ESTIGMATIZACIÓN Y DEBATE POLÍTICO. CUANDO HABLA EL PREJUICIO

Gonzalo Gamio Gehri

Hace ya tiempo que una facción importante de la autodenominada “clase dirigente” – personalidades asociadas a la actividad política, la prensa conservadora, la dirección de algunas instituciones sociales – ha deslizado la idea de que la acción de la izquierda constituye la causa fundamental de la crisis nacional en todas sus manifestaciones. No distingue, por supuesto, perspectivas al interior de los sectores progresistas en la política y en el ámbito del pensamiento, aunque se trate de visiones que guardan discrepancias significativas entre sí; para este discurso esquemático, no existen socialdemócratas, marxistas, cristianos progresistas, liberales sociales, socialistas. Para ellos todos son comunistas, disfrazados o manifiestos, extremistas dispuestos a usar la violencia en la medida en que se lea acertadamente “el curso de la historia”. Hace unos días la congresista Luz Salgado señaló que de un modo u otro el antifujimorismo acusa algún compromiso con el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, y que este grupo de ciudadanos no le perdonaría a los fujimoristas la derrota de la subversión. Se trataría de un grupo de personas a las que “no le gustó que le rompiéramos un proyecto político”. Lamentables e irresponsables declaraciones, basadas en el prejuicio. Otros políticos de su bancada han planteado aseveraciones similares en diversos medios (twitter incluido).

Sin duda, la extrema izquierda ha generado graves daños al Perú. El conflicto armado interno – propiciado por Sendero Luminoso y el MRTA, inflamados por la suscripción de ideologías fanáticas y destructivas - se llevó la vida de casi setenta mil peruanos. Hay que recordar que el terrorismo se enfrentó a la izquierda política, asesinando a muchos líderes de Izquierda Unida, el caso más conocido es el de María Elena Moyano. IU es la segunda fuerza política con más víctimas de  crímenes perpetrados por los grupos subversivos. El primero es el APRA. Catalogar a toda la izquierda como violentista y afín a la subversión no es sólo una acusación falsa, sino un agravio a las víctimas y mártires izquierdistas, muertos a manos del terrorismo, y a quienes se enfrentaron a aquellas organizaciones delictivas en lo ideológico y en el terreno de la acción, como Henry Pease, Alfonso Barrantes y muchísimos otros militantes de izquierda.

He sostenido reiteradamente en este blog que el Perú agradecería una derecha auténticamente liberal y una izquierda estrictamente democrática. Las izquierdas deben enfrentar una profunda revisión crítica de sus ideas fundamentales a la luz de lo ocurrido en la segunda mitad de los años ochenta en el mundo. Muchos grupos progresistas lo están haciendo. Considero que el pensamiento progresista debe suscribir en lo político los principios de la democracia liberal. En lo económico ha de reconocer los fundamentos de la economía de mercado, a la vez que asumir una visión multidimensional del desarrollo, en una perspectiva humanista que, por ejemplo, Martha C. Nussbaum y Amartya Sen, liberales de izquierda,  han discutido desde hace décadas. Desde que era un estudiante, la idea de que la historia tenía un curso lineal  conforme a leyes me resultaba insostenible. Una suposición dogmática conceptualmente inaceptable.

