EL PACTO COMO POSIBILIDAD (ALBERTO ADRIANZÉN)

Alberto Adrianzén M.

Una democracia es aquella capaz de albergar en su seno una pluralidad de posiciones, actores e intereses. Sin embargo, para que esa pluralidad sirva para consolidar, estabilizar y profundizar dicha democracia debe tener, también, la capacidad de dialogar y pactar. Aquel famoso aforismo de Ramiro Prialé afirmando que “conversar no es pactar” también puede ser leído como expresión de esa enorme dificultad por llegar a pactos y acuerdos, ya que política no es solo hablar.
Pasando a nuestro proceso electoral reciente se podría decir que la afirmación anterior se evidencia en dos mensajes importantes de los electores: a) que se cumpla lo prometido, es decir que se pacte con los electores; y b) que los políticos lleguen a acuerdos. Sin embargo, hay un sector de la derecha, y allí incluyo a algunos medios de comunicación, que viene diciendo que conversar, dialogar o pactar es expresión de una política tradicional. Llaman a esto “cubileteo” o “negociaciones bajo la mesa”. Incluso afirman que se buscaría la impunidad o la protección de los políticos. Estas y otras afirmaciones, en verdad, resultan graciosas ya que son esos mismos grupos los que se han pasado la vida “cubileteando” y negociando ellos mismos “bajo la mesa” para, justamente, excluir, no dialogar y no pactar entre sectores distintos y/o diversos.
Es como decir: la democracia la practicamos solamente “nosotros”, los “otros” no tienen el derecho a negociar ni a pactar, solo les queda obedecer. Eso, en palabras simples, ha sido un poco nuestra historia. Hay un grupo que solo quiere mandar y que se ha negado sistemáticamente a pactar con los “otros”. Hoy estamos frente a la posibilidad de encontrar un camino que nos libere de este viejo problema. La idea de consensuar un programa de gobierno, como ha planteado Ollanta Humala en estos días, entre diversas fuerzas sociales y políticas es esa posibilidad. Pero también es la posibilidad, como lo dijera Valentín Paniagua en su primer discurso como Presidente, de inaugurar un largo ciclo democrático. La condición es clausurar el ciclo autoritario que el fujimorismo inauguró con el golpe de Estado el cinco de abril de 1992 y que hoy se quiere perpetuar. Un ejemplo de ello son los recientes rumores de una amnistía para el dictador Alberto Fujimori.
Sabemos que esto no es fácil. Y si bien el autoritarismo no tiene como única expresión al fujimorismo sabemos bien que es éste quien lo representa políticamente. Recomiendo que busquen en el Facebook la página: “Vergüenza Democrática” para que puedan darse cuenta de lo que está en juego. Como ejemplo de este autoritarismo –que es al mismo tiempo racismo y, hasta diría, fascismo– transcribo a continuación algunas de estas frases: “cholo desgraciado hideputa indio imbécil”; o “mis ojos se llenan de lágrimas no puedo creerlo… no hay esperanzas… son los peores resultados electorales que he recibido… tristemente tiendo a aceptar que necesitamos a Pinochet”; o “Partido Aprista, Alan! Esta vez acepto que hagas fraude. Por favor”; o esta otra frase que es de una twittera: “es mejor pagarle la multa a tu empleada a que le dé un voto a Ollanta”.
Incluso un reciente e interesante artículo de Nelson Núñez V. (“La polémica entre Palacios y Tapia”) que asume la defensa de Carlos Tapia, señala lo siguiente: “Un tema que se agregó durante la noche (se refiere a la polémica) fue la aparición de una cuenta de Facebook donde publicaban la dirección del domicilio de Carlos Tapia, y varios ponían cosas como “Se busca un patriota que envíe una bomba a la sede del partido de Humala!!! Será recompensado como héroe peruano!!!” o “es un maldito terrorista reciclado, como la gente que acompaña a Humala y muchos más”.
Sabemos que el camino hacia un acuerdo entre diversos no es fácil. No porque esté empedrado de buenas intenciones sino más bien porque está lleno de racismo, autoritarismo, desconfianza y personas que solo quieren mandar.

