UN PASO IMPORTANTE

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Gonzalo Gamio Gehri

Interesante gesto el de la ministra Marisol Pérez Tello el de pedir perdón – en su discurso por los trece años de la entrega del Informe Final de la CVR – porque ésta fuese la primera vez que su ministerio se hacía presente en esta clase de reuniones con los familiares de víctimas del conflicto armado interno. Pidió perdón por la indiferencia del Estado frente al predicamento de las víctimas, y eso tiene valor.

La ministra anunció la apertura del Registro de Personas Desaparecidas. Este Registro se elaborará en conformidad con la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas – promulgada a fines del gobierno anterior -. La Ley 30470 establece que la desaparición de un ciudadano es condición suficiente para su búsqueda. Esperemos que estas declaraciones de la ministra sean una expresión inequívoca de la actitud del nuevo gobierno de asumir con total seriedad los compromisos adquiridos con las víctimas de la violencia. Que éste sea un paso importante en el establecimiento de un nuevo espíritu frente a las exigencias de memoria y justicia que correctamente formulan quienes sufrieron directamente estas dos décadas de terror y desamparo.

REFLEXIONES SOBRE UNA CONVERSACIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

Hace meses que quería escribir sobre este tema. Hará medio año que José Carlos Agüero y Renato Cisneros fueron entrevistados por Jaime de Althaus. Ambos han escrito libros (uno es un ensayo testimonial, el otro una novela) en los que re-visitan sus vidas para intentar esclarecer etapas cruciales de la historia a través de las acciones y del carácter de personas concretas. Tanto Los rendidos como La distancia que nos separa dan fe de la dura y compleja relación con los padres – y con la comunidad entera - durante los años del conflicto armado interno.

La conversación es fluida, a pesar del descuido de las preguntas del entrevistador, y el intercambio entre los autores es esclarecedor e importante. El trasfondo de este diálogo es el de las posibilidades de abrir una nueva etapa de encuentro post-violencia en el Perú, quizás en sintonía con el Informe presentado hace ya doce años, que examina las posibilidades de una reconciliación integral. Formular en el contexto de una actividad cotidiana como conversar lo que implica “forjar la reconciliación”. Ese tipo de procesos pueden empezar – como han sugerido los interlocutores – con una conversación, sin imponer una meta definida e incuestionable, sin sentir la presión de lograr esa meta.

Una idea crucial para comprender ese proceso (y quizá, emprenderlo) es la de abandonar una mentalidad basada en absolutos, que supone “saber” – de una manera apodíctica – qué es la “justicia social” (integrismo de extrema izquierda) o qué es el “desarrollo” (integrismo neoliberal, de extrema derecha) y obligar a los demás a aceptar ese ideario y ejecutarlo, usando la fuerza. Hacer pasar como una “ciencia” lo que es una ideología que invoca la violencia para encarnarse en la sociedad. Impongo la “revolución” o el “progreso”- para aludir a los dos extremos políticos -, aún en contra de la voluntad de los afectados. Rechazar ese supuesto nefasto y lamentable, para instalar en su lugar prácticas de comunicación en un marco ético / público que valore la diversidad.

Los libros destacan la necesidad de “humanizar al otro (al otro estigmatizado)” para propiciar ese potencial nuevo tiempo. Ambos autores se han declarado partidarios de la justicia y son contrarios a cualquier estrategia de impunidad, por supuesto. Plantearse “humanizar al otro” implica desechar las caricaturas que las ideologías radicales imponen por doquier, y que sirven para estigmatizar y eliminar al enemigo. Decir que quienes han difundido ideologías fanáticas y que incluso han perpetrado delitos son seres humanos no implica “disculparlos”, todo lo contrario: se trata de mostrar que cometer crímenes atroces son escalofriantes y repudiables posibilidades humanas. Precisamente porque sabemos que los seres humanos pueden cometer terribles violaciones de derechos humanos es que podemos estar preparados para asignar responsabilidades, castigar a los culpables y tomar medidas para prevenir esta clase de acciones[1]. Observar la humanidad en el otro – incluso en el enemigo o en el preso – permite construir una imagen más precisa para entender, juzgar con rigor y prevenir.

La caricatura mina la memoria. Mientras nos aferremos a las etiquetas y a las caricaturas, el proceso de maduración de nuestro país como sociedad democrática permanecerá como un postulado impracticable. La conversación llevada a cabo en este espacio televisivo es la expresión un inicial ejercicio de memoria interpersonal sumamente provechoso e inspirador. Me parece que es un camino que hay que transitar aquí y ahora. Los escritos que evocamos constituyen un paso importante en el trabajo de rememoración concreta que necesitamos en el Perú.

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[1] Todorov, Zvetan “La memoria como remedio contra el mal” en: La experiencia totalitaria Barcelona, Galaxia Gutenberg 2010 p. 282.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘RECONCILIACIÓN’ EN UN SENTIDO SOCIAL Y POLÍTICO?

Gonzalo Gamio Gehri

La discusión en torno al cumplimiento de las penas de terroristas ha reeditado la polémica en torno al concepto de “reconciliación”; se ha aludido muchas veces – generalmente de forma imprecisa – al Informe Final de la CVR. Es una polémica importante e intentaré seguir aquí algunos de sus argumentos, más allá de cuáles sean sus fuentes mediáticas específicas, porque estos argumentos han aparecido más de una vez en el espacio público. Entonces los reseñaré de un modo sintético. Diversos periodistas y observadores políticos han sostenido que, en la perspectiva del documento, la reconciliación supondría una suerte de “entendimiento” y de restablecimiento de “buenas relaciones” entre los protagonistas del conflicto armado interno, entre ellos los grupos terroristas. Esta afirmación es notoriamente falsa. El IF-CVR señala que la sociedad peruana es sujeto de reconciliación, en un nivel político, social e interpersonal. Las organizaciones terroristas y aquellos malos agentes del Estado que lesionaron derechos humanos no forman parte del proceso de reconciliación: a ellos les esperan las sanciones que establezca la justicia en el terreno legal.

En esta precaria discusión nacional sobre la “reconciliación” – su pertinencia, legitimidad, su viabilidad – la CVR es el único interlocutor que ofrece una definición de reconciliación. Avanzaríamos un poco más si la examinamos sin distorsionarla, más allá de si pretendemos defenderla o refutarla. El primer paso siempre es reconstruir con rigor un argumento, para luego discutir su validez o pasar al momento de la defensa o al de la crítica. La CVR entiende por “reconciliación” un proceso bastante preciso. Se trata de un proceso histórico que involucra un cambio en las mentalidades, en las prácticas y en las instituciones. No implica la justificación del vencido (¿Cuál sería esta justificación?)  ni alguna forma de “borrón y cuenta nueva”, presente o futura. Tampoco implica “reconocerles razones” a quienes intentaron imponer a sangre y fuego una ideología violenta y totalitaria: resulta claro que el ejerci,cio de la violencia supone renunciar al terreno del intercambio de razones. Resulta absurdo atribuirle a la Comisión propósitos que no se siguen del Informe. Esa no es la forma de entablar un debate fructífero.

