LA SANTA ALIANZA: TEXTO DE G. GORRITI

A continuación, un polémico e interesante artículo del periodista Gustavo Gorriti, en el que se examina un cuestionado comunicado (que yo he comentado críticamente en un post anterior). Un severo ejercicio de memoria y reflexión crítica sobre la situación de los derechos humanos y los grupos de poder afines al autoritarismo en el Perú. Aconsejo poner atención en las declaraciones que consigna, que hablan por sí mismas. Lo publico en este blog para abrir la discusión: todas las opiniones razonadas son bienvenidas.

Gustavo Gorriti

Durante los días de Fiestas Patrias apareció un curioso aviso en El Comercio. Una escarapela adornaba el título: “Saludamos al señor cardenal Juan Luis Cipriani”, y debajo del texto panegírico figuraba una colección de nombres como para avivar el interés hasta del analista más curtido por la cínica realidad.

¿A qué venía la oportunidad de dedicarle un homenaje de página completa a Cipriani en los días de unas Fiestas Patrias que celebran la creación de una república inspirada en las ideas de libertad de la Ilustración, la revolución estadounidense y, sobre todo, la francesa? ¿Danton (me refiero a Georges-Jacques) inspira, al fin, al cardenal? ¿El espíritu de la Logia Lautaro quizá?

Parece que no. Pero cuando se trata de abusar la bandera nuestra, creada para representar el anhelo y la lucha de nuestro pueblo por la libertad, hay gente que siempre puede alucinarla presidiendo desfiles de camisas negras en ruta hacia un auto de fe.

En medio de la prosa laudatoria, el aviso infiltró dos mensajes profundamente partidarios y acendradamente terrenales. El primero, sobre el litigio con la Católica, por el manejo de la universidad y sus bienes; y el segundo –el más cínico–, sobre los hechos, las tragedias y los excesos de la guerra interna en el Perú.

“Nos alegra, y reconocemos su sacrificada entrega a la causa de la pacificación en nuestro país, especialmente en su abnegada tarea evangelizadora en Ayacucho…”, empieza el segundo de los cuatro cortos párrafos del aviso. Les alegra a los señores firmantes… ¿qué les alegra? ¿Lo que hizo Juan Luis Cipriani en Ayacucho? ¿Quizá su sacrificada decisión de prohibir toda actividad del CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) en Ayacucho durante los años más duros de la guerra interna? ¿La abnegada adjetivación de llamar a la Coordinadora de Derechos Humanos “una cojudez”? ¿Su entrega a la siguiente opinión: “En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de la guerra. Los defensores de los derechos humanos le llamarán guerra sucia. Yo creo que la Fuerza Armada tuvo que utilizar mecanismos para conocer cómo y dónde ocurrían esos asuntos” (Caretas, 14-4-94)? ¡Cuánta abnegación y sacrificio se necesita, ¿verdad? para defender la tortura, los asesinatos y las desapariciones!

Me pregunto ¿cuántos de los firmantes que aparecen en ese aviso hubieran promovido un aviso similar para celebrar la entrega y la abnegación del añorado cardenal Vargas Alzamora a lo largo de su esforzada lucha por la libertad y en especial contra la corrupta dictadura de Montesinos y Fujimori? Ni lo hicieron ni lo hubieran hecho.

Alguno preguntará que quién soy yo, agnóstico y judío, para opinar sobre las opiniones y los hechos de un cardenal. Contesto que jamás me meteré en asuntos propios de la religión, ni en cultos ni en liturgias. Pero cuando un sacerdote se mete en política, es un ciudadano más. Y cuando es un mal ciudadano, debe ser criticado como tal.

En los años aún recientes de insurgencias y contrainsurgencias en América Latina, la iglesia católica produjo magníficos apóstoles de los derechos humanos, denodados defensores de las víctimas en unos países, mientras que en otros emergían capellanes de paredón y encubridores de torturas. En Chile y El Salvador, por ejemplo, la Iglesia defendió a las víctimas con inmensa entereza y, aquí sí, con abnegación. Ello supuso el martirio de monseñor Óscar Romero y de los seis sacerdotes jesuitas (entre los cuales el eminente Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, que podría mas no quiere decir Universidad Católica). Pero en Argentina, la jerarquía católica fue cómplice, salvo excepciones, de los crímenes de los Videla, Menéndez, Massera (este último tan admirado por Rafael Rey, a quien este gobierno, con su virtuosa capacidad de perpetrar el acto político perverso, puso como ministro de Defensa).

Aquí en el Perú, la Iglesia se dividió, en una pugna sorda y tenaz, entre quienes defendían los derechos humanos y los herederos de Torquemada y el cura Menvielle. El Perú es uno de los países que tuvo mayor cantidad de obispos jesuitas y tiene ahora mayor cantidad de obispos del Opus Dei. Cipriani y Vargas Alzamora representaron en su momento esta pugna. Es cierto que ambos coincidieron, en 1990, en rechazar la candidatura de Fujimori. El entonces presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Cipriani, escribió entonces una ‘carta abierta al pueblo peruano’ para que ‘no se deje manipular por los grupos evangélicos que apoyan la candidatura del ingeniero Fujimori’. Algo parecido dijo Vargas Alzamora.

