LA ‘IDEOLOGÍA DE GÉNERO’ Y LOS PISHTACOS

Gonzalo Gamio Gehri

En estos días, el Perú está viviendo una verdadera asonada oscurantista. Un probable operativo  psicosocial en las redes genera pánico y virulencia en Huaycán. Se difunde el rumor de que operan en la zona traficantes de órganos, los llamados pishtacos, cuyas acciones habrían cobrado vidas humanas. Este rumor no se cimenta en ninguna denuncia ni investigación policial; sin embargo, un número importante de vecinos se movilizan y generan actos de violencia frente a la comisaría. Una mujer muere en este confuso incidente. En otros lugares de la ciudad, un grupo de personas de clara convicción paleo-conservadora religiosa y política, declaran que el Minedu ha elaborado un documento que pretende imponer la llamada “ideología de género” en la educación de los jóvenes. El hecho es que la currícula defiende la igualdad de género, el derecho de varones y mujeres a un trato no discriminatorio, equitativo en materia de oportunidades y libertades. El proyecto del ministerio está orientado a criticar los estereotipos que contribuyen a marginar a las mujeres y a generar incomprensión y violencia contra las minorías, como corresponde a una sociedad democrática y liberal. Sólo podremos vivir en democracia si se valora el diálogo y el respeto por la diversidad.

Ambas incidentes recuerdan los psicosociales perpetrados bajo el funesto régimen de Fujimori, y comparten entre sí ciertos patrones. 1) Se trata de “situaciones catastróficas” inexistentes; en ambos casos, habla el prejuicio y la falta de información. No hay pistachos, nadie está asesinando y robando los órganos de la población de Huaycán. El Ministerio no está promoviendo el ejercicio de una temprana sexualidad entre la niñez, ni está propiciando el uso de baños mixtos; eso sólo está en la mente de los críticos conservadores. Es simplemente absurdo. Leyendo el texto se despeja cualquier duda al respecto. 2) Esta clase de rumores infundados – que recurren a la manipulación de información en la red – está al servicio del ejercicio de la violencia, así como provoca una sensación de pánico y desconcierto a partir de la cual se propone  transmitir la imagen de que el gobierno padece síntomas de debilidad y no puede lidiar con el desorden, o que incluso lo propicia. 3) Intentan beneficiar a los grupos que prometen “mano dura” y una cosmovisión autoritaria y monolítica. Habrá que identificar a sus artífices, aunque ese discurso nos es familiar. Ya sabemos de qué organizaciones se trata.

Hoy el APRA y el fujimorismo intentarán censurar al Ministro de Educación. Aunque los temas son otros – los Panamericanos y las computadoras -, se sabe que los puntos fundamentales son los planes de estudio y el futuro de la Reforma universitaria. Para nadie es un secreto que dieciséis congresistas están comprometidos con los intereses de universidades que tendrían problemas para estar a la altura de los criterios que la Ley establece. Se sabe también que muchos de los columnistas que se desgarran las vestiduras por la “ideología de género” y que piden en los medios la censura del ministro son autoridades o docentes de aquellas universidades-negocio que son contrarias a esta reforma. Políticos y columnistas de opinión han intentado convertir al funcionario en una suerte de enemigo político, en sentido estricto. Es preciso prestar atención al modo en que estos personajes proceden cuando se trata de defender su agenda,  personal o corporativa, a expensas del país. 

JUEGO DE FUERZAS E INDULTO

Gonzalo Gamio Gehri

Diferentes personalidades de la política corriente y autoridades sociales – el Cardenal Juan Luis Cipriani y Alan García son las más saltantes – han dado declaraciones en favor del indulto a Fujimori. El tono de sus expresiones ha sido confrontacional. El propósito obvio de esta estrategiaes ejercer presión sobre el Presidente para liberar al condenado. Las simpatías fujimoristas de Cipriani son harto conocidas – incluso intervino en la campaña pasada apoyando de una manera poco sutil la candidatura de Keiko Fujimori – y su opinión era bastante previsible. El entendimiento entre el aprismo y los fujimorismo es ya un elemento a considerar a la hora de evaluar el juego de fuerzas político en el Perú. A Alan García esta posición le ha costado un alto precio, pues la atención de la opinión pública se ha desplazado hacia la extraña política de indultos y conmutaciones de pena en pro de narcotraficantes durante su gobierno. Se trata de un tema grave y complejo. Las investigaciones en torno a este asunto recién se inician.

El Cardenal Cipriani ha invocado otra vez, para justificar su posición en torno al indulto, una espuria noción de “reconciliación” asociada con el controversial “borrón y cuenta nueva”, una concepción que no es compatible con una lectura de esta categoría ética y política desde los trabajos de justicia transicional – lo cual no constituye una sorpresa -, pero es un punto de vista que tampoco resulta consistente con la interpretación teológica católica de la reconciliación. Considérese en la línea de pensamiento sobre este tema, por ejemplo,  la .exhortación de Juan Pablo II Reconciliatio et paenitentia y el estudio de la Comisión Teológica Internacional Memoria y reconciliación. La reconciliación no es una suerte de sereno reencuentro que supone silencio, olvido e impunidad: incluso el Sacramento de la reconciliación implica, paso a paso,  “examen de conciencia” (memoria crítica / verdad), “dolor de corazón” (arrepentimiento), “propósito de enmienda”, “confesión sincera” (testimonios) y “penitencia” (esto es, justicia). En este punto, la doctrina católica y los trabajos de justicia transicional parecen converger. Verdad y justicia son condiciones de la reconciliación.

Un indulto que no resulta justificado no puede contribuir con un proceso público de reconciliación. La información procedente de los médicos apunta a que el estado de salud de Fujimori no amerita un indulto humanitario. Los reflectores se concentran en la condición de Fujimori, pero nadie se pregunta qué piensan los afectados por las violaciones de derechos humanos respecto de los pedidos de Cipriani y García, que exigen una decisión inmediata sobre el tema, y que promueven la excarcelación del ex Presidente. Tampoco se reflexiona en torno a la cultura de impunidad que reforzaría el indulto de un reo que, según el informe médico, no se encuentra en una situación de salud que le permitiría acogerse a este beneficio humanitario. De todos modos, el Presidente es el que tiene la última palabra. Esperemos que decida sin verse afectado por esta clase de presiones. Tal y como está planteada la norma, desgraciadamente, el indulto se asemeja más a la figura de una gracia real que a una medida propia de una república. Es un problema que un mandatario en general tenga la potestad de conmutar penas y conceder indultos sin más justificación que la mera expresión de su voluntad.

Pienso que – en tanto el indulto humanitario no cuenta con una justificación médica – estas expresiones de presión sólo apuntan a promover la impunidad de Alberto Fujimori. En la medida en que la condición del  reo no cumple con las condiciones que exige el indulto humanitario – y no cumple -, Fujimori no debe recuperar su libertad.  Este es el punto. La condena de Fujimori pone de manifiesto un mensaje muy claro: ni siquiera un ex Presidente escapa del brazo de la justicia. Esta es una importante lección moral y política que los peruanos tendríamos que tomar en serio. 

“METERSE CON LOS MÁS GRANDES”

Gonzalo Gamio Gehri

Philip Butters – comentarista deportivo transformado recientemente en comentarista político – ha concedido una entrevista a Perú 21 en la que se pronuncia sobre la revocatoria a Susana Villarán. Interesante lo que dice, pues parece revelar las razones por las cuales existe un encono tan grande y visceral – entre los políticos y la prensa conservadora – contra la actual gestión municipal. Acaso da en el clavo (involuntariamente).

 “¿Tienes una animadversión personal por Susana? 

En absoluto. Villarán ha cometido muchos errores políticos imperdonables. Al enemigo, puente de plata. Uno no debe ingresar a un cargo público a fusilar al anterior. Si entras, entra a hacer; el alcalde es un ‘hacedor’. Luego se peleó con Alan García, alguien más grande que ella. De inmediato se metió con el Cristo del Pacífico y, al hacerlo, se enfrentó con los católicos del Perú. Seguidamente, por dar una ordenanza gay, continuó insultando a la Iglesia, pensando que así ofendía a Cipriani, cuando en ese tema hasta Bambarén piensa como el cardenal. Después se metió con Humala y apoyó a Santos. Y, como la torpeza no tiene límites, se metió con Fujimori: ella es alcaldesa de Lima, la gente la ha elegido para que mejore el transporte, para que las calles sean seguras, para recoger la basura, no para pelearse con otros políticos. ¿Sabes quién es la mejor amiga de Marco Tulio? Susana Villarán, pues, hermano (risas). ¿A quién le ha empatado Gutiérrez? A nadie. Los principales beneficiados con la revocatoria son él y Luis Favre (risas)”.