(Tomado de La República)

LA POLÍTICA COMO SUBASTA (ALBERTO ADRIANZÉN M.)

(Publicado en La República)

Alberto Adrianzén

Hay dos frases, acaso, que sintetizan el imaginario que hoy tiene la ciudadanía sobre la mayoría de los políticos. La primera fue pronunciada hace algunos años por un congresista cuando se juramentó y acaba de ser repetida por un concejal hace unos días cuando asumió su nuevo cargo: “Por Dios y por la plata”. La otra fue dicha hace unas semanas, según Jaime Bayly, por el propio presidente García durante una cena privada: “No seas cojudo, la plata viene sola”.

Las denuncias contra Rosa de Acuña, segunda vicepresidenta en la fórmula de Luis Castañeda, confirman esta percepción. La idea de que la política es el camino más rápido para enriquecerse está plenamente instalada en el imaginario social. La política no es vista como una actividad al servicio de los ciudadanos y de la democracia sino más bien como una práctica orientada a satisfacer intereses (y hasta vanidades) personales y/o privados. El problema es que la democracia es evaluada a partir de estos comportamientos. La política, los políticos y la democracia aparecen ante los ojos de la ciudadanía como prácticas e instituciones contrarias a los intereses y a las demandas de la sociedad. No es extraño, que sea la palabra corrupción, en su sentido más amplio, la que resuma esta situación y que el dinero (o la plata) sea su símbolo.

Y aunque la política y la democracia requieren de individuos (hombres y mujeres) honestos, el problema principal para superar lo que ocurre hoy no es la búsqueda de “santos” o “ángeles”. Menos proponer lo que Hobbes llamó el “veneno de las doctrinas sediciosas” y que consiste en que “cada individuo en su privacidad es juez de las acciones malas y buenas”, es decir, hacerse “a sí mismo juez del bien y del mal” (Jorge Dotti). Cuando eso existe, lo que tenemos es una práctica que nos propone el linchamiento político, pero no para establecer una nueva moral sino para satisfacer, muchas veces, fines contrarios a los propuestos. El papel de algunos medios de comunicación es ejemplo notable de esta hipocresía política.

No dudamos que la moral es importante, pero la política tiene sus propias reglas. Lo que se requiere, por lo tanto, es una moral pública (y laica) que consiste en la aceptación de un conjunto de reglas y normas que regulen la actividad política, las elecciones y las relaciones entre los individuos.

Se dice que la democracia no tiene precio, pero que cuesta mantenerla. Por eso el caso de Rosa de Acuña y de Solidaridad Nacional, además de la falta de escrúpulos de aquellos que han participado en esta suerte de licitación de candidaturas, demuestra que se necesita regular la participación de los partidos en las elecciones.

Una primera idea es que los partidos requieren ser financiados, en parte, por el Estado para liberarlos, justamente, de candidatos y dirigentes inescrupulosos que convierten la selección de postulantes en una subasta, pero también de los grupos económicos y de las mafias (incluyo al narcotráfico). Una segunda idea, es bajar los costos de las campañas electorales. Es hora que se adopten las normas que hoy existen en México, Brasil y Chile, por citar algunos países, que consisten en prohibir la propaganda electoral en medios de comunicación que usan recursos públicos (la radio y la TV) y privilegiar la franja electoral como el principal instrumento de propaganda. Una tercera idea es fortalecer el papel de los órganos electorales en la fiscalización de los gastos de campaña, aspecto que hoy no existe. Y una cuarta, es eliminar el voto preferencial, que es fuente de corruptelas, y mejorar la democracia interna de los partidos.

Una última idea, es que no habrá democracia ni elecciones limpias mientras existan mafias que “chuponean” teléfonos, interceptan correos electrónicos y hasta extorsionan a candidatos. El caso de Rosa de Acuña es la mejor demostración no solo de la decadencia de los políticos, de los partidos y del propio sistema político sino también de la existencia de mafias que, como aves carroñeras, medran de esta decadencia.

CASO PUCP: ESCRIBE ALBERTO ADRIANZÉN

(Tomado de La República)

La cruz, la espada y la PUCP

Alberto Adrianzén M.

El otro hecho importante esta semana, además del discurso presidencial, ha sido un comunicado publicado en la página tres del diario El Comercio (27/07/10) en el cual un poco más de 150 personas dan su aval político y religioso al cardenal Cipriani. Semanas atrás, otro comunicado, esta vez firmado por obispos de varios lugares del país, también hacía lo mismo. Estos y otros hechos ratifican que el cardenal está decidido a dar una dura batalla por el control de la PUCP, pero también por construir un frente conservador conducido por el Opus Dei.

El comunicado en mención no solo es, como dicen los firmantes, un gesto de solidaridad, simpatía y desagravio sino también un aval político y religioso a Cipriani por su labor pastoral. Sería bueno que los firmantes lean la sección del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) referida al papel nefasto que tuvo la iglesia ayacuchana, conducida por Cipriani, durante los años de la violencia política, para que concluyan cuán lejos están de la verdad. Cipriani, y hay que recordarlo siempre, fue uno de los pocos obispos que decidieron clavar en la puerta de su iglesia un letrero que decía que ahí no se atendían temas vinculados a los derechos humanos. Por esos mismos años, cuando colaboraba activamente con la dictadura fujimorista y con los militares, dijo que la Coordinadora de los Derechos Humanos era una cojudez.

No hay sorpresas entre quienes firman: militantes del Opus, fujimoristas, dirigentes empresariales, periodistas, dueños de medios, señoras de la alta sociedad, dirigentes apristas y familiares del cardenal, acompañados de unos pocos políticos que se autocalifican de liberales o socialdemócratas. Firma, el presidente del PJ, Javier Villa Stein, quien, cuando menos, debió abstenerse puesto que el contencioso que la PUCP mantiene con Cipriani aún se ventila en los tribunales. Firmar ese comunicado de alguna manera es adelantar opinión.

Avalar el indigno comportamiento de Cipriani en Ayacucho; legitimar su pretensión de intervenir y apoderarse de la PUCP para convertirla en un reducto del Opus Dei; apoyar una pastoral que se fundamenta en un conjunto de valores francamente conservadores y antimodernos; convertirlo en una suerte de héroe nacional y víctima al mismo tiempo de los sectores progresistas; además de ser vergonzoso y reaccionario, es un indicador de que, para los firmantes, la PUCP no es el único objetivo. También lo son los miembros de la CVR, principalmente Salomón Lerner Febres, su informe final y todos aquellos que, de una u otra manera, hemos apoyado esa labor y que defendemos los DDHH y una democracia plural. Lo que se busca es convertir a Cipriani en uno de los voceros, acaso el principal, de un discurso político autoritario y emblema de los sectores más conservadores de este país.

Tampoco es extraño que este comunicado salga a los pocos días de conocerse una nueva y cuestionable (por no decir ilegal) resolución del Tribunal Constitucional (12/07/10), que le ordena al PJ acatar el fallo sobre la PUCP. Lo que busca el TC (y el gobierno) es intervenir en un proceso judicial en marcha para apresurar la entrega de este centro universitario a Cipriani. Dicho en pocas palabras, que la intervención del Opus Dei se produzca durante este gobierno, que le ha dado no solo espacio sino también protección política a este grupo religioso derechista y al propio Cardenal.

Se puede tener discrepancias, como las tengo, con la PUCP; sin embargo, creo que entregar esta universidad a manos del Opus Dei y del señor Cipriani sería una derrota cultural y política y eso es sin duda lo que está buscando este sector. Significaría el triunfo del fundamentalismo y, por lo tanto, del oscurantismo sobre el pensamiento crítico y libre. Pero sería también la derrota de una elite que se niega a ser liberal y que se somete, una vez más, al tutelaje, como diría Sartori, de la cruz y la espada.