Pero cuando Montesinos sacó las garras, Fujimori sacó las uñas y convirtieron al Perú en la dictadura de ladrones y matones que gobernó desde el 5 de abril de 1992, Cipriani olvidó sus cartas abiertas o cerradas y se puso al servicio de ese régimen. Vargas Alzamora, en cambio, lo enfrentó y colaboró en la lucha contra él hasta el final inesperado, verdaderamente inesperado, de su vida.

Pese a la caída de la dictadura fujimorista, Cipriani mantiene a buena parte de la Iglesia en el Perú con la “cara al Sol, mientras el resto calla. Así como está claro que Cipriani fue un activo colaborador de la dictadura, es igualmente claro que continúa siéndolo con quienes bregan o complotan por su retorno.

Por eso, no me sorprende ver entre los firmantes de ese aviso psicosocial a personas como, digamos, Dionisio Romero Seminario, como no me sorprendió verlo en el vídeo en el que negocia con Montesinos hasta las lealtades de sus allegados. Tampoco sorprende, por supuesto, ver ahí a Jaime Yoshiyama, a Francisco Tudela o a Rafael Rey, cuya diversidad fluctúa entre el ‘chino, chino, chino’ y la camisa negra.

Hay, sí, uno que otro firmante que sorprende. Una que otra persona que luchó por la democracia, que conspiró contra Fujimori. ¿Se tratará de un homónimo? Porque si no lo fuera, ¿cómo mirarse la cara sin que se le caiga el espejo?Y cuando uno ya está casi al final de la lista, de repente los ve, juntitos en la uve, a Vega y a Villa, y ahí sí que la cosa se malea. ¿Qué hace el loco Villa firmando ese documento? ¿Se ha olvidado que es Javier Villa Stein, todavía presidente de la Corte Suprema, que aún no es el candidato presidencial que alucina será, y que no debe ni puede declarar lealtades tan obviamente partidarias, por más farisaico que sea el lenguaje?

¿Y qué decir de César Vega Vega, ex-socio de bufete y de muy interesantes casos con el actual presidente Alan García y hoy presidente de la Corte Superior? ¿Tanta indulgencia necesita en el confesionario, que se olvida, junto con Villa Stein, del grosero conflicto de intereses que representa su firma en ese documento?

Hay varias maneras de perder batallas, y guerras también. Se las puede perder peleando, y eso es triste pero digno; y se las puede perder también por puro acojudamiento. Y yo veo que quienes preparan el retorno del fujimorato tienen cómplices, alcahuetes pero, sobre todo, estrategias y plan. Y en el lado de quienes lucharon contra la dictadura o, sin haber luchado, quieren vivir en democracia (la razón de ser y el destino de nuestra nación), hay acojudamiento, apocamiento y en varios casos, signos tempranos de cobardía.

Ya es tiempo de empezar a despercudirse. En los meses siguientes, paulatinamente cerca del momento decisivo para nuestro destino que serán las elecciones del próximo año, ha de ser vital que vuelvan a emerger las grandes mayorías, con líderes que hablen y actúen claro, conscientes de que definiremos entonces, por difícil que sea imaginarlo, algo sin lo cual nuestra gastronomía pierde sabor y nuestro crecimiento pierde sentido: el derecho a ser libres y a hacer crecer en nuestra nación las fronteras de la libertad.

(publicado en Caretas)

CASO PUCP: ESCRIBE ALBERTO ADRIANZÉN

(Tomado de La República)

La cruz, la espada y la PUCP

Alberto Adrianzén M.

El otro hecho importante esta semana, además del discurso presidencial, ha sido un comunicado publicado en la página tres del diario El Comercio (27/07/10) en el cual un poco más de 150 personas dan su aval político y religioso al cardenal Cipriani. Semanas atrás, otro comunicado, esta vez firmado por obispos de varios lugares del país, también hacía lo mismo. Estos y otros hechos ratifican que el cardenal está decidido a dar una dura batalla por el control de la PUCP, pero también por construir un frente conservador conducido por el Opus Dei.

El comunicado en mención no solo es, como dicen los firmantes, un gesto de solidaridad, simpatía y desagravio sino también un aval político y religioso a Cipriani por su labor pastoral. Sería bueno que los firmantes lean la sección del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) referida al papel nefasto que tuvo la iglesia ayacuchana, conducida por Cipriani, durante los años de la violencia política, para que concluyan cuán lejos están de la verdad. Cipriani, y hay que recordarlo siempre, fue uno de los pocos obispos que decidieron clavar en la puerta de su iglesia un letrero que decía que ahí no se atendían temas vinculados a los derechos humanos. Por esos mismos años, cuando colaboraba activamente con la dictadura fujimorista y con los militares, dijo que la Coordinadora de los Derechos Humanos era una cojudez.