Butters no descubre la pólvora – dice algo que algunos periodistas han repetido varias veces – pero el tono virulento de su análisis es revelador. Villarán se ha metido con quienes, en su concepto, “no debía”. Ha investigado presuntas irregularidades en la administración de Castañeda Lossio, un pecado mortal que la ha enemistado con el grupo político del ex alcalde y con las corporaciones que lo apoyaban. No olvidemos las probadas conexiones entre Marco Tulio Gutiérrez y el entorno de Castañeda. Recordemos, asimismo, que fueron Fabiola Morales y Walter Menchola los primeros en deslizar la idea de que Villarán debía ser revocada, a poco tiempo de asumir el cargo. La alcaldesa ha osado cuestionar la pertinencia de la presencia del llamado “Cristo del Pacífico” en un espacio público, granjeándose así la animadversión de Alan García y de la jerarquía eclesiástica conservadora. Se ha atrevido a plantear reglas contra la discriminación por razones de sexualidad, enojando al cardenal. Y osó pronunciarse sobre el indulto a Fujimori. En resumen, se ha metido con quienes son “más grandes que ella”. Un alcalde debe ponerse un casco y un chaleco, supervisar obras. “Hacer” y no “hacer política”. No meterse con los “grandes”.

No creo que haya que descartar sin más la espontánea hipótesis de Butters. Finalmente, es cierto que el comentarista deportivo ha enumerado a los enemigos políticos de la gestión de Villarán: los fujimoristas, Alan García y su partido, Castañeda y los suyos, la ultraderecha religiosa y mediática. Ellos están implicados en la guerra sucia contra Villarán. Todos ellos han intentado consolidar la idea de que el gobierno municipal es ineficaz, sin dejar espacio para que el ciudadano se informe y verifique si esa tesis es falsa o no. El panorama político se hace más complejo si tomamos en cuenta que no pocos analistas pretenden imponer la idea de que en el Perú el “votante promedio” – ojo con el término – es solamente un sopesador de costos y beneficios, un elector ganado de modo inapelable por el “pragmatismo” (sic), un agente que decide a partir de las posibles ganancias antes que por la evaluación de principios. Ya discutiremos esta pintoresca tesis en un futuro post.

¿Villarán ha hecho mal en desafiar el considerable poder que ostentan los personajes mencionados? Estoy convencido de que no. En una democracia liberal no existen “intocables” ni posiciones privilegiadas por tradición. No existen “críticas sacrílegas” ni personalidades a las que no se les deba solicitar que rindan cuentas sobre sus acciones en el Estado. En este punto el gobierno de transición – en el que participó Villarán - tuvo una conducta ejemplar. No existe poder que no pueda ser cuestionado. Una autoridad pública puede (y debe) fiscalizar la gestión anterior si existen indicios razonables de irregularidades. Al interior de un Estado laico y en una sociedad democrática se puede discutir acerca de si es legítimo o no edificar monumentos de carácter religioso en el espacio público. El Estado peruano y la comuna limeña están al servicio de todos sus ciudadanos y vecinos, no sólo de los que son católicos que gustan de las imágenes novedosas. Del mismo modo, el municipio debe comprometerse con la lucha contra la discriminación. Y resulta legítimo cuestionar la posibilidad de un indulto de carácter político cuando este concierne a temas de derechos humanos.

Estas acciones constituirían “errores políticos imperdonables” en una sociedad confesional y arcaica, represiva del disenso y la crítica. En una sociedad democrática se trata de acciones compatibles con el proceder político propio de un Estado constitucional de derecho.

Está claro que el conflicto entre el No y el Sí tiene un poderoso (y explícito) contenido político. Es preciso que el ciudadano se proponga examinar la calidad de la gestión municipal en Lima, poniendo entre paréntesis el juego de fuerzas político y mediático que perturba cualquier diagnóstico serio de la situación. Verificar si las obras realizadas justifican o no una revocatoria de la autoridad elegida, o si esta campaña sólo es expresión de una componenda entre viejos políticos que buscan (a cualquier precio) escalar posiciones de cara a próximas lides electorales y que no dudan en pretender pasar por encima de quienes osan hacerles frente en la arena pública.


(Actualización: Jorge Bruce escribe sobre el tema en La República)
                        Puso la Marrana escribe sobre la campaña del Sí.

LA LUCHA POR LIMA

Gonzalo Gamio Gehri

 Lima cumple un aniversario más de su fundación española en medio de una compleja y difícil batalla entre quienes pugnan por revocar a la autoridad elegida y quienes quieren proteger la gestión  de Susana Villarán contra una campaña que ha exhibido muy malas artes desde el inicio. Los nexos entre Marco Tulio Gutiérrez y  L. Castañeda Lossio – quien aparentemente quiere volver al sillón municipal cuanto antes y a cualquier precio – están demostrados. Apoyan esta campaña un controvertido pastor de talante integrista y algunos “financistas” que cuentan con una trayectoria discutible en nuestra historia reciente (hay que añadir un buen número de firmas falsas en los planillones de los revocadores). Los fujimoristas y los apristas se han sumado con entusiasmo a este planificado festín contra la administración Villarán.

Pero eso no es todo. La campaña a favor de la revocatoria cuenta con el apoyo cerrado de un sector importante de la prensa nacional. Quienes en el pasado hicieron público el caso COMUNICORE curiosamente  hoy defienden a los cuatro vientos la “necesidad” de que Villarán deje prematuramente el cargo. Otros medios de ultraderecha editorializan diariamente contra la alcaldesa y sus colaboradores más cercanos. Primero la acusaban de ser “comunista” y “pro-terrorista” (una infamia que pretendían “documentar” con fotos de Villarán alzando el puño, intentando convertir en invisible el compromiso permanente de la actual alcaldesa con los derechos humanos y con la transición democrática), hoy intentan hacerla pasar por “aristocrática” y “elitista”, han llegado al colmo de sindicar de “exclusiva” la campaña por el No, a la que se han sumado destacados artistas, deportistas e intelectuales. No es el caso de que esta prensa no perciba esa contradicción (y otras): para ella, cualquier suposición o trascendido que contribuya a minar la reputación de Villarán les resulta útil, a pesar de que sea falaz o manifiestamente falsa. Se trata de medios que se dedican a la estigmatización ideológica de sus oponentes y al marketing de los políticos que les son afines. Esa prensa conservadora opera como si el trabajo periodístico se identificara con la práctica propagandística de los lobbies, y punto. No les interesa informar. La verdad les importa poco, o nada. 

Existe pues una maquinaria en pleno funcionamiento que pugna por acabar con la gestión de Susana Villarán: a esa consigna responden sus operarios y la prensa que sirve a sus intereses, y los líderes políticos de esa coalición se frotan las manos, esperando ver resultados . Este sector no ha dudado en recurrir a la guerra sucia para lograr sus propósitos. Es cierto que la actual administración municipal ha cometido algunos errores serios particularmente en cuanto a su estrategia comunicativa, no cabe duda de ello. Ha pecado de ingenuidad en este frente. Ha intentado acertadamente darle un perfil democrático a su gestión no introduciendo en un principio, por ejemplo, el nombre de la alcaldesa en los carteles que describen las obras en ejecución, para así evitar los gestos puramente personalistas; como se sabe, los alcaldes suelen – errónea y hasta viciosamente – personalizar las obras, pasando maliciosamente como “grandes benefactores” de la población. Combatir ese estilo autoritario y personalista resulta absolutamente correcto, pero puede promoverse el carácter institucional de la gestión con una estrategia de difusión e información más eficaz.

