LA LÓGICA DEL AVESTRUZ

Gonzalo Gamio Gehri[1]


En la semana que pasó la discusión pública – tanto en el nivel periodístico, en las sesiones del Congreso y en el ámbito de la opinión pública – se ha concentrado en el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Curiosamente (y lamentablemente) la atención de los congresistas y los periodistas se ha dirigido más a examinar las declaraciones de una comisionada acerca de los rasgos políticos de los grupos subversivos que al contenido de las Audiencias Públicas de la CVR, en la que connotados representantes de AP, el APRA, la Izquierda y el PPC han expuesto ante el país sus reflexiones en torno a los hechos de violencia padecidos en las últimas dos décadas. Mientras parte de nuestra clase política perdía la oportunidad de elaborar un análisis riguroso y autocrítico sobre su actuación en aquellos años de convulsión política y dolor, parlamentarios como Rafael Rey, José Barba, Kuennen Franceza y otros entusiastas colaboradores del diario neofujimorista La Razón han centrado sus baterías en las palabras de Sofía Macher.

Es preciso saber distinguir las intenciones políticas subyacentes a las objeciones de estos personajes al trabajo y a la existencia misma de la CVR: esto va más allá de los juicios de Macher sobre los grupos terroristas y de su concepto de partido político. Estos congresistas piden la disolución inmediata de la Comisión, y buscan que la sociedad peruana no conozca el Informe Final que consigna sus investigaciones. Para tal fin, han iniciado una campaña de satanización y difamación de la CVR, señalando que la Comisión pretende – en términos de Barba – “amnistiar e incorporar a la política a SL y el MRTA”. Todo esto es falso: La CVR ha condenado, en todos sus comunicados institucionales y en las múltiples declaraciones de Salomón Lerner y los demás comisionados, el comportamiento fanático y criminal de los grupos subversivos y la necesidad de que aquellos que han sido justamente condenados por terrorismo permanezcan en la cárcel. Las insinuaciones ofensivas de Rey y sus compañeros trasciende las fronteras de la ignorancia, para llegar al territorio de la mala voluntad y la manipulación política. Son ellos, y no los miembros de la CVR, los defensores de la impunidad: hace unos años, muchos de estos censores apoyaron la ley de Amnistía, o asumieron una actitud francamente condescendiente – en algunos casos entusiasta y abiertamente colaboracionista – con la dictadura fujimorista y sus oscuros métodos de control político.

El tema de la condición política de Sendero Luminoso está repleto de malentendidos y de tergiversaciones deliberadas. De acuerdo con diferentes tradiciones de la teoría política y la ciencia social una agrupación deviene “partido político” cuando presenta tres rasgos distintivos: a) Aspirar a la consecución del poder político; b) Poseer una organización institucional – “cuadros”, “comités”, “departamentos de investigación y propaganda” etc. - diseñada para el cumplimiento de dicho fin; c) contar con una ideología, una visión de la vida y de la sociedad que guíe sus acciones y programas. En virtud de esa descripción, SL y el MRTA son partidos políticos (delincuenciales, ilegales, ilegítimos, violentos), de la misma manera que el Partido Nazi lo fue en Alemania, o que el partido comunista fue “partido único” en la URSS, o que Perú 2000 fue “partido mayoritario” bajo el final del fujimorato. Existen partidos legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, limpios y corruptos, democráticos y autoritarios. Justamente porque es necesario que la legalidad pueda trazar con precisión la línea divisoria entre los partidos que una democracia sana pueda admitir como parte del juego político y los que están fuera del orden democrático, es que se requiere de una Ley de Partidos que establezca las condiciones de legitimidad de los grupos políticos.

