EL VICEPRESIDENTE Y EL PERIODISTA

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer, el Vicepresidente de la república, el Vicealmirante Luis Giampietri envió una carta al diario La República en la que acusa al columnista Augusto Álvarez Rodrich de calumnia. Arguye que el periodista ha sugerido que Giampietri es el autor intelectual de las amenazas contra la vida del Dr. Salomón Lerner Febres, ex Presidente de la CVR. Sindica tal “hecho” como un delito y desliza la posibilidad de demandarlo.

El periodista responde que el Vicepresidente no ha interpretado bien un texto sencillo. Sostiene que en ningún momento señaló que Giampietri o Rey han sido los autores del acoso contra el Dr. Lerner. De hecho, en el artículo Senderistas de Derecha , Álvarez Rodrich dice literalmente:

"Algunos sectores vinculados al gobierno están lanzando señales erróneas. No estoy sugiriendo, en modo alguno, que el vicepresidente Luis Giampietri o los ministros Rafael Rey o Aurelio Pastor estén detrás de la amenaza a Lerner. Pero sí creo que sus propuestas en temas como derechos humanos, museo de la memoria o justicia militar, y la forma como las plantean y algunos medios se las difunden, pueden estar siendo malinterpretadas por grupos que ven en esas arengas una invitación para hacer justicia con sus propias manos.”

Dice expresamente que no cree que estos miembros del Ejecutivo sean los autores de estos actos delictivos, pero sí considera que el discurso que aderezan – contra la CVR, contra las ONG, contra el proyecto de Museo de la Memoria y en general contra quienes defienden los derechos humanos en el Perú – puede estar siendo utilizado por grupos extremistas que buscan acallar la voz de quienes apuestan públicamente por hacer memoria y justicia a favor de las víctimas de la violencia. Es verdad que algunas expresiones de parlamentarios próximos a la extrema derecha y de políticos cercanos al gobierno (como aquella frase del ministros que sostenía que las autoridades del Estado no se había hecho presente en el entierro de las víctimas de Putis “porque nos preocupa mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado“) pueden encender involuntariamente la agresividad de aquellos individuos y grupos radicales que consideran que la violencia puede ser invocada para intentar silenciar a quienes piensan distinto. Y hay que decir que tal discurso inflamable no sólo prospera en las canteras de cierta política antiliberal, sino también al interior de la prensa autoritaria. Aquella prensa sensacionalista que ha usado falsos "trascendidos”, mentiras y notas tendenciosas para atacar maliciosamente a la CVR y a las organizaciones de derechos humanos, y hostilizar a sus miembros. La visceralidad está allí, en ese burdo "lenguaje de choque" que prescinde de la verdad y de toda clase de justificación. Ese funesto mensaje ha caído en manos de cierta “derecha fascistoide” – para usar la expresión del propio Salomón Lerner en una interesante entrevista concedida a Caretas – que ha asumido actitudes claramente violentistas.

Esa cultura de la visceralidad es la que hay que desmontar, promoviendo la cultura de la argumentación. Álvarez Rodrich ha señalado en su comentario a la carta de Giampietri que está muy mal escrita y peor articulada. Que no justifica su acusación y que sólo revela prepotencia y anhelo de impunidad planteado bajo el privilegio de la condición de congresista. Las freses son duras, pero buscan poner de manifiesto lo que - a juicio del propio articulista - constituye una forma de ejercer presión sobre un columnista de opinión. Es preciso rechazar cualquier clase de amenaza (velada o explícita) contra el periodismo independiente. Ningún tipo de sutil coacción sobre la prensa, esbozada desde el poder, puede prosperar en una sociedad genuinamente democrática. Creemos que la réplica de Álvarez Rodrich pone el punto sobre las íes.

Encontramos esos niveles de virulencia por todas partes. Por ejemplo, un "activista virtual" (1) sugirió fugaz y nebulosamente por allí que el recuerdo de Auschwittz se reduce hoy en día a una mera estrategia fundada en un instrumentalismo comercial y político. Que la memoria de la tragedia vivida puede ser usada y distorsionada de múltiples maneras (incluida la banalización) constituye un dato prácticamente obvio – casi una perogrullada para quienes se dedican al tema -, que Tzvetan Todorov ha analizado en detalle desde la perspectiva de la teoría política. Pero la sugerencia citada aludía originalmente a otra cosa, a que “lo que queda” de la memoria de Auschwitz es meramente su forma banalizada, “comercial”, en términos políticos y económicos (ese es, según el blog en cuestión - y cito a la letra a este señor neocon -, "el verdadero 'efecto' Auschwitz"). Estas expresiones resultan particularmente reveladoras, pues ponen de manifiesto una sugerencia ofensiva para muchas personas que padecieron la shoah, o que sindican acertadamente el horror nazi como un escándalo para la razón humana (luego se repuso el post, visiblemente modificado; intenta así corregirse infructuosamente, suavizando los textos - aunque tomando precauciones y cerrándolos ante cualquier comentario -, maquillándolos y así parecer menos "incorrecto"). Este tipo de situaciones locales y foráneas plantean un reto a los ciudadanos. Lo que ha sucedido la semana pasada en Lima es una llamada de alerta en torno al recrudecimiento de un pathos visceral e intolerante, completamente pernicioso para una democracia. Es preciso identificar la cultura de la violencia que florece sin resistencias en los medios y en el espacio político. Algo tenemos que hacer, no cabe duda. Empecemos desmontando esa clase de autoritarismo cotidiano, presente en el discurso, esa fascinación por la fuerza. Como se señalaba en la Europa de la posguerra – estoy citando ahora unas reflexiones del profesor Ciro Alegría -, no esperemos a que se formen de nuevo grupos fascistas o a que una nefasta ideología "revolucionaria" llame a tomar el fusil y marcharse al monte en nombre del espurio "sentido de la historia"; enfrentemos el comienzo, las raíces. Evitemos, construyendo instituciones justas, esgrimiendo buenos argumentos y promoviendo actitudes dialogantes, que la violencia se convierta nuevamente en una alternativa seductora.