Me parece que la gestión de Villarán ha intentado combinar con esmero las obras – las que se edifican con cemento – con la promoción de la cultura cívica y el respeto de las diferencias. Ha pugnado porque el lema “Una Lima para todos” constituya un mensaje real y no un slogan cínico e hipócrita. Ha pretendido que Lima se convierta en un espacio en el que las personas puedan dedicarse al trabajo, a la vida cultural, al ocio o a la acción común en un contexto de justicia y buena vecindad. Saludo la probidad de su trabajo, así como el esfuerzo porque la edificación de obras cumpla con todos los procedimientos y condiciones de transparencia. Esa es toda una novedad en la historia reciente de la administración de la ciudad. Esta administración, por poner un par de ejemplos, ha enfrentado positivamente el problema del transporte en la ciudad, e incluso ha construido un mayor número de escaleras que la de su predecesor. Creo que Villarán merece concluir con el período de gobierno para el que fue elegida. Me parece que la revocatoria perjudicaría a la capital, pues sólo favorece a quienes quieren tomar el poder sobre Lima, y a las corporaciones que les han favorecido y los apoyan.

 

Esta iniciativa de la revocatoria nació muy poco tiempo después de la incorporación de Susana Villarán en el gobierno municipal. Resulta falaz atribuir esta campaña a una supuesta “iniciativa vecinal”. No existe tal iniciativa. Marco Tulio Gutiérrez ha actuado en todo momento como un operador político, uno bastante malo – además – porque se ha negado sistemáticamente a debatir con Anel Townsend, o con las propias autoridades capitalinas. No suele dar la cara – salvo en algunas entrevistas en las que queda mal parado – y se rehúsa a confrontar ideas.

Esta situación debería llevarnos a revisar escrupulosamente las reglas que rigen esta clase de procesos. La revocatoria debería contar con causales para plantearse y producirse. De lo contrario, seguirá sucediendo el penoso espectáculo que hoy lamentablemente contemplamos: cómo los candidatos que perdieron – recurriendo a cuestionables operadores políticos  y sirviéndose de cierta prensa afín – recolectan firmas para sacar de sus puestos a las autoridades elegidas, para tentar el cargo sin mayor demora. Esta clase de componendas pueden terminar mermando el núcleo mismo de nuestra (todavía incipiente) democracia. 


Anexo:

(Yehude Simon sobre el tema..)

EL "OLVIDO DE LA HUIDA" Y SUS EFECTOS *

Gonzalo Gamio Gehri

Existe una clara vocación en parte de la “clase dirigente” por obstaculizar la reconstrucción de la memoria en el Perú. No sólo se pretende empañar el esfuerzo por construir una narración general en torno a los años de la violencia – cuya expresión es el Informe Final -; se procura bloquear el debate en torno a la validez, proyección y eventual corrección de dicho relato. Incluso se puede sostener que los grupos de interés político y mediático que aspiran a minar la credibilidad del trabajo de la CVR ni siquiera se proponen producir una “memoria alternativa” del conflicto. No han elaborado investigaciones sobre el tema, les basta con la mera diatriba, con la columna de opinión. Diríase que consideran el silencio y el olvido como las disposiciones más convenientes frente al período de violencia interna.

Por supuesto, el olvido es una opción – incluso un derecho - para la víctima. Quien ha sufrido puede decidir mirar con otros ojos el pasado, afrontar un proceso de duelo y continuar con la vida. La acción de la justicia busca sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas, de modo que se les restituya a éstas la condición de ciudadanos; luego del trabajo de la justicia, la víctima puede escoger olvidar. Se trata de un “olvido relativo”, pues no se suprime el recuerdo, sólo se transforma el punto de vista frente al pasado. La víctima puede incluso elegir perdonar al agresor; se trata de una gracia que sólo puede ser otorgada por ella, una disposición que implica observar las propias vivencias sin el dolor y el encono de otros tiempos. Paul Ricoeur contrasta esta experiencia con aquella que describe como el “olvido de la huida”, el esfuerzo por cerrar los ojos frente a lo vivido, negar los hechos injustos, mirar hacia otro lado. Esta forma de olvido  “consiste en no querer ver, no querer tener noticia de algo”[1]. En la venerable tradición de Esquilo y Sófocles, podríamos describir este fenómeno como ceguera voluntaria. Esta actitud frente a la injusticia corresponde al ciudadano que peca por omisión, desatendiendo el clamor de las víctimas, y a los actores políticos que buscan imponer “políticas de silencio”.

Estas políticas a menudo están asociadas con propuestas de amnistía. Esta figura legal – que comúnmente es planteada en virtud de una iniciativa del Congreso o del Ejecutivo – implica suspender los procesos judiciales de los autores de crímenes contra los derechos humanos y anular las condenas en esta materia. Supone, además, decretar “olvido” respecto de esta clase de delitos (de allí su nombre). Se trata de una medida que pretende garantizar impunidad para los perpetradores; por ello, la legislación internacional en derechos humanos rechaza sistemáticamente este tipo de mecanismos. A través de la amnistía, el Estado usurpa la exclusiva potestad de la víctima de perdonar al agresor, y de contemplar el daño padecido con nuevos ojos. Por lo general, los políticos plantean la amnistía como un mecanismo que busca lograr la tan ansiada “reconciliación nacional” – concebida ad hoc como desvinculada de la verdad y la justicia -; no obstante, estas iniciativas distorsionan gravemente el concepto de perdón y el proceso mismo de reconciliación. No es posible regenerar el tejido social dañado sobre la base de la supresión de la memoria y la suspensión de la acción de la justicia.

A lo largo de las dos últimas décadas, el discurso político conservador ha invocado en más de una oportunidad la figura del olvido legal como una salida posible frente a la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos del Estado. Sin embargo, el argumento contra la memoria y a favor de políticas de “punto final” ha sido planteado recientemente desde el otro extremo del espectro ideológico. En efecto, el MOVADEF – organismo de fachada del grupo terrorista  Sendero Luminoso – ha propuesto una suerte de “amnistía general” para todos los protagonistas del conflicto armado.  Esta facción pretende recurrir, para justificar su posición – de una manera a todas luces artificial y exclusivamente instrumental –, a las reglas de la democracia que procuró dinamitar. En este caso, los extremos ideológicos parecen tocarse. Esta cuestionable  iniciativa ha sido rotundamente rechazada en diversos espacios de opinión pública, y la ciudadanía ha observado con especial preocupación cómo esta agrupación cuenta con numerosos militantes jóvenes.

Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia ética y política de la recuperación pública de la memoria como una condición esencial para la construcción de una genuina sociedad democrática, una sociedad cuya ciudadanía pueda desestimar con firmeza  los cantos de sirena de la violencia como posible  “método” para resolver conflictos humanos. Conocer la gravedad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno permitiría a los peruanos reconocer los efectos funestos del fundamentalismo en cuestiones ideológicas. La ignorancia frente al más cruento de los conflictos de la historia del Perú, en contraste, deja a nuestros jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente a propuestas ideológicas proclives a recurrir a la violencia o a negociar impunidades para lograr sus propósitos. Esclarecer el pasado constituye una estrategia pedagógica eficaz para combatir las múltiples formas de irracionalismo político que todavía amenazan nuestras instituciones.

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* Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.

[1]  Ricoeur, Paul “El olvido en el horizonte de la prescripción” en: Varios Autores ¿Por Qué recordar? Op. Cit., p. 74.

(AHORA SÍ) LA MEMORIA ES IMPORTANTE

Gonzalo Gamio Gehri

Los intentos de la organización senderista MOVADEF por convertirse en un grupo político en actividad en el espacio público ha generado – con toda razón – el rechazo de una mayoría de peruanos. Resulta indignante que un grupo de gente intente reivindicar una ideología nefasta y violenta como la que predicó Guzmán, desconociendo el carácter delictivo de Sendero Luminoso e invocando una “amnistía general” para sus miembros en prisión, pretendiendo recurrir – de una manera a todas luces artificial y exclusivamente instrumental – a las reglas de la democracia que procuró dinamitar. La situación se agrava cuando se constata que muchos jóvenes en edad escolar o universitaria ponen de manifiesto su ignorancia respecto de lo que sucedió en aquellos años.

No pocos intelectuales y periodistas han indicado que esta circunstancia difícil ha contado con la curiosa complicidad de una antigua y reiterada campaña por la impunidad y el olvido en materia de derechos humanos, una campaña emprendida en los últimos años por un sector ultraconservador en lo político y lo religioso, una facción que tiene un gran poder e influencia en el ruedo político y en muchos medios de comunicación. Se aferraron a la idea según la cual hacer memoria sobre aquellas décadas de terror y de represión equivalía a “reabrir viejas heridas”, que había que mirar hacia delante, y que respecto de los agentes del Estado sólo contaba “la gloria o el silencio”, para citar una vieja y subterránea nota de La Razón. Creen erróneamente que existe una incoherencia entre reconocer el heroísmo de las instituciones militares y policiales en la defensa del país en contra del terror y la denuncia de los malos efectivos que cometieron delitos de lesa humanidad; una sociedad democrática promueve honrar el heroísmo e investigar allí donde se perpetraron crímenes. Constituye un imperativo crucial para una democracia (y también para sus institutos armados) distinguir entre una cosa y la otra, y no ser condescendiente con la injusticia, allí donde existe. Por supuesto, el trabajo de los órganos de justicia tendría que ser eficaz y transparente; en ese punto el país ha contraído una enorme deuda con sus ciudadanos, tanto civiles y militares.

Es curioso que este sector conservador coincida con este sinuoso movimiento senderista en la defensa de una amnistía, que supone cancelación de la justicia y supresión de la memoria. La extrema derecha comienza acaso en advertir que la amnesia selectiva respecto de lo sucedido en los ochentas y noventas reporta un alto precio, que los jóvenes no estén enterados acerca de los crímenes perpetrados en aquellos años, que desconozcan las causas y secuelas de la violencia en el país, que pongan de manifiesto una evidente falta de compromiso con la tragedia vivida, etc. Recién se dan cuenta de que la memoria de veras importa. La actitud de esa derecha frente a los temas de memoria y derechos humanos ha aderezado el indigesto potaje que pretende ofrecer MOVADEF. La ceguera voluntaria frente a la injusticia es intrínsecamente dañina – esto lo sabían muy bien los griegos – más allá del estandarte político que ostenten sus usuarios.

El Informe Final de la CVR constituye la investigación interdisciplinaria más rigurosa en torno al proceso de violencia que padecimos los peruanos en aquellos años. No constituye la única fuente sobre esta etapa de nuestra historia, ni pretendió jamás dar la última palabra sobre este tema. Sin embargo, aporta una serie de argumentos y material de respaldo que cimentan sus conclusiones y recomendaciones con solidez, a la vez que trabaja con diecisiete mil testimonios de peruanos que afrontaron el conflicto. Los comisionados entregaron el Informe para que éste sea discutido en los espacios de la sociedad civil y del Estado. Este debate ha sido bloqueado de manera sistemática por miembros de la llamada “clase dirigente” – políticos en actividad, algunos militares en retiro y jerarcas eclesiales, etc. – cuyos intereses se han visto interpelados por el propio documento. Resultado de esta actitud es que el texto no ha llegado a las escuelas ni a los claustros universitarios para ser examinado y comentado.

En estos días se han deslizado una serie de comentarios sobre el Informe que delatan un escaso conocimiento del texto y del fenómeno que éste estudia. Se objeta el uso del término “conflicto armado interno”, una noción estrictamente descriptiva que permitía abordar el proceso de violencia sin recurrir a expresiones conceptuales incorrectas o claramente inaceptables como “guerra”, “guerra civil” – que tenían consecuencias jurídicas y políticas inadmisibles desde un punto de vista intelectual y moral – o “violencia política”, entre otras. Se objeta a su vez la alusión a la dimensión “política” de las organizaciones terroristas. En este punto, lo que la CVR buscó enfatizar es que a Sendero Luminoso y al MRTA se les combatió militarmente, pero no se les enfrentó de manera exhaustiva en el nivel ideológico-político: debía derrotárseles en el campo de batalla y también en el ámbito político, con el fin de evitar el resurgimiento de ese funesto fundamentalismo ideológico maoísta. Ambos niveles resultaban complementarios desde el punto de vista de una estrategia eficaz de pacificación. Debimos usar todos nuestros recursos pedagógicos y persuasivos, toda nuestra ironía y capacidad de indignación para refutar desde la raíz cualquier prédica dogmática de violencia. Si se hubiese realizado ese trabajo en las universidades – gracias al concurso de maestros y estudiantes, de los partidos políticos y de los medios de comunicación -, organizaciones totalitarias y violentistas como MOVADEF no tendrían lugar alguno en la sociedad, ni encontrarían eco en un sector de la población juvenil. La ciudadanía estaría advertida acerca del peligro que representan para la democracia.

Pero esta campaña absurda no cesa. Los mismos medios han optado por sustituir – una vez más – la confrontación de argumentos con las aseveraciones gratuitas y malidicentes. Martín Santiváñez - en una (para variar) hiperbólica y sustancialmente nula columna - califica el Informe como un “mamotreto marxista”. ¿Qué se puede decir al respecto? Quizá que el columnista debería opinar sobre la base de una lectura mínima del texto, y dejar las frases hechas para otra ocasión. Por supuesto, no se ha detenido a leer los pasajes del IF-CVR en los que se describen y cuestiona severamente los supuestos ideológicos fundamentalistas de Sendero Luminoso, vinculados al marxismo en su vertiente maoísta y a la delirante prédica de Guzmán (cap. Sobre los “Orígenes ideológicos” del PCP-SL y las conclusiones correspondientes) y las Conclusiones en las que se afirma con total contundencia que Sendero Luminoso ha sido el mayor perpetrador de crímenes contra los derechos humanos (Nº 13-14), se lo sindica como un grupo totalitario, militarista y terrorista (Nº 15-16) y potencialmente genocida y de conducta racista (Nº 21). María Cecilia Villegas dice, por su parte, en la misma tribuna, que los comisionados de la Verdad eran en su mayoría izquierdistas, “11 de 13” (cita literal). Aquí puede decirse no solamente que su argumento es falso, si no que Villegas acaso tiene problemas para contar, pues para ella, aparentemente, el pastor Lay, Beatriz Alva, el Teniente Arias Graziani, el padre Garatea, Salomón Lerner Febres o Monseñor Antùnez de Mayolo son simplemente militantes de extrema izquierda, o tiene serias dificultades con la matemática escolar ("casi todos izquierdistas, menos dos"). Parece que para algunos descuidados articulistas, el papel aguanta todo, y punto. Con esta clase de afirmaciones cuestionables este sector de la prensa intenta propiciar un clima de prejuicio, soslayando el tema principal, que es el asunto de la recuperación pública de la memoria.

Las recientes y odesafortunadas declaraciones del premier Valdés (tan aplaudidas por Santiváñez desde Correo), acerca del carácter pretendidamente “teatral” de algunos testimonios incorporados en el Informe no contribuyen a generar un clima de sana discusión sobre el asunto. Diferente es el caso de la intervención del flamante presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Piñeiro, quien reconoce la seriedad del Informe como fuente de estudio del conflicto armado interno, a la vez que sugiere que el texto dialogue con otras fuentes de investigación de este fenómeno. Sus declaraciones sí alientan el diálogo sobre las lecciones que podemos extraer del pasado en materia de respeto de los derechos y construcción de una cultura democrática. Enfrentar nuestra historia constituye un desafío importante para construir una sociedad sólida y justa.

Mauricio Mulder se lamenta que el IF-CVR no sea un documento “de consenso”. Esta es, sin duda, una afirmación desconcertante. Es natural que las evidencias, relatos e interpretaciones desarrollados en el Informe perturben a la mayoría de nuestros políticos, pues muchos de los actores y “líderes de opinión” de entonces siguen en actividad hoy. El documento señala con claridad el comportamiento negligente de muchos de ellos, o su indiferencia, o su incapacidad en el ejercicio de sus funciones o su falta de compromiso con la defensa de los derechos básicos de los peruanos más vulnerables. Que se haya señalado responsabilidad política en los gobiernos de García y Belaúnde, y que se hayan presentado claros indicios que comprometen sensiblemente al gobierno autoritario de Fujimori no es poca cosa. Del mismo modo, el Informe documenta las razones por las cuales algunas autoridades eclesiales de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no habían “cumplido con su compromiso pastoral” y se hayan involucrado con la defensa de los derechos humanos como parte de su misión. Y el juicio sobre algunos otros organismos de la sociedad no es menos severo. Era previsible que este tipo de argumentos – y los indicios, testimonios y pruebas que los sostienen – hayan perturbado a muchos sectores de la autodenominada “clase dirigente” que se han visto seriamente interpelados por ellos. La verdad que esta clase de investigaciones revela es a menudo dolorosa y difícil de asimilar, particularmente para las "élites" y diversos grupos de interés. Resulta por demás extraño que se sugiera que el Informe debía producir un “consenso” inmediato. 

El trabajo de una Comisión de la Verdad se propone esclarecer qué sucedió en un período de conflicto, no es fruto de una negociación política. La observación de Mulder resulta curiosa (y algo retorcida, debo decir). El autor tampoco propone una visión alternativa del conflicto; he tenido la oportunidad de leer el libro del militante aprista Jesús Aliaga, Mártires de la pacificación, y tengo que decir que se trata de un texto que muestra múltiples imprecisiones. Lo mismo puede decirse de El trigo y la cizaña, de Federico Prieto Celi - he escrito una recensión sobre él hace tiempo -, un libro exclusivamente apologético, con escaso (o nulo) rigor conceptual, que toca sólo indirectamente el tema de los derechos humanos, con un objetivo muy preciso, que es asumir la defensa de un personaje puntual. Los adversarios de la CVR suelen recurrir al artículo de opinión, y no a la investigación, para enfrentarse al documento. Han bloqueado el debate público sobre la memoria al punto que hasta han renunciado a elaborar un estudio alternativo con el que el IF-CVR pudiera polemizar, cayendo una y otra vez en el ejercicio de la mera agitación y la propaganda, o en las “políticas de silencio”. Las jóvenes generaciones están pagando un alto precio por esa renuencia a discutir la tragedia que todos vivimos.

EL EXTIRPADOR DE IDOLATRÍAS

Gonzalo Gamio Gehri

Hemos estado discutiendo el principio según el cual una democracia liberal exige el respeto irrestricto del principio de separación entre el Estado y las instituciones religiosas, que, en tal forma de pensar y llevar la vida común, los gobiernos – en la persona de sus autoridades – no deben pronunciarse sobre la validez o la corrección de determinadas creencias sobre lo divino. El Estado liberal tiene que custodiar la libertad de cultos y garantizar la observancia de un ‘pluralismo razonable’ en lo que respecta a las tradiciones que reflexionan sobre la fuente de sentido de la vida y se comprometen con una forma particular de “vida buena”. El problema de la existencia o carácter de esta fuente corresponde a otras organizaciones (Iglesias, comunidades, asociaciones voluntarias), no a la instancia política, y a los propios creyentes (o no creyentes).

Las autoridades políticas deben abstenerse de cualquier intromisión en el aspecto espiritual de la vida de los ciudadanos que involucre sus creencias personales sobre el sumo bien o lo divino. Menos aún puede intervenir sobre estas creencias como si la “corrección” de éstas fuese objeto de políticas públicas. En esta línea de reflexión, las recientes declaraciones del presidente García en un programa de televisión, en las que califica ofensivamente de “ideologías absurdas” las creencias en los Apus que suscriben los habitantes de las comunidades altoandinas, viola expresamente un precepto democrático fundamental, a la vez que constituye una falta de respeto a las convicciones de muchos peruanos. El mandatario considera incluso que es preciso derrotar esta antigua tradición con “más educación”.

“En tercer lugar derrotar las ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y el aire es dios. En fin, volver a esas formas primitivas de religiosidad donde se dice no toques ese cerro porque es un Apu, porque está lleno del espíritu milenario y no sé qué cosa. Bueno, si llegamos a eso, entonces, no hagamos nada, ni minería. No toques a esos peces, porque son criaturas de dios y son la expresión del dios Poseidón. Volvemos a ese animismo primitivo. Yo pienso que necesitamos más educación…”.

Alan García considera “falsas” y “primitivas” las ideas de los campesinos de la sierra peruana que identifican determinadas formas naturales con la presencia de los espíritus. En una entrevista en la que habla en calidad de Presidente de la República, García se pronuncia en torno a la “corrección” de las convicciones de sus conciudadanos acerca de la relación con la naturaleza y con lo divino.

“La población (…) dice ‘no me toquen esta zona porque es un santuario’…yo me pregunto: ¿Santuario de qué? Si es un santuario de medio ambiente, santo y bueno. Pero si es un santuario porque allí están las almas de los antepasados, oiga, las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, no están allí”.

Increíble. García supone haber corrido el velo de todo misterio espiritual para mostrar cómo son (realmente) las cosas (“oiga, las almas de los antepasados no están allí”). El Presidente propone superar este modo “animista” de pensamiento en nombre de una presunta verdad religiosa (“las almas de los antepasados están en el paraíso”). Más allá de lo que cualquiera de nosotros piense acerca de esta cuestión sobrenatural (el paradero de las almas) – puesto que cada uno de nosotros tiene alguna posición al respecto -, lo cierto es que García está interviniendo en un tema muy delicado, que no concierne al ámbito de competencia como funcionario público. De hecho, se ocupa del tema de una forma que revela hostilidad, ignorancia y una nula sensibilidad para con el pensamiento ajeno. El ministro de cultura, que es antropólogo (A propósito ¿Dónde está?), debería darle algunas lecciones respecto de la cultura y de las creencias tradicionales de muchos peruanos.

Pero el mismo servidor público que se refiere de una manera tan despectiva a la espiritualidad de los Apus es aquel que ha impuesto en el Morro Solar de Chorrillos la imagen de un Cristo – el llamado “Cristo del Pacífico” – que parcialmente habría financiado (en colaboración con una empresa brasileña que habría suscrito importantes contratos con el Estado). Pese a que algunos vecinos han pedido explicaciones por la medida, el presidente García ha decidido erigir el monumento del Cristo en un espacio público, y acaba de inaugurarlo en una ceremonia pública al lado del cardenal (quien ha señalado – acaso en consonancia con alguna forma pretérita de ‘pensamiento único” – que “ojalá que en cada cerro y en cada monte de nuestro país haya un Cristo”. Sin duda, tales expectativas no dejan mucho espacio para el cultivo del pluralismo). Por un lado, el presidente García desautoriza como absurdas ciertas creencias religiosas (a las que juzga como una expresión de ‘falta de educación’ de la gente de la zona), por el otro, promueve, desde las potestades de su investidura civil, otras convicciones espirituales que asume como “correctas”. El talante antipluralista de estas acciones es evidente. García se comporta como una autoridad pre-liberal, como un monarca integrista y un severo extirpador de idolatrías. Estas cuestionables actitudes no tienen nada que ver con el espíritu de la democracia.

Esta clase de situaciones lesionan gravemente el principio de respeto a la diversidad y merman seriamente nuestra democracia (lesionan incluso, podría decirse, el principio de tolerancia implícito en el propio cristianismo - que sostiene que “el Espíritu sopla por donde quiere”-, pero esa es otra historia). A buen entendedor, pocas palabras.

(Publicado en la Revista Ideele Nº 209).

DE UNA MATRIZ AUTORITARIA

Gonzalo Gamio Gehri

Finalmente, el fujimorismo presentó su plancha presidencial. Keiko Fujimori para la presidencia, Rafael Rey en la primera vicepresidencia y Jaime Yoshiyama para la segunda. Se trata de una propuesta que – a juzgar por las monocordes declaraciones de su lideresa – sólo promete una especie de retorno a la década de los noventa - una época visiblemente autoritaria en lo político -, la impunidad del padre y un cada vez más tímido “deslinde” con las prácticas fujimontesinistas.

No pocos consideramos que los nombres en la plancha fujimorista permiten reconocer una toma de posición clara por parte de los candidatos señalados. Yoshiyama vuelve a la política luego de ser derrotado – en la década anterior – por Alberto Andrade en la carrera hacia la alcaldía de Lima. La inclusión de Rafael Rey en la lista hace explícito lo que hace mucho se sospechaba: la proximidad de Rey con el “espíritu fujimorista” y acaso la afinidad del conservadurismo católico (que representa políticamente) con el proyecto autoritario que encarnó el fujimorismo en los noventa. Ha asumido expresamente los puntos de vista del militarismo y del tradicionalismo religioso en cuestiones de derechos humanos, salud y educación, característicos de la derecha tradicional peruana. Su postura favorable al 5 de abril, su apoyo a la Ley de amnistía bajo el fujimorato, así como su encono contra el trabajo de la CVR y las políticas de derechos humanos en sus gestiones como congresista y luego como ministro, lo ubican ideológica y programáticamente muy cerca del fujimorismo y su agenda antiliberal y contrapluralista.

