DE ESPALDAS A LA JUSTICIA

EL GOBIERNO APRISTA Y SUS BATALLAS CONTRA LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

Increíble. El gobierno peruano ha rechazado el ofrecimiento del Estado alemán de donar más de dos millones de dólares americanos para la edificación y mantenimiento del Museo de la Memoria. El museo debía exhibir la importante muestra fotográfica Yuyanapaq, así como otros documentos y manifestaciones artísticas que den cuenta de lo vivido en el conflicto armado interno. La construcción del museo había sido concebida en el marco de las reparaciones simbólicas y colectivas que contribuyen a la reflexión en torno a la historia reciente y a la reconfiguración de los lazos sociales dañados por la violencia y la exclusión. La negativa – expresada, hasta donde sabemos, a través del embajador peruano en Berlin – ha generado perplejidad y mortificación en el Ministerio de Cooperación Internacional que dirige Heidemarie Wieczorek-Zeul. Como se sabe, el gobierno de Angela Merkel se ha pronunciado en repetidas ocasiones – y en términos sumamente elogiosos – a favor del importante trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Las autoridades peruanas han hecho caso omiso a los consejos de la Defensoría del Pueblo, la embajada alemana y destacados intelectuales para aceptar un donativo destinado al trabajo de la memoria. Lo insólito del asunto es que la negativa del gobierno aprista ha venido acompañada del escueto “argumento” según el cual el Museo de la Memoria "no contribuiría a la reconciliación".

Una vez más, se trata de enmascarar la reconciliación – el proceso de reconstrucción del tejido social a través del esclarecimiento de la tragedia vivida y la acción de la justicia – con la funesta careta del olvido y el silencio. Dejemos las cosas como están - nos dicen los enemigos de la memoria -, que permanezcan las fosas comunes cerradas, los procesos judiciales condenados a dormir el sueño de los justos; dejemos los 17,000 testimonios de las víctimas en los anaqueles de las bibliotecas, observemos los textos escolares que intentan narrar la violencia vivida. De este modo, una “historia oficial” vertical e indolora sustituye a la acción de la memoria crítica, y proclama impunidad para el país. Si los sectores más duros de este gobierno, los políticos hostiles a la Transición (el núcleo afín al fujimorismo que representan los dos Vicepresidentes, el congresista Núñez y otros, así como algunas autoridades sociales simpatizantes de esta línea autoritaria) no han podido imponer una “amnistía política”, están logrando poner en marcha - por la fuerza, y con la complicidad de cierta prensa - una suerte de “amnistía moral”, que procura ahogar todo intento por reconstruir la memoria histórica y promover políticas de Derechos Humanos en el país. No podemos permitirlo. Una prueba de que esta tendencia se está afianzando en el “Perú oficial” es que ningún órgano de prensa nacional – escrito o audiovisual – le está dando cobertura a este hecho escandaloso: un gobierno se niega a recibir una donación con el propósito 'político' de reprimir la memoria crítica (el asunto ha sido tratado solamente en artículos de opinión, entre los que destaca – por su singular contundencia – el de Augusto Álvarez Rodrich publicado en La República: allí Álvarez desliza la tesis según la cual la negativa se debería “al susto que las autoridades civiles (del gobierno) les tienen al cardenal o a los militares”). Me preocupa que el Canciller García Belaúnde y el Premier Simon – cuyo peso político se desdibuja aceleradamente desde hace meses – no hayan llamado la atención sobre la gravedad de este penoso incidente.

Por supuesto, un gobierno tiene la potestad de aceptar o denegar las donaciones internacionales siguiendo su criterio, pero está claro que aquí ha primado la voluntad política del sector más conservador y menos democrático del gobierno aprista. La facción dominante en las esferas del poder, la que cuenta con la empatía personal del Presidente de la República (cuyas cuentas en materia de Derechos Humanos aparentemente permanecen pendientes). El espíritu de esta medida es el mismo que animó las iniciativas para controlar a las ONG desde el Estado, así como la tendencia a criminalizar la protesta social dentro del país. El mismo espíritu que cuenta con el aplauso de La Razón y de Expreso.

Hace poco más de tres años, el militante aprista Jesús Aliaga – especialista en Derechos Humanos dentro de su partido – publicó Mártires de la pacificación[1], un libro que fue prologado por el propio Jorge del Castillo. Se trataba de un texto – más militante que académico – que compartía con el público el punto del APRA frente al conflicto armado interno y el Informe Final de la CVR. Daba cuenta del coraje y la entereza moral de las muchísimas víctimas apristas, asesinadas por las huestes terroristas. Al mismo tiempo, revela una opción clarísima por la recuperación pública de la memoria:

“La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha entregado al país un enjundioso y dramático Informe Final de la labor que ha desarrollado, en la búsqueda de conocer la verdad de lo ocurrido durante los 20 años de violencia política. Con él, un hito en la historia de la Nación en el esfuerzo de construirse como tal. El referido Informe Final, desvela viejos prejuicios y denuncia profundas iniquidades; en tal sentido, nos conmueve y nos compromete”[2].

Más adelante, fustiga duramente a los partidarios políticos y mediáticos del olvido y la impunidad, que pretendían silenciar el Informe Final de la CVR:

“El Informe Final de la CVR puede ser, entonces, una gran motivación para intentar cambiar esta realidad. Sin embargo, preocupa que él mismo vaya siendo conducido, peligrosamente, hacia ese temido tercer escenario – del que nos hablaba la ex comisionada Sofía Macher – donde “nadie se entera que hubo una CVR ni un Informe Final; y todo pasa inadvertido”[3].

Lo que teme y rechaza categóricamente el autor es la actitud que precisamente propugna hoy Alan García y su núcleo neo-fujimorista: precipitar a la fuerza al “tercer escenario”, en el que se anula el trabajo de la memoria, “y todo pasa inadvertido”. Se trata de la voz autoritaria que acalla las voces de las víctimas, en su mayoría campesinos no hispanohablantes. También son reducidas al silencio las voces de las víctimas apristas que evoca Jesús Aliaga: me pregunto si esas voces no se sentirán traicionadas por su "líder". El “poder tutelar” decide desde arriba qué se debe recordar y qué no, y qué finalmente reconcilia. El gobierno de Merkel aun no sale de su asombro. Una vez más, el cálculo político – de los García, los Giampietri, los Núñez – ha primado sobre las exigencias de la justicia.

¿Y qué dice la ciudadanía al respecto?

[1] Aliaga, Jesús Mártires de la pacificación Lima, John Romero Editor 2005.
[2] Ibid., p. 27.
[3] Ibid., p. 32 (las cursivas son mías).