“La CVR entiende por ‘reconciliación’ el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible, y es necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años – tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron – así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.”[1]

Es cierto que la subversión fue derrotada en el plano bélico, concebido de manera amplia. Una victoria que todos los peruanos debemos celebrar. El cambio de estrategia, el énfasis en el trabajo de inteligencia – en particular el GEIN de la policía -, y la acción de los Comités de autodefensa rindieron sus frutos. Es discutible sostener que se trató en sentido estricto de una victoria exclusiva del fujimorismo. De hecho, el GEIN fue formado durante el gobierno de García, no contó con un gran apoyo durante el régimen de Fujimori, que lo disolvió poco después de que fuera capturado Abimael Guzmán. Debe constar que tal victoria tuvo lugar bajo el fujimorato – hecho que no se puede negar -, pero la historia es más compleja. La investigación política del fenómeno debe tomar en cuenta esta complejidad. De lo contrario, dicha historia resultará simplificada y sesgada.

La reconciliación tiene lugar en el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos, las comunidades y las instituciones. Se trata de un proyecto que no puede ser impuesto, sin duda, y que toma tiempo, probablemente grandes extensiones de tiempo. Insisto en que libros como los de Lurgio Gavilán y José Carlos Agüero echan luces sobre las posibilidades y dificultades de la reconciliación. Se trata de responder a la pregunta que se formula como título de este post. El IF-CVR es sólo un interlocutor en esta discusión,  un interlocutor que tiene un buen andamiaje conceptual a su favor. No obstante, este debate puede transitar otros caminos. Si queremos suscitar un debate fructífero sobre este punto, debemos todos abandonar el terreno de los estereotipos usados en la confrontación política diaria, y arribar al terreno de la deliberación pública. La calidad de los argumentos contribuirá a brindarle rigurosidad a la discusión y fortalecerá nuestros espacios públicos.

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[1]Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final (Tomo I) Lima, UNMSM – PUCP 2004  p. 63 (las cursivas son mías).

SOBRE RECONCILIACIÓN, JUSTICIA Y PERDÓN. OTRA NOTA SOBRE "LOS RENDIDOS"

Gonzalo Gamio Gehri

Quisiera discutir algunas ideas del texto de José Carlos Aguero - Los rendidos - que son bastante controvertidas y relevantes. Algunas ideas sobre la complejidad del concepto de víctima en los estudios teóricos de derechos humanos. La víctima es alguien que ha sido tratado con injusticia, de modo que su cuerpo y alma han sido dañados en circunstancias no deseadas por quien sufre sus efectos. Eso no significa que la víctima sea por sí misma una persona moralmente ejemplar; se trata en realidad de una persona concreta, que ha estado en el lugar incorrecto en la hora incorrecta. Se le han desconocido sus derechos básicos, se ha negado su identidad como ciudadano y su condición moral de individuo. La víctima no lo es por reunir ciertos estándares de pureza. Ha sucedido en la Alemania nazi, en la Rusia estalinista y en el Perú: los victimarios pueden convertirse en víctimas, las víctimas pueden convertirse luego en victimarios. Todorov lo ha explicado con rigor. podemos pensar en posibles casos hipotéticos. Condenados por delitos probados de terrorismo pueden encontrar la muerte en la represión de un motín en la cárcel. O un militar sentenciado por tortura que es víctima de un atentado subversivo. Esas muertes, no obstante, tienen lugar en un contexto de injusticia. Las ejecuciones extrajudiciales constituyen delitos contra los derechos humanos. Un preso pierde el derecho al libre tránsito mientras cumple su condena, pero no ha perdido su derecho a vivir. Para la acción de la justicia es importante reconocer la condición de víctima y victimario cuando estas recaen en una misma persona, y deben ser consideradas y evaluadas de manera diferenciada, para asignar sanciones y ponderar reparaciones, cuando éstas son necesarias. Se trata de imputaciones distintas: ambas son valiosas en la medida que se trata de dar a cada cual lo que le corresponde[1].

“La víctima (…), está allí, aunque no se le quiera ver o se la descarte del lenguaje. En algún lugar del mundo alguien se conduele de un deudo de una guerra, en secreto. Quizá un vecino. Y quizá nunca lo sepas porque quizá calle toda su vida”[2]. 

Las víctimas merecen ver restituidos sus derechos, en los términos en que un ciudadano y una persona humana los posee. Tienen derecho a conocer la verdad acerca de lo que le sucedió a él o a sus seres queridos. Tienen derecho a la justicia, a participar de un debido proceso que esclarezca la responsabilidad de sus agresores, de modo que éstos reciban una sanción que corresponda a aquello que establece la ley. Tienen derecho a ser reparadas a partir de las medidas equitativas que determinan las instancias del Estado que se ocupan del ejercicio de este tipo de políticas de derechos humanos. Tienen derecho a recuperar su lugar en la sociedad, junto a los suyos, y continuar con sus vidas en paz. Una vez cumplido el proceso de duelo y habiéndose logrado los propósitos de la justicia y la reparación, quienes una vez sufrieron inmerecidamente violencia reasumen la conducción de sus vidas.

El rol de las víctimas en el proceso de reconciliación social es sin duda crucial. Se trata de un proyecto ético y político que se propone reconstruir lazos sociales lesionados por la violencia y construir una auténtica ciudadanía democrática. El perdón constituye una opción libre que puede afrontar la víctima si lo considera correcto: es esencialmente un acto voluntario, no una obligación. Es el camino que discierne el autor en este libro. Argumenta que el perdón implica asumir la actitud moral de “rendirse”, en el sentido de deponer una actitud de rencor y anhelo de revancha frente a los perpetradores – cuya necesaria sanción está en manos quienes hacen justicia en el ámbito público -; perdonar entregarse a los demás en una dinámica de escucha y acogida de los otros. No supone impunidad penal ni olvido. Implica memoria y justicia en todos sus niveles prácticos. El ejercicio del perdón es una figura existencial específica  – eminentemente práctica - al interior del horizonte más amplio de la reconciliación.

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[1] Esto significa que ninguna de estas condiciones elimina o “compensa” a la otra.

[2] Agüero, José C. Los rendidos. Sobre el don de perdonar. Lima, IEP 2015 p. 115.