Iniciada la campaña, habrá que ver qué movimientos realizará la tienda fujimorista. Más allá de cierto sector del electorado que asume una actitud complaciente con los temas de la corrupción y los crímenes perpetrados bajo el régimen de Fujimori, a la vez que se siente seducido por el mito de la “eficacia”, la candidatura de Keiko tiene serias resistencias en otro sector de la opinión pública que recuerda bien las violaciones al Estado de derecho, los vladivideos y la precariedad de las instituciones democráticas en aquella década autoritaria. Muchos ciudadanos consideran que la candidata no exhibe ninguna credencial más allá del ADN Fujimori y la espuria promesa de una ilegal liberación del ex presidente; hasta donde se sabe, Keiko Fujimori no se ha destacado por su actividad legislativa ni por su asistencia al Congreso de la República, ni por la calidad de sus intervenciones. Su record parlamentario es controvertido. Mientras Luciana León – por poner un ejemplo de una parlamentaria no reconocida por sus habilidades retóricas - es identificada por su apoyo a leyes que favorecen las actividades artísticas y los espectáculos en el Perú, A Keiko Fujimori no se le asocia a ninguna iniciativa parlamentaria importante. No queda claro qué clase de experiencia política puede ostentar para tentar la Presidencia del Perú…fuera de las meras consideraciones dinásticas, claro está. Uno se pregunta si realmente las decisiones políticas de este grupo se toman en la Dinoes o en otro lugar.

En fin. No extraña que esta candidatura esté perdiendo fuerza, mientras que otras van creciendo. La pobreza del discurso, la carencia de ideas y el record negativo del fujimontesinismo están pasando la factura. Queda por evaluar la percepción de la ciudadanía respecto de los nombres que conforman esta lista presidencial. Mi opinión es que se va decantando una propuesta electoral que proviene de una manifiesta matriz autoritaria.

UNA AGENDA DE MIEDO

Gonzalo Gamio Gehri

Como he señalado en otros posts, en nuestro país habitan dos formas de “derecha” que colaboran estratégicamente a pesar de que no congenian de corazón. Una es individualista, mercantilista, piensa con la máquina registradora bajo el brazo. La sociedad entera – para ella – funciona a la manera del mercado o debería hacerlo si quisiera emprender el camino del progreso. La otra es “reaccionaria”, apela al retorno de las “antiguas tradiciones”, le rinde culto a las “instituciones tutelares” – la Iglesia católica jerárquica y las Fuerzas Armadas – y predica orden y autoridad contra las prácticas democráticas. Ambas han saludado los golpes de Estado, así como han respaldado las diversas formas de autoritarismo competitivo. Ambas rechazan las políticas de derechos humanos y en general el programa transicional. Tampoco aprecian los proyectos institucionalistas en el nivel del Estado (y desconocen la noción misma de "sociedad civil"). Ambas son antiliberales.

Ambas predican hoy la agenda del miedo. Alberto Vergara ha publicado en Poder un artículo interesante, El Tea party perucho. Allí sostiene que algunos espacios mediáticos conservadores – como Correo – están aplicando una lógica similar al Tea Party en nuestro medio, intentando hacer pasar a Susana Villarán como una bolchevique disfrazada de socialdemócrata.

“En el Perú se viene fraguando nuestro Tea Party, nuestro Fox News y nuestro Glenn Beck. El diario Correo ha abierto fuego contra Susana Villarán con una lógica de Tea Party: quieren asustarme como a granjero gringo. Creen que por ser de derecha me voy a convencer de que la tía es terruca, pastrula y ladrona. No se pasen. Puesto que acusarla de pituca no ha tenido efecto entre sus votantes (lo cual es lógico pues su bastión ha sido el A/B... ¡los pitucos no se asustan de los pitucos!), Mariátegui y su primera plana han decidido cambiar de estrategia y asustar a los de arriba con el asunto de que Villarán es una Elena Iparraguirre new age. Así de explícito. Ella sería el vehículo de los extremistas de Patria Roja, estaría buscando la alcaldía para saquearla y entregarle todo el dinero a sus amigos comunistas y así convertir al Perú en Bolivia. Eso ya no es periodismo”.

No puedo estar más de acuerdo con Vergara: eso no es periodismo. La ultraderecha mediática está recurriendo a la mentira y a una campaña macartista consistente en propagar el temor a una eventual victoria de Susana Villarán. PPK nos habla del impacto de un acontecimiento semejante entre los inversionistas extranjeros, Correo oscila entre el alegato anti-izquierdista y las “pastillas para levantar la moral” (¡Con alusiones a Bolivar!) dirigidas a Lourdes Flores. Y no se trata solamente de la columna del Director. Véase la patética y engolada nota de Martín Santiváñez publicada hoy sobre el tema. La ejecución de esta curiosa agenda de miedo presupone que los votantes somos sujetos en permanente minoría de edad que necesitamos ser impresionados y manipulados para tomar una decisión que ellos consideran razonable. Otro signo antiliberal en el programa de este sector de la prensa, y en los esquemas de esta facción mayoritaria de la “clase política”, carente de imaginación e ideas. A pesar de que algunos espacios - como el programa de Bayly - han cargado las tintas hacia un sólo lado, y que el espionaje telefónico ha tenido por ahora como única destinataria a Flores, el efecto de esta campaña de miedo es notorio.

Aldo Mariátegui ha evidenciado su falta de reflejos en su precipitada y escueta respuesta a la nota de Vergara. Considera que él no puede estar promoviendo una suerte de Tea Party criollo, porque él habría criticado el Tea Party nortaeamericano. Parece no reparar en la posibilidad de que se critiquen diferentes contenidos particulares del proyecto republicano y sin embargo trasladar – en alguna medida - su formato y sus propósitos en nuestro medio. Allí saca a relucir unas enormes anteojeras conceptuales (de un modo similar a cuando señala que no es “ultraderechista” sólo porque está a favor del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo). Incluso intenta replicar a Vergara apelando a la persona – recurriendo a la caricatura, a la ridiculización y a las etiquetas -, y renunciando a la argumentación:

“Leo que el columnista Vergara Paniagua me acusa de ser un "tea party" local y de asustar a la gente con Caviarán. ¡Plancha quemada, compadre! El domingo pasado escribí contra ese fenómeno republicano y sospecho, guardando respetos, que mucha de tu extrema generosidad al considerar a Caviarán como "izquierda moderna" (mientras que a mí me parece que es una disimulada Javier Diez Canseco con faldas) se debe a que tu madre es candidata a la alcaldía de Lince por Fuerza Social. Creo que la subjetividad te contamina”.

En lugar de examinar la calidad de las propuestas de los candidatos, y de discutir la trayectoria de cada uno de ellos en el ejercicio de la función pública - en la línea sugerida acertadamente, por ejemplo, por Ricardo Falla y Giovanni Krähe -, nuestros libertarios y nuestros reaccionarios criollos – ambas facciones de la “derecha”, por igual - han optado por la estigmatización ideológica del rival, por intentar manipular a la opinión pública infundiendo temor y esparciendo por doquier falsedades y medias verdades. Eligieron renunciar a las ideas y anunciar un extraño y súbito Apocalipsis. Si la derecha peruana está a punto de perder esa elección es porque es víctima de sus propios errores, porque permanece prisionera de su propio miedo.

La imagen viene de aquí.