Pero estas consideraciones conceptuales no deben apartarnos del problema fundamental: que la visión de un árbol no nos impida ver el bosque. Aquí lo que está en juego es la posibilidad de exponer y difundir sin aplazamientos el Informe Final de la CVR, su lectura del período 1980-2000 y sus propuestas para la Reforma del Estado como parte del proceso de transición democrática. Rey, Barba y sus amigos están jugando sus últimas cartas, sus últimos esfuerzos por impedir que se propale un Informe que será a todas luces incómodo para ciertos sectores dirigenciales y grupos de interés, políticos y sociales. Consideran que carece de sentido “hurgar en el pasado” para “reabrir viejas heridas”. Desde la comodidad de sus escaños y oficinas, creen que el silencio y el olvido es la mejor solución para el sufrimiento de quienes han padecido la violencia y la injusticia. No se les ocurre que sean precisamente el silencio y el olvido los que agudizan y convierten en intolerable el dolor, los que hacen mayor violencia sobre quienes han sido víctimas del terror subversivo o represivo. Que el olvido y el silencio mantienen abiertas las heridas de miles de hogares, la mayoría provenientes de las zonas más empobrecidas del país.

Pero sólo la Verdad puede sanar; es curioso que quienes se jactan de ser lectores del Evangelio no reparen en ello. El objetivo de la CVR – consignado en el Decreto que la configura tanto como en el espíritu que ha animado y anima sus investigaciones – es ofrecer a la sociedad peruana un Informe que recoja los testimonios de las víctimas, las versiones de las partes involucradas en los hechos de violencia y las investigaciones de la CVR sobre las causas y procesos vinculados a los actos de terrorismo, la represión militar, la conducción política de los gobiernos y la reacción de los diferentes sectores sociales e instituciones en la época de la guerra interna. Se trata de un relato, tanto como de un análisis exhaustivo del sentido de estos acontecimientos. Pretende “verdad” para desde ella promover la acción de la justicia tanto en el ámbito judicial como social, de modo que las medidas relativas a la búsqueda de equidad, de inclusión social y política y de respeto intercultural puedan generar auténticas vías de reconciliación efectiva de la sociedad peruana consigo misma. Es preciso que el país esté en capacidad de afrontar, interpretar y discutir esta verdad para poder concluir realmente este dramático capítulo de nuestra historia, y que estos hechos no vuelvan a repetirse.

Pero Barba, Rey y sus amigos de La Razón quieren evitar que se esclarezcan las violaciones de Derechos Humanos y los mecanismos políticos que los grupos terroristas y muchas veces el Estado desarrollaron como parte de su estrategia de guerra. Quieren evitar que se escuche la voz de las víctimas, pobladores que quieren contar su historia o encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Muchas de estas personas no fueron escuchadas por sus autoridades locales, civiles, militares o religiosas, cuando buscaron apoyo en el municipio, los cuarteles o acaso algunas instituciones eclesiásticas para la búsqueda de algún familiar asesinado, torturado o desaparecido, sin saber muchas veces desde qué lugar del conflicto provenía el daño infringido; se les negaba la condición de ciudadanos, o no se les reconocía sus derechos por no hablar el castellano o no contar con recursos económicos o algún tipo de conocimiento legal. Muchas veces los ciudadanos de a pie nos comportamos con indiferencia frente a la tragedia vivida por tantos peruanos. La CVR se ha volcado a las zonas más vulneradas por la violencia y ha intentado recoger los testimonios de tanta gente por tantos años silenciada o castigada por la indolencia por aquellos que – como Rey – sostienen que “hurgar en las heridas del pasado no nos ayuda en nada”.

Por supuesto, nadie va a obligar a estos congresistas a leer el Informe Final de la CVR. En todo caso, tienen derecho a guardar silencio frente a estos graves asuntos, si así lo quieren. Como en el mito acerca del comportamiento de los avestruces, pueden cerrar los ojos y esconder la cabeza ante una realidad que los confronta y cuestiona sus prejuicios e intereses. Pero no pretendan negarle al pueblo peruano la posibilidad de ver lo que hay que ver.
[1] Profesor de filosofía de la PUCP.