No hay sorpresas entre quienes firman: militantes del Opus, fujimoristas, dirigentes empresariales, periodistas, dueños de medios, señoras de la alta sociedad, dirigentes apristas y familiares del cardenal, acompañados de unos pocos políticos que se autocalifican de liberales o socialdemócratas. Firma, el presidente del PJ, Javier Villa Stein, quien, cuando menos, debió abstenerse puesto que el contencioso que la PUCP mantiene con Cipriani aún se ventila en los tribunales. Firmar ese comunicado de alguna manera es adelantar opinión.

Avalar el indigno comportamiento de Cipriani en Ayacucho; legitimar su pretensión de intervenir y apoderarse de la PUCP para convertirla en un reducto del Opus Dei; apoyar una pastoral que se fundamenta en un conjunto de valores francamente conservadores y antimodernos; convertirlo en una suerte de héroe nacional y víctima al mismo tiempo de los sectores progresistas; además de ser vergonzoso y reaccionario, es un indicador de que, para los firmantes, la PUCP no es el único objetivo. También lo son los miembros de la CVR, principalmente Salomón Lerner Febres, su informe final y todos aquellos que, de una u otra manera, hemos apoyado esa labor y que defendemos los DDHH y una democracia plural. Lo que se busca es convertir a Cipriani en uno de los voceros, acaso el principal, de un discurso político autoritario y emblema de los sectores más conservadores de este país.

Tampoco es extraño que este comunicado salga a los pocos días de conocerse una nueva y cuestionable (por no decir ilegal) resolución del Tribunal Constitucional (12/07/10), que le ordena al PJ acatar el fallo sobre la PUCP. Lo que busca el TC (y el gobierno) es intervenir en un proceso judicial en marcha para apresurar la entrega de este centro universitario a Cipriani. Dicho en pocas palabras, que la intervención del Opus Dei se produzca durante este gobierno, que le ha dado no solo espacio sino también protección política a este grupo religioso derechista y al propio Cardenal.

Se puede tener discrepancias, como las tengo, con la PUCP; sin embargo, creo que entregar esta universidad a manos del Opus Dei y del señor Cipriani sería una derrota cultural y política y eso es sin duda lo que está buscando este sector. Significaría el triunfo del fundamentalismo y, por lo tanto, del oscurantismo sobre el pensamiento crítico y libre. Pero sería también la derrota de una elite que se niega a ser liberal y que se somete, una vez más, al tutelaje, como diría Sartori, de la cruz y la espada.

CASO PUCP: ARTÍCULO DE RICARDO VÁSQUEZ KUNZE

En un agudo artículo, escrito con singular ironía, Ricardo Vásquez Kunze denuncia cómo autoridades del PJ comprometen gravemente la neutralidad de un proceso judicial al suscribir comunicados en favor de una de las partes en el litigio entre la PUCP y el Arzobispado, hecho que califica acertadamente como "un triste precedente para la administración de justicia".

(Publicado hoy en Perú 21)

PUCP vs Cardenal: ¡Caso cerrado!

Ricardo Vásquez Kunze

El martes 27 de julio, en frías vísperas de Fiestas Patrias, apareció en la Sección A3 del diario El Comercio, un aviso pagado a toda página. Llevaba por título “Saludamos al señor cardenal Juan Luis Cipriani”. Lo firmaban una serie de personalidades, más de cien en total, de los más diversos ámbitos del quehacer nacional. Empresarios, intelectuales, políticos, periodistas, abogados y hasta ex presidiarios hacían público su reconocimiento al “Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (las cursivas son mías), con un sentido de simpatía, solidaridad y desagravio”. Acto seguido, los firmantes le agradecen su servicio pastoral y social desde los tiempos en que el monseñor se desempeñaba como obispo de Ayacucho, relevando su trayectoria y felicitándolo por las condecoraciones con que, en fecha reciente, el Gobierno Nacional y el Municipal de Lima lo distinguieran.

Es obvio que el Cardenal tiene queridos y poderosos amigos. Eso está muy bien teniendo en cuenta que también tiene implacables y a veces insidiosos enemigos. Como este Cardenal en particular representa en realidad mucho más que una labor pastoral, me refiero a una visión del mundo y de la Iglesia bastante conservadora, quienes no comulgan con su forma de ver las cosas no se han ahorrado críticas de todo tipo, muchas veces injustas y hasta manipuladoras. De ahí que es perfectamente lícito que, en el plano de las ideas, se produzcan estos tour de force entre quienes apoyan las ideas que el Cardenal representa y quienes las rechazan, amén de que con ello arrastren a la Iglesia en una disputa ideológica.

Sin embargo, este saludo y reconocimiento a su Eminencia el Cardenal va, sin duda, más allá de sus legítimas posiciones ideológicas. Porque al saludar y reconocer también al “Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, un título honorífico y desconocido que sólo tiene sentido hoy en razón del pleito legal entre el Cardenal y la susodicha Universidad, quienes firman el saludo por Fiestas Patrias están tomando partido explícito e innegable por la causa judicial del Cardenal. Simpatizan con su causa, se solidarizan con ella y lo desagravian, lo que quiere decir que la causa de la Universidad es, en realidad, un agravio a lo que los firmantes entienden por justicia.