UNA ÉTICA DE LA REMEMORACIÓN Y DE LA JUSTICIA*

Gonzalo Gamio Gehri

Aunque la profecía constituye una práctica que posee una fuente religiosa, su cuidado no requiere - como una condición ‘esencial’ - la suscripción formal con una creencia religiosa, quien ejercita esta forma de pensar y de actuar “no necesita un compromiso cognitivo con Dios”, para usar la aguda expresión de Cornel West[1]. El espíritu profético exige un firme sentido de injusticia así como una renovada fe en la posibilidad de la justicia como clave para el logro de racionalidad y armonía en el ámbito de los asuntos humanos. Enfrentar lo catastrófico en la historia – el sufrimiento del inocente – y actuar en el mundo para producir relaciones sociales justas. Esta es una tarea que convoca por igual a personas que se adhieren a alguna clase de credo religioso como a aquellas que cultivan una mentalidad estrictamente secular cuando se trata de lidiar con los conflictos humanos.

Este es el caso de la obra de Primo Levi, Si esto es un hombre. Químico de formación, judío italiano por su origen, ateo por propia convicción, Levi es confinado al campo de concentración de Auschwitz en marzo de 1944. Su libro constituye un testimonio excepcional de lo que significa padecer injusticia y humillación en un campo de exterminio. Frente a ello, el protagonista – y otros como él – se comprometen a luchar por preservar la condición humana a toda costa. Si esto es un hombre manifiesta el desesperado propósito de unos cuantos individuos de aferrarse al valor de la dignidad personal, en contra de un sistema cruel y perverso que pretende degradar la vida de los internos  del Lager al estatus de meros objetos animados.  

“En la práctica cotidiana de los campos de exterminación se realizan el odio y el desprecio difundido por la propaganda nazi. Aquí no estaba presente sólo la muerte sino una multitud de detalles maniacos y simbólicos, tendientes todos a demostrar y confirmar que los judíos, y los gitanos, y los eslavos, son ganado, desecho, inmundicia. Recordad el tatuaje de Auschwitz, que imponía a los hombres la marca que se usa para los bovinos, el viaje en vagones de ganado, jamás abiertos, para obligar así a los deportados (¡hombres, mujeres y niños!) a yacer días y días en su propia suciedad; el número de matrícula que sustituye al nombre, la falta de cucharas (y, sin embargo, los almacenas de Auschwitz contenían, en el momento de la liberación, toneladas de ellas), por lo que los prisioneros habrían de lamer la sopa como perros; el inicuo aprovechamiento de los cadáveres, tratados como cualquier materia prima anónima, de la que se extraía el oro de los dientes, los cabellos como materia textil, las cenizas como fertilizante agrícola; los hombres y las mujeres degradados al nivel de conejillos de indias para, antes de suprimirlos, experimentar medicamentos”[2].

Esta es una reflexión dolorosa que pone de manifiesto enseguida el potencial catastrófico de la historia, así como la necesidad de hacer frente a esta trágica realidad desde el tipo de de lucidez en el juicio práctico que brinda el sentido de injusticia. Por décadas, Auschwitz ha representado en occidente el paradigma del “horror absoluto”, la vivencia desde la cual percibimos y discutimos las atrocidades que se han cometido contra la condición humana en los siglos XX y XXI en medio oriente en los Balcanes o en Sudamérica[3]. Primo Levi insiste en que dar a conocer ante la opinión pública estas terribles experiencias constituye un deber moral, para evitar que este tipo de situaciones se repita en el futuro. No es el único ciudadano y escritor que consagró su vida a concretar esta tarea. Combatir la discriminación y la intolerancia, erradicar las causas que llevan a la comisión de crímenes de odio requiere de una ética de la rememoración. Compartir esta clase de testimonios en el espacio público – hacer memoria – permite la construcción de un sistema legal y político que reforme mentalidades y transforme instituciones a partir de la defensa de los derechos y las libertades de los individuos, más allá de su origen, credo y modo de vivir.

La idea que subyace a la ética de la rememoración es la del respeto básico al valor intrínseco de la vida y de la integridad humanas, presente en el precepto  “No matarás”. Esta es la piedra angular de la cultura de los derechos humanos. Se trata también de una actitud frente a la violencia (directa, estructural y simbólica) que fractura y anula la convivencia humana. Judith Butler ha señalado con razón que el hecho de cohabitar el mundo de cierto modo (individuos y pueblos) no es fruto de la elección humana, nos viene dado de antemano. A la luz de este hecho reconocemos nuestra responsabilidad moral y política frente a la preservación de la existencia y de la pluralidad de la que nuestro prójimo participa. “Cohabitar”, sostiene, “es algo anterior a cualquier comunidad posible, a cualquier nación o vecindad. Podemos escoger dónde vivir y con quién, pero no podemos escoger con quién cohabitar la tierra”[4].

El mensaje profético destaca una manera radical de concebir el sentido de los vínculos humanos. El otro es el “próximo”, aquel que se re-vela en la dinámica de la comunicación y la interacción del día a día. Aquel al que le toca habitar el mundo junto a mí. En Bagua, en Vuetnam, en Gaza o en Irak. En dinde fuere.  El otro se manifiesta como tal en el encuentro interpersonal. Bloquear deliberadamente esa manifestación es violencia. Quien pretende elegir con quién “cohabitar la tierra”, indicando quienes son “prescindibles”, excluyendo a otras personas en razón de su origen, condición social, cultura, apariencia, género o sexualidad, está segando diversas formas de ser humano y de vivir una vida con sentkido. La profecía señala con perspicacia y entereza moral el daño producido en esas circunstancias como injusto de suyo. Ella establece con firmeza un límite para toda forma de acción.  Hace explícito el carácter universal y no negociable de la dignidad de cada individuo.

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* Este post pertenece a un escrito más extenso sobre el espíritu profético y la ética de los derechos humanos.
]1] West, Cornel  “Religión profética y futuro de la sociedad capitalista” en. Habermas, Jurgen y otros El poder de la religión en la esfera pública Madrid, Trotta p. 90.

[2] Levi, Primo Si esto es un hombre Barcelona, Nuchnik Editores 2002 p. 109.

[3] Cfr. Todorov, Tzvetan Los abusos de la memoria Barcelona, Paidós 2000 pp. 39 -40.

[4] Butler, Judith ¿El judaísmo es sionismo?” en: Habermas, Jurgen y otros El poder de la religión en la esfera pública op.cit.,  p. 81.

