Gonzalo Gamio Gehri
El fallo de la CIDH sobre las ejecuciones extrajudiciales de 41 presos por terrorismo en el penal Castro Castro está generando una virulenta controversia en la escena política y mediática. El gobierno toledista reconoció la responsabilidad del Estado frente a hechos de sangre que parecen revelar la intención de la cúpula Fujimori–Montesinos de utilizar el operativo “Mudanza 1” como instrumento para eliminar a los cabecillas terroristas recluidos en aquella prisión. Numerosos testimonios de internos, policías, así como las recientes declaraciones de Luís Jiménez y las investigaciones de la CVR coinciden en que se violaron los derechos básicos de los reos, se usó la fuerza de manera desproporcionada, y que las autoridades que pudieron detener las ejecuciones no lo hicieron. La CIDH ha solicitado al Estado el pago de reparaciones a los deudos de los muertos y la realización de un acto público en memoria de quienes fueron asesinados.
Es razonable que el Estado pida a la Corte que aclare su fallo. Es perfectamente comprensible que muchos ciudadanos reaccionen indignados ante la idea (no examinada) de que quienes formaron parte de una organización que declaró la guerra al Estado y al país y sembró la muerte a lo largo de dos décadas sean destinatarios de una ceremonia pública. Es necesario afrontar con lucidez la discusión acerca de cómo se acatará el fallo de la CIDH honrando a la vez el principio de legalidad y el rechazo del terrorismo. No obstante, es preciso reconocer que en este operativo realmente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que un Estado democrático tiene que enfrentar las consecuencias de esas acciones (aunque hayan sucedido bajo un gobierno autoritario).
Sin embargo, nuestra “clase política” no ha asumido con la seriedad y el buen juicio debidos esta delicada situación. El APRA, el fujimorismo y UN han reaccionado visceralmente contra este veredicto. Nuevamente se sugiere que el Estado denuncie el Pacto de San José, sin reparar en los funestos efectos de una acción como esa. No obstante, lo que sorprende es la peculiar comprensión de los derechos humanos que subyace a las declaraciones de los funcionarios del gobierno y los parlamentarios que se han pronunciado sobre el tema. Esto ha evidenciado el profundo antiliberalismo y la casi nula cultura política de nuestros representantes. Aparentemente son “liberales” sólo cuando se trata de apostar por la omnipotencia del mercado.
Liberal es la convicción de que la sociedad organizada debe velar por el equilibrio de poderes a través de los canales que establece la ley. Liberal es la creencia en la universalidad de los derechos humanos, cuya observancia le confiere legitimidad a las instituciones y normas positivas que vertebran el Estado. En nada de esto creen nuestros políticos. Para ellos, quienes esperan que se acate el fallo de la CIDH son “pro-terroristas”. No entienden que a Sendero se le vence con las armas en el campo de batalla, en los tribunales, y en la arena política, refutando sus dogmas, pero siempre en el marco del respeto por la ley. Eso nos diferencia de los criminales terroristas. En contraste, nuestra “clase política” y la prensa autoritaria creen que los presos no tienen derechos humanos. Ignoran que - en una perspectiva liberal - si vivieran hoy Hitler y Stalin tendrían derecho a un proceso justo. Sería inaceptable que se les ejecutase sin mayor trámite. Curiosamente, un diario fujimorista – el mismo que propone demoler El Ojo que Llora - ha señalado hace unos días, respecto de la necesidad de reparar y desagraviar a las víctimas de La Cantuta, que “en todo caso, el desagravio debería proceder sólo para los estudiantes que fueron secuestrados y muertos por error”. Increíble. Con esas palabras se pretende justificar las ejecuciones extrajudiciales promovidas desde el poder.
Esto no es derecha liberal, es fascismo encubierto y vindicación de una supuesta “razón de Estado” por encima de cualquier normatividad universal y principio legal. Esto se hizo patente desde los tiempos de la campaña difamatoria contra la CVR ¿Quiénes alzaron la voz para insultar y mentir desde los diarios de ultraderecha? aquellos que escribían en contra del esclarecimiento de la memoria y en favor de la impunidad desde un rancio discurso pseudo-religioso que evocaba una espuria “identidad patriótica” de “trono y altar” y culminaban sus notas con invocaciones de la Falange española. Sus héroes no eran Locke o Kant. Eran Donoso Cortés y Carl Schmitt.
El debate sobre el fallo de la Corte ha puesto nuevamente de manifiesto que la derecha criolla – política y mediática – sólo se “moderniza” para hacer negocio. Su supuesto “liberalismo” es una mera máscara. No ha comprendido lo que significa vivir en democracia. Para ella y sus aliados oficialistas, paradójicamente, los derechos humanos no son para todos los seres humanos. No reparan en que la defensa de la universalidad de estos derechos no es una consigna ideológica, sino un principio de civilización.