(1) Un blogger de extrema derecha que aparentemente oculta su identidad bajo un seudónimo.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: EL DISCURSO DE LA ‘VIEJA ESCUELA’ CONSERVADORA

Gonzalo Gamio Gehri

Quisiera someter a discusión algunas impresiones personales sobre una entrevista particularmente reveladora. El día de ayer – en RPP, en Ampliación de Noticias – el ministro de Defensa, Rafael Rey, reiteró las consabidas críticas contra la CVR, los organismos defensores de los derechos humanos, y a favor de la idea de que los efectivos militares están siendo expuestos a la ‘persecución’ y a la ‘desmoralización’. Incluso se refirió (de manera un tanto ambigua, podríamos decir) al caso de las amenazas contra Salomón Lerner. Se trató de una entrevista acalorada, en la que afloraron – con escasos y relativos matices – los viejos tópicos de cierto conservadurismo político (en la política activa, entiéndase). El dato anecdótico, un intercambio de palabras algo tenso entre el entrevistado y Augusto Álvarez Rodrich.

Nuevamente, el hoy ministro objetó las cifras de la CVR, señaló la inexistencia de los datos de la matanza de Putis, etc. Llama la atención la “crítica” a una presunta distinción ad hoc entre “sociedad civil” y “sociedad militar”, que supuestamente “divide” a los peruanos. Me pregunto ¿De dónde viene esa extraña distinción, que alguna vez el propio presidente García ha utilizado? No proviene de la filosofía política, sin duda. Más bien, parece un improvisado naipe “retórico” sacado de la manga (aunque se trata de una pobre carta, como resulta obvio). En la tradición contractualista, la “sociedad civil” es descrita como el espacio en el que la vida humana se regula según normas y estructuras políticas que las “partes” del contrato han elegido coordinadamente. Contrasta, pues, con la hipótesis del “Estado natural”. Tanto Hegel como los herederos de Tocqueville – motivados por razones diferentes – han distinguido a la “sociedad civil” del Estado. Para el primero es el espacio de las relaciones y los conflictos económico - sociales, para los segundos es el escenario de la vida cívica. En ninguno de ambos casos se trataba de plantear una relación de mera oposición. Ya nos hemos ocupado de discutir este concepto en otro post.

En términos contemporáneos, la sociedad civil constituye la expresión de la sociedad organizada en instituciones que median entre el individuo y el Estado, y que buscan configurar espacios de discusión cívica y vigilancia del poder política dentro de los márgenes de la racionalidad de la democracia. Así está definida la sociedad civil en el Informe Final de la CVR y no, como pretende el ministro Rey, en términos de un espurio antagonismo con las Fuerzas Armadas. Según el ministro, esta imaginaria distinción sociedad civil / sociedad militar le serviría a la CVR para señalar que los peruanos estuvieron sometidos a la violencia del terrorismo y de la represión estatal, cuando sucedió – señala – que la sociedad peruana fue defendida por sus Fuerzas Armadas, aun en los casos en las que suscitaron “excesos”. Hay que decirle al señor ministro que sí, nuestras Fuerzas Armadas defendieron heroicamente a la sociedad y al Estado (y eso lo reconoce expresamente el Informe Final de la CVR, Conclusión Nº 53), pero en situaciones claramente delictivas como Putis o Barrios Altos las acciones de los perpetradores no fueron en absoluto “defensivas”: se trató de violaciones de derechos humanos. Y los crímenes deben ser sancionados sin excepciones ni privilegios en los fueros de la justicia ordinaria. Desde luego, los criminales no comprometen el honor de toda la institución. La “salida” que persigue Rey distorsiona la lógica misma de la legalidad en materia del principio de imparcialidad y de proporcionalidad. Genera serias dificultades al proyecto de inclusión ciudadana de las fuerzas militares y policiales, al vulnerar el principio de igualdad ante la ley (isonomía), condición básica de la ciudadanía.

Considero que el discurso de Rey no contribuyen a consolidar una cultura democrático-liberal en el país. Su mensaje es excesivamente beligerante, virulento, y no suele ponderar los argumentos contrarios. Su posición recae una y otra vez en el extremismo político. Se trata además de una posición contradictoria, porque al proponer dos estándares de justicia claramente diferenciados para civiles y militares incurre en la distinción que tanto critica. Antes bien, sus alegatos constituyen la expresión de la vieja escuela autoritaria, que tanta acogida encuentra entre los políticos, cierta prensa amarilla y algunas autoridades sociales. Tampoco favorece al gobierno en materia de legalidad y derechos humanos. Como los propios entrevistadores sugirieron, la acostumbrada estrategia “ultra”, consistente en estigmatizar a la sociedad civil como enemiga del “orden y la pacificación” sólo debilita el escenario democrático de la forja de consensos en torno a las políticas de seguridad. Con esa clase de prédica, la idea misma de una “sociedad unitaria” (planteada por el propio entrevistado) constituye una gaseosa y demagógica abstracción.