SOBRE EL PERDÓN Y LA JUSTICIA

Gonzalo Gamio Gehri

Leo con interés la entrevista a Carlos Álvarez Osorio en Perú 21, publicada en Navidad. Álvarez desarrolla una intensa labor pastoral en las cárceles, continuando las tareas emprendidas por el P. Hubert Lanssiers, con quien colaboró a lo largo de años. El entrevistado señala que el cuidado del arte puede ser liberador, no sólo del límite físico que suponen las celdas, sino de la prisión espiritual generada por el odio y la desesperanza que provocan el delito y la reclusión. El alma humana puede liberarse a través de una cultura del perdón. La redención y la libertad son posibilidades humanas fundamentales. Álvarez destaca con estas declaraciones algunas dimensiones fundamentales del cristianismo. Luego comparte algunas opiniones que tienen un claro (e importante) filón ético-político.

“¿Qué condiciones especiales tuvo el padre Lanssiers?

Hizo de su sufrimiento una fuerza para comprender al ser humano. Lanssiers decía que el ser humano no se agotaba en sus actos, y que lo que a él le había tocado vivir –estuvo en la Segunda Guerra Mundial– eran acciones humanas funestas, pero a pesar de ello consideraba que el ser humano no estaba acabado, que si uno le ponía una gota de amor y dedicación podría encontrar aquello que todos buscamos: humanidad.

¿Es posible hallar humanidad en el peor delincuente?

Se acaba de morir Nelson Mandela y él es un ejemplo de cómo se puede sobrevivir y seguir siendo noble a pesar de lo horrible que otros seres humanos te pueden hacer. En el Perú hay mucha gente herida, pero si no se curan de ese odio, no podrán vivir en paz. El problema aparece cuando se politiza o se intelectualiza el dolor: si una ideología quiere arreglar los problemas siguiendo sus postulados, estos no se solucionan, el odio permanece. Cuando lo racional prevalece siempre habrá un contrario, un rival a quien acusar. Con el pretexto de la “no impunidad” uno empieza a odiar toda la vida”.

Bueno, en términos generales, es difícil no estar de acuerdo con lo dicho. El odio tiene efectos perniciosos sobre el alma de las personas. Existen muchos estudios de psicología y de ética que lo confirman. Y mucha literatura extraordinaria se ha escrito en torno al sutil y fecundo análisis del carácter destructivo del odio. No tengo dudas acerca de que precisamos de edificar una cultura del perdón y de la reconciliación para combatir el odio. Lo que suscita algunas dudas es la alusión al tema de la “no impunidad” aquí. Pienso que debemos tener cuidado con el uso de los conceptos. Por supuesto, Álvarez tiene razón acerca de que a veces – le faltó, supongo, acotar eso, o quizás se trata de una omisión en la edición del texto, por eso yo procuro subrayarlo ahora como es debido – “con el pretexto de la “no impunidad” uno empieza a odiar toda la vida”. Sin embargo, debo decir que desde un punto de vista ético, el perdón supone  un compromiso básico con la “no impunidad”. El perdón no implica suspender la justicia y “voltear la página”. Hagamos precisiones conceptuales para evitar caer en involuntarias confusiones sobre este asunto crucial.

La acción de la justicia implica combatir los sentimientos de venganza que pervierten las relaciones humanas a todo nivel. Se necesita garantizar procesos de deliberación pública en condiciones de imparcialidad y simetría. La venganza destruye los lazos humanos. El perdón ennoblece el juicio y el carácter de quien lo concede, además de liberarlo del yugo de la violencia. Pero el perdón no puede imponerse a las personas. Es una gracia que concede únicamente la víctima - como individuo - , y nadie puede hacerlo en su nombre sin degradar el acto mismo, desnaturalizarlo sin remedio [1]. Estamos hablando de un proceso personal y voluntario. Cuando desde el poder estatal se propone – paródicamente -  “perdonar”, lo que se hace es promover leyes de amnistía, que cancelan las investigaciones judiciales, las penas e institucionalizan el olvido (“el olvido de la huida”). La amnistía busca garantizar la impunidad de los perpetradores.

El perdón es otra cosa. Hannah Arendt ha sostenido con razón que el perdón constituye el gran aporte del cristianismo al pensamiento crítico y a la ética. Quien perdona reconoce al victimario como tal, pero decide contemplar el daño padecido sin la carga del rencor. No opta por el olvido. Se plantea mirar el pasado de otra manera, y así liberarse del peso y la corrosión del odio. Tampoco suspende la sanción, que corresponde a las instancias legales cuando se trata de asuntos de carácter público. El victimario, por su parte, reconoce la falta producida y el daño generado, y pretende asumir un proceso de conversión moral.  El perdón no anula la justicia: esto es válido en el plano de la ética, en la teoría política e incluso – ya en el plano religioso  – en el sacramento de la reconciliación (cfr. Las reflexiones de S. Lerner sobre la materia).  De modo que el perdón está implicado estrechamente en la lucha por la “no impunidad”.

Es fundamental curar el odio para que la sociedad se reconcilie, y para que la vida triunfe sobre la muerte. Combatamos el odio y el ánimo de venganza, pero también la impunidad.  Álvarez ha identificado acertadamente un peligro (el de la revancha sin límites), pero no descuidemos el otro, el que podría debilitar el esfuerzo por la justicia y fomentar el olvido frente a las violaciones de derechos humanos. Sin duda, el imperio de la impunidad puede exacerbar el odio: el Perú ha padecido ya numerosos proyectos políticos que pregonaban el silencio y la indolencia frente a la posición de las víctimas. Un peligro es tan nefasto como el otro. No confundamos las cosas. Para decirlo claramente, un concepto distorsionado de "perdón" podría también  convertirse en un funesto pretexto para  imponer la supresión de la justicia y la represión de la memoria. El fujimorismo y el MOVADEF han defendido inaceptables formas de amnesia legal e impunidad. Sobre ese trasfondo de ideas e interpretaciones prácticas no sería posible edificar una sociedad libre y justa. Una  genuina cultura del perdón está asociada con el anhelo ineludible de justicia.

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[1] Estoy siguiendo los escritos de Hannah Arendt , Paull Ricoeur y Salomón Lerner sobre este concepto moral.

NELSON MANDELA, EL ESFUERZO POR LA PAZ Y LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Gonzalo Gamio Gehri

Nelson Mandela ha muerto.  Será recordado como una figura de gran relevancia en la vida pública del mundo contemporáneo. Se convirtió en el líder indiscutido de una lucha moral y política contra un régimen fundado en la discriminación por motivos raciales. Es, en este sentido, un exponente del movimiento por una ciudadanía universal, fundada en la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Ese compromiso lo llevó a ser recluido en una cárcel por cerca de veintisiete años.  Fue presidente de su país y su vida y obra cuenta con el reconocimiento de las personas que valoran la cultura de los derechos humanos.