El fallo de la CIDH sobre las ejecuciones extrajudiciales de 41 presos por terrorismo en el penal Castro Castro está generando una virulenta controversia en la escena política y mediática. El gobierno toledista reconoció la responsabilidad del Estado frente a hechos de sangre que parecen revelar la intención de la cúpula Fujimori–Montesinos de utilizar el operativo “Mudanza 1” como instrumento para eliminar a los cabecillas terroristas recluidos en aquella prisión. Numerosos testimonios de internos, policías, así como las recientes declaraciones de Luís Jiménez y las investigaciones de la CVR coinciden en que se violaron los derechos básicos de los reos, se usó la fuerza de manera desproporcionada, y que las autoridades que pudieron detener las ejecuciones no lo hicieron. La CIDH ha solicitado al Estado el pago de reparaciones a los deudos de los muertos y la realización de un acto público en memoria de quienes fueron asesinados.
Es razonable que el Estado pida a la Corte que aclare su fallo. Es perfectamente comprensible que muchos ciudadanos reaccionen indignados ante la idea (no examinada) de que quienes formaron parte de una organización que declaró la guerra al Estado y al país y sembró la muerte a lo largo de dos décadas sean destinatarios de una ceremonia pública. Es necesario afrontar con lucidez la discusión acerca de cómo se acatará el fallo de la CIDH honrando a la vez el principio de legalidad y el rechazo del terrorismo. No obstante, es preciso reconocer que en este operativo realmente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que un Estado democrático tiene que enfrentar las consecuencias de esas acciones (aunque hayan sucedido bajo un gobierno autoritario).
Sin embargo, nuestra “clase política” no ha asumido con la seriedad y el buen juicio debidos esta delicada situación. El APRA, el fujimorismo y UN han reaccionado visceralmente contra este veredicto. Nuevamente se sugiere que el Estado denuncie el Pacto de San José, sin reparar en los funestos efectos de una acción como esa. No obstante, lo que sorprende es la peculiar comprensión de los derechos humanos que subyace a las declaraciones de los funcionarios del gobierno y los parlamentarios que se han pronunciado sobre el tema. Esto ha evidenciado el profundo antiliberalismo y la casi nula cultura política de nuestros representantes. Aparentemente son “liberales” sólo cuando se trata de apostar por la omnipotencia del mercado.
Liberal es la convicción de que la sociedad organizada debe velar por el equilibrio de poderes a través de los canales que establece la ley. Liberal es la creencia en la universalidad de los derechos humanos, cuya observancia le confiere legitimidad a las instituciones y normas positivas que vertebran el Estado. En nada de esto creen nuestros políticos. Para ellos, quienes esperan que se acate el fallo de la CIDH son “pro-terroristas”. No entienden que a Sendero se le vence con las armas en el campo de batalla, en los tribunales, y en la arena política, refutando sus dogmas, pero siempre en el marco del respeto por la ley. Eso nos diferencia de los criminales terroristas. En contraste, nuestra “clase política” y la prensa autoritaria creen que los presos no tienen derechos humanos. Ignoran que - en una perspectiva liberal - si vivieran hoy Hitler y Stalin tendrían derecho a un proceso justo. Sería inaceptable que se les ejecutase sin mayor trámite. Curiosamente, un diario fujimorista – el mismo que propone demoler El Ojo que Llora - ha señalado hace unos días, respecto de la necesidad de reparar y desagraviar a las víctimas de La Cantuta, que “en todo caso, el desagravio debería proceder sólo para los estudiantes que fueron secuestrados y muertos por error”. Increíble. Con esas palabras se pretende justificar las ejecuciones extrajudiciales promovidas desde el poder.
Esto no es derecha liberal, es fascismo encubierto y vindicación de una supuesta “razón de Estado” por encima de cualquier normatividad universal y principio legal. Esto se hizo patente desde los tiempos de la campaña difamatoria contra la CVR ¿Quiénes alzaron la voz para insultar y mentir desde los diarios de ultraderecha? aquellos que escribían en contra del esclarecimiento de la memoria y en favor de la impunidad desde un rancio discurso pseudo-religioso que evocaba una espuria “identidad patriótica” de “trono y altar” y culminaban sus notas con invocaciones de la Falange española. Sus héroes no eran Locke o Kant. Eran Donoso Cortés y Carl Schmitt.
El debate sobre el fallo de la Corte ha puesto nuevamente de manifiesto que la derecha criolla – política y mediática – sólo se “moderniza” para hacer negocio. Su supuesto “liberalismo” es una mera máscara. No ha comprendido lo que significa vivir en democracia. Para ella y sus aliados oficialistas, paradójicamente, los derechos humanos no son para todos los seres humanos. No reparan en que la defensa de la universalidad de estos derechos no es una consigna ideológica, sino un principio de civilización.
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