VIENTOS AUTORITARIOS EN LA SOCIEDAD PERUANA / MÁS COMUNICADOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

Mientras espero – sin mayor expectativa – el previsible penúltimo discurso presidencial de Alan García, recuerdo que hoy se cumplen diez años de la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización ciudadana que contribuyó decisivamente a la caída del régimen fujimorista. Como ha señalado agudamente Nelson Manrique en una interesante entrevista publicada el último domingo, Alejandro Toledo tuvo la lucidez de asumir el liderazgo de la marcha – convocada por diversos sectores de la sociedad civil y de la esfera política -, contando con el respaldo de los ciudadanos que entonces se movilizaban, y los políticos de oposición le brindaron su apoyo (dicho sea de paso, en su última columna, el inefable Martín Santiváñez arremete con insolencia desde el diario de los Agois contra Manrique, recurriendo al agravio personal, sólo porque el historiador cuestiona correctamente el militarismo existente en muchos de nuestros "rituales de Fiestas Patrias". Ese lamentable incidente confirma mi impresión de que el nivel de las columnas de Santiváñez es comparable al de La Ortiga: más allá de la grosería de uno y la huachafería del otro, en ambas columnas campea la más completa ausencia de argumentos, la vana altanería y la agresión más desencarnada). Hoy en día, gracias a los esfuerzos del APRA y de parte de la prensa de derecha, estamos asistiendo a un claro intento de “restauración conservadora”: los ataques a la CVR, a la PUCP, a los organismos de derechos humanos, al sistema anticorrupción del gobierno de Paniagua, las mentiras recurrentes en torno al “rebrote” terrorista, etc.

Diez años después de la Marcha de los Cuatro Suyos, el panorama político no deja de ser preocupante. Los sectores más autoritarios en la llamada “clase dirigente” – ojo, no sólo en la política – se están reagrupando y recuperando sus antiguas posiciones de poder, con el beneplácito y la colaboración del actual gobierno. Los avances del proyecto transicional son combatidos por el oficialismo y sus aliados. Los temas de justicia y ética pública brillan por su ausencia en la agenda pública. Las cuestiones de derechos humanos son hoy sindicadas como “izquierdistas”, las apelaciones a la diversidad cultural y a la tolerancia son tachadas de “relativistas”. En el plano de las mentalidades, los esquemas basados en las jerarquías e incluso en el prejuicio étnico, cultural y social se han fortalecido. Piénsese en las declaraciones presidenciales – así como en numerosas columnas de opinión – con motivo de los sucesos de Bagua. Ha reaparecido el viejo y cuestionable discurso sobre las “élites”. Salomón Lerner ha denunciado esta situación con singular claridad y energía:

“En nuestra patria las diferencias no son solamente eso: constituyen también pretextos para la preservación de un orden jerárquico cuestionable. Por ello, estudiar al Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significa vivir en una sociedad donde se presume como dato natural, y por ende innecesario de justificarse, la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. El proceso que examinamos fue, así considerado, el develamiento de nuestra propia constitución como sociedad enemistada consigo misma. Los recelos entre sectores sociales y culturales diversos y atendidos de manera muy desigual por el Estado; las presunciones altaneras de los poderosos sobre los excluidos; la vocación elitista de los poderes públicos, todo ello apareció como el sustrato de la violencia misma, como el fermento que ayuda a explicar – aunque de ningún modo lo justifique – el proceder atroz de los actores armados y la complacencia de ciertos sectores sociales con la violencia, según el lado del que ella viniera” ”[1].

Corresponde a los ciudadanos el tomar conciencia de esta situación, y ejercer la crítica contra el discurso y las prácticas fundados en la exclusión. Ellos prosperan allí donde impera el silencio y la inacción del ciudadano de a pie.

II

Llama la atención el comunicado de saludo que – a página entera – publicó El Comercio en la p. A 3, una carta de saludo al Cardenal Cipriani, firmada por empresarios cuya “línea” es conocida, y políticos en actividad en el gobierno actual y en el régimen de Fujimori. Y periodistas de una clara tendencia ideológica (Delta, Vargas, Prieto Celi, etc.), así como los abogados del Arzobispado en el litigio contra la PUCP, y algunos miembros del Opus Dei (uno se pregunta cómo entender la presencia de la firma de Javier Villa Stein, que no contribuye a garantizar la neutralidad del Poder Judicial ante un proceso judicial en curso). Es posible que el ‘saludo’ constituya un nuevo gesto frente a la PUCP, puesto que se señala expresamente el título de Gran Canciller que ostenta el Arzobispo de Lima. Se toca allí el tema de la trayectoria del Cardenal al frente de las Diócesis de Ayacucho y Lima. El lector – par a formar su propia posición sobre el tema – tendrá que contrastar los términos de ese documento con otras lecturas de las circunstancias evocadas. El Informe Final de la CVR y otras fuentes presentan estos hechos de un modo diferente, a partir de la exposición documentada de las declaraciones públicas de las autoridades mencionadas y sus acciones en torno a los temas relativos a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Se trata de un tema controversial en el que, mucho más que las expresiones de adhesión, cuentan los argumentos y las evidencias. Que el lector examine los documentos a su disposición y juzgue de acuerdo con los hechos. El Informe Final de la CVR exhibe documentos y argumentos que respaldan sus conclusiones sobre el controvertido papel de la jerarquía eclesial ayacuchana en esa trágica etapa de nuestra historia, el texto publicado en El Comercio solo declara las meras convicciones subjetivas de quienes lo suscriben. Yo tengo un juicio propio sobre el asunto, que el visitante habitual de este blog conoce bien. Considero personalmente que textos tendenciosos y racionalmente cuestionables como El Trigo y la Cizaña no pueden tapar el sol con un dedo, ni confundir al lector informado sobre lo ocurrido en aquellos años de dolor y violencia. La verdad histórica cuenta.

Con todo respeto, no entiendo esta saturación de comunicados de tendencia contraria a la Universidad y en clara alusión al litigio con la PUCP (son ya cerca de cinco y seis, cartas de autoridades eclesiales de Lima, algunos obispos, familiares, etc.). No puedo sino pensar que el documento de apoyo a la autonomía de la PUCP firmado por 300 académicos de enorme prestigio intelectual constituyó un duro golpe moral a quienes quisieran ver intervenida la Universidad. Una amplia mayoría de profesores, alumnos, trabajadores, así como las autoridades democráticamente elegidas en la PUCP queremos una universidad plural y moderna, que es la que nos ha formado. Esas formas de presión externa no prosperarán.

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.

EL FARISEÍSMO DE LOS FALSOS LIBERALES

(COMENTARIOS SOBRE UN ARTÍCULO DE RICARDO VÁSQUEZ KUNZE)

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy ha aparecido en Perú 21 un interesante artículo de Ricardo Vásquez Kunze sobre el caso PUCP – titulado Liberales: ¿De Saulo a Paulo? - , en el que explora el aspecto ideológico y político del problema. Se pregunta – con singular agudeza y con fina ironía – porqué quienes se autodenominan “liberales” – políticos, periodistas, activistas miembros de instituciones internacionales, etc. – festejan a viva voz el reciente y cuestionable fallo del TC en contra de la Universidad. No se trata de que muchos de ellos estén de acuerdo con el fallo, afirma (aunque ellos saben de sobra que el TC se pronuncia resolviendo el tema de fondo, que está en manos de la justicia ordinaria); lo que le resulta extraño es que estos supuestos “liberales” se unan de manera entusiasta a la prematura fiesta que ya organizan los reaccionarios que denostan de los derechos humanos, la democracia y las libertades individuales. Hay que ver con qué facilidad ambos bandos hacen frente común. Las expresiones del autor son bastante duras, pero señalan una situación real.

“Cualquiera diría que mañana mismo Friedman, Hayek, Von Mises y Popper van a iluminar los claustros de la universidad más importante e influyente del Perú. Cualquiera diría que la doctrina de la autonomía de la voluntad y la soberanía del individuo va a asentar sus reales en el espíritu de sus más de 15,000 estudiantes. Cualquiera diría que quien está por entrar a la universidad es Manuel González Prada y no el Opus Dei, la orden más conservadora de la Iglesia Católica, de la mano del Cardenal Cipriani y el santo Escrivá de Balaguer.”

Vásquez Kunze sostiene que esta pintoresca situación revela la verdadera crisis del liberalismo político criollo, si es que éste realmente existe. Muchos “liberales” se sienten cómodos al lado de quienes promueven un Estado tutelar confesional; para ellos, el “enemigo” es la socialdemocracia y la izquierda democrática – etiquetada bajo el indeterminado rótulo de “caviar”-, aunque ambas formas de pensamiento suscriben la cultura de los derechos humanos, el Estado laico y la autonomía del individuo. Es que sólo conciben las libertades económicas, y les tienen sin cuidado las libertades sociales y políticas. Por eso sospechan del uso del término “sociedad civil”, pese a su origen liberal, por eso tantos pseudoliberales le tenían tanta condescendencia a Fujimori, por eso no creen que Keiko sea una candidata “antisistema”. Por eso se suman al coro de gorgonas que celebra el fallo brindando con los reaccionarios. Como el columnista conservador Martín Santiváñez Vivanco sugirió en una mal lograda postilla, ven a la PUCP como el “buque insignia” de la llamada “izquierda cultural”. Se trata, evidentemente, de una lectura basada en la ignorancia y el prejuicio (véase la brillante y severa refutación - elaborada en el blog de Raúl Zegarra - de la escuálida y maldiciente nota de Santiváñez publicada en Correo). Creen que con esta batalla van a hacerle pagar caro a la “izquierda cultural” todas sus anteriores derrotas y frustraciones: la condena de Fujimori, el Informe Final de la CVR, los fallos de la CIDH, el gobierno de transición, los procuradores anticorrupción, etc. Podría decirse que han concentrado su frustración en un solo “objetivo”. Para ellos, París bien vale una misa.

“Puedo entender el júbilo de los conservadores pero no el de los liberales. Porque esta algarabía liberal dice, en realidad, mucho de la crisis del propio pensamiento liberal en el Perú. Ya se entiende por qué los liberales nunca han calado en el ideario de las clases dirigentes, menos aún en el imaginario popular. Porque, es obvio que ideológicamente, ningún liberal podría aplaudir un triunfo conservador así como ningún conservador aplaudirá jamás un triunfo liberal. El liberalismo y el conservadurismo son como el agua y el aceite en lo que a principios rectores del mundo se refiere. Sólo ante un peligro mayor como el fascismo o el comunismo podría haber un entendimiento político, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Fría.

Pero obviamente ese no es el caso en la PUCP. De ahí que sólo me queda concluir que el liberalismo peruano o tiene un sancochado en la cabeza o tiene una crisis de identidad tan grande que no tiene el menor pudor de subirse al carro ideológico conservador, así como los marxistas tampoco lo tienen de auparse “al carro electoral de un fascista-chavista como Ollanta Humala”.”

La hemiplejia conceptual (¿y moral?) de estos falsos “liberales” es notoria: creen que el escenario de la libertad y la realización humana es la economía, no la política o la ética. Cuando no razonan con la máquina registradora – o en términos de mero lobbysmo – son bastante autoritarios y cavernarios. No son genuinos liberales, son mercantilistas. El cálculo costo / beneficio está por encima de los derechos humanos, en su reductivo esquema espiritual. Les importa muy poco o nada el riesgo de que una de las universidades más importantes del Perú sea capturada por manos ultraconservadoras, y que su nivel académico descienda al abismo en virtud del control ideológico ultramontano. A muchos falsos liberales no les interesa la preservación de las libertades académicas, o que se prohíba la lectura de ciertos libros (con “etiqueta roja”) o que se impida la investigación en determinados temas. Tampoco reparan en el hecho de que hoy la PUCP es un recinto plural en donde encontramos profesores de distintas escuelas y modos de pensamiento, pluralidad que se disolvería con la intervención conservadora; mienten quienes sugieren malintencionadamente que la PUCP constituye una “cantera izquierdista”: el propio Vásquez Kunze – un reconocido intelectual de derecha – es una prueba de que eso no es cierto. Estos “liberales” espurios sueñan con la entrega de la universidad a manos fundamentalistas[1]. Celebran eufíricos la diversidad en el mercado, pero les da igual – o les irrita – la diversidad en la Academia. Así como ciertos “liberales” coexisten (y disfrutan) con Asia y sus prácticas, pueden hacer lo propio con una universidad tutelada y unidimensional en la hipótesis negada de que la PUCP (en muchos casos, su Alma Mater) se viese sumida en tiempos de oscuridad.

“La pregunta que deberían hacerse los liberales es si sus ideales de progreso están más cerca de los así llamados “caviares” que de los conservadores y reaccionarios. Para hacerla simple: si están más cerca de la sociedad sueca que de la sociedad iraní. Creo que a cualquier liberal le gustaría vivir más en Suecia que bajo la férula de los Ayatholas y Ahmadinejad. Otro asunto es que la sociedad sueca no sea liberal. Pero para que cualquier sociedad lo sea, los liberales deben tener las cosas claras y ponerse a trabajar, hacer política, escribir libros, fundar universidades, regentar ONGs. Su incompetencia no es culpa de los “caviares” ni le pondrá remedio un triunfo ideológico conservador.”

El remate de Vásquez Kunze es realmente contundente:

“Salvo que ya hayan hecho su “camino de Damasco” para terminar de Saulo en Paulo. En ese caso que vayan poniendo su cabeza en el tajo. Del réquiem se encarga el Cardenal”.

Una parte de los convidados a este festín se presentan como liberales, pero no son más que fariseos, colaboradores y compañeros frecuentes de los poderosos. Ayer su corazón estuvo con Fujimori, hoy late por Alan, y mañana, quién sabe. Nunca les ha incomodado compartir la mesa y los planes con los espíritus más retrógrados, con los que - desde el Estado, la arena política u otros espacios sociales - prefirieron mirar hacia otro lado cuando las víctimas del terror o de la represión solicitaban su ayuda. Su valor inspirador no es la libertad, sino el anhelo de poder y el mero interés.

Estudiantes, trabajadores y profesores de la universidad estamos comprometidos con la apertura, rigurosidad académica y pluralidad que constituyen el fundamento del bien ganado prestigio de nuestra casa de estudios. Ella es una comunidad entregada a la producción de conocimiento y a la forja de conciencia crítica al servicio del país. Por eso, quienes defendemos la autonomía de la PUCP nos reservamos las celebraciones para el final. Esta batalla moral y legal recién empieza.

[1] Podríamos citar, asímismo, a muchos otros excelentes profesores - muy apreciados en la PUCP - distantes del pensamiento izquierdista o expresamente de "derecha", en sus diversas versiones: Boullard, Hernando, De Trazegnies, Cisneros, De la Puente, y un largo etcétera.

Actualización 1:

En el mismo Perú 21, Oliver Stark - sí, el mismo que sugirió construirle un monumento al perro Lay Fun - sostiene con entusiasmo en una delirante nota (en Fascismo en el Perú) que una eventual intervención del cardenal Cipriani en la PUCP permitiría hacer de la universidad un reducto fascista, como originalmente "quería Riva Agüero". Este señor Stark es increíble ¿Está en sus cabales?

Dice a la letra:

"Lamentablemente y debido a que careció de una tradición propia a la que acudir en busca de inspiración, el fascismo en el Perú nunca levantó vuelo a pesar de contar con el apoyo de la Iglesia Católica y la capas medias.

En un Perú que se debate entre los fuegos cruzados de un capitalismo depredador y excesivamente laxo y un socialismo fracasado, cabe preguntarse si una opción de camino medio entre los dos en la que prevalezca la realidad a los principios, la razón a los sentimientos y el orden al libertinaje pueda volver a ser una opción viable para el Perú".

Este señor está abogando por la resurrección del fascismo en el Perú. De Ripley. Quizás algunos activistas virtuales peruanos de tendencia similar - blogueros tradicionalistas, "antimodernos", y a la vez promotores reaccionarios de campañitas Facebook - suspiren de emoción. Qué pintoresco ¿Se estarán reagrupando los minúsculos grupos de la versión más extravagante de la extrema derecha?

Actualización 2:

Excelente artículo de Nelson Manrique publicado en La República sobre el cuestionado fallo del Tribunal.

Actualización 3:

Interesante artículo de Antonio Zapata sobre el caso PUCP.

Agudo texto de Jorge Bruce en defensa de nuestra Alma Máter.

Rocío Silva S. examina el caso PUCP.

Martín Tanaka analiza el tema en su blog.

Actualización 4:

Un agudo post de Gustavo Faverón: Los fuji-fachos (¿Algún bloguero se siente aludido?).

Eduardo González examina sus primeros años en la PUCP.

Especial de Domingo de La República sobre la amenaza fundamentalista sobre la PUCP.

Pedro Salinas escribe Yo odié a Hans Küng en Perú 21, un polémico testimonio de cómo - cuando era formado como un conservador religioso - le enseñaron a condenar al teólogo suizo sin necesidad alguna de leer sus escritos.