RECONCILIACIÓN Y DEMOCRACIA

Gonzalo Gamio Gehri [1]


Políticas de Reconciliación o “Políticas” de Silencio, tal parece ser el dilema que afrontamos en el debate que gira en torno al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Los objetores de la Comisión – de su pertinencia en las circunstancias que vive el país e incluso de su derecho a la existencia – han manifestado sus dudas acerca del sentido del proceso de Reconciliación que intentaría impulsar el Informe Final de la CVR, o, lo que es grave, a improvisar conjeturas extrañas e infundadas sobre la supuesta intención de los comisionados de convertir en agentes políticos a quienes fueron los protagonistas de los hechos de terror y violencia que vivimos a lo largo de dos décadas. Entre los críticos del trabajo de la CVR encontramos, por supuesto, matices y diversidad de tonos y pretensiones de corte político. Por un lado, tenemos la campaña difamatoria que llevan a cabo Rey, Barba y cierta prensa de talante autoritario y afectos fujimontesinistas, que a la lógica del Avestruz añaden la estrategia del Calamar, que pretende enturbiar el horizonte político para silenciar o desacreditar las investigaciones de la CVR. Recientemente, con menos virulencia, pero con similar dureza, Antero Flores-Aráoz, Mercedes Cabanillas, Víctor Andrés García-Belaúnde y otros han dirigido sus críticas al proyecto de reconciliación a través del conocimiento de la Verdad y la acción de la Justicia.

Resulta obvio que el informe Final contribuirá a aclarar estas dudas y disolverá este variopinto conjunto de insinuaciones y cuestionamientos. Es preciso, sin embargo, reconocer que se oculta tras estas críticas un mismo argumento político, que considero erróneo e incompatible con los principios democráticos. Se trata de una tesis famosa, común al franquismo y al entorno de Menem, consistente en “voltear la página”, detener las investigaciones sobre las violaciones de Derechos Humanos, no indagar acerca de las causas y los efectos de la violencia para la vida social, dejar cerradas las fosas comunes, privar a las víctimas de voz. Dejar de “hurgar en el pasado”, dejar las cosas como están. “Perdonar” sin investigar, sin sancionar, y sin extraer de este periodo doloroso las lecciones que podrían evitar que estos hechos se repitan. Esa no es la reconciliación que la CVR pretende promover con su trabajo, ni la que los ciudadanos apoyamos como parte de la reconstrucción de las instituciones democráticas. En el contexto del olvido y el silencio - sin Verdad ni Justicia - la reconciliación se distorsiona y deviene en mera impunidad.

La reconciliación debe entenderse en el marco más amplio del proceso de transición democrática. Sobre la base de la ignorancia y la impunidad no es posible para los ciudadanos y las instituciones reconstruir el Pacto Social, tampoco podríamos evitar que los hechos violentos del pasado se repitan en el futuro. Por “reconciliación” entendemos un proceso de conversión comunitaria en lo social y lo político, que sustituye la violencia (en cualquiera de sus formas) por la deliberación pública y la observancia de los procedimientos democráticos como criterios medulares del tratamiento de los conflictos al interior de la sociedad. No obstante, resulta imposible regenerar el tejido social – reconstruir nuestros lazos y nuestras instituciones – si la ciudadanía no afronta la amarga pero importante experiencia de saber qué pasó realmente en el tiempo de la guerra subversiva. Los ciudadanos peruanos debemos estar dispuestos a asignar responsabilidades políticas o penales por lo ocurrido y a aceptar nuestra propia responsabilidad moral por lo que pudimos hacer para evitar lo que pasó y no hicimos. En efecto, muchos de nosotros – como individuos o como parte de instituciones – preferimos “mirar hacia otro lado” cuando los derechos fundamentales de algunos conciudadanos fueron atropellados, o fueron víctimas de ideologías fanáticas. Involucrarnos en el proceso de reconciliación implica confrontarnos con aquella realidad y asumir en adelante nuestra condición de agentes políticos en una sociedad que se compromete con una forma de vida democrática. A quienes cometieron crímenes contra la vida y la dignidad humanas – terroristas o malos militares - sólo les espera el castigo, ellos no pueden ser parte de la reconciliación en el sentido que hemos descrito. La amnistía, el olvido y el silencio promovidos por los “censores” de la CVR pertenecen solamente a las estrategias de la complicidad y el encubrimiento.

Resulta curioso que quienes elevan su voz en contra de la difusión del Informe Final pretendan hablar “en nombre de los peruanos”. Pero estos congresistas y autoridades confunden la “representación” con el “tutelaje”. Que en general representen a sus electores o a los fieles no significa que sepan a priori lo que sea mejor para ellos o no, o lo que ellos deban o no saber por el bien de sus mentes o sus almas. Erigirse en “tutores” implica desconocer la autonomía (privada y pública) que es fundamental para el ejercicio real de la ciudadanía: la capacidad de discernimiento y elección de los ciudadanos no puede ser usurpada por autoridad alguna, como si se tratase de menores de edad. Además, esta posición – cuando menos indirectamente – termina silenciando a las víctimas de la violencia. Esta confusión es grave en una democracia, porque en ella nadie puede ejercer un poder tutelar sobre los ciudadanos sin vulnerar sus derechos políticos más elementales: los peruanos tenemos derecho a saber la verdad, a conocer el Informe Final de la CVR y a someterlo a discusión en los fueros de la sociedad civil y el estado. Este conocimiento y este debate público resultan esenciales para el éxito del proceso de transición democrática y la construcción de un destino común en paz y justicia. Al fin y al cabo, sabemos que sólo la Verdad puede convertirnos en seres libres.


[1] Profesor de Humanidades de la PUCP.