“VIDAS PARALELAS”: CERO EN AUTOCRÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri


Hace tiempo que quería comentar esta película, y ahora que ha pasado un tiempo, creo que es posible hacerlo con mayor rigor. Vidas Paralelas de Rocío Lladó (2008) es, literalmente, una película-estandarte: es una película que expone la perspectiva de un sector conservador y autoritario de las Fuerzas Armadas frente al conflicto armado interno. Digo “sector conservador y autoritario” porque también existen otros puntos de vista dentro de éstas (muchos oficiales y ex oficiales colaboraron estrechamente con la CVR, unos están de acuerdo con el Informe, otros discrepan con él de manera alturada, muchos tienen una sólida formación en Derechos Humanos, muchos hacen una autocrítica sana respecto de su desempeño en ciertos períodos del conflicto, una autocrítica que debería practicarse en todos los sectores de la sociedad). La película contó con el apoyo de la Universidad Alas Peruanas (una de las universidades nuevas ("empresariales"), fruto del Decreto fujimorista 882) y con el respaldo del propio Ejército Peruano.

No se trata de un filme que busque ofrecer una mirada crítica o multidimensional al conflicto. Su perspectiva es maniquea: son los caballeros de la mesa redonda enfrentándose a los orcos de Lord of the Rings. La película tiene la complejidad de una telenovela mexicana de los años setenta: ángeles contra monstruos. Aunque tengo claro que las Fuerzas Armadas y Policiales desempeñaron un papel fundamental en la derrota de la insania terrorista, la estrechez de miras del enfoque y la trama son más que evidentes, y no sólo por lo caricaturesco de los personajes: el fornido / heroico / estoico / incomprendido militar peruano; el profesor de universidad nacional ayacuchana / hippie / comunista / asesino; la fiscal / seguro ex abogada de ONG / antimilitar (es una pena que magníficos actores de la talla de Hernán Romero y Jimena Lindo hayan sido desaprovechados). La película ni siquiera describe cómo la derrota del terrorismo supuso un cambio de estrategia (de la represión al trabajo de inteligencia policial), ni dice una palabra sobre la acción de los ronderos (un baluarte para la victoria del Estado) o de la población civil. No dice nada sobre la negligencia de los políticos de turno, que abdicaron de la función pública creando los comandos político-militares, evadiendo su responsabilidad en el proceso de pacificación. En otras palabras, la película objetivamente distorsiona las evidencias históricas en torno a una etapa compleja y amarga de nuestro pasado reciente.

Pero hay más. Esta película desaprovecha una oportunidad de oro para la autocrítica que toda institución debería hacer en torno a su rol en un proceso tan amargo como el vivido entre 1980 y 2000. En efecto, los agentes del Estado realizaron acciones heroicas protegiendo alos ciudadanos, pero también, en ciertos períodos y lugares – como observa el Informe de la CVR – se violaron los Derechos Humanos de pobladores civiles inocentes. Casos como la matanza de Putis o Cayara son ejemplos de lo que estoy señalando. La palabra “exceso” no puede ser usada con propiedad en estos casos. Sin embargo, para la película, ni siquiera existieron “excesos”, menos aún violaciones sistemáticas: no hubo torturas, ni secuestros nocturnos. Para ellos, ni Putis ni Cayara existieron, tampoco el Grupo Colina. Tampoco aparece la figura del “mal elemento” de las Fuerzas del Orden ¡No siquiera como contraejemplo, como signo de verosimilitud! Una hueste de cruzados, solamente. Ello priva de credibilidad a la propuesta, y la convierte en una caricatura. Y es una pena, porque es necesario distinguir a los verdaderos héroes de uniforme de quienes sí cometieron crímenes contra la vida. El Ministerio de Defensa y los Institutos Armados deberían ser los primeros interesados en separar el trigo de la paja, pero entorpecen las investigaciones, negándose a colaborar sistemáticamente brindando información. Lo que queremos es saber la verdad, para honrar a los héroes, y condenar a aquellos a los que se le pruebe la comisión de un crimen. Pero no es esa la idea que subyace aquí en la película. No sorprende que uno de los actores de la cinta sea Edgar Núñez, el congresista aprista que planteaba una fallida amnistía que favorecía a los uniformados investigados o procesados por delitos de lesa humanidad.

En fin. Era de esperarse que – contando con esa coproducción – la película fuese estereotipada y poco creíble en el tratamiento de un tema tan importante y sensible para todos los peruanos. Las puyas a las ONG y a la propia CVR son recurrentes. Al final, “Felipe / Lince” – el heroico soldado (encarnado por Óscar López) procesado por un crimen que evidentemente no cometió -, ofrece un discurso final sobre la “inconveniencia” de “reabrir viejas heridas” (v.g. no se metan con una "institución tutelar", un pensamiento nada democrático). Es decir, dejar las cosas como están. Una cuestionable oda final a la impunidad. Digna de una columna de opinión de la prensa autoritaria. Así el país no podrá aprender de sus errores. Necesitamos otra actitud frente a lo vivido.

UN PROYECTO INACEPTABLE

Gonzalo Gamio Gehri

Leo hoy en La República un agudo artículo de Alberto Adrianzén sobre el anacrónico y absurdo proyecto de amnistía (e indulto) planteado - por separado - por dos congresistas apristas (E. Núñez y M. Cabanillas). El texto - Ni olvido, ni perdón, ni rencor - llama la atención acerca de la pésima relación que mantiene nuestra "clase política" con la memoria de la injusticia vivida y con las políticas de Derechos Humanos. El anhelo de impunidad es evidente. El columnista muestra cómo el inefable Edgar Núñez (el novel actor de Vidas paralelas) pretende hacer creer que la medida busca "blindar" a los comandos Chavin de Huantar que participaron en la liberación de los rehenes de la Residencia del Embajador japonés en 1997, cuando los únicos comandos procesados vienen siendo investigados por otra clase de crímenes. Aparentemente, la amnistía funciona como un caballo de Troya para otros personajes (entre ellos, el ex dictador Fujimori).

"Este hecho de por sí escandaloso, lo es aún más cuando se sabe, como dice la abogada de APRODEH Gloria Cano, que no existe ningún miembro del comando Chavín de Huántar que esté siendo juzgado o investigado por dicho operativo, y que los únicos que lo están por este hecho son: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra. A ello se suma, que Williams Zapata y Carlos Tello Aliaga, que participaron en este operativo, son procesados por otros hechos, el primero por la masacre de Accomarca en 1985 y el segundo por la masacre del Frontón en 1986. Ambos sucesos ocurridos en el primer gobierno de Alan García."

Hace unos días, en declaraciones al diario La Primera, Núñez se pronunció en favor de las ejecuciones extrajudiciales, en un inequívoco manifiesto contra la legalidad democrática. Resulta doloroso constatar que los - mal llamados - "padres de la patria" tienen dificultades para pensar la igualdad civil como un principio básico para la coexistencia social. Todavía se instalan en el imaginario autoritario de las "instituciones tutelares", cuyos miembros no admiten cuestionamiento y supuestamente están fuera del alcance de la justicia. No señor congresista, si los Chavin de Huantar asesimnaron a prisioneros rendidos - hecho que aun no ha sido demostrado - tendrán que asumir necesariamente su responsabilidad, junto con quienes dieron la orden. De acuerdo con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de "obediencia debida" ya no puede ser invocado para rehuir la sanción. La “salida” consistente en formar una comisión de indultos ad hoc – tomando como modelo la dirigida por H. Lanssiers – no procede: aquella comisión tenía sentido en tanto la endurecida legislación fujimorista viciaba el debido proceso y propiciaba arbitrariedades, abusos y errores graves. Hoy, en una democracia y contando con un poder judicial distinto, no existen razones para dudar de que los efectivos militares y policiales podrán tener un juicio justo (o contarán con procedimientos y espacios fiscalizadores para denunciar los vicios legales que puedan generarse).

Se trata de una cuestión de principio: el fin no justifica los medios. Por muy noble que sea la causa de la pacificación, las ejecuciones extrajudiciales no pueden ser admitidas como una 'estrategia razonable' para imponer el orden. Son crímenes de lesa humanidad. Y no hablemos de la tortura o las agresiones sexuales contra la población civil inocente, o las fosas de Putis. Justamente porque se trata de una institución honorable - cuyo prestigio debemos defender -, las fuerzas del orden deben ser depuradas conforme a lo que establezca la justicia en el seno de una sociedad democrática. A nuestros héroes - que los hubo, y muchos -, el reconocimiento y la eterna gratitud de la ciudadanía; a quienes cometieron crímenes deshonrando el uniforme y mancillando el voto de servicio al país, hay que asegurarle un juicio justo y una sanción ejemplar. Pero la carta blanca y la inmunidad frente a la ley sólo envilece a la instiución militar y policial, y a la sociedad entera. con esta medida inadmisible los congresistas oficialistas están debilitando a las fuerzas del orden, en lugar de colaborar con ellas. El "perdón" espurio y el olvido funesto que plantean las amnistías no es lo que desean los efectivos militares y policiales que no han cometido delito: ellos quieren ser absueltos luego de un proceso imparcial. Es muy diferente ser absuelto que beneficiarse con una amnistía.

En los últimos años del oscuro fujimorato, y en la vil campaña que la prensa fujimontesinista libró contra la transición democrática y contra la CVR, el sector más subterráneo de la política y del "periodismo" nacional predicaron una perversa disyunción exclusiva: "o la gloria o el silencio". Es decir, la supresión de la memoria, y de la justicia, el recurso a la prepotencia para acallar a las víctimas, y amañar la historia (curiosamente, ese mismo grupo de personajes era el que exaltaba en la prensa alcantarillesca, o desde el activismo ideológico- partidario, "el compromiso patriótico"). ¿Son esos funestos vientos los que vuelven a soplar?

El asunto es grave, porque se trata de una propuesta planteada al interior de un régimen democrátiico, y que sin embargo, vulnera todos los acuerdos que el Perú ha suscrito sobre Derechos Humanos. Ni siquiera los autores de sendos proyectos de ley - ambos "compañeros" de bancada - se ponen de acuerdo en los términos de esta peligrosa propuesta, y hasta se acusan de plagio. Lo cierto es que esta propuesta va contra la legislación local e internacional en la materia. Como dice Adrianzén, se trata de una "Contra-comisión de la verdad". Tratan de imponer una situación moral y políticamente inaceptable: que un sector de la población - los agentes del Estado - logren obtener extraños privilegios que ni siquiera un sistema de justicia imparcial podría desafiar.

LA AGENDA DE LA IMPUNIDAD

Gonzalo Gamio Gehri

En nuestra cuestionada "clase política" - el término es malísimo - impera una funesta condescendencia con la impunidad que indigna a la ciudadanía. Pareciera que el brazo de la justicia no llega plenamente a quienes tienen poder u ostentan privilegios en una sociedad que todavía es - tristemente - desigual y jerárquica. Veamos dos ejemplos particularmente preocupantes:

1.- Hace Un tiempo, la congresista fujimorista Keiko Fujimori señaló que en caso de convertirse en presidenta de la República en el 2011 “no le temblará la mano” para indultar o amnistiar a su padre, el ex dictador Alberto Fujimori, cabeza visible de un régimen que practicó sistemáticamente la corrupción y violó los Derechos Humanos. Indicó que esta “gracia” podría extenderse a otros fujimoristas presos por los mismos cargos (¿También Montesinos?).

Esta es la cita textual de sus declaraciones a Cuarto poder:

“Confío en que mi padre va a ser declarado inocente pero si llegado
el momento, y sí es que yo fuera presidente de la República a mi no me temblará
la mano de dar la amnistía (o el indulto) a ninguna persona que yo creo que es
inocente como de castigar a quienes sean criminales”.

Las cursivas son mías.

Ya sabíamos que la congresista no es precisamente experta en las lides dialécticas y en el pensamiento abstracto – bien es sabido que los “mítines” fujimoristas son sesiones intensivas de tecnocumbia -, pero estas declaraciones son realmente preocupantes. Más allá de las potestades presidenciales – limitadas en materia de casos de delitos contra la humanidad -, contemplamos el tenebroso espectáculo de quien sueña ubicándose en una posición superior a las instituciones judiciales, y libera incluso a quienes – en el supuesto de que se demuestre su culpabilidad – han cometido delitos de lesa humanidad (para los que no funciona ni el indulto ni la amnistía). Excarcelaría a quienes ella cree que son inocentes. Al parecer, ni siquiera sospecha que hasta examinar los casos de indulto hay que consultar con las autoridades correspondientes y con los especialistas en la materia. Pero no, a ella le bastan sus “creencias”, y su voluntad “soberana”. No debería sorprendernos, ese era precisamente el talante despótico del gobierno de su padre, y de su sibilino cómplice Montesinos. Ya sabíamos que el fujimorismo trabaja “políticamente” manejando una agenda única, la de la búsqueda - por todos los medios -, de la impunidad de su nefasto líder. No le deseamos al Perú el tenebroso futuro de ser gobernado por esta señora, que invita a un retorno a la oscura década pasada. El país no es una sociedad dinástica y corrupta. La mafia no debe retornar jamás.

2.- Edgar Núñez – congresista aprista, vinculado en el pasado con el fujimorismo, y hoy presidente de la comisión de Defensa del Congreso – ha manifestado que está elaborando, aparentemente con la anuencia del Presidente de la República, los fujimoristas, el ala dura de UN y la mayoría de sus actuales correligionarios, un proyecto de Ley de Amnistía que beneficiaría a los militares y policías procesados y condenados por violaciones de los Derechos Humanos durante el conflicto armado interno. Núñez está completamente identificado con esa escuálida retórica (tan usada por Giampietri y Antero Flores) de la “persecución” y la “desmoralización” de las Fuerzas del Orden que defendieron al país (por eso no sorprende verlo tan entusiasta participando como actor en Vidas paralelas, la película promovida por las FFAA y la Universidad Alas Peruanas). Por supuesto, las las Fuerzas del Orden cumplieron heroicamente su deber combatiendo y derrotando a la insania terrorista, pero es preciso castigar a aquellos malos efectivos que – manchando el uniforme – ordenaron o ejecutaron crímenes inaceptables. Nadie está por encima de la ley. Será beneficioso – y moralizante – para las Fuerzas del Orden el que se castigue a quienes lesionaron la ley y envilecieron su condición de soldados y policías. Será bueno que se separe el trigo de la paja.

Una pregunta al vuelo: ¿Será la propuesta de Núñez un vulgar “caballito de Troya” para conseguir amnistiar a Fujimori – que fue en su momento “Jefe supremo de las Fuerzas Armadas” -, así como limpiar de polvo y paja a quienes temen ser involucrados en la masacre de los penales? ¿Ese es el funesto regalo que quieren darle los compañeros de Alfonso Ugarte al reo Fujimori y a sus aliados en el Congreso?

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos precisa que no es posible usar la amnistía para crímenes de lesa humanidad. Una medida como esa no puede prosperar en el contexto de las sociedades democráticas y de la globalización de la justicia. El perdón es una gracia que sólo puede otorgar libremente la víctima, y nadie más. Asimismo, el perdón no bloquea el trabajo de la memoria y la acción de la justicia (en contraste con los defensores del silencio y de la impunidad, entre los que se cuentan algunos políticos de extrema derecha, e incluso algunos líderes religiosos conservadores). El Estado no puede usurpar la exclusiva potestad de la víctima de perdonar, menos aún para garantizar que los perpetradores evadan el justo castigo que merecen. El Estado no puede decretar “perdón” y olvido frente a delitos contra la vida de sus ciudadanos.

Los ciudadanos debemos estar pendientes frente a los proyectos legislativos que pretenden pasar por encima de la justicia y del derecho de las víctimas. Cuidemos el honor de nuestro país y de nuestras instituciones.

Actualización 25/10/08: Hoy Hugo Guerra Arteaga publica en El Comercio una columna extraña y poca rigurosa en favor de la Ley de amnistía, en la que recurre a "argumentos" irrisorios - del estilo del fujimontesinista La Razón - sobre la "persecusión" y el "complot" de los defensores de los Derechos Humanos contra las FFAA ¡Cómo ha cambiado este señor y qué vergüenza ajena produce esa misteriosa "conversión"! José A. Godoy ha mostrado en su blog que existen estrechas conexiones entre Guerra y Giampietri. Tampoco sorprende. Qué triste.

(La caricatura es de Carlín).

LA CVR Y SUS “CRÍTICOS”: REFLEXIONES SOBRE LA IDEOLOGÍA, EL LIBERALISMO Y LA TIRANÍA

Gonzalo Gamio Gehri

Los comentaristas más virulentos de este blog han repetido una y otra vez – de modo monocorde – que el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) acusa un marcado sesgo ‘izquierdista’ (el argumento no incorpora matiz alguno). He respondido, con textos en la mano, que la fuente de inspiración del Informe es la cultura liberal de los Derechos Humanos. A veces no es suficiente que uno lo diga exhibiendo toda clase de argumentos: es preciso que lo diga alguien más. El martes 9 aparecieron en La República dos magníficos textos que describen muy bien la hipocresía, la ignorancia y el cinismo característicos de los “lobos disfrazados de oveja” que atacan a la CVR. Se trata de dos importantes reflexiones sobre la justicia transicional. Me refiero al texto de Juan de la Puente La ideología y el Informe de la CVR y al de mi antiguo profesor y hoy colega Ciro Alegría Varona, Torturar y matar por la patria. Ambos desenmascaran el carácter ideológico y autoritario de los “objetores” del Informe, a la vez que revelan la apuesta por la impunidad de los perpetradores que inspira sus diatribas. Ambos textos ilustran muy bien mi punto.

De la Puente plantea la tesis directamente: a su juicio el Informe de la CVR “siendo el documento más completo que describe al Perú desde los años 60, contiene valoraciones ideológicas que encuentro bastante decantadas hacia el liberalismo político si nos atenemos a la definición que de este hace Sartori como "la teoría y la práctica de la defensa jurídica, a través del Estado constitucional, de la libertad política individual" (Sartori; 1984)”. Prueba en varios sentidos esta afirmación, al señalar la intensa defensa de la justicia distributiva y legal en sentido procedimental que hace la CVR en el documento, así como la descripción de la reconciliación en términos de la refundación del pacto social. Del mismo modo consigna las severas críticas que la CVR hace del comportamiento de la izquierda peruana en los años del conflicto armado interno:

“Al contrario, no he apreciado en el Informe una adhesión a la estrategia de la izquierda dura o a sus principios, sino firmes reparos a su espíritu y práctica, a su ambigüedad ante la lucha armada en el caso de la izquierda legal (págs. 174, 175, 193 y 196), a los conceptos de partido y pensamiento únicos (127, 129 y 130), a la inevitabilidad de la violencia (175 y 183), al carácter instrumental de la democracia burguesa (173 y 183), y al seguidismo internacional (160), entre otros”.

Estas evidencias echan por tierra la acusaciión de "sesgo ideológico izquierdista" - que repite el coro de "críticos" - y permite comprender el Informe en el horizonte democrático en el que se cimentó. El autor no tiene ningún reparo en identificar a los objetores conservadores de la CVR como exponentes de una derecha rancia, autoritaria y anti-ilustrada, predicadora de un “pensamiento único” en lo religioso y lo político. No es difícil reconocer a qué personajes se refiere, y cómo todos ellos comparten una inocultable simpatía por el fujimorismo y un singular encono por los Derechos Humanos, las políticas interculturales y la acción ciudadana en los espacios de la sociedad civil. Hemos denunciado una y mil veces la inexistencia del liberalismo en los círculos políticos, y la existencia de una derecha autoritaria y antiliberal, deudora de Donoso y Schmitt, no de Mill ni de Kant. La campaña de demolición (y de difamación) contra la CVR ha sido su caballito de batalla. De la Puente lo reitera agudamente.

“Los señalamientos falsos al Informe no hacen más que evidenciar el interesante proceso que experimenta la derecha política y religiosa, un ala conservadora de la sociedad que al separarse del cuerpo liberal en el que se cobijó en los 90, resurge con su talante tradicional propio, excluyente, antirrepublicano y, a veces, odioso. A la tradición conservadora, que está de vuelta con fuerza luego de casi medio siglo (en los años 50-60 tenían discurso,” intelectuales, partidos y poder), es imposible pedirle más; no por razones ideológicas sino históricas. No entienden la reconciliación quienes en su momento no advirtieron las fracturas del Perú, y no se les puede demandar que entiendan las diferencias a quienes propugnan un discurso único, político y religioso. Como hace 50 años.”

El texto de Ciro Alegría es valiente y sumamente lúcido. Muestra la entraña tiránica y antidemocrática de quienes exigen silencio y sumisión en pago a los “servicios prestados” en pago por la pacificación. Son los Rey, los Giampietri, los Barba, sus jefes, y algunas mentes serviles de la prensa fujimorista, que clamaban por amnistías para los agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad. Cerraron filas e invocaron al espíritu de cuerpo bajo la consigna “no ‘desmoralizar’ a los militares con acusaciones o procesos judiciales: para ellos ‘la gloria o el silencio’”. Se exigía un cheque en blanco otorgado por el Perú. Olvido para los criminales e indiferencia para con las víctimas. Y una “historia oficial” ad hoc – basada, por ejemplo, en la manipulación y censura de los textos escolares - para omitir las ejecuciones extrajudiciales, las fosas comunes, el abuso.

“Por qué repiten los paladines del orgullo herido de las FFAA, el fujimorismo y el aprismo, que la CVR ha inflado el número de víctimas, que ha dado lugar a procesos penales contra militares? ¿por qué la acusan de mellar la imagen de las instituciones? Porque el único sentido del honor que tienen es el tiránico. ¿Qué caracteriza al tirano? A cambio de un cierto beneficio muy importante, el tirano pide que le den lo que no se le da a nadie. Te he salvado de los asesinos, te he dado de comer cuando te morías de hambre, ahora tienes que decirle a tu hija que venga conmigo, porque tu hija me gusta y no vas a ser malagradecido. Estabas reventado por los terroristas, no tenías seguridad ni para ir a trabajar, los jóvenes tenían que irse del país, ahora tienes que olvidar las bocas que he desdentado a golpes, los cuerpos que he quemado, los detenidos que he hecho matar; más que eso, tienes que convivir con mis guerreros amnistiados, porque ellos son tu seguridad y no vas a ser malagradecido.”

Como decía Unamuno, a veces callar es ser cómplice. Y Alegría habla claro, denuncia la prepotencia y las viejas mañas de los sirvientes de la tiranía. El pensamiento del buen Kant – a quienes los reaccionarios detestan profundamente, pues consideran que simboliza la “modernidad” y su universalismo moral – le ofrece un estupendo horizonte de reflexión:

“La tiranía es la humillación de la justicia. Las máximas de los tiranos de todos los tiempos son, según Kant: 1) fac et excusa, haz lo que sea y da explicaciones después; luego, en caso de que lo anterior no funcione, 2) si feciste, nega, niega que tú lo has hecho; y en todo caso, para debilitar la resistencia 3) divide et impera, trata a los que te acusan como enemigos y oblígalos a dividirse. Este último recurso incluye en el Perú acusar de diversos delitos a quienes trabajan por la verdad sobre la violencia. La acusación favorita es complicidad con SL. Los ayayeros de la autoridad tiránica, los que quieren dejar a sus hijos un recuerdo glorioso de un tiempo de violencia lleno de atropellos contra todo derecho, tienen que hacer callar a la justicia.”

Los ciudadanos libres no debemos temer mirarnos en el espejo de la historia reciente. Las víctimas aguardan por justicia y reparación: su desamparo no puede ser eterno. Democratizar el país implica construir una comunidad de individuos libres e iguales, que estén protegidos en sus derechos básicos. Este proceso no podrá hacerse efectivo mientras quienes padecieron violencia continúen siendo tratados como miembros de “pueblos ajenos dentro del Perú”. Es hora de resistir firmemente – desde los principios democráticos, los canales constitucionales y los espacios ciudadanos – ante la apuesta por la impunidad que predican quienes han sucumbido plácidamente a la seducción de la tiranía.

GUERRA Y LA RECONCILIACIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

Una de las costumbres más irritantes en la “prensa de opinión” local es el escribir sobre lo que se desconoce. Cuando se trata del conflicto armado interno y sus consecuencias el panorama se torna más oscuro, por sus consecuencias para el país. Si la prensa mafiosa y sus esbirros atacaron a la CVR y su Informe con calumnias y ofensas (como recordamos), no pocos periodistas precipitados o mal informados han contribuido a enrarecer el debate y a generar conflictos sobre la base de la ignorancia. Con cierta sorpresa leo hoy en El Comercio el artículo ¿Quién impide la reconciliación? – firmado por Hugo Guerra Arteaga, generalmente un analista correcto y elocuente – y encuentro una serie de despropósitos y errores extraños respecto del trabajo de la CVR ¿Qué le pasó a este señor? Una cosa es discrepar con la CVR - lo cual es perfectamente válido en una democracia - y otra desinformar al ciudadano.

Los equívocos del texto de Guerra que citamos son múltiples y de diverso calibre. Hay imprecisiones históricas y otras vinculadas al contenido mismo del Informe. Por ejemplo, sostiene que “bajo el toledismo, sin embargo, se constituyó una CVR cuya composición y método no fueron idóneos tanto por el claro sesgo izquierdista de sus integrantes, como por un método que no permitió cerrar las heridas”. Sabido es que el gobierno de Paniagua constituyó la Comisión, y que el de Toledo sólo agregó cinco nuevos miembros y añadió al nombre “y de la Reconciliación” (lo que encabdiló momentáneamente a los más conservadores, que confundían erróneamente reconciliación con olvido y amnistía, y no reconstitución del tejido social). Bueno, se trata de un error de tipo histórico. Lo del izquierdismo es otro tópico basado en el prejuicio, dado que ninguno de los comisionados mantenía militancia política alguna (y que los terroristas perseguían y mataban a los miembros de IU – p.e., el caso terrible de María Elena Moyano -, como se recordará). Hace mal el columnista en dejarse llevar por las etiquetas y desatender los matices que pueden ser importantes.

Pero el texto de Guerra incurre en gruesos errores, que constituyen lugares comunes en la prensa fujimorista:

“El informe final, aunque valioso en algunas partes, incurre en inequidades de análisis y consolida la denuncia permanente sin fin únicamente contra los miembros de las fuerzas del orden legítimas del Estado, mientras explica de manera condescendiente a la subversión.”

Esta afirmación no puede hacerla alguien que ha leído el Informe Final de la CVR, siquiera las conclusiones. Es increíble que se puedan decir cosas como esas, que una lectura mínima del Informe refuta. El documento señala literalmente que los grupos terroristas son los principales violadores de los Derechos Humanos, y los causantes del 54% del total de muertos y desaparecidos (Conclusión Nº 13). Más claro, ni el agua. Incluso se sostiene que existen razones suficientes para considerar que Sendero Luminoso incurrió en genocidio contra el pueblo ashaninka. Guerra se equivoca, y gravemente. Asimismo, la CVR reconoce a los miles de heroicos oficiales que defendieron con honor y coraje al Estado – cuya memoria honra la CVR en la conclusión Nº 53 – y que expusieron su vida por el país. También es cierto que la CVR ha encontrado evidencias que prueban que “en ciertos períodos y lugares”, las fuerzas del orden incurrieron en “una práctica sistemática o generalizada de Violaciones de los Derechos Humanos” (tomo I, p. 30). Las fosas de Putis y los restos hallados en Los Cabitos confirman la solidez de esta tesis. La institución debe honrar a sus héroes y promover que se investigue y castigue a sus malos elementos. Confundir a unos y otros y pretender “blindar” a quienes cometieron delitos no le hace bien a los institutos armados. En una democracia, no existen ni personas ni instituciones a los que la justicia no pueda interpelar. Nadie está fuera del alcance de las leyes.

Pero Guerra no apoya este esfuerzo por distinguir y purificar. Considera que las fuerzas del orden no deben pedir perdón por la conducta de sus malos elementos. “coincido con el ministro Ántero Flores-Aráoz y el general Edwin Donayre”, precisa, “respecto a que la institución castrense no puede ofrecer disculpa alguna”. Pedir perdón por la mala conducta de algunos efectivos no degrada a las fuerzas del orden. Al contrario: las purifica, y permite dar un paso importante para la reconciliación nacional. Constituiría un ejemplo que deberían seguir los partidos, la sociedad civil, etc. El presidente Toledo lo hizo, y su gesto lo enaltece en este punto.

Continúa Guerra formulando su opinión. “Tampoco es permisible que se reabran mañosamente casos ya esclarecidos como el del sofocamiento de la rebelión senderista en El Frontón para jaquear al presidente Alan García y al vicepresidente Luis Giampietri, siguiendo el plan desestabilizador de pedir su revocatoria y dar paso al caos político”. Aquí el articulista se introduce en el subgénero de Dan Brown, la conspirancy theory. Hace hala de una imaginación fecunda, aunque desmesurada y digna de mejores fines. De todos modos, hay que recordarle que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

En fin, parece claro que el texto de Guerra acusa desconocimiento respecto del Informe Final de la CVR. Que este conjunto de inexactitudes y aseveraciones infundadas aparezcan en un diario serio como El Comercio me preocupa: comete errores graves, que creo deben atribuirse al desconocimiento, y no - espero que no - a una suerte de mala fe. Por eso me parece importante refutar claramente los numerosos desaciertos de su artículo. No se trata de cuestionar una opinión, sino de mostrar que esta no tiene cimiento racional alguno. Muchas veces, el prejuicio es el peor enemigo en la búsqueda de justicia y reconciliación.

INDEPENDENCIA SIN ILUSTRACIÓN: ALGUNAS BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL PERÚ

Gonzalo Gamio Gehri

Estas Fiestas Patrias están marcadas por dos hechos. El primero, la pintoresca persecución que el ministro de Defensa ha emprendido contra una bailarina que tuvo el mal gusto de fotografiarse desnuda con la bandera nacional. Al ministro y a buena parte del gabinete le parece que se ha cometido un sacrilegio que debe ser castigado judicialmente. Esta actitud suya contrasta con su escasa o nula disposición a que su ministerio colabore con el esclarecimiento de la masacre de Putis. En su iconografía, la bandera parece ser más sagrada que la vida de los doscientos catorce comuneros asesinados. Una paradoja lamentable (e incluso macabra). Nuestro ministro de Defensa no parece haber planteado seriamente el orden de las proridades de su cartera. Atender esta patética anécdota farandulesca y no tomar cartas sobre el tema de Putis resulta simplemente inaceptable en la perspectiva de un Estado democrático decente.

El segundo hecho es la reciente elección de Velásquez Quesquén como presidente del Congreso. El partido de gobierno ha revelado aquí sin pudor su verdadera faz, al negociar – una vez más – con el fujimorismo ventajas y votos, sabe Dios a cambio de qué (presumiblemente, beneficios para el reo Fujimori). Que el APRA se alíe con las fuerzas antidemocráticas constituye una afrenta para el pensamiento del joven Haya de la Torre (el caso del Haya maduro el asunto se torna controversial). El “maquiavelismