariamente un credo homogéneo y uniforme, sino tomar contacto real con la familia de argumentos antes mencionada. Es el exclusivo mercantilismo – políticamente conservador - cultivado por la derecha peruana (que sospecha sistemáticamente de la democracia y de los derechos humanos) el punto de vista que aspira a convertirse en una ideología monolítica y dogmática, que asegura acríticamente que las interacciones probadamente "libres" sólo brotan del mercado (o las emulan en otros contextos). Manrique sugiere –  en convergencia con Alberto Vergara – que muchas personas se comprometieron en el pasado con temas propios de la agenda de un “liberalismo intuitivo”, como el sufragio universal o la jornada de ocho horas. Es preciso  recordar que, hablando rigurosamente, lo político no es sinónimo de lo estatal. Se hace política desde el Estado y desde los partidos políticos, pero también desde las instituciones de la sociedad civil. 

Creo que no debemos olvidar la disposición antijrerárquica del liberalismo, su vindicación de laigualdad civil de los individuos. Por ello no sorprende que este debate se haya generado en torno a la medida discriminatoria, practicada por algunos clubes sociales, consistente en  asignar baños especiales a las empleadas del hogar. Sólo una sociedad lastrada por una herencia colonial tan poderosa podría experimentar problemas para reconocer – ver - el carácter antiliberal y antidemocrático de tal medida (que recuerda las políticas discriminatorias en los Estados Unidos antes de la lucha por los derechos civiles que convocó a Luther King y otros).  No obstante, a menudo los problemas prácticos son más complejos y requieren una aproximación conceptual más sutil. Las dos rutas metodológicas que ha emprendido la filosofía política liberal – la hipótesis teórica del contrato y la exploración hermenéutica de las fuentes históricas y culturales del liberalismo – no pueden disociarse de los principios de libertad e igualdad. Se trata de principios que muchas veces se relacionan de manera tensional (Berlin); el planteamiento y posible resolución de tales conflictos constituye una invitación al cultuvo de la deliberación pública (y a la construcción institucional). La cuestión de sus alcances constituye una fecunda área de discusión al interior de la filosofía práctica liberal.

(1) Quizá la lectura que hace Manrique de Hobbes pueda ser discutida con mayor extensión.


ANEXO:

Un Post de S. Caviglia sobre este debate.

MENTIRAS DE VERDAD (CARLOS GARATEA)

Carlos Garatea G.

Los dictadores tienen una particular relación con el lenguaje. Lo exprimen hasta convertir las palabras en cáscaras vacías de significados pero moldeables a los intereses de quien ejerce el poder. No les interesa el lenguaje por su capacidad de nombrar las cosas o de simbolizar el mundo sino por su capacidad para ocultar, mentir y tergiversar los hechos en beneficio propio. Nada es lo que es. El discurso autoritario crea otra realidad. Suele contener una obsesión por enemigos ficticios, una retórica triunfalista cargada de imágenes o de consignas mesiánicas, de adjetivos estridentes. Ese discurso confunde y da miedo.

Ancladas en esos discursos están por ejemplo la “Noche de los cristales rotos”, a inicios del nazismo, “los daños colaterales”, durante los bombardeos norteamericanos, y los “autosecuestros” y “autotorturas”, durante el fujimorato. Pero esos modos de expresarse no son exclusivos del Estado. Responden a una mentalidad que también puede manifestarse en la Iglesia, en organizaciones populares, sociales etc. En cualquier caso, han echado raíces en el país y salen a flote cuando uno menos lo piensa.

Lo prueban las respuestas que mereció el nutrido y espontáneo respaldo al padre Gastón Garatea. En el comunicado del Arzobispado se dice que no se suspende o prohíbe el ejercicio de sus ministerios “en otros lugares”. Esta frase fue luego presentada para decir que Gastón puede continuar con su ejercicio sacerdotal pero no en Lima y, claro, le queda el resto del país. Con ese razonamiento, los periodistas desterrados por Velasco debieron agradecerle por haberlos ayudado a internacionalizarse. Del mismo modo, quienes defienden la decisión han comparado al Arzobispo con un árbitro, con tarjetas amarilla y roja. Ningún favor les hace el ejemplo, salvo que el Arzobispo ya no sea un pastor de la Iglesia. El árbitro sanciona y excluye; el pastor debe unir, cobijar, incluir. Y, por último, ACI Prensa puso estos dos titulares “Sancionan a sacerdote por apoyo público a agenda gay” (11/5) y “Agnósticos e izquierdistas defienden fidelidad al Evangelio del P. Garatea” (18/5) que al día siguiente InfoCatólica convirtió en “La izquierda agnóstica y proabortista peruana sale en defensa del P. Gastón Garatea”. Los tres se refieren a un grupo de 1.200 personas, integrado por sacerdotes, monjas, católicos practicantes, rectores universitarios, directores de colegios católicos y cientos de hombres y mujeres, que se solidarizaron con Gastón. Los tres distorsionan, mienten, y señalan enemigos sin explicar por qué lo son. Dicho sea de paso: hasta la fecha nadie cercano al Arzobispado ha expresado una sola palabra sobre esta manera de informar.

Herta Müller dijo alguna vez que cuando el lenguaje es sometido a la presión del autoritarismo termina infectado y necesita tiempo para sanarse. Deberíamos atender esta observación. La historia reciente nos ha hecho perder la fe en las palabras. Se trizaron los significados y, con ellos, la armonía que necesitamos en un país tan diverso y complejo como el nuestro. El Perú debe aprender de convivencia y tolerancia. Si se mutila el lenguaje no habrá fe, ni ilusiones, ni país, sino mentiras, traiciones y exclusión.

(Publicado La República, Jueves, 07 de junio de 2012)

LOS INVISIBLES

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos meses, las palabras “progreso” y “exclusión” han sido evocadas una y otra vez en el discurso público. Los analistas políticos nos recuerdan una y otra vez que si algún mensaje claro ha transmitido la población en las últimas elecciones es que el crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, y no sólo a una élite de privilegiados. En parte fue este mensaje el que determinó que el corazón del debate político en el período de segunda vuelta fuese el tema de la vigencia y alcances del modelo económico; cada uno de los candidatos finalistas concentró su atención en mostrar a sus potenciales electores que preservaría este modelo, esforzándose por poner de manifiesto que lo pondría a funcionar incorporando políticas distributivas que llegasen a los sectores más empobrecidos del país.

Llama la atención que en esta discusión no se haya tocado realmente el tema de la preservación del modelo político como un asunto central. Estamos hablando de la vigencia de la institucionalidad democrática, en cuyo centro encontramos el sistema de derechos fundamentales, así como la exigencia de trato igualitario a todos los ciudadanos como horizonte normativo de las relaciones sociales. En una sociedad democrática, se rechaza de plano la violencia, el hostigamiento o la exclusión por razones de raza, condición socioeconómica, cultura, religión, género, hábitos sexuales, etc., y se toman en consideración las necesidades básicas que las personas requieren satisfacer para llevar una vida de calidad, esto es, una vida en la que existan espacios de elección del proyecto personal, acceso al bienestar, así como posibilidades de afiliación o participación política. A pesar de la precariedad de nuestra democracia, resultaría por demás insensato renunciar a estos principios que funcionan como ejes orientadores de la acción política.

Parte de la debilidad de la democracia se manifiesta en las enormes dificultades que afronta la sociedad para afirmar una genuina cultura de derechos en el país. Una cultura que se haya encarnado o formas de vivir y en políticas sociales concretas en materia de distribución y de reconocimiento. En el Prefacio a la segunda edición de Hatun Willakuy – la versión abreviada del Informe Final de la CVR – Salomón Lerner Febres señala que la Comisión describe “la coexistencia inarmónica de los distintos mundos sociales y culturales que componen nuestro país: imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que integran la sociedad peruana”[1], como parte del trasfondo social en el que estalla la violencia. Las La ausencia del Estado en vastos territorios de la sierra y la selva, así como la pervivencia de formas de desprecio y estigmatización social basadas en el origen, en el color de la piel y en la cultura constituyeron factores que propiciaron el surgimiento de ideologías fundamentalistas y totalitarias que desataron el conflicto armado más cruento que ha vivido el país en su etapa republicana. Por desgracia, estamos hablando de situaciones y prácticas que no han sido superadas o erradicadas del todo, gracias a la miopía de nuestra autodenominada “clase política” y a la indiferencia de no pocos ciudadanos. Muchos peruanos asumen como “dadas” o como “inevitables” diversas formas de exclusión y subordinación que son abiertamente contrarias a las formas de vida democráticas y que convierten a millones de peruanos en “invisibles” – en socialmente insignificantes – para el “Perú oficial” (urbano, hispanohablante y criollo). Ese penoso “sentido común” pone de manifiesto diferentes expresiones de violencia simbólica que lesionan y empobrecen las vidas de muchísimas personas en nuestra comunidad y promueven la impresión falsa de que la injusticia y las desigualdades son hechos cotidianos con los que simplemente tenemos que coexistir.

Nuestra República ha heredado sin duda una serie de suposiciones y prácticas coloniales que minan cualquier proyecto político serio centrado en la afirmación de una cultura de derechos. También se han instalado entre nosotros creencias autoritarias que conspiran contra una comprensión estricta del ciudadano como un agente político que puede actuar en el espacio público y convertirse en artífice de su propio destino. Es todavía poderosa la idea de que nuestra comunidad política requiere de “instituciones tutelares” – las Fuerzas Armadas o las organizaciones religiosas – que guíen a sus miembros y asociaciones por la ruta de la “rectitud” y el “desarrollo”. En una verdadera democracia los ciudadanos no necesitan tutores: todos los individuos son interlocutores legítimos al interior de la sociedad civil y de los espacios deliberativos con los que cuenta el Estado.

---

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.

UNA POLÉMICA CAMPAÑA

(PRIMERAS REFLEXIONES)

Gonzalo Gamio Gehri

El clima de la presente campaña electoral ya va mostrando signos de manifiesta convulsión. La presentación de las planchas presidenciales y las listas parlamentarias ya genera un ácido debate. La inclusión de Rey como postulante a la Vicepresidencia, y luego al guardaespaldas de Montesinos y a la enfermera de Fujimori en Fuerza 2011 ha generado cuestionamientos en los espacios de opinión pública. El martes 25 y hoy, La República ha destacado la noticia – en primera plana – que Sergio Tapia, abogado de "Camión" e impulsor del funesto Decreto Legislativo 1097, antiguo asesor de Rey y de Giampietri en el Ejecutivo, estaría vinculado a FASTA, un grupo ultraconservador de confesión neofascista. Habrá que esperar los resultados de la investigación (sobre las fuentes ideológicas de Sergio. Tapia, léase las notas de Gorriti y de Sifuentes).

La plancha de Luis Castañeda también ha sido objeto de controversia. Hace poco tiempo se destacó el tema de la contribución económica de la candidata Rosa de Acuña a la campaña de Solidaridad Nacional, en la que ella ha sido postulada para una de las vicepresidencias. El otro candidato a vicepresidente es Augusto Ferrero Costa, abogado que según algunas notas periodísticas estaría vinculado a la posición del cardenal Cipriani en el litigio con la PUCP. El conservadurismo político-religioso – sostienen no pocos analistas - se hallaría bastante cómodo tanto con una victoria del fujimorismo como con un eventual gobierno de Castañeda Lossio, tanto por la presencia de Rey como por la de Ferrero. Estaría jugando a dos ases, argumentan estos analistas, para lograr el respaldo político de su propia agenda. Los enfrentamientos en el APRA por la permanencia o la salida de Jorge del Castillo de la lista de candidatos al Congreso de la República no ha dejado títere con cabeza, al punto que se ha sacrificado nada menos que a la candidata presidencial, Mercedes Aráoz. La plancha de Toledo se concentra en su propio partido y la de PPK apenas se la percibe. Los ataques que se dirigen los tres candidatos más populares son cada vez de un calibre más considerable.

El debate acerca de propuestas todavía se echa de menos, y sabe Dios si tendrá lugar algún día. Probablemente los ciudadanos (a la sazón electores) tendríamos que exigir que tal discusión se lleve a cabo, que los slogans y las sonrisas fingidas ceda su lugar a la confrontación de planes de gobierno. Hasta ahora, los medios de prensa sólo han destacado los temas que pueden ser impactantes desde el punto de vista del periodismo amarillista: el asunto del patrimonio compartido o de la unión civil entre personas homosexuales – se le confunde adrede con el concepto de matrimonio (un tema que los autores políticos de estas iniciativas no han planteado ni examinado), probablemente para incendiar la pradera -, el aborto y la pena de muerte por casos de violación y asesinato de niños y sdolescentes. Por supuesto, ni siquiera se profundiza en las bases de estos temas polémicos. Las cuestiones sobre la cimentación y promoción de un sistema eficaz de lucha contra la corrupción y de defensa de los derechos humanos duermen – una vez más – el sueño de los justos. No nos sorprende, para nada.

UN QUINQUENIO REACCIONARIO (R. GAMARRA)

(Tomado de la página de Ideele)

Ronald Gamarra

El segundo Gobierno de Alan García ha agotado su ciclo: solo le queda medio año de poder. La primera mitad del año 2011 será de elecciones generales y retiro paulatino del alanismo; la segunda, de instalación de un nuevo gobierno, sin que por el momento sea posible asegurar quién lo presidirá entre los tres candidatos que lideran las encuestas hasta este momento: Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo; sin contar con la posibilidad, siempre actual en el Perú, de un outsider.

Más que un balance de la situación de derechos humanos en el 2010, conviene entonces hacer la cuenta y liquidación del quinquenio aprista en este ámbito.

Para decirlo en una frase: ha sido un quinquenio de clara tendencia reaccionaria. El Gobierno de Alan García representó la llegada al poder de un Presidente con pesadas deudas propias por violaciones de derechos humanos cometidas en su primer mandato, en las cuales está clara su responsabilidad política y queda por esclarecer debidamente su responsabilidad penal, como en el caso El Frontón. Por si fuera poco, en su segunda incursión gubernativa García se hizo acompañar por el vicealmirante Luis Giampietri como vicepresidente, también directamente involucrado en el caso El Frontón, representante del militarismo duro, desfachatado, antediluviano, y, a la vez, nexo y enlace con el fujimorismo en el seno del Gobierno.

En efecto, el alanismo recuperó y volvió a usar el lenguaje y los modos groseros del fujimorismo frente al activismo en defensa de los derechos humanos, intentando desandar lo avanzado en el periodo de la transición democrática impulsada por el presidente Valentín Paniagua y seguida con altas y bajas por Toledo. Consecuente con ello, mostró desde el principio hostilidad y desdén por la labor de la CVR, su Informe Final y sus Recomendaciones. Al mismo tiempo, promovió una atmósfera de acoso y enfrentamiento con las organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente. Como culminación, intentó imponer una agenda de impunidad para los violadores de derechos humanos del periodo de violencia.

No necesariamente el alanismo tuvo éxito en la aplicación de este programa reaccionario. Si, por un lado, la mayor parte de las Recomendaciones de la CVR siguen sin ser aplicadas, hubo cierto avance, aunque lento y tortuoso, en lo que atañe a las reparaciones colectivas y la elaboración del Registro Único de Víctimas, sin haberse llegado aún a indemnizar individualmente a ninguna de ellas. Es verdad, por otro lado, que el Gobierno tuvo éxito en su deseo de hacer a un lado el Plan Nacional de Derechos Humanos, primero cuestionando su legitimidad y luego excluyendo arbitrariamente, hasta hace unos meses, a los organismos de la sociedad civil del seno del organismo encargado de monitorear la aplicación del Plan, que expira sin haber sido aplicado.

El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe.

Y si bien el Gobierno se negó en principio a la construcción del Lugar de la Memoria, y pretendió aprobar por decreto una ley de amnistía haciendo pasar gato por liebre para dar impunidad a militares y policías juzgados por gravísimas violaciones de derechos humanos, llegando en varios aspectos mucho más allá que la Ley de Amnistía de Fujimori de 1995, luego se vio obligado a dar marcha atrás en ambos casos ante la creciente resistencia de la sociedad civil y la condena sin ambages de la comunidad internacional. Cabe destacar en una y la otra oportunidad la decisiva intervención de Mario Vargas Llosa en defensa principista de la democracia y los derechos humanos.

El juicio y sentencia de Fujimori es otro caso similar: la presencia activa de la sociedad civil ante un tribunal que pudo llevar adelante un proceso que todo el mundo reconoce como ejemplar por su independencia y respeto del debido proceso, logró un triunfo histórico, aleccionador para los dictadores y violadores de derechos humanos, y de hondo contenido cívico para los peruanos. No obstante ello, es evidente que al alanismo no le gustó el proceso y menos su resultado, y que concedió privilegios y ventajas inadmisibles al ex presidente primero reo y luego sentenciado, que hacen de su prisión un alojamiento dorado. No sería de extrañar que, en algún momento del tramo que le queda en la presidencia, Alan García le dé un indulto al cual Fujimori no tiene derecho, pero que le permitiría fugar mientras se impugna la legalidad del beneficio.

El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe, pues ha propiciado su intensificación y multiplicación, con un aumento exponencial de la pérdida de vidas. Más de cien civiles han muerto en estos conflictos bajo este Gobierno por acción de la fuerza policial. Pero también han perdido la vida decenas de policías, como ocurrió principalmente en Bagua, resultado del manejo deleznable de una crisis que no debió llegar tan lejos. Con este Gobierno también volvimos a conocer, luego de más de una década, casos de ejecución extrajudicial por parte de un destacamento policial que dio muerte, hasta ahora con impunidad, a decenas de presuntos delincuentes comunes en Trujillo.

¿Qué nos espera en el 2011? Lo fundamental está en quién gane la presidencia. Si gana Keiko Fujimori, tendremos todo lo anteriormente descrito y muchísimo más. Si el triunfo sonríe a Castañeda, es un enigma lo que haría en el ámbito de los derechos humanos, aunque cabe temer una inclinación autoritaria. Los antecedentes de Toledo son mucho mejores, sin la menor duda, pese a sus idas y venidas. Pero lo más preocupante es la fragmentación de la sociedad civil y su incapacidad para gestar una plataforma duradera y de gran convocatoria, su vocación suicida en ciertos casos, que lleva a la liquidación de esfuerzos que cuesta tanto trabajo levantar. En este panorama, viene a ser hondamente alentador el triunfo de Susana Villarán en las elecciones a la alcaldía de Lima, pues oxigena un espacio político largamente abandonado al caudillismo autoritario hoy predominante en nuestro país.

DE UNA MATRIZ AUTORITARIA

Gonzalo Gamio Gehri

Finalmente, el fujimorismo presentó su plancha presidencial. Keiko Fujimori para la presidencia, Rafael Rey en la primera vicepresidencia y Jaime Yoshiyama para la segunda. Se trata de una propuesta que – a juzgar por las monocordes declaraciones de su lideresa – sólo promete una especie de retorno a la década de los noventa - una época visiblemente autoritaria en lo político -, la impunidad del padre y un cada vez más tímido “deslinde” con las prácticas fujimontesinistas.

No pocos consideramos que los nombres en la plancha fujimorista permiten reconocer una toma de posición clara por parte de los candidatos señalados. Yoshiyama vuelve a la política luego de ser derrotado – en la década anterior – por Alberto Andrade en la carrera hacia la alcaldía de Lima. La inclusión de Rafael Rey en la lista hace explícito lo que hace mucho se sospechaba: la proximidad de Rey con el “espíritu fujimorista” y acaso la afinidad del conservadurismo católico (que representa políticamente) con el proyecto autoritario que encarnó el fujimorismo en los noventa. Ha asumido expresamente los puntos de vista del militarismo y del tradicionalismo religioso en cuestiones de derechos humanos, salud y educación, característicos de la derecha tradicional peruana. Su postura favorable al 5 de abril, su apoyo a la Ley de amnistía bajo el fujimorato, así como su encono contra el trabajo de la CVR y las políticas de derechos humanos en sus gestiones como congresista y luego como ministro, lo ubican ideológica y programáticamente muy cerca del fujimorismo y su agenda antiliberal y contrapluralista.

Iniciada la campaña, habrá que ver qué movimientos realizará la tienda fujimorista. Más allá de cierto sector del electorado que asume una actitud complaciente con los temas de la corrupción y los crímenes perpetrados bajo el régimen de Fujimori, a la vez que se siente seducido por el mito de la “eficacia”, la candidatura de Keiko tiene serias resistencias en otro sector de la opinión pública que recuerda bien las violaciones al Estado de derecho, los vladivideos y la precariedad de las instituciones democráticas en aquella década autoritaria. Muchos ciudadanos consideran que la candidata no exhibe ninguna credencial más allá del ADN Fujimori y la espuria promesa de una ilegal liberación del ex presidente; hasta donde se sabe, Keiko Fujimori no se ha destacado por su actividad legislativa ni por su asistencia al Congreso de la República, ni por la calidad de sus intervenciones. Su record parlamentario es controvertido. Mientras Luciana León – por poner un ejemplo de una parlamentaria no reconocida por sus habilidades retóricas - es identificada por su apoyo a leyes que favorecen las actividades artísticas y los espectáculos en el Perú, A Keiko Fujimori no se le asocia a ninguna iniciativa parlamentaria importante. No queda claro qué clase de experiencia política puede ostentar para tentar la Presidencia del Perú…fuera de las meras consideraciones dinásticas, claro está. Uno se pregunta si realmente las decisiones políticas de este grupo se toman en la Dinoes o en otro lugar.

En fin. No extraña que esta candidatura esté perdiendo fuerza, mientras que otras van creciendo. La pobreza del discurso, la carencia de ideas y el record negativo del fujimontesinismo están pasando la factura. Queda por evaluar la percepción de la ciudadanía respecto de los nombres que conforman esta lista presidencial. Mi opinión es que se va decantando una propuesta electoral que proviene de una manifiesta matriz autoritaria.

VIENTOS AUTORITARIOS EN LA SOCIEDAD PERUANA / MÁS COMUNICADOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

Mientras espero – sin mayor expectativa – el previsible penúltimo discurso presidencial de Alan García, recuerdo que hoy se cumplen diez años de la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización ciudadana que contribuyó decisivamente a la caída del régimen fujimorista. Como ha señalado agudamente Nelson Manrique en una interesante entrevista publicada el último domingo, Alejandro Toledo tuvo la lucidez de asumir el liderazgo de la marcha – convocada por diversos sectores de la sociedad civil y de la esfera política -, contando con el respaldo de los ciudadanos que entonces se movilizaban, y los políticos de oposición le brindaron su apoyo (dicho sea de paso, en su última columna, el inefable Martín Santiváñez arremete con insolencia desde el diario de los Agois contra Manrique, recurriendo al agravio personal, sólo porque el historiador cuestiona correctamente el militarismo existente en muchos de nuestros "rituales de Fiestas Patrias". Ese lamentable incidente confirma mi impresión de que el nivel de las columnas de Santiváñez es comparable al de La Ortiga: más allá de la grosería de uno y la huachafería del otro, en ambas columnas campea la más completa ausencia de argumentos, la vana altanería y la agresión más desencarnada). Hoy en día, gracias a los esfuerzos del APRA y de parte de la prensa de derecha, estamos asistiendo a un claro intento de “restauración conservadora”: los ataques a la CVR, a la PUCP, a los organismos de derechos humanos, al sistema anticorrupción del gobierno de Paniagua, las mentiras recurrentes en torno al “rebrote” terrorista, etc.

Diez años después de la Marcha de los Cuatro Suyos, el panorama político no deja de ser preocupante. Los sectores más autoritarios en la llamada “clase dirigente” – ojo, no sólo en la política – se están reagrupando y recuperando sus antiguas posiciones de poder, con el beneplácito y la colaboración del actual gobierno. Los avances del proyecto transicional son combatidos por el oficialismo y sus aliados. Los temas de justicia y ética pública brillan por su ausencia en la agenda pública. Las cuestiones de derechos humanos son hoy sindicadas como “izquierdistas”, las apelaciones a la diversidad cultural y a la tolerancia son tachadas de “relativistas”. En el plano de las mentalidades, los esquemas basados en las jerarquías e incluso en el prejuicio étnico, cultural y social se han fortalecido. Piénsese en las declaraciones presidenciales – así como en numerosas columnas de opinión – con motivo de los sucesos de Bagua. Ha reaparecido el viejo y cuestionable discurso sobre las “élites”. Salomón Lerner ha denunciado esta situación con singular claridad y energía:

“En nuestra patria las diferencias no son solamente eso: constituyen también pretextos para la preservación de un orden jerárquico cuestionable. Por ello, estudiar al Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significa vivir en una sociedad donde se presume como dato natural, y por ende innecesario de justificarse, la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. El proceso que examinamos fue, así considerado, el develamiento de nuestra propia constitución como sociedad enemistada consigo misma. Los recelos entre sectores sociales y culturales diversos y atendidos de manera muy desigual por el Estado; las presunciones altaneras de los poderosos sobre los excluidos; la vocación elitista de los poderes públicos, todo ello apareció como el sustrato de la violencia misma, como el fermento que ayuda a explicar – aunque de ningún modo lo justifique – el proceder atroz de los actores armados y la complacencia de ciertos sectores sociales con la violencia, según el lado del que ella viniera” ”[1].

Corresponde a los ciudadanos el tomar conciencia de esta situación, y ejercer la crítica contra el discurso y las prácticas fundados en la exclusión. Ellos prosperan allí donde impera el silencio y la inacción del ciudadano de a pie.

II

Llama la atención el comunicado de saludo que – a página entera – publicó El Comercio en la p. A 3, una carta de saludo al Cardenal Cipriani, firmada por empresarios cuya “línea” es conocida, y políticos en actividad en el gobierno actual y en el régimen de Fujimori. Y periodistas de una clara tendencia ideológica (Delta, Vargas, Prieto Celi, etc.), así como los abogados del Arzobispado en el litigio contra la PUCP, y algunos miembros del Opus Dei (uno se pregunta cómo entender la presencia de la firma de Javier Villa Stein, que no contribuye a garantizar la neutralidad del Poder Judicial ante un proceso judicial en curso). Es posible que el ‘saludo’ constituya un nuevo gesto frente a la PUCP, puesto que se señala expresamente el título de Gran Canciller que ostenta el Arzobispo de Lima. Se toca allí el tema de la trayectoria del Cardenal al frente de las Diócesis de Ayacucho y Lima. El lector – par a formar su propia posición sobre el tema – tendrá que contrastar los términos de ese documento con otras lecturas de las circunstancias evocadas. El Informe Final de la CVR y otras fuentes presentan estos hechos de un modo diferente, a partir de la exposición documentada de las declaraciones públicas de las autoridades mencionadas y sus acciones en torno a los temas relativos a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Se trata de un tema controversial en el que, mucho más que las expresiones de adhesión, cuentan los argumentos y las evidencias. Que el lector examine los documentos a su disposición y juzgue de acuerdo con los hechos. El Informe Final de la CVR exhibe documentos y argumentos que respaldan sus conclusiones sobre el controvertido papel de la jerarquía eclesial ayacuchana en esa trágica etapa de nuestra historia, el texto publicado en El Comercio solo declara las meras convicciones subjetivas de quienes lo suscriben. Yo tengo un juicio propio sobre el asunto, que el visitante habitual de este blog conoce bien. Considero personalmente que textos tendenciosos y racionalmente cuestionables como El Trigo y la Cizaña no pueden tapar el sol con un dedo, ni confundir al lector informado sobre lo ocurrido en aquellos años de dolor y violencia. La verdad histórica cuenta.

Con todo respeto, no entiendo esta saturación de comunicados de tendencia contraria a la Universidad y en clara alusión al litigio con la PUCP (son ya cerca de cinco y seis, cartas de autoridades eclesiales de Lima, algunos obispos, familiares, etc.). No puedo sino pensar que el documento de apoyo a la autonomía de la PUCP firmado por 300 académicos de enorme prestigio intelectual constituyó un duro golpe moral a quienes quisieran ver intervenida la Universidad. Una amplia mayoría de profesores, alumnos, trabajadores, así como las autoridades democráticamente elegidas en la PUCP queremos una universidad plural y moderna, que es la que nos ha formado. Esas formas de presión externa no prosperarán.

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.