La izquierda se define por su heterogeneidad. Lo mismo puede decirse de la derecha, por supuesto. El aire de familia que articula a las izquierdas es la preocupación por la conexión entre la libertad individual y la justicia. La suposición de la prensa de extrema derecha de que la izquierda tiene un programa único virulento resulta obviamente absurdo. Generalmente, este prejuicio grotesco viene acompañado de una tesis de complot. Hace meses que – sólo por poner un ejemplo – Víctor Andrés Ponce  ha desarrollado una lectura conspirativa de la izquierda y en general del antifujimorismo. En sus artículos, dice que el antifujimorismo es el factor negativo de la política de la historia reciente; curiosamente, fue el antifujimorismo el que derrotó a Fuerza Popular en las últimas elecciones. Si Kuczynski hubiese escuchado sus consejos, es muy posible que hubiese perdido en las urnas. Hace tiempo que  el periodista caricaturiza a las izquierdas. Indica que, una vez derrotado el terrorismo, la izquierda sigue buscando asaltar el poder bajo una estrategia cultural, pero bajo el mismo esquema de fondo. Se trataría de un 'siniestro plan unitario'. “La universidad de Huamanga de los setenta fue reemplazada por un trabajo paciente e inteligente en los predios de la Universidad Católica mientras todos los cuadros del comité central bolchevique se lanzaban a organizar sus ONG, “organizaciones de la sociedad civil” y todo tipo de agrupamientos”, declara sin ofrecer justificación alguna de tamaña acusación. Resulta realmente ridículo afirmar algo así, de una manera tan ligera, y sin ningún trabajo de razonamiento que le sirva de sustento.  Se trata de una aseveración ofensiva – que revela una contundente ignorancia respecto de la educación impartida en la PUCP y sobre el concepto mismo de sociedad civil – que no resiste el menor escrutinio racional. Su artículo entero es tan extravagante y gaseoso, que parece que en este caso – en el que parece primar el bullying ideológico y mediático - la verdad resulta ser lo de menos.

La discusión de idearios y perspectivas es políticamente significativa. No obstante, ésta discusión precisa de razones. De lo contrario, permanecemos en el terreno de las etiquetas y de la vana caricatura. La política tiene una dimensión pedagógica que no debe desatender por ningún motivo.

ESTADO LAICO Y PLURALISMO

Gonzalo Gamio Gehri

No cabe duda que, en nuestro país, el catolicismo conservador se ha afianzado con singular fuerza. Sus exponentes asumen los cargos eclesiásticos más altos, y muchas de sus convicciones se han convertido en una suerte de “sentido común” en un sector importante de nuestra “clase política”. Esta es una forma de describir este fenómeno. Veo que en la inauguración del llamado “Cristo del Pacífico” – en presencia del Presidente de la República y de la jerarquía católica - se saluda la imagen con un “¡Que viva Cristo Rey!”, el grito falangista que trae tan amargos recuerdos en España por evocar la fuerza y la intolerancia del franquismo. Leo que Fernán Altuve – en una columna de Correo – describe la terrible guerra civil española como una “cruzada de liberación”, cuando se trató de una cruenta guerra que registró crímenes sanguinarios de ambos lados: encuentro cuestionable describir un hecho tan doloroso como una gesta caballeresca. En fin, para evocar un caso más pintoresco, curioso y gracioso, el presidente en funciones llama “anticristos” a quienes critican su gestión.

La libertad de expresión propia de una democracia permite que cada uno pueda brindarle su lealtad a ideas de diverso cuño y calidad, siempre y cuando no de lesionen la ley y las instituciones que hacen posible la coexistencia social. Uno puede tener ideas en extremo extravagantes o incluso falsas. Uno puede pronunciar gritos falangistas y hacerlos pasar por expresiones de fe, entonar extrañas elegías a remotos y malogrados imperios, o denominar “cruzadas” a lo que fueron insurrecciones militares o guerras fratricidas. Incluso puede suceder que un político pueda usar el vocabulario bíblico para defenderse de sus críticos. Lo que uno no puede hacer desde el ejercicio de la función pública – conforme a lo argumentado en un post anterior, que generó un iteresante intercambio de ideas – es descalificar como “absurdas” o “primitivas” las creencias religiosas que uno no comparte, como el culto a los Apus.

Por supuesto, existen espacios para la discusión racional en materia teológica y religiosa (y también, por si surge la pregunta, uno puede encontrar foros para cuestionar los alegatos presidenciales, y las lecturas épicas que hemos reseñado), pero ellos no pertenecen al Estado. Necesitamos espacios propicios para discutir los asuntos éticos y espirituales en una perspectiva intelectual, escenarios de sociedad civil. Siguiendo con el ejemplo señalado, considero que el tipo de espiritualidad conservadora (al menos en algunas de sus versiones conocidas en nuestro medio) tiende a privilegiar la forma sobre el fondo, que se trata de una espiritualidad que a menudo quiere rituales de sacrificio antes que misericordia, que a veces asume con facilidad el pathos del Gran Inquisidor de Dotstoievski: considérese el discurso común de los exponentes de la derecha religiosa que actúan en la arena política en materia de derechos humanos, memoria, libertad de pensamiento y autonomía universitaria. Pienso que (como Gianni Vattimo ha mostrado en uno de sus libros más rigurosos) no se ha reparado lo suficiente en la radical convergencia entre el espíritu del cristianismo y el proceso de secularización. Pero no creo en absoluto que la instancia política deba recoger este u otro punto de vista sobre la cuestión religiosa para convertirlo en “oficial”. Al Estado democrático sólo le corresponde garantizar la libertad de culto, y que existan espacios de diálogo abierto sobre aquello que asigna o priva de sentido la vida.

Al Estado democrático le toca proteger las condiciones de pluralismo ético y religioso en la sociedad, sobre la base de un sistema de derechos. Que las personas y las comunidades puedan practicar y compartir (así como revisar y discutir) sus creencias sin ejercer o padecer violencia de ninguna clase, en espacios extra-estatales. Ciertos creyentes con una mentalidad más conservadora creen que el Estado tendría que promover institucionalmente una confesión en desmedro de otras, acaso por ser mayoritaria. Esta claro que ese tipo de consideraciones viola el principio de igualdad, pues el Estado debe tratar en igualdad de condiciones a cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea su credo o si fuera el caso de que ellos no tuviesen creencias religiosas. No se trata de favorecer institucionalmente a las creencias de la mayoría, sino de respetar los derechos de cada uno. A veces los ideólogos antiliberales sostienen máximas ridículas como “no imponer (una religión en desmedro de otras) es imponer (la increencia, el agnosticismo o el ateísmo)”. Pero esta aseveración no tiene ni pies ni cabeza. Sostener que las imágenes religiosas no deben estar presentes en los escenarios del Estado no es expresión de “cristofobia”, como ha sugerido tendenciosamente un extravagante e hiperbólico artículo de Martín Sativañez. Nada de eso propone una genuina actitud liberal. Se trata de ofrecer espacios fuera de la coerción estatal para el cultivo de la fe y la discusión crítica sobre lo trascendente, sin que el Estado patrocine un sistema de creencias particular.

En la misma línea de la escuálida máxima citada, los enemigos del Estado laico sugieren que si el Estado no patrocina determinadas prácticas religiosas asociadas a un único credo - a una única concepción de lo "sagrado" -, estas prácticas se verían condenadas a debilitarse y a su eventual desaparición. Ese punto de vista catastrófico entraña una forma grotesca de agitación y propaganda ideológicas, y nada más. Esta sugerencia revela la pobreza de su fe en la fuerza de tales prácticas ¿Cuán “popular” es entonces la religiosidad popular? Estos defensores del Estado confesional no confían en la convocatoria y la fuerza espiritual de sus Iglesias – por no hablar de sus propias almas – si creen que sólo el respaldo del Estado podrá asegurar la preservación y transmisión de las prácticas de fe.

La alternativa al Estado confesional no es la "ausencia de valores", sino el pluralismo. La afiebrada imaginación conservadora hace ver a los liberales como presuntos militantes "nihilistas", aspirantes a sepultureros de los valores eternos. Se trata de una vieja lectura - muy vieja, en realidad -, típica de los manuales pre-conciliares, que veían en el "modernismo" la fuente y la suma de todos los males; habrá cambiado la metodología y el estilo literario, pero la prédica ideológica antiliberal es la misma. Toda la parafernalia vitalista o postmoderna empleada no impide ver las letras góticas. Lo cierto es que la existencia de un Estado laico no supone la des-espiritualización del mundo, o la progresiva desaparición de los “valores trascendentes”; ello supone menospreciar el trabajo de las Iglesias y las comunidades religiosas (además de reducir erróneamente el horizonte de los “valores trascendentes” al ámbito de la religión). En el seno de una sociedad pluralista las Iglesias y comunidades podrían incluso llegar mejor y con mayor claridad a sus fieles, ya sin el efecto deformante que puede generar (y que con frecuencia ha generado de facto) la intromisión del Estado en los asuntos del espíritu. Este anhelo de control político sobre las creencias revela un profundo miedo a la libertad.