¡Tantos años en prisión a causa del compromiso con la igualdad de derechos! Tanto sus enemigos políticos de entonces como sus propios carceleros tienen una opinión respetuosa sobre Mandela, que trasunta admiración ante una fe inquebrantable en la humanidad y una genuina vocación por la paz (Ver el artículo - en La República - de John Carlin). Mandela tuvo que conversar y negociar con sus rivales afrikáner, tanto desde la prisión como desde el ejercicio de la política, para lograr alejar de Sudáfrica el fantasma de la guerra civil. En el contexto de estas comunicaciones, nunca sacrificó los principios básicos acerca de la construcción de una sociedad no dividida por consideraciones sobre el color de la piel o por la condición social. No se claudicó en materia de la defensa de los derechos humanos.

Desde sus primeros años en la actividad política, Mandela se sumó a los partidarios de la doctrina de la no violencia y encontró en la obra de Gandhi una poderosa fuente de inspiración política. Entiendo que, por principio, se inclinó por la invocación a la desobediencia civil antes que al ejercicio de la insurrección violenta. Es cierto que la lucha contra el apartheid asumió con frecuencia la forma de la insurrección armada. No siempre la exigencia de no violencia fue honrada plenamente. El régimen segregacionista rechazaba los principios básicos de la democracia y los derechos humanos y a menudo llevó a sus víctimas a situaciones de desesperación. Sólo en situaciones realmente extremas - vinculadas a la autodefensa - podemos recurrir a la fuerza. Tenemos que pensar que las condiciones de la paz y la justicia deben construirse con medios no violentos, sin duda, a la vez que discernir qué situaciones sociales y políticas son incompatibles con la idea misma de dignidad humana. Está claro que el régimen del apartheid había cruzado un límite moral muy nítido. No obstante, Nelson Mandela intentó conducir el curso de la política contra la discriminación en la dirección de la forja de consensos públicos, aún los más complicados.

Construir una nación grande e inclusiva, abierta a todas las patrias, clases y credos, ese era el sueño de Mandela. Ese era también el sueño de Gandhi y King. Eso entrañaba su opción por la “reconciliación”. Hacer nuestro ese sueño constituye un elemento básico para la afirmación concreta de la cultura de los derechos humanos.  

EVENTO UARM: VERDAD Y RECONCILIACIÓN. DIEZ AÑOS DEL INFORME DE LA CVR

JORNADAS ÉTICAS 2013

VERDAD Y RECONCILIACIÓN. DIEZ AÑOS DEL INFORME DE LA CVR

4 -5 noviembre 2013 7-9 p.m.

Auditorio Vicente Santuc UARM.

“Verdad” y “Reconciliación” constituyen categorías fundamentales para los procesos de justicia transicional, aquellos en los que, una vez recuperada la paz o la democracia, una sociedad decide esclarecer públicamente una etapa histórica de violencia interna o de interrupción del régimen constitucional. Se propone hacer memoria acerca de la tragedia vivida, asignar responsabilidades y establecer garantías de no repetición. “Verdad” y “Reconciliación” son conceptos que poseen una enorme riqueza filosófica y teológica, fuerza semántica que se pone al servicio de la reflexión ética tanto como pone de manifiesto los desafíos planteados desde las políticas democráticas y la cultura de los derechos humanos.  En el marco de los diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la UARM dedica las Jornadas Éticas de este año a la discusión filosófica y ciudadana en torno a estos conceptos centrales para el pensamiento y la práctica de los derechos humanos en el Perú y en el mundo.

LUNES 4 DE NOVIEMBRE

TEMA: VERDAD Y RECONCILIACIÓN: REFLEXIONES DESDE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA.

Dr. Salomón Lerner Febres (Ex Presidente de la CVR / Rector emérito de la PUCP).

Comentario:

Dr. Juan Carlos Morante  (Rector de la UARM).

MARTES 5 DE NOVIEMBRE

TEMA: VERDAD Y RECONCILIACIÓN: APROXIMACIONES DESDE LA TEOLOGÍA SOCIAL.

R.P. Gastón Garatea  SSCC (Ex Comisionado de la CVR).

Comentario:

Dra Birgit Weiler (Profesora de la UARM)..

CVR: REFLEXIONES SOBRE EL DÉCIMO AÑO

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy se cumplen diez años de la entrega del Informe Final de la CVR.  La Comisión redactó una investigación sobre un período histórico marcado por el imperio de la violencia, el desamparo y la indiferencia en un contexto de fragmentación social y de una precaria institucionalizad política. El perfil de las víctimas – campesinos,  no hispanohablantes – revela hasta qué punto quienes sufrieron la insania terrorista y las situaciones de represión estatal fueron en su mayoría peruanos pobres, habitantes de comunidades altoandinas y amazónicas en las que en muchos casos el Estado no tenía una presencia real. Ellos no pertenecían al “Perú oficial” (limeño, urbano, hispanohablante), por lo tanto, su ausencia no se echaba en falta. El Informe recoge los testimonios de esos compatriotas, registrados a través de diecisiete mil entrevistas y la realización de audiencias públicas. Se pugnó por romper esa actitud de silencio oficial frente a la memoria de quienes sufrieron injustamente el conflicto.

La Comisión entregó al Estado y a la sociedad un documento fidedigno y científicamente sustentado sobre el proceso de violencia de aquellas décadas. Un texto para ser examinado y discutido detenidamente en los fueros del sistema político y de las instituciones de la sociedad civil. Se trataba de un paso fundamental para la recuperación pública de la memoria en el país, discutir nuestras fracturas, reconstruir nuestros vínculos sociales, establecer garantías de no repetición. No se trataba de dar la última palabra sobre la situación de los derechos humanos, sino de iniciar un debate riguroso y fructífero sobre la elucidación de nuestra memoria histórica y sentar las bases de una genuina política transicional en el Perú. Lamentablemente, una facción importante de la autodenominada “clase dirigente” – incluidos numerosos políticos, “líderes de opinión”, autoridades sociales y un largo etcétera - ha preferido no leer el IF-CVR, y guarecerse en el ataque artero y la simple y cruda ignorancia ¿El resultado? La propuesta de instalación de la amnesia moral y política desde canteras ideológicas distintas. El surgimiento de un organismo de fachada del PCP-Sendero Luminoso, que solicita una amnistía general para quienes cometieron violaciones de derechos humanos, en una senda próxima a las exigencias de silencio e impunidad  (en este caso selectivos) presentes en los alegatos de la extrema derecha política y periodística. No examinar el pasado, aprender de la historia reciente  y tomar las medidas de corrección  constituye una tarea ética esencial para prevenir nuevas situaciones de conflicto. Imponer una “historia oficial” indolora y unilateral hará imposible la construcción de ciudadanía en el país, así como la edificación plena de una sociedad democrática observante de las libertades y la igualdad de derechos de cada uno de los peruanos.

El IF-CVR condena claramente la vesania ideológica y las acciones criminales de las organizaciones terroristas, y señala al PCP- SL como el principal perpetrador de crímenes contra los derechos humanos. Indica asimismo que en “en ciertos períodos y lugares” las fuerzas del orden cometieron violaciones de los derechos humanos. Todas estas aseveraciones vienen respaldadas por el estudio de casos y el trabajo estricto con testimonios y evidencias. La investigación pone de manifiesto la negligencia y la responsabilidad de los políticos que ocuparon cargos en los gobiernos  de turno o ejercieron una función en el Congreso de la República frente a la escalada de la violencia gestada a lo largo de aquellas dos décadas. Una parte importante de la “clase política” se siente severamente confrontada por el documento, de modo que no extraña su permanente oposición a que el Informe se discuta en las escuelas o en los foros públicos, o que pueda servir de base a investigaciones judiciales, o que pueda traducirse en un plan concreto de reparaciones. Incluso el proyecto de edificación de un Lugar de Memoria ha sido recibido con irritación entre los políticos, militares en retiro, empresarios y algunas autoridades sociales.

El IF-CVR nos permite aproximarnos a una lectura crítica de un episodio complejo y doloroso de nuestra historia, una lectura que pone énfasis en las causas del conflicto, el proceso mismo, nuestras responsabilidades, y en las reformas institucionales que podemos emprender para no repetir una tragedia nacional como ésta. Se trata de un documento polémico que echa luces sobre los actos de crueldad y de injusticia que dañaron severamente el corazón de nuestra sociedad, pero que también destaca caminos posibles en la ruta de una genuina recuperación de nuestros lazos sociales e institucionales. Estos caminos presuponen todos el ejercicio de la memoria y la acción de la justicia en sus diferentes niveles. El proceso de reconciliación requiere – para asumir una figura concreta – un trabajo serio de discernimiento público en torno a lo ocurrido y un esfuerzo concreto por reparar a las personas y comunidades afectadas por la violencia.

¿PARA QUÉ RECORDAR?. LA EXPOSICIÓN "YUYANAPAQ" Y UN FORO UNIVERSITARIO

Gonzalo Gamio Gehri

El sábado estuve en la PUCP en un encuentro de estudiantes de diferentes universidades del país, un evento organizado por la RIDEI sobre La Universidad y el reconocimiento positivo de la diversidad cultural. El Foro Nacional contó con la participación de estudiantes de la UNT, UNSCH, UNSAAC, UNSM, UNAJM, PUCP. Era el último día y los alumnos programaron una visita guiada a la exposición fotográfica Yuyanapaq, el más importante archivo fotográfico sobre el conflicto armado interno. La visita contó con la presencia de los profesores Iván Hinojosa y Natalia Consiglieri, que han dedicado muchos años al estudio de nuestra historia reciente. A la vuelta de la exposición, tuvo lugar una mesa redonda – y una plenaria – para la que fuimos invitados el sociólogo Lars Stojnic y quien escribe estas líneas. Yo acababa de dar mi primera clase en la Maestría de Ciencia Política y Gobierno, habíamos comentado el tema del conflicto en el aula y tenía un esquema entre manos, que ponía énfasis en la idea ético-política de Reconciliación.

Los jóvenes que estaban en la sala no habían vivido el conflicto armado, pero con toda seguridad habían escuchado por boca de sus padres y otros familiares acerca del temor y del sufrimiento imperante en aquellos años. Algunos alumnos venían de Andahuaylas y de Ayacucho – estaban presentes algunos muchachos que estudiaban en la Universidad San Cristóbal de Huamanga -; uno de ellos contó que había perdido un pariente cercano durante el conflicto. Todos estaban visiblemente conmovidos por lo que habían visto, y se preguntaban cómo había podido suceder esto en el Perú, y hoy contar con el silencio de buena parte de los políticos y “líderes de opinión”. Un estudiante ayacuchano comentó que, al ver muchas fotos, podía reconocer lugares que le resultaban familiares, así como situaciones  conocidas en el día a día de la zona. “Podríamos haber sido nosotros”, señaló. Y lo mismo podríamos decir todos los que participábamos en la conversación, pues el conflicto, en su etapa más cruenta, laceró casi la totalidad del territorio nacional.

“¿Para qué recordar?” preguntaba un estudiante de Andahuaylas a Iván, a Lars y a mí. Respondí a partir de la necesidad de establecer garantías de no repetición desde el Estado y la sociedad civil - un poco en la línea de lo planteado en mi libro Tiempo de memoria y de lo que he escrito más recientemente sobre este tema – y de implementar políticas de justicia y reparación para las víctimas, tratadas como no-personas por la insania terrorista y por malos militares y policías. El descuido y la indolencia de los gobiernos frente a la población afectada por el conflicto y el anhelo de silencio e impunidad presente en un  extenso sector de las fuerzas políticas, ha contribuido a generar desaliento y escepticismo entre muchos peruanos. Desde hace años tanto el conservadurismo ideológico y mediático como el Movadef persiguen instalar formas de amnesia moral y política frente al conflicto: curiosamente, los extremos políticos se encuentran en una misma cruzada de silencio. Sin un ejercicio riguroso y honesto de memoria – cabalmente “público” – podemos dejar sin examinar y sin erradicar las condiciones de la violencia. El Informe Final constituye una herramienta útil – no la única, pero sin duda una investigación sumamente lúcida y comprometida con la causa de los derechos humanos – para aproximarse al estudio de las causas del conflicto armado interno. Depende de los ciudadanos del Perú y de sus instituciones que esta situación se revierta, y que nuestra sociedad emprenda la ruta de una genuina reconciliación social y política.

Iván cerró el evento con una esclarecedora reflexión en torno a la complejidad de las tareas de la memoria en el Perú, y de cómo la propia exposición Yuyanapaq podría verse seriamente mutilada y “adaptada” a una versión menos realista de la historia reciente para usos de constituir un Lugar de la memoria menos "polémico". Alguna vez he discutido este tema en este medio. Como se sabe, desde hace un tiempo  los impulsores del Lugar de la memoria se han propuesto (por razones políticas) desdibujar el carácter central del mensaje de la CVR en cuanto a la concepción de este espacio en construcción. Se trataría de "suavizar" la exposición  según las expectativas y los intereses de los políticos que quieren hacer del Lugar de la memoria un espacio “domesticado” y limitado, más afín a un espíritu de negociación política antes que a la búsqueda de la verdad. Una situación preocupante, aunque también previsible. El reto de la CVR y de quienes consideramos importante su aporte a la reconstrucción histórica de la tragedia vivida, consiste en defender la integridad de Yuyanapaq. De lo que se trata es de generar conciencia crítica y no de propiciar una visión atemperada de la historia.

IMPRESIONES SOBRE "ESTADO DE MIEDO" DE P. YATES

Gonzalo Gamio Gehri

Hace unos días participé en una mesa redonda – organizada por IDEHPUCP – sobre Estado de miedo (2005), un documental de Pamela Yates sobre el conflicto armado interno y sobre el trabajo de la CVR. El evento se enmarcó en un ciclo de reflexión en torno a La memoria persistente. Participaron asimismo el historiador Jorge Valdez y el crítico cultural Melvin Ledgard.

El documental presenta diversos vacíos. El más grave es, definitivamente, la omisión de toda referencia al MRTA y a sus terribles acciones contra la sociedad peruana. Se ha concentrado en el actuar criminal de Sendero Luminoso, en la reacción del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil. Esa omisión no puede ser pasada por alto sin más. Otros documentales y películas sobre el tema han sido más exhaustivos y rigurosos a ese respecto. El valor del documental reside probablemente en la atención de los testimonios de víctimas, actores y perpetradores, y a las reflexiones de los entrevistados que se esfuerzan por elaborar una interpretación plausible del conflicto. Aquí destaca el recordado Carlos Iván Degregori cuyos intentos por esclarecer estas dos décadas de terror y represión fueran tan decisivos para los trabajos de justicia  transicional en nuestro medio.

Resulta interesante asimismo el lugar que el documental le otorga a la entrevista hecha a Beatriz Alva H., abogada y funcionaria pública durante los años del fujimorismo, luego comisionada de la CVR. Ella se presenta como una persona proveniente del sectores medios  / altos de Lima, parte de un sector de la sociedad que vivió a espaldas de la tragedia que padecía el peruano campesino, no hispanohablante, desamparado por el Estado que debía proteger sus derechos y no cumplió con esa obligación. Hace un conmovedor mea culpa por su indiferencia de entonces y por sus compromisos políticos en la segunda mitad de los noventa.  Da testimonio de los hallazgos de restos humanos y de su colaboración con trabajos realizados por los antropólogos forenses. Sorprende la intensidad de sus declaraciones. Sostiene que “¿Dónde estaba yo?” durante aquel tiempo de miedo es la pregunta que todo peruano debería formularse. El trabajo de Yates en general concentra su atención en la debilidad del compromiso de los gobiernos, de los políticos y de buena parte de la sociedad peruana respecto del destino de las víctimas.

Estado de miedo reconstruye aquellos años a partir de la exposición de evidencias audiovisuales, la investigación en el lugar y las entrevistas. Plantea las cosas en términos de una ‘batalla por la memoria’ que rescate los testimonios de quienes vivieron y sufrieron el conflicto armado, contra el parecer de la mayoría de los políticos en actividad (que estaban también en actividad en aquellas décadas) que prefieren cubrir tales hechos bajo el oscuro manto de la amnesia moral y política y la impunidad. En tiempos recientes, el Movadef y la extrema derecha planteado la amnistía y la suspensión de investigaciones en derechos humanos como medidas presuntamente “reconciliadoras”. En un país en donde todavía existen cerca de cuatro mil lugares de entierro indebido sin abrir, el esfuerzo por la memoria y la reparación, planteado desde el Estado y la sociedad civil debería constituir una tarea fundamental si queremos sentar las bases de una sociedad democrática.

CONTRA LA AMNESIA SELECTIVA

Gonzalo Gamio Gehri

El embajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch, acaba de renunciar a su cargo por haber recibido una carta de miembros de MOVADEF, el actual brazo “político” de la organización terrorista Sendero Luminoso. El error cometido ha sido grave, y Lynch ha tenido que dejar el cargo. Es cierto que Lynch ha escrito contra Sendero y contra la extrema izquierda instalada en las organizaciones del sector educación, pero ello no anula las razones que ponen de manifiesto su error. La cobertura mediática de este incidente ha sido (literalmente)  extraordinaria. Sin embargo, más allá del escándalo suscitado, la cuestión principal, que las pretensiones de MOVADEF son inaceptables en el nivel político y en el legal – la amnistía que solicitan resulta inadmisible en la perspectiva de la legislación en materia de derechos humanos, pues atenta contra la justicia más elemental – sigue sin ser examinada y discutida con rigor. Y lo mismo puede decirse de su aspiración a incorporarse al ejercicio de la política sin haber abandonado la matriz violentista e integrista de su ideología maoísta. No puede intervenir en la vida política quien no respeta las libertades y los derechos ciudadanos, y considera que el uso de la fuerza constituye un método “legítimo” para hacerse del poder.

Estas circunstancias críticas no se resolverán explotando políticamente estos errores o estigmatizando ideológicamente al ex embajador. No se puede derrotar al MOVADEF si no se libra una batalla política basada en la recuperación de la memoria de los crímenes de Sendero Luminoso. Allí están las evidencias, los testimonios. El Informe Final de la CVR y otras investigaciones han documentado rigurosamente estos hechos. Se trata de una lucha contra la impunidad y contra la amnesia. Resulta lamentable constatar que muchos seguidores de este grupo prosenderista son jóvenes que no tienen conocimiento de lo que vivimos en el país en los años del conflicto (o lo tienen, pero no quieren enfrentar lo sucedido, por interés o desidia).

Los argumentos contra MOVADEF son los mismos argumentos que pueden esgrimirse en contra el pedido de indulto de Fujimori. Se trata de combatir la amnesia ética y política que en ambos casos se pretende imponer a través de la amnistía y del indulto. Tanto los adeptos de Guzmán como los fujimoristas confunden deliberadamente la "reconciliación" con la búsqueda de silencio e impunidad, En este punto coinciden plenamente: no olvidemos que el MOVADEF nace como producto de las negociaciones de Guzmán y.Montesinos, con la anuencia de Fujimori. Ambos grupos están interesados en minar las políticas de memoria y reparación. Ambos grupos pretenden usar las reglas y los espacios propios de la democracia para beneficiar a sus líderes y ganar posiciones en nuestro precario escenario político.  Cada uno promueve una lectura autoritaria ide la vida pública, y basa su propia actividad colectiva en el culto a la personalidad del líder.

 En cuanto al  caso del fujimorismo, resulta claro que la legislación internacional rechaza el indulto como figura legal cuando se trata de delitos contra los derechos humanos. Tampoco procede la figura del indulto humanitario, dado que Fujimori no padece una enfermedad que atraviesa su fase terminal. Su centro de reclusión ad hoc le asegura privilegios – visitas ilimitadas, asistencia médica permanente, diversos ambientes, y un largo etcétera – que difícilmente agravan su situación (la sugerencia de Kenji Fujimori es francamente  delirante e irrisoria).. De tal manera que su situación no justifica un indulto, a menos que el juicio de los médicos vaya en otra dirección basándose en evidencia científica. La opinión pública debe recordar las múltiples ocasiones en las que Fujimori ha intentado huir de la justicia y evadir sus responsabilidades: renuncia por fax, escape al Japón, postular al senado japonés, etc. Y ahora este conato absurdo de petición de perdón con un pintoresco autorretrato y sinuosas líneas de apoyo. Hacer memoria en torno a los crímenes y a las triquiñuelas de Fujimori  nos permitirá no ser condescendientes frente a esta nueva estrategia suya por lograr impunidad. Es curioso que la misma prensa conservadora y los “actores” políticos que se muestran severos con las retorcidas pretensiones de MOVADEF sean los complacientes impulsores de la campaña por el indulto de Fujimori; lo mismo puede decirse de quienes, en el ámbito público, cuestionan  al fncionario renunciante pero  muestran una inocultable simpatía por esta cuestionable solicitud (políticos de otras organizaciones partidarias, empresarios, el cardenal, etc.). Un poco de consistencia no les vendría mal.   

EL "OLVIDO DE LA HUIDA" Y SUS EFECTOS *

Gonzalo Gamio Gehri

Existe una clara vocación en parte de la “clase dirigente” por obstaculizar la reconstrucción de la memoria en el Perú. No sólo se pretende empañar el esfuerzo por construir una narración general en torno a los años de la violencia – cuya expresión es el Informe Final -; se procura bloquear el debate en torno a la validez, proyección y eventual corrección de dicho relato. Incluso se puede sostener que los grupos de interés político y mediático que aspiran a minar la credibilidad del trabajo de la CVR ni siquiera se proponen producir una “memoria alternativa” del conflicto. No han elaborado investigaciones sobre el tema, les basta con la mera diatriba, con la columna de opinión. Diríase que consideran el silencio y el olvido como las disposiciones más convenientes frente al período de violencia interna.

Por supuesto, el olvido es una opción – incluso un derecho - para la víctima. Quien ha sufrido puede decidir mirar con otros ojos el pasado, afrontar un proceso de duelo y continuar con la vida. La acción de la justicia busca sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas, de modo que se les restituya a éstas la condición de ciudadanos; luego del trabajo de la justicia, la víctima puede escoger olvidar. Se trata de un “olvido relativo”, pues no se suprime el recuerdo, sólo se transforma el punto de vista frente al pasado. La víctima puede incluso elegir perdonar al agresor; se trata de una gracia que sólo puede ser otorgada por ella, una disposición que implica observar las propias vivencias sin el dolor y el encono de otros tiempos. Paul Ricoeur contrasta esta experiencia con aquella que describe como el “olvido de la huida”, el esfuerzo por cerrar los ojos frente a lo vivido, negar los hechos injustos, mirar hacia otro lado. Esta forma de olvido  “consiste en no querer ver, no querer tener noticia de algo”[1]. En la venerable tradición de Esquilo y Sófocles, podríamos describir este fenómeno como ceguera voluntaria. Esta actitud frente a la injusticia corresponde al ciudadano que peca por omisión, desatendiendo el clamor de las víctimas, y a los actores políticos que buscan imponer “políticas de silencio”.

Estas políticas a menudo están asociadas con propuestas de amnistía. Esta figura legal – que comúnmente es planteada en virtud de una iniciativa del Congreso o del Ejecutivo – implica suspender los procesos judiciales de los autores de crímenes contra los derechos humanos y anular las condenas en esta materia. Supone, además, decretar “olvido” respecto de esta clase de delitos (de allí su nombre). Se trata de una medida que pretende garantizar impunidad para los perpetradores; por ello, la legislación internacional en derechos humanos rechaza sistemáticamente este tipo de mecanismos. A través de la amnistía, el Estado usurpa la exclusiva potestad de la víctima de perdonar al agresor, y de contemplar el daño padecido con nuevos ojos. Por lo general, los políticos plantean la amnistía como un mecanismo que busca lograr la tan ansiada “reconciliación nacional” – concebida ad hoc como desvinculada de la verdad y la justicia -; no obstante, estas iniciativas distorsionan gravemente el concepto de perdón y el proceso mismo de reconciliación. No es posible regenerar el tejido social dañado sobre la base de la supresión de la memoria y la suspensión de la acción de la justicia.

A lo largo de las dos últimas décadas, el discurso político conservador ha invocado en más de una oportunidad la figura del olvido legal como una salida posible frente a la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos del Estado. Sin embargo, el argumento contra la memoria y a favor de políticas de “punto final” ha sido planteado recientemente desde el otro extremo del espectro ideológico. En efecto, el MOVADEF – organismo de fachada del grupo terrorista  Sendero Luminoso – ha propuesto una suerte de “amnistía general” para todos los protagonistas del conflicto armado.  Esta facción pretende recurrir, para justificar su posición – de una manera a todas luces artificial y exclusivamente instrumental –, a las reglas de la democracia que procuró dinamitar. En este caso, los extremos ideológicos parecen tocarse. Esta cuestionable  iniciativa ha sido rotundamente rechazada en diversos espacios de opinión pública, y la ciudadanía ha observado con especial preocupación cómo esta agrupación cuenta con numerosos militantes jóvenes.

Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia ética y política de la recuperación pública de la memoria como una condición esencial para la construcción de una genuina sociedad democrática, una sociedad cuya ciudadanía pueda desestimar con firmeza  los cantos de sirena de la violencia como posible  “método” para resolver conflictos humanos. Conocer la gravedad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno permitiría a los peruanos reconocer los efectos funestos del fundamentalismo en cuestiones ideológicas. La ignorancia frente al más cruento de los conflictos de la historia del Perú, en contraste, deja a nuestros jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente a propuestas ideológicas proclives a recurrir a la violencia o a negociar impunidades para lograr sus propósitos. Esclarecer el pasado constituye una estrategia pedagógica eficaz para combatir las múltiples formas de irracionalismo político que todavía amenazan nuestras instituciones.

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* Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.

[1]  Ricoeur, Paul “El olvido en el horizonte de la prescripción” en: Varios Autores ¿Por Qué recordar? Op. Cit., p. 74.