¿“VIVA LA MUERTE”?

Gonzalo Gamio Gehri


El tema de la muerte parece haberse convertido en medular para la agenda política del gobierno de Alan García. La aplicación de la pena capital a terroristas y violadores se ha convertido en una propuesta personal del presidente, en nombre de la cual no ha dudado en desafiar al Parlamento – señalando un aparente divorcio entre la “clase política” y “el pueblo” - y sugerir que el proyecto se someta a referéndum. No parece persuadirlo la evidente ilegalidad de una medida como esa (dado que no puede someterse a consulta popular el recorte de un derecho fundamental); tampoco reprime su actitud el hecho que los dos grandes forjadores de la ideología aprista – Haya de la Torre y Sánchez – hayan sido agudos objetores de la pena de muerte y abolicionistas confesos; la búsqueda de “sintonía emocional” con las masas parece primar sobre el buen juicio legal y la memoria de los maestros. Es que la agenda del gobierno actual coincide más con el programa fujimorista que con el proyecto transicional de Paniagua (que ahora combate) y no concuerda en absoluto con el originario ideario aprista.

El oficialismo sabe que no existen argumentos que puedan avalar hoy la pena capital. Sabe que no es disuasiva y que puede generar errores judiciales irreparables. Sabe que no resuelve el problema de la criminalidad, sino que alienta diferentes formas de violencia y puede contribuir al envilecimiento de sectores importantes de la población. Sabe que esta controversia nos expone al escrutinio ético-legal internacional, que Amnistía Internacional y la Unión Europea ven con preocupación la campaña mortícola emprendida por el ejecutivo, con portátil incluida, lecturas excesivamente raudas del catecismo y alusiones descontextualizadas a Santo Tomás. No faltan tampoco los ataques a quienes recusan su singular “cruzada”: cantando a coro con la prensa fujimorista, proclaman que los adversarios de la pena capital sólo defienden los derechos de los asesinos. “Por si acaso nosotros defendemos la vida”, indica un congresista oficialista, “la vida de las víctimas”. El universalismo liberal les es completamente extraño a los promotores de esta iniciativa.

Pero esta fascinación por la muerte tiene diversas facetas. El APRA y sus aliados antiliberales se rasgan las vestiduras porque la anterior administración reconoció ante la CIDH que agentes del Estado torturaron y ejecutaron extrajudicialmente en Castro Castro y La Cantuta, pero no investigan ni promueven que se juzgue y castigue a quienes ordenaron, perpetraron y encubrieron tales crímenes bajo el fujimorato. El tema de fondo sigue sin ser tratado – no se habla de los asesinatos ni de las torturas, nadie menciona al grupo Colina -, y los defensores de los derechos humanos siguen siendo tratados como enemigos de la patria. Los apristas sólo tendrá sonrisas y gestos de condescendencia para con el extraditable Fujimori mientras los fujimoristas voten con ellos en el congreso. Al fin y al cabo, la hostilidad frente a la CIDH es un sentimiento que comparten ambas agrupaciones. Ahora se trata de la matanza de Castro Castro, luego será El Frontón.

Pero el presidente piensa que la defensa de la ley del Talión le trae réditos políticos y le asegura la simpatía de la población, cuyas emociones más básicas excita. Para promover la pena capital no se duda en abrir las puertas de Palacio a quienes invocan la muerte. No puedo dejar de pensar - al ver al mandatario aderezar discursos mortícolas – en el famoso enfrentamiento verbal entre el filósofo Miguel de Unamuno y el general franquista José Millán Astray en la Universidad de Salamanca (1936). Ante los gritos del militar, que clamaba la consigna fascista “¡Viva la muerte!”, el anciano pensador español no dudó en reaccionar contra este perverso mensaje. “Ahora – señaló Unanumo – acabo de oír el necrófilo e insensato grito, “Viva la muerte”. Y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente”. Luego añadió que los fascistas tendrán la fuerza para vencer, pero no las razones ni el derecho para convencer. Millán Astray, fuera de sí, intentó agredirlo físicamente a la vez que gritaba: “¡abajo la inteligencia!”. Unamuno fue protegido por los asistentes, pero al poco tiempo el incidente le valió ser cesado como Rector.

No es difícil reconocer algunas semejanzas entre este célebre episodio salmantino y la situación de las posiciones en conflicto en la actual polémica nacional sobre la pena capital. Ya algunos voceros del oficialismo han indicado que el gobierno primero percibe el clamor popular, y luego recién escuchará los argumentos jurídicos. Ni siquiera ha escuchado la propia voz del Congreso, cuyos acuerdos parece desconocer. La actitud beligerante y tozuda del ejecutivo nos hace pensar que aquí lo que se persigue realmente es el objetivo político de sustraerse impunemente a los dictámenes de la justicia internacional.