ENTRE EL “DEBER CIUDADANO” Y LA CACERÍA DE BRUJAS

Gonzalo Gamio Gehri


Parece que la verdad no es un asunto sustancialmente relevante o prioritario en el contexto de la discusión política y mediática en torno a las políticas de Derechos Humanos. En los últimos días el Presidente de la República ha exagerado la cifra de denuncias contra el Estado peruano ante la CIDH y ha llamado “terrorista” a un campesino torturado y asesinado por efectivos de las Fuerzas Armadas en 1990 (luego ha pedido públicamente disculpas a la familia Baldeón). Algunos congresistas oficialistas han omitido detalles importantes de las investigaciones llevadas a cabo para establecer responsabilidades respecto de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el penal Castro Castro. El vicepresidente ha acusado a un grupo de abogados de CEAS de coincidir ideológicamente con el terrorismo, generando las protestas de esta comisión episcopal.

Por su parte, el director de un conocido diario fujimorista que promueve la demolición de “El Ojo que Llora” – quizá aprovechando la escasa información sobre el tema con la que cuenta el alcalde de Jesús María – señala maliciosamente que la escultura constituye un “homenaje a los terroristas”, y concentra su atención en difamar al presidente de la CVR. El director de otro medio conservador objeta la iniciativa de un grupo multipartidario de congresistas que propone trabajar juntos las recomendaciones de la CVR, aduciendo que ello implicaría prestarse al “lavado de cabeza” de la temida “izquierda caviar”; de pasada, improvisa un sermón en el que sentencia – haciendo gala de una “refinada” cultura política – que la noción de “sociedad civil” constituye una invención de Gramsci (dato enteramente falso, se trata de un concepto de origen liberal, bastante más antiguo) que serviría como herramienta ideológica del “complot marxista”. La fuente bibliográfica de la que extrae tan “profundo” análisis – según su propia confesión – es ¡Wikipedia! Tal vocación investigadora y tales exquisiteces académicas explican en parte las múltiples inconsistencias y errores de sus notas editoriales.

Pero las deficiencias teóricas y documentarias sólo constituyen un lado del problema que abordamos. El otro es la mala fe que profesa esa prensa (y ese sector de la “clase política” al que acolita) en contra de quienes han defendido – desde la CVR, desde las universidades y desde algunas ONG – la causa de los Derechos Humanos en el país. Me pregunto si realmente estas personas creen en el gigantesco absurdo que sugiere que quienes asumen la causa de las víctimas del conflicto armado interno promueven la ideología de Sendero Luminoso. Me pregunto si los dos directores mediáticos aludidos han leído algo de las conclusiones del Informe Final de la CVR, particularmente las conclusiones 13 a 16, en las que la Comisión asevera categóricamente que Sendero Luminoso fue el principal responsable de la tragedia vivida y sus secuelas (así como el mayor perpetrador de violaciones de Derechos Humanos), e indica claramente que el fanatismo y el totalitarismo de las convicciones ideológicas de esta organización terrorista fueron determinantes respecto de la crueldad extrema de sus métodos. Pero parece que los hechos, los argumentos y los documentos no son importantes aquí. Lo que importa es aderezar noticias e inventar escándalos que generen titulares y ventas. Por ello han construido un enemigo ficticio – la “izquierda caviar”, los “cívicos” -, hecho a imagen y semejanza de sus temores y sus críticas, que sólo revela su intolerancia y su antiliberal rechazo del pluralismo. En nombre de esas imágenes creadas se ha declarado una suerte de cacería de brujas ideológica – que a menudo cuenta con el apoyo entusiasta del gobierno aprista y de sus aliados fujimoristas – cuyos objetivos son la CVR, las ONG y los funcionarios del gobierno de transición y de la administración Toledo.

Los temas del día son el fallo de la CIDH y “El Ojo que Llora”: es curioso que estos ataques encuentren terreno fecundo en el tan proclamado “Año del Deber Ciudadano”. Habría que preguntarse qué clase de “deber” y de “ciudadanía” conciben como valores quienes plantean desacatar el veredicto de la Corte o proponen demoler La Alameda de la Memoria, un lugar de meditación sobre la necesidad de justicia y reconciliación. El anhelo de impunidad y el control sobre la historia no son compatibles con una idea razonable del “deber ciudadano”. Quizás estos temibles censores políticos y mediáticos consideran que no tiene sentido hurgar sobre el pasado para solidarizarse con las víctimas de la violencia, o esforzarse porque se les reconozca como ciudadanos iguales y personas dignas de respeto (otro principio liberal). Acaso desconocen la observancia de los acuerdos internacionales en materia de justicia como un precepto sensato. El deber de la memoria y el cultivo del principio de legalidad constituyen elementos básicos de la ética ciudadana y la cultura democrática. Talvez los promotores y los improvisados apologistas del “Año del Deber Ciudadano” tendrían que examinar seriamente si sus conceptos corresponden o no a las exigencias éticas y políticas de una democracia genuina.