Y así las cosas conviene decir algo respecto de los firmantes. No existe objeción alguna a que quienes no desempeñen una labor pública rubriquen una adhesión al Cardenal en su pleito con la Universidad. Ya es más cuestionable que algún periodista, máxime si no es de opinión, tome partido.

Lo que sí resulta inaceptable, independientemente de quién tiene razón en ese pleito judicial es, precisamente, que quienes encabezan la Judicatura se encuentren entre los firmantes. Javier Villa Stein, Presidente de la Corte Suprema de la República y César Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Lima, al firmar por el Cardenal y “Gran Canciller del PUCP”, han declarado prácticamente el caso cerrado, cuando este todavía se encuentra en los tribunales ordinarios. Felicidad para el Cardenal, pero un triste precedente para la administración de justicia el de este saludo por Fiestas Patrias.

EN TORNO A LA VALORACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Gonzalo Gamio Gehri

Me llama mucho la atención el “arduo” trabajo que realizan los 'anónimos' en mi blog. Una de las cosas que más me asombra es el esfuerzo que despliegan para encubrir su identidad, cuando resulta tan fácil reconocer quiénes son – por su redacción, su ortografía, sus calificaciones recurrentes, sus obsesiones, los diarios que citan, etc. -, cuáles son sus blogs , etc. En fin, esos son detalles que quedan para la anécdota, para las reflexiones de sobremesa. Finalmente, eso no es tan importante, me figuro, para el lector. Lo que me resulta sorprendente es la acusación recurrente de que quienes valoramos los derechos humanos en el plano del concepto y en el de la práctica somos “activistas fanáticos” que predicamos la “intolerancia” y el “pensamiento único”, que imponemos una “ideología”. En fin, la observación es cacofónica y poco original. También se la puede encontrar en las “Chiquititas”, las “Carnecitas” y en un sinnúmero de monocordes columnas en los diarios de ultraderecha. Sobre este tema quisiera decir un par de cosas hoy.

Mi respuesta es clara. Me parece que tal acusación es conceptualmente defectuosa y revela una grave falta de información hisórica. Para empezar, los derechos humanos constituyen una categoría que es fruto de la cultura política liberal, una categoría que tiene su origen en la necesidad de establecer mecanismos legales y políticos que conjuren los males generados por las guerras de religión en los siglos XVI y XVII. Se trata de herramientas propias de la razón pública que procuran proteger a los individuos en su vida, libertad, propiedad, etc., de modo que puedan coexistir pacíficamente en sociedad. No es una construcción “marxista” o “socialista” (de hecho, muchos marxistas ortodoxos del pasado – y del presente – han sostenido que se trata de los “derechos del hombre burgués”). No obstante, se trata de una concepción que busca convertirse en un universal concreto, que pueda generar un sistema de normas e instituciones que cuente con el respaldo de diversas doctrinas morales, religiosas y sociales – en términos de lo que John Rawls llama un ‘consenso superpuesto’ -, y de movimientos de distinto signo político. Si la izquierda ha profundizado en esta categoría y en sus consecuencias en el espacio público, esto no constituye un obstáculo para que, por ejemplo, grupos de derecha o incluso conservadores 'blandos' no pudieran asumir el discurso y la práctica de los derechos humanos. Deberían hacerlo. Si la derecha peruana ha asumido casi en bloque una actitud hostil frente al discurso y la práctica de los derechos humanos – incluso próxima a la defensa de la impunidad - ello revela el sentido de su agenda política, y en muchos casos, simple indiferencia frente al destino de las víctimas.

Es curioso que, cuando uno pregunta al académico conservador cuál es su objeción fundamental al discurso y a la práctica de los derechos humanos – la razón por la que afirma que “no existen” – la respuesta pretende ser ‘filosófica’. Se nos dice que los derechos humanos se fundan en una “metafísica densa” que presupone la idea ilustrada de razón científica, una antropología atomista, una comprensión mecanicista de la naturaleza e incluso, de la sociedad y de la historia. Es decir, una versión moderna, racionalista, del derecho natural. Uno no sabe si tomar en serio esa objeción, porque equivale a sostener que si uno cree en los derechos humanos está obligado a ser un kantiano ortodoxo o un contractualista clásico. Como si la discusión académica se hubiese detenido en los siglos XVII y XVIII, y no existiesen otras posibilidades de justificación filosófica. No debería sorprendernos, si muchos de estos censores de la modernidad política plantean como alternativa el retorno al Estado confesional o al Antiguo Régimen con todas sus formas de discriminación y violencia. Uno siente la tentación de recomendarles a estos críticos bibliografía reciente sobre el tema. Porque es posible encontrar buenas justificaciones de los derechos humanos en clave pragmatista, hermenéutica o postmoderna, o lecturas centradas en las capacidades, en el sentido de Nussbaum y Sen. Es absurdo pensar que quien defiende los derechos humanos tiene que ser necesariamente un iusnaturalista ilustrado.

Pero estos objetores no están buscando un cambio de ontología. Si observamos sus escritos sobre temas públicos, veremos que su crítica a la metafísica moderna, al laicismo, al individualismo, etc., parece tener su correlato práctico local en su rechazo a la recuperación de la memoria, la defensa de los derechos de las víctimas, etc (curiosamente, combinan esta vocación por el olvido y por la impunidad con una presunta preocupación febril por el rigor religioso, combinación bastante contradictoria, la verdad); son los que defendieron la Amnistía en los noventa, y comandaron la campaña mediática contra la CVR y el gobierno de transición. A veces, ellos intentan responder a este cuestionamiento arguyendo que quienes defienden los derechos humanos en el Perú intentan imponer una forma puntual de memoria histórica (el Informe de la CVR) sobre otras posibles. Sin embargo, ellos no han elaborado una investigación detallada sobre el asunto (de hecho, se opusieron a toda exploración de la tragedia vivida). La CVR aportó un estudio interdisciplinario, riguroso, sobre los años del conflicto interno; allí están los testimonios, el diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones. Cuando les pedimos a los políticos y académicos conservadores un pronunciamiento claro sobre el Informe Final, terminamos dándonos cuenta de que simplemente ¡No lo han leído!

En fin. Lo he dicho varias veces. Pienso que el respeto de los derechos humanos constituye un signo de civilización, un valor que tendría que trascender cualquier tipo de cantera ideológica, de derecha o de izquierda. Pienso que el discurso y la práctica de los derechos humanos constituyen herramientas sociales sólidas y eficaces para promover el bienestar y las libertades de los individuos y las comunidades, y reducir el sufrimiento. Pienso que estos derechos pueden convertirse en foco de un consenso intercultural en esta materia. Que no necesitamos comprometernos con el iusnaturalismo medieval o moderno para suscribir los derechos humanos. Y que contamos con todos los recursos conceptuales para reconocer la manipulación interesada de este discurso (p.e., el caso de Bush en Irak). Defender estos derechos – una especie de ‘mínimo normativo’ básico para la convivencia local y global – no me parece un asunto que encienda fanatismos de viejo o nuevo cuño. Me da la impresión de que se trata de una expresión secular de una preocupación elemental por el prójimo.

VIENTOS AUTORITARIOS EN LA SOCIEDAD PERUANA / MÁS COMUNICADOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

Mientras espero – sin mayor expectativa – el previsible penúltimo discurso presidencial de Alan García, recuerdo que hoy se cumplen diez años de la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización ciudadana que contribuyó decisivamente a la caída del régimen fujimorista. Como ha señalado agudamente Nelson Manrique en una interesante entrevista publicada el último domingo, Alejandro Toledo tuvo la lucidez de asumir el liderazgo de la marcha – convocada por diversos sectores de la sociedad civil y de la esfera política -, contando con el respaldo de los ciudadanos que entonces se movilizaban, y los políticos de oposición le brindaron su apoyo (dicho sea de paso, en su última columna, el inefable Martín Santiváñez arremete con insolencia desde el diario de los Agois contra Manrique, recurriendo al agravio personal, sólo porque el historiador cuestiona correctamente el militarismo existente en muchos de nuestros "rituales de Fiestas Patrias". Ese lamentable incidente confirma mi impresión de que el nivel de las columnas de Santiváñez es comparable al de La Ortiga: más allá de la grosería de uno y la huachafería del otro, en ambas columnas campea la más completa ausencia de argumentos, la vana altanería y la agresión más desencarnada). Hoy en día, gracias a los esfuerzos del APRA y de parte de la prensa de derecha, estamos asistiendo a un claro intento de “restauración conservadora”: los ataques a la CVR, a la PUCP, a los organismos de derechos humanos, al sistema anticorrupción del gobierno de Paniagua, las mentiras recurrentes en torno al “rebrote” terrorista, etc.

Diez años después de la Marcha de los Cuatro Suyos, el panorama político no deja de ser preocupante. Los sectores más autoritarios en la llamada “clase dirigente” – ojo, no sólo en la política – se están reagrupando y recuperando sus antiguas posiciones de poder, con el beneplácito y la colaboración del actual gobierno. Los avances del proyecto transicional son combatidos por el oficialismo y sus aliados. Los temas de justicia y ética pública brillan por su ausencia en la agenda pública. Las cuestiones de derechos humanos son hoy sindicadas como “izquierdistas”, las apelaciones a la diversidad cultural y a la tolerancia son tachadas de “relativistas”. En el plano de las mentalidades, los esquemas basados en las jerarquías e incluso en el prejuicio étnico, cultural y social se han fortalecido. Piénsese en las declaraciones presidenciales – así como en numerosas columnas de opinión – con motivo de los sucesos de Bagua. Ha reaparecido el viejo y cuestionable discurso sobre las “élites”. Salomón Lerner ha denunciado esta situación con singular claridad y energía:

“En nuestra patria las diferencias no son solamente eso: constituyen también pretextos para la preservación de un orden jerárquico cuestionable. Por ello, estudiar al Perú de la violencia implicó también hacer las cuentas de lo que significa vivir en una sociedad donde se presume como dato natural, y por ende innecesario de justificarse, la superioridad de unos sobre otros en razón de sus orígenes étnicos. El proceso que examinamos fue, así considerado, el develamiento de nuestra propia constitución como sociedad enemistada consigo misma. Los recelos entre sectores sociales y culturales diversos y atendidos de manera muy desigual por el Estado; las presunciones altaneras de los poderosos sobre los excluidos; la vocación elitista de los poderes públicos, todo ello apareció como el sustrato de la violencia misma, como el fermento que ayuda a explicar – aunque de ningún modo lo justifique – el proceder atroz de los actores armados y la complacencia de ciertos sectores sociales con la violencia, según el lado del que ella viniera” ”[1].

Corresponde a los ciudadanos el tomar conciencia de esta situación, y ejercer la crítica contra el discurso y las prácticas fundados en la exclusión. Ellos prosperan allí donde impera el silencio y la inacción del ciudadano de a pie.

II

Llama la atención el comunicado de saludo que – a página entera – publicó El Comercio en la p. A 3, una carta de saludo al Cardenal Cipriani, firmada por empresarios cuya “línea” es conocida, y políticos en actividad en el gobierno actual y en el régimen de Fujimori. Y periodistas de una clara tendencia ideológica (Delta, Vargas, Prieto Celi, etc.), así como los abogados del Arzobispado en el litigio contra la PUCP, y algunos miembros del Opus Dei (uno se pregunta cómo entender la presencia de la firma de Javier Villa Stein, que no contribuye a garantizar la neutralidad del Poder Judicial ante un proceso judicial en curso). Es posible que el ‘saludo’ constituya un nuevo gesto frente a la PUCP, puesto que se señala expresamente el título de Gran Canciller que ostenta el Arzobispo de Lima. Se toca allí el tema de la trayectoria del Cardenal al frente de las Diócesis de Ayacucho y Lima. El lector – par a formar su propia posición sobre el tema – tendrá que contrastar los términos de ese documento con otras lecturas de las circunstancias evocadas. El Informe Final de la CVR y otras fuentes presentan estos hechos de un modo diferente, a partir de la exposición documentada de las declaraciones públicas de las autoridades mencionadas y sus acciones en torno a los temas relativos a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Se trata de un tema controversial en el que, mucho más que las expresiones de adhesión, cuentan los argumentos y las evidencias. Que el lector examine los documentos a su disposición y juzgue de acuerdo con los hechos. El Informe Final de la CVR exhibe documentos y argumentos que respaldan sus conclusiones sobre el controvertido papel de la jerarquía eclesial ayacuchana en esa trágica etapa de nuestra historia, el texto publicado en El Comercio solo declara las meras convicciones subjetivas de quienes lo suscriben. Yo tengo un juicio propio sobre el asunto, que el visitante habitual de este blog conoce bien. Considero personalmente que textos tendenciosos y racionalmente cuestionables como El Trigo y la Cizaña no pueden tapar el sol con un dedo, ni confundir al lector informado sobre lo ocurrido en aquellos años de dolor y violencia. La verdad histórica cuenta.

Con todo respeto, no entiendo esta saturación de comunicados de tendencia contraria a la Universidad y en clara alusión al litigio con la PUCP (son ya cerca de cinco y seis, cartas de autoridades eclesiales de Lima, algunos obispos, familiares, etc.). No puedo sino pensar que el documento de apoyo a la autonomía de la PUCP firmado por 300 académicos de enorme prestigio intelectual constituyó un duro golpe moral a quienes quisieran ver intervenida la Universidad. Una amplia mayoría de profesores, alumnos, trabajadores, así como las autoridades democráticamente elegidas en la PUCP queremos una universidad plural y moderna, que es la que nos ha formado. Esas formas de presión externa no prosperarán.

[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.

CASO PUCP: REFLEXIONES DE CIRO ALEGRÍA VARONA

(Tomado de Punto Edu)

Ciro Alegría Varona

Que el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica se encuentren querellando debido a la pretensión del primero de administrar los bienes que ésta heredó de Riva-Agüero es una situación penosa y debilitante para la sociedad peruana. La Iglesia, que en nuestra historia moderna ha bajado del pedestal del domino colonial y la oligarquía y ha ganado las voluntades del común de los peruanos mediante su sacrificio al lado de los pobres, no puede dejar de lado ahora su autoridad moral y contentarse con imponer por coerción legal una atribución dudosa. La Universidad Católica, que ha sabido traducir su inspiración cristiana en una organización educativa y científica de primer nivel y ha contribuido a lo largo de ya casi un siglo a la realización del ideal republicano, no puede dejar que se desgarre el tejido de sus más profundas convicciones, las de la fe cristiana, por defenderse de las consecuencias de un error jurídico de una autoridad de la Iglesia.

Este error se ha introducido hasta en el fallo del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso de amparo de la Universidad. Ello ha ocurrido notoriamente porque la pretensión del Arzobispado ha estado acompañada por una estridente politización de derecha. El error ha sido alentado por los mismos medios de comunicación y voceros políticos que exigen dejar impunes a los violadores de derechos humanos y dar enormes ventajas a las grandes empresas, sin importar cuáles sean sus efectos en la vida de los pobladores. El error consiste en creer que la comisión designada por José de la Riva-Agüero no es sólo su albacea, sino titular directo del derecho esencial sobre la propiedad para disponer de ella y administrarla en sentido amplio y cabal. El error es creer que esa comisión no es sólo una instancia subsidiaria [1]que suple al heredero universal en los derechos que éste no pueda ejercer o sean ajenos a sus intereses naturales, sino un administrador supremo que hace al heredero dependiente de sus pareceres y sus decisiones. El concepto de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia y se ha convertido en un principio estructurador del Estado de derecho democrático, particularmente en la Unión Europea. Este principio guía la descentralización del poder público y abre paso al fortalecimiento moral y jurídico de la sociedad. Si, por ejemplo, la autoridad del párroco sobre las familias católicas no fuera subsidiaria, sino administrativa, tendría él derecho a inspeccionar la vida íntima familiar para cerciorarse de que cumplan los preceptos morales. La confusión de la autoridad subsidiaria con la tutela es el error moral característico de la dictadura.

Riva-Agüero instituye a la Universidad Católica heredera universal y establece que se la reconocerá como propietaria absoluta al cumplirse los 25 años de su muerte, lo que ocurrió en 1964. El error del Arzobispado surge de una lectura precipitada de las palabras “administradora” y “perpetua”, referidas a la comisión. Riva-Agüero no usó estas palabras para deshacer con una mano lo que hacía con la otra, sino en el contexto de consideraciones complementarias para el caso de que la Universidad no existiera o no estuviera en capacidad de ejercer la propiedad absoluta al cumplirse el plazo indicado. Dejo mi herencia a un niño que he adoptado y quiero como a mi hijo, a cuya formación he dedicado mis mejores esfuerzos, y designo a un albacea en la función subsidiaria de proteger este derecho y hacer cumplir mi voluntad en tanto y en cuanto el heredero no sea capaz. Muero y, décadas después, al albacea se le ocurre que puede usar el carácter perpetuo de su encargo para poner bajo tutela al heredero y tomar el control de la herencia, juzgar si el heredero ha hecho buen o mal uso, reducirlo a la minoría de edad con ayuda de la justicia. ¿Se piensa que esta extraña figura de la tutela, contraria a un concepto central de la doctrina de la Iglesia, estaría en las intenciones de Riva-Agüero por tratarse precisamente de la Iglesia, porque a diferencia del común de los seres humanos, las autoridades de la Iglesia sí tendrían derecho a mantener bajo tutela a un heredero legítimo y capaz?

Las autoridades de la Iglesia peruana no deberían extrañarse de que profesores y estudiantes defendamos una autonomía normativa y administrativa que la ley y la Constitución establecen y que ha acompañado nuestro desarrollo personal e institucional durante décadas. No deberían extrañarse de que pidamos firmemente, una y otra vez, a nuestro Arzobispo y Gran Canciller de la Universidad, que reconsidere su parecer, porque en esto, como en muchas otras materias, él no es menos humano que cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces los cristianos han tenido que clamar como los profetas ante errores de autoridades de la Iglesia? ¿Cuántas veces se les ha dicho que eso es hacer abandono de la comunidad de fe? ¿Acaso nos une a los cristianos una obediencia por coerción, como la que une a los súbditos con el soberano, a los militares con sus superiores? Es natural que los Obispos nos llamen a acatar la autoridad espiritual, lo que hacemos a conciencia, pero ese mismo respeto nos obliga a poner a la vista de todos un error completamente terrenal y mundano.

El propósito de que la Universidad se gobierne a la luz pública está en la voluntad del país, como lo indica la ley universitaria recientemente reforzada por el Congreso, y está entre las preocupaciones prioritarias de la Iglesia, como lo han declarado los Obispos. Así también para la comunidad universitaria de la Católica, no hay nada más natural y bienvenido que el análisis público de su gestión y la deliberación pública sobre sus objetivos. Sobre esta amplia base debe restablecerse una relación que ahora, amargada por un error jurídico, da la falsa impresión de una lucha entre la fe y el saber. El respeto que algunos sentimos hacia el magisterio de la Iglesia surge de una necesidad que se incrementa con la reflexión y la experiencia. Sabemos que la escasa lucidez humana depende de remotos y amplísimos nexos espirituales, de consejos que vienen de mucho más allá de las conveniencias visibles. Esta conciencia, creemos, es el único respaldo seguro para la educación y la ciencia. Por ello no podemos apartarnos ni de la causa que consideramos justa ni de la fe.

EN DEFENSA DE LA PUCP Y DE LA VERDAD: LA UNIVERSIDAD CATOLICA Y LA VOLUNTAD DE RIVA-AGÜERO

Jorge Polo y La Borda González (1)

Análisis de los elementos principales y subsidiarios en los testamentos de Riva-Agüero y del respeto a la voluntad del testador.

(Tomado de PuntoEdu)

Los testamentos de Riva-Agüero —como todo testamento y, en general, como todo acto jurídico— tienen un elemento sustancial (principal) y varios secundarios, accesorios, complementarios o subsidiarios. En el caso de Riva-Agüero, el aspecto medular de su disposición testamentaria es que instituye como su heredera a la Universidad Católica (a quien le deja sus bienes, para que sirvan a su sostenimiento). De otra parte, entre los otros muchos elementos subsidiarios y complementarios establece una junta administradora de los bienes que deja en propiedad absoluta a la Universidad Católica.

Estas disposiciones de Riva-Agüero han sido cumplidas a cabalidad y rigurosamente por la Universidad Católica, en forma impecable e intachable. Todas las autoridades de la Universidad Católica y sus profesores han sido fieles cumplidores de la voluntad de su benefactor: que los bienes heredados sirvan para el sostenimiento de la Universidad. No ha habido ni negligencia ni aprovechamiento indebido en el manejo de los bienes heredados; por el contrario, se han empleado estos bienes en forma óptima para el logro de los altos fines de la Universidad Católica, que gracias a ellos y al empeño y dedicación de sus autoridades, profesores y alumnos ha sobrevivido momentos de crisis y ha crecido al punto destacado en el que actualmente se halla.

¿Alguien podría sostener que los rectores (Mons. Fidel Tubino, R.P. Felipe MacGregor, el Dr. José Tola, el Ing. Hugo Sarabia, el Dr. Salomón Lerner o el Ing. Luis Guzmán Barrón) no cumplieron con la voluntad de Riva-Agüero, es decir, con velar por que los bienes de la Universidad sirvieran para su sostenimiento? ¿Alguien podría afirmar que esas autoridades obtuvieron beneficio personal de la herencia de Riva-Agüero o que la manejaron con irresponsabilidad? ¿Se podría pensar que profesores de la talla del Dr. Luis Jaime Cisneros o el Dr. Agustín de la Puente no velaron para que los bienes de la Universidad, herencia de Riva-Agüero, sirvieran para su sostenimiento? ¿Se podría echar sombras sobre la relación de estos profesores y autoridades con los bienes recibidos en herencia?

Nadie ha cumplido mejor el encargo que la propia Universidad Católica y para nadie han sido más útiles, imprescindibles y necesarios los bienes heredados que para la misma Universidad Católica.

La Junta Administradora también cumplió su cometido y razón de ser: servir a la Universidad Católica, a la dueña de los bienes, hasta que la naturaleza de las cosas y el manejo de los bienes por parte de la dueña aconsejaron que con la madurez y recursos alcanzados por la propia Universidad, ésta tenía la infraestrutura, personal y recursos para administrar directamente sus bienes.

Así lo entendieron igualmente los sucesivos obispos de la diócesis de Lima, Mons. Landázuri, Mons. Vargas Alzamora que dieron a la Junta la naturaleza subsidiaria y complementaria con la que fue establecida por Riva-Agüero. Si Riva-Agüero hubiese deseado dar a esa Junta funciones de supervisión, lo habría dicho expresamente o habría instituido un Patronato u otra figura que mediara entre la Universidad católica y sus bienes. Nada de eso: Riva-Agüero dejó como heredera a la Universidad Católica y le legó sus bienes sin ninguna condición ni carga.

En el lenguaje jurídico, muy bien conocido por Riva-Agüero, “administrador” es aquella persona encargada de la administración y conservación de patrimonio de otra, ya sea en virtud de mandato legal o de negocio jurídico. ¿Cómo explicar que un integrante de la Junta Administradora, el Señor Muñoz Cho, designado por el Arzobispo de Lima (y no representante del Arzobispo) pretenda exigir cuentas al dueño de los bienes? ¿Qué principio jurídico le permitiría al Sr. Muñoz Cho interpelar al propietario? ¿Podría el administrador de una casa comercial, cuestionar las decisiones del propietario de su propio negocio? ¿Podría el administrador de cualquier sociedad mercantil estar por encima de los dueños de la sociedad?

Por otro lado, la doctrina reconoce que la cualidad de Administrador se puede perder por decisión unilateral del titular de la cosa. Por lo tanto, los acuerdos de 1994 respecto a la Junta Administradora son jurídicamente impecables y ajustados plenamente a la voluntad de Riva-Agüero en el sentido de que sus bienes sirven al sostenimiento de la Universidad Católica.

(1) Decano (e) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco.