OPINIÓN ¿PÚBLICA?

Gonzalo Gamio Gehri




1.- Audiencias cautivas y espacios ficticios. El hechizo de las encuestas y los escándalos mediáticos.

Hace un buen tiempo que en el país las empresas encuestadoras parecen diseñar – y prácticamente dictar – la agenda pública. Todas las semanas aparece una nueva encuesta que “mide”(nos dicen) el respaldo al presidente de la República y a las instituciones del Estado, nuestras percepciones sobre corrupción y estabilidad política o económica, nuestra valoración de los partidos políticos y, por supuesto, nuestra intención de voto respecto de las elecciones del año 2006. Si les creemos del todo, las encuestadoras nos indican qué autoridades “tienen legitimidad”, y cuáles no la tienen. Los políticos (y en especial el propio presidente) esperan la publicación de estos sondeos con impaciencia y angustia, y con frecuencia los periodistas recurren a ellas porque presuponen acríticamente que son vox populi (y presumiblemente vox Dei). Unos y otros consideran que son la expresión de la opinión pública.

Esta situación parece generar una cierta situación de agobio y ansiedad entre la clase política y entre la ciudadanía en general. No pocos analistas han juzgado este contínuo bombardeo de encuestas y sondeos electorales como un genuino asedio a la sociedad peruana, un asedio poderoso y sistemático, que remece los cimientos del propio sistema. Diríase que las autoridades y los representantes no tienen tiempo de reaccionar y de evaluar nuevas direcciones en su gestión ante a los resultados de una encuesta, porque ya se ha hecho pública la siguiente. Científicos sociales y asesores políticos se ven obligados a interpretar diferentes datos y fuentes a la vez. A través de estos sondeos de opinión se registra y transmite - esta es la pretensión - la percepción de un sector de la población (generalmente dentro de un pequeño universo de encuestados) frente al escándalo político de turno (o las simpatías presidenciales de los electores), y esa sensación pasa a configurar el escenario político para los siguientes (¿cinco o seis?) días. Las encuestas, de este modo, pretenden trazar el mapa político de la más puntual coyuntura, de tal manera que a nosotros no nos queda – supuestamente – otra alternativa que adaptar nuestros movimientos y orientaciones a ese nuevo bosquejo de la provisional geografía nacional de nuestros conflictos, adhesiones y animadversiones. La creencia que jamás se pone en cuestión, pues se ha convertido en casi un asunto de sentido común en el país, es precisamente que las encuestas ponen de manifiesto el punto de vista de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos.

No obstante, considero que es imperativo mostrar que este argumento no es correcto: las encuestadoras no son transmisoras de opinión pública, sino de opiniones privadas, en un doble nivel. Por un lado, las encuestadoras representan los intereses y valores de sus promotores y los de sus clientes, por ello se definen como empresas. Evidentemente, estas empresas tienen todo el derecho de hacer dinero y prosperar, dentro de los márgenes que establece la ley en un Estado democrático de derecho. Es preciso, sin embargo, pensar su lugar en una sociedad democrática, y discutir su rol en nuestra peculiar coyuntura sociopolítica. Sus modos de preguntar, de diseñar sus alternativas y elegir el universo de los encuestados – incluso sus estrategias metodológicas - nunca es neutral. Es lamentable y vergonzoso, por ejemplo, que la mayoría de estas encuestadoras persistan en la ilegítima opción de considerar al prófugo ex dictador Fujimori como un potencial candidato presidencial, a pesar que la ley se lo impide en todas las lenguas; causa verdadera indignación y desconcierto que incluso una institución por demás seria y respetable como la Universidad de Lima incluya en sus sondeos electorales a este funesto personaje, sin tomar en cuenta las reglas democráticas (me refiero – para evitar malentendidos – a todo sondeo[2] de carácter político que trae consecuencias electorales, particularmente las “encuestas de popularidad” que le otorgan el estatuto de político activo a un prófugo de la justicia, inhabilitado para ejercer cargos públicos y participar en lides políticas[3]).

El caso de muchos medios de comunicación es exactamente el mismo; la línea editorial suele hacer explícitas las perspectivas y aspiraciones particulares de los empresarios mediáticos. El cultivo del sensacionalismo y la búsqueda desesperada de audiencia y ventas hace tiempo que ha sustituido a la investigación periodística como método de trabajo. No en vano hace unos meses Alfredo Pita nos alertaba - desde las páginas de La República - acerca del fortalecimiento de un auténtico “feudalismo virtual” en el mundo de las comunicaciones peruanas. El caso más patético de esta situación tuvo lugar cuando dos empresarios televisivos – ambos enfrascados en una lucha judicial poco transparente por la propiedad de un canal – recurrieron a enfrentar a sus matones en las calles, en una especie de versión criolla de Pandillas de Nueva York, para tomar por la fuerza la empresa mediática que se disputaban.

Pero hay un segundo nivel, realmente digno de consideración. Expresar la opinión de alguien (inclusive de mucha gente) no es lo mismo que promover o transmitir la opinión pública. Las encuestadoras pueden mostrar – en el mejor de los casos – la perspectiva de un sector de la población, pero lo que hacen es registrar las preferencias y opiniones de individuos. Que coincida mi opinión con la tuya, con la de ella o la de él no convierten estas opiniones en públicas, si es que ellas no suponen el ejercicio del diálogo, la argumentación y la crítica en espacios comunes abiertos, reales o virtuales. La opinión pública no es lo mismo que la simple sumatoria de opiniones individuales aisladas e inarticuladas. La opinión pública implica como una condición esencial la construcción discursiva de un “nosotros”plural y razonable, la forja de consensos a través de la discusión cívica y el respeto de la discrepancia. En el marco de esta tarea los ciudadanos son reconocidos como agentes democráticos, y no simples espectadores de lo que sucede “allá afuera” en la arena política. Los sondeos sólo “miden” los sentimientos de las personas; ellos constituyen tan sólo un limitado instrumento de análisis, lo suficientemente dúctil como para ser vulnerable a la manipulación.

2.- Democracia y espacios de opinión pública.

Resulta fundamental en este sentido retomar el debate acerca de la condición y los fines de los medios de comunicación y las organizaciones vinculadas al trabajo informativo ¿Se trata solamente de empresas privadas cuyo ‘negocio’ es la administración de la “información”, o ésta denominación distorsiona gravemente su razón de ser originaria?[4] Es preciso recordar que el concepto de opinión pública se gesta en el contexto del surgimiento de los primeros medios de comunicación en el siglo XVIII en Europa. La configuración de estos medios es inseparable del proyecto de Ilustración, consistente en convertir en accesible a la sociedad entera las formas de saber y de libertad que eran objeto de controversia que otrora era privilegio de los sectores intelectuales y políticos. Se buscaba entonces incluir a todos en la conversación cívica y en el libre ejercicio de la crítica.

Nada de esto es compatible con el “espíritu de la empresa”, fundamentalmente instrumental y atomista. Los medios de comunicación originales propugnaban ampliar el horizonte de discusión más allá del espacio físico de las asambleas y las formas de diálogo público cara a cara. Se trataba de poner a disposición de todos los actores la agenda del debate y el manejo libre de la información; buscar lo que compartimos, no lo que nos enfrenta en un contexto de competencia “libre” entre intereses privados. El modelo de la ‘empresa mediática’ frustra, al menos en principio, estos fines y esta vocación incluyente y democratizadora. Alguien podría arguir que estas reflexiones solamente prueban que los medios-empresa no cultivan el antiguo espíritu cívico de sus ancestros ilustrados: no preservar una cierta herencia cultural y asumir nuevos retos y objetivos no es necesariamente un error. Hoy – en los tiempos de la hegemonía del mercado y la globalización – los medios de comunicación se han “modernizado”, adoptando los esquemas de la empresa privada. Podríamos responder a esta observación que, en efecto, los medios se han adaptado eficazmente a esta nueva época y al hipercapitalismo, pero tendríamos que añadir que ello plantea serios e ineludibles obstáculos a su proclamada pretensión de ser vehículos de “opinión pública”. La construcción de espacios públicos supone trascender decisivamente el ámbito de los intereses individuales hacia el horizonte del consenso y el encuentro de argumentos.

Las encuestas y sondeos de opinión buscan – más allá de sus evidentes imperfecciones metodológicas – convertirse en una suerte de termómetros políticos, que pretenden contarnos “cuán caliente está la calle”. En tanto instrumentos de medición que apuntan exclusivamente a las disposiciones meramente subjetivas de los entrevistados, no contribuyen sustancialmente a la formación cívica.. El ‘público’ sólo expresa sus preferencias o antipatías en tanto conjunto de individuos que, para efectos de las encuestas, conforman una “masa” que – sin lla práctica de la deliberación pública – generalmente “siente” o “reacciona” en bloque en términos de adhesión, rechazo o desconfianza frente a lo que viven. El ejercicio del diálogo, en contraste, rompre con esa sensación de homogeneidad. A través del debate el ciudadano manifiesta como un sujeto autónomo su punto de vista con todos sus matices y razones, y puede abrir su mente a los argumentos de los demás. Las encuestas apuntan fundamentalmente a la subjetividad del auditorio; los espacios de opinión pública hacen posible que esa sensibilidad pueda articularse, replantearse y tomar forma a través de la reflexión y el intercambio libre de ideas.

Estas reflexiones pretenden destacar la enorme importancia de la construcción de opinión pública y la apertura de espacios comunicativos en una democracia realmente sólida. Los modos de expresión y participación que fomentan las encuestadoras y los medios – empresa son limitados e insuficientes; en situaciones de crisis política como la que vivimos, ellos pueden coexistir perfectamente con la práctica del autoritarismo y con el desarrollo actitudes paternalistas y clientelistas en el plano del poder. La ciudadanía activa en esfera de la opinión pública constituye por lo menos un complemento esencial para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y asegurar un genuino acceso a la información. La participación en estos foros reales y virtuales nos convierte en ciudadanos menos expuestos a la seducción de los medios de masas y menos vulnerables a los cantos de sirena del autoritarismo (cuyos cánticos no dejan de sonar desde hace tiempo).

Tenemos que preguntarnos si nuestros medios y las encuestadoras constituyen espacios de formación y desarrollo de opinión pública, o si más bien ellos representan a ciertos grupos de interés económico y político que se mueven en el complejo ajedrez maquiavélico que juegan las diferentes posiciones de poder en el Perú. La cuestión es si los medios dan la talla como agentes democráticos, si configuran foros públicos, abiertos a la participación y deliberación del ciudadano de a pie, o si de facto sólo son empresas librando sus propias batallas privadas en el convulsionado campo del mercado de las noticias y los titulares. Nos preguntamos desde donde debemos interpretar su actuar cotidiano, desde los derroteros de la economía neoliberal y el juego de fuerzas político o desde el enfoque y las necesidades de la sociedad civil. Quizá si las empresas mediáticas se empecinan en cultivar el sensacionalismo y aderezar el festín autoritario, lo que nos toque hacer como ciudadanía organizada sea crear nuestros propios escenarios de interacción y diálogo; después de todo, las inquietudes y los puntos de vista contrastados de los peruanos sí son realmente relevantes para el diseño de la agenda democrática nacional. Es preciso generar estos espacios libres; ellos promueven la inclusión política y combaten los oscuros rebrotes autocráticos como los que algunas empresas informativas alegremente pretenden alentar. De lo contrario, la tan mentada “opinión pública” seguirá siendo una mera máscara para el comportamiento estratégico de determinados sectores – pequeños en número, pero enormemente poderosos – que se van acostumbrando a dirigir los destinos del país.



[1] Una primera versión de este artículo ha sido publicado en PALESTRA, portal de asuntos públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[2] No olvidemos que “sondear” significa, literalmente, “inquirir con cautela y disímulo las condiciones de una persona o cosa”.
[3] Véase – por ejemplo - la pregunta 31 (asistida) del “Barómetro político de enero 2005 que publica el Grupo de Opinión Pública de la U. de Lima (N° 47 del barómetro de diciembre, ambas sobre “la simpatía de los políticos“) en donde se incluye en la tarjeta al ex dictador, actualmente protegido por el Japón
[4] He discutido este tema en Gamio, Gonzalo “Crisis de la democracia, ciudadanía y medios de comunicación. aproximaciones éticas al caso peruano” en: Diezhandino, Pilar, José Miguel Marinas y Ninfa Watt (Editores) Ética de la comunicación: Problemas y recursos Madrid, Edipo 2002 pp.293 –306.