La historia del liberalismo ha puesto de manifiesto las formas letales de autoritarismo y violencia que genera la imposición de un solo credo (el del “monarca”), aquello que Lessing denominaba “la tiranía del anillo único”. Las diferentes expresiones de autoritarismo político imponen la prédica altisonante y teatral de sus formas de totalitarismo ideológico: éstas a veces son religiosas (Franco, el integrismo islámico) o ateas (Stalin). Imponen un monismo ideológico. Piénsese en la difícil situación que atraviesa la Iglesia católica – por poner solamente un ejemplo - en sociedades comunistas como China, Cuba, e incluso en regímenes verticales y populistas como los de Bolivia bajo Morales y la Venezuela chavista, que hoy en día se relacionan conflictivamente con ella. Una mentalidad liberal, en contraste, promueve la defensa de la tolerancia y la libertad religiosas. Justamente en ese camino conceptual Natán el sabio de Lessing pone lúcidamente de manifiesto la coexistencia equilibrada de pluralismo y espiritualidad.

IGLESIAS Y ESTADO: EN TORNO A LOS CIMIENTOS ÉTICOS DE LA SEPARACIÓN*

Gonzalo Gamio Gehri

La separación entre las instituciones religiosas y el Estado constituye uno de los logros más importantes de la cultura liberal, un principio que ha sido incorporado acertadamente en el ideario político de la democracia. La expresa formulación filosófico-política de esta tesis data del siglo XVII y responde a la trágica experiencia histórica de las guerras de religión en Europa. John Locke sostuvo con claridad que al Estado le correspondía proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, pero en ningún caso velar por la corrección religiosa de las personas: si existe Dios, si es una persona o muchas, es un asunto que concierne a la fe del creyente y a su capacidad de reflexión, y que le interesa al individuo mismo o a las organizaciones en las que el individuo ha elegido participar. Nadie puede obligar a los seres humanos a salvar sus almas; se trata de un asunto de conciencia y de libertad personal.

Desde entonces se considera que el Estado debe garantizar la tolerancia religiosa y el derecho de cada cual a creer o no creer en una sociedad libre, abierta a todos los credos, y dispuesta a ofrecer espacios para el diálogo y el debate en torno a la fuente de sentido para la vida (tanto en una clave religiosa como secular). Se pretende erradicar así la persecución por motivos confesionales – tan común en las comunidades premodernas – en las que se suponía que un gobernante responsable debía asegurar la salvación de las almas de sus súbditos. Instituciones lamentables como la Inquisición o funestas medidas como la extirpación de idolatrías fueron desactivadas definitivamente. Con el tiempo, el Estado liberal se concibió a sí mismo “neutral” en materia confesional – o mejor, comprometido con el pluralismo ético y el respeto de la diversidad religiosa -, de modo que no se pronuncia a favor o en contra de creencia alguna, siempre y cuando ésta opere en el marco del respeto a la ley. En esta perspectiva, en una sociedad democrática y liberal no existe una “religión oficial”. Declarar una adhesión, simpatía particular o relación especial con algún credo implicaría ejercer una inaceptable discriminación entre los ciudadanos, que deben ser tratados sin excepciones como individuos libres e iguales.

La separación Iglesias / Estado pretende combatir la politización de la fe tanto como la sacralización de la política, así como sus perniciosos efectos sobre la esfera pública. Constituye una expresión de respeto a la exclusiva potestad de las personas de discernir, discutir y elegir sus creencias y planes de vida. En ocasiones, sectores religiosos conservadores han sugerido que medidas como éstas contribuyen a minar el ‘sentido de trascendencia’ entre las personas y a promover una suerte de “retirada espiritual”. Deslizan la idea de que esta clase de posiciones tiene a minimizar el lugar de la religión en la vida de la gente. Todo lo contrario. La separación liberal reconoce el gran valor que tiene la religión para muchas personas; por lo mismo, plantea que los ciudadanos deben contar con un espacio de libertad para examinar ese valor, deliberar sobre lo que le asignaría sentido a la vida, y cultivar (si así lo deciden) genuinas prácticas de fe. La coacción estatal sólo dañaría gravemente esa reflexión e impondría arbitrariamente un catálogo único de creencias.

Sostener que el espacio de la fe está fuera del ámbito de influencia del Estado no implica “privatizar la fe”. Resulta fundamental que las personas encuentren lugares en los que se pueda debatir rigurosa y honestamente los puntos de divergencia y encuentro de los diferentes credos, en un clima de tolerancia y apertura dialógica a las razones del otro. Estos escenarios sociales están disponibles en las propias comunidades religiosas y en las instituciones de la sociedad civil. La Universidad, por ejemplo, constituye un espacio relevante para la meditación académica sobre el valor del diálogo interreligioso, la prevención del fanatismo y el rol de las múltiples confesiones en la cimentación de una “ética mundial”, para utilizar la feliz expresión de Hans Küng. Sostener que estos lugares son extra-estatales no equivale a propugnar una suerte de atomización de la fe.

En el Perú, el camino hacia la afirmación de una cultura de separación entre Iglesias y Estado es todavía largo. Por ejemplo, la existencia de un Concordato con la Santa Sede que establece que en los colegios públicos se imparta un curso de catequesis católica es incompatible con lo que venimos señalando. En un Estado realmente laico, tal curso no existe en la escuela pública, porque la formación religiosa es responsabilidad de las familias y las parroquias. O, si existe, se trata de un curso de historia de las religiones (un curso sobre el ‘hecho’ religioso), no una asignatura de carácter apologético. Consolidar la separación en nuestro país – por el bien de la política y por el bien de las religiones – es una tarea democrática que debería tomarse en serio.

* Una versión corregida de este breve texto será publicada en la revista Intercambio.

LA CATOLICIDAD DE LAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS (JORGE COSTADOAT S.J.)

Jorge Costadoat S.J. *

"Lo católico” acarrea problemas en el ámbito universitario. Cuando se confunde la misión de una universidad con las exigencias de la religiosidad cristiana, es la propia catolicidad de las universidades la que termina desprestigiándose. Pero “lo católico” puede contribuir efectivamente a la búsqueda de la verdad, objetivo y sentido de todas las universidades. Puede, cuando en “las católicas” se articulan debidamente la fe y la razón.

Cuando se hace depender la catolicidad de una universidad de la adscripción o devoción religiosa de sus alumnos y, sobre todo, de sus profesores, la universidad se enferma. Menciono tres patologías. Dos típicas: la simulación y la exclusión. En lo inmediato, la invocación religiosa de “lo católico” puede generar exclusión. Esto comentan en las universidades los académicos que temen ser mal mirados, o efectivamente lo son, porque no creen en Dios, no son cristianos, tienen otro credo o no están a la altura de la doctrina de la institución. Por ejemplo, hay personas que temen no obtener la titularidad si se separan y, peor aún, si se casan de nuevo. En las “católicas” ocurre también que académicos lucen su catolicismo para congraciarse con el establishment. Esta simulación es penosa, pero además enrarece las relaciones entre las personas, crea sospechas, genera odiosidades.

A mi juicio estas enfermedades afectan la catolicidad de las universidades católicas porque contaminan su misión. Una universidad no puede ser católica si no estimula el ejercicio libre de la razón sin el cual se hace imposible llegar a la justicia y la paz social, objetivo último del quehacer universitario en la sociedad.

Los principales documentos eclesiales sobre el tema destacan que la misión de toda universidad es la búsqueda de la verdad. Las universidades católicas, a este respecto, no debieran invocar título privilegiado alguno. De hacerlo, atentarían contra su propia certeza teológica: la Iglesia cree que el Padre de Jesucristo es el Creador de la razón humana, razón de la que todas las personas gozan independientemente de su credo. De aquí que las universidades católicas debieran entender que, de acuerdo a la misma fe cristiana, su búsqueda de la verdad no es mejor ni peor que la de los demás, sino que se caracteriza por subrayar la necesidad del diálogo y del amor de la humanidad consigo misma, lo cual se consigue con aprecio de la diversidad cultural y sujeción a los métodos que sin daño de nadie la ciencia se da a sí misma. Las universidades cristianas, por esta razón, debieran ser espacios para aquella libertad de pensamiento que es posibilitada por una neta distinción de los planos de la fe y la razón que, paradójicamente, despeja el camino para una convergencia entre ambas. En estas universidades, los católicos no debieran pretender encontrar la verdad sin los no católicos. Se incurriría en un “pecado” en contra del Creador de unos y otros.

Donde hay falta de libertad, se estudia, se piensa, se dialoga y se enseña con dificultad. Por esta razón, el respecto a la conciencia y a la indagación científica, sobre todo mediante una institucionalidad capaz de corregir los posibles abusos, es condición para encontrar esa verdad que solo es tal cuando, por lo mismo, libera las potencialidades de todos y urge un compromiso con todos, especialmente con aquellos que no tienen quién investigue por ellos.

Menciono, por esto, una tercera enfermedad. La peor de todas. En nuestro medio la alianza entre la academia y la empresa privada debiera abrirse a una comprensión de la verdad humanamente más amplia, más humanizadora, que aquella que solo sirve para alimentar el capitalismo. Cuando, por el contrario, esta alianza es sellada con la colaboración de un catolicismo pío y estrecho, la injusticia social se vuelve incontrarrestable. Entonces prevalecen los intereses particulares sobre la búsqueda del bien común, y la opción por los pobres que debiera distinguir a las “católicas” cede a favor de la formación de los privilegiados de siempre.

Una universidad es verdaderamente católica cuando en ella la fe cristiana favorece la libertad de pensamiento y el compromiso por incluir a los excluidos o a los estigmatizados por su credo o por su vida.

(Tomado de este lugar).

*Teólogo jesuita. Profesor de la Universidad Católica de Chile y la Universidad A. Hurtado.

CASO PUCP: ESCRIBE ALBERTO ADRIANZÉN

(Tomado de La República)

La cruz, la espada y la PUCP

Alberto Adrianzén M.

El otro hecho importante esta semana, además del discurso presidencial, ha sido un comunicado publicado en la página tres del diario El Comercio (27/07/10) en el cual un poco más de 150 personas dan su aval político y religioso al cardenal Cipriani. Semanas atrás, otro comunicado, esta vez firmado por obispos de varios lugares del país, también hacía lo mismo. Estos y otros hechos ratifican que el cardenal está decidido a dar una dura batalla por el control de la PUCP, pero también por construir un frente conservador conducido por el Opus Dei.

El comunicado en mención no solo es, como dicen los firmantes, un gesto de solidaridad, simpatía y desagravio sino también un aval político y religioso a Cipriani por su labor pastoral. Sería bueno que los firmantes lean la sección del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) referida al papel nefasto que tuvo la iglesia ayacuchana, conducida por Cipriani, durante los años de la violencia política, para que concluyan cuán lejos están de la verdad. Cipriani, y hay que recordarlo siempre, fue uno de los pocos obispos que decidieron clavar en la puerta de su iglesia un letrero que decía que ahí no se atendían temas vinculados a los derechos humanos. Por esos mismos años, cuando colaboraba activamente con la dictadura fujimorista y con los militares, dijo que la Coordinadora de los Derechos Humanos era una cojudez.

No hay sorpresas entre quienes firman: militantes del Opus, fujimoristas, dirigentes empresariales, periodistas, dueños de medios, señoras de la alta sociedad, dirigentes apristas y familiares del cardenal, acompañados de unos pocos políticos que se autocalifican de liberales o socialdemócratas. Firma, el presidente del PJ, Javier Villa Stein, quien, cuando menos, debió abstenerse puesto que el contencioso que la PUCP mantiene con Cipriani aún se ventila en los tribunales. Firmar ese comunicado de alguna manera es adelantar opinión.

Avalar el indigno comportamiento de Cipriani en Ayacucho; legitimar su pretensión de intervenir y apoderarse de la PUCP para convertirla en un reducto del Opus Dei; apoyar una pastoral que se fundamenta en un conjunto de valores francamente conservadores y antimodernos; convertirlo en una suerte de héroe nacional y víctima al mismo tiempo de los sectores progresistas; además de ser vergonzoso y reaccionario, es un indicador de que, para los firmantes, la PUCP no es el único objetivo. También lo son los miembros de la CVR, principalmente Salomón Lerner Febres, su informe final y todos aquellos que, de una u otra manera, hemos apoyado esa labor y que defendemos los DDHH y una democracia plural. Lo que se busca es convertir a Cipriani en uno de los voceros, acaso el principal, de un discurso político autoritario y emblema de los sectores más conservadores de este país.

Tampoco es extraño que este comunicado salga a los pocos días de conocerse una nueva y cuestionable (por no decir ilegal) resolución del Tribunal Constitucional (12/07/10), que le ordena al PJ acatar el fallo sobre la PUCP. Lo que busca el TC (y el gobierno) es intervenir en un proceso judicial en marcha para apresurar la entrega de este centro universitario a Cipriani. Dicho en pocas palabras, que la intervención del Opus Dei se produzca durante este gobierno, que le ha dado no solo espacio sino también protección política a este grupo religioso derechista y al propio Cardenal.

Se puede tener discrepancias, como las tengo, con la PUCP; sin embargo, creo que entregar esta universidad a manos del Opus Dei y del señor Cipriani sería una derrota cultural y política y eso es sin duda lo que está buscando este sector. Significaría el triunfo del fundamentalismo y, por lo tanto, del oscurantismo sobre el pensamiento crítico y libre. Pero sería también la derrota de una elite que se niega a ser liberal y que se somete, una vez más, al tutelaje, como diría Sartori, de la cruz y la espada.

OTRO MÁS

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy ha sido publicado – lo leo en La República – otro comunicado en contra de la posición de la PUCP y sus autoridades democráticamente elegidas, esta vez firmada por algunos obispos peruanos (no se encuentra, por ejemplo, la firma de Monseñor Strotmann, ni la de Monseñor Barreto, tampoco figura la firma de Monseñor Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal, entre otras ausencias importantes). Mi impresión es que este documento en parte es fruto de una reacción frente al pronunciamiento de los 300 académicos extranjeros en favor de la autonomía y el pluralismo en la PUCP. Una lectura atenta del texto así lo revela. Sorprende un poco la multiplicidad de manifiestos de algunos sectores de la jerarquía contra la PUCP, y que todavía no se cuente con un pronunciamiento institucional sobre el intento gubernamental por expulsar del Perú al religioso Paul Mc Auley.

Quisiera compartir con los lectores de este blog mi opinión personal sobre este asunto. Con todo respeto, me preocupan tres cosas. La primera, es que el texto señala una información completamente inexacta acerca del estado actual del litigio entre el Arzobispado de Lima y la PUCP. El documento dice que la sentencia del Tribunal Constitucional concluye que “corresponde al Señor Cardenal de Lima, mediante la designación de un representante en la Junta de Administración de la herencia de Riva Agüero, estar informado y velar por el buen uso de la fortuna dejada por ese ilustre peruano para beneficiar la formación católica de los profesionales que tanto necesita nuestro país”. Deja entrever que se trata de un caso concluido. En sentido estricto, eso no es verdad. El TC ha declarado infundada la Acción de Amparo presentada por la PUCP, pero el tema de fondo – la interpretación de los testamentos, las funciones de la Junta, etc. - está todavía en manos del Poder Judicial, así que mal hace el texto que comentamos en sugerir que se trata de un asunto zanjado.

La segunda. Hay en el documento una serie de alusiones a la idea de que el Pueblo de Dios y las universidades católicas deben “dejarse guiar por sus pastores (esto es, por los obispos)”. Dejemos por ahora el tema teológico acerca de cómo interpretar esta frase en el contexto de una institución académica que debe promover el conocimiento y la crítica – un asunto de primera importancia, qué duda cabe -. El texto sugiere que las actuales autoridades de la Universidad no tienen confianza en el Obispo del lugar, que es el Gran Canciller de la PUCP y, aludiendo al comunicado de de los 300 académicos, el pronunciamiento cuestiona que “por el contrario, se apoyen en personas ajenas a la Iglesia y, en algunos casos, incluso públicamente contrarias a ella y a sus enseñanzas”(expresiones controversiales como esta prueban que, por decir lo menos, en estos contextos, la cuestión de la libertad académica sigue siendo un tema polémico y por demás sensible, y puede estar en situación de riesgo). Esta es una insinuación que debe ser documentada, pues se está sosteniendo en más de un sentido que los intelectuales que firmaron el documento en favor de la autonomía universitaria – Touraine, Anderson, Nussbaum, Held, Iribarne, etc. – serían potenciales “enemigos de la Iglesia”. Una afirmación demasiado gruesa, e incluso ofensiva, sin duda. Muchos de los académicos de la lista son católicos practicantes, y no debería sorprender que una Universidad de prestigio cuente con el respaldo de grandes hombres de ciencia de diversas confesiones y perspectivas que expresen con claridad su deseo de que la PUCP permanezca como un recinto plural, preocupado por la promoción de las libertades y los derechos humanos. Tampoco debería sorprender que la propia PUCP no esté dispuesta a conceder silenciosamente que se modifiquen sus estatutos en asuntos que considera fundamentales, por ejemplo, que se pretenda suspender sus mecanismos democráticos, en la elección de sus autoridades (1). Por eso decíamos en otro artículo que este conflicto trasciende el tema del fundo Pando y el testamento.

La tercera cosa. El documento reseñado afirma en más de una ocasión que las autoridades de la Universidad estarían “agraviando públicamente a la persona e investidura del Cardenal de Lima y Primado de la Iglesia en el Perú que es, a su vez, el Gran Canciller de la PUCP”. Me parece que esto no es cierto, y me preocupa mucho que con tanta frecuencia se confunda en diferentes contextos – a menudo desde cierto espíritu autoritario - el disenso con el insulto. Manifestar desacuerdos con una autoridad no equivale a ofenderla: suponer algo así no sólo constituye un profundo error, se trata de una actitud que revela intolerancia. Las autoridades no son simplemente oráculos, ni siquiera las autoridades religiosas. En los diferentes comunicados, artículos, etc., de autoridades y profesores de la PUCP he constatado la formulación de poderosas discrepancias que se expresan con argumentos, pero nunca el agravio personal. Por supuesto, se teme – pues se trata de un temor razonablemente fundado – que una intervención sobre la PUCP pueda minar su apertura académica y su compromiso con el pluralismo y la democracia (en la línea de otros centros confesionales en los que se prohíbe o dificulta el acceso a cierta bibliografía, por ejemplo), pero esa preocupación siempre asume la forma de la reflexión. El respeto por el disenso constituye un principio irrenunciable en una sociedad democrática. Quienes formamos parte de la comunidad de la PUCP tenemos derecho a opinar sobre su carácter y destino como Universidad, sin que esa opinión sea caricaturizada como una ofensa.

Repito. Este debate y este litigio no han concluido todavía. Quedan muchas ideas y posiciones que formular y contrastar. Y procesos legales – en fueros locales e internacionales – que afrontar. Por el bien de la PUCP.

(1) Cfr. las sinuosas y reveladoras declaraciones de Federico Prieto Celi en una entrevista, quien ataca directamente al IDEHPUCP y a la formación que ofrece de la Universidad, recurriendo al prejuicio y sin tomar en cuenta la verdad ni los hechos. Revela claramente que la intención de los aspirantes a "interventores" de dicho centro de estudios iría más allá de una participación en la junta administradora. Además, Prieto aprovecha la entrevista para despacharse a sus anchas contra el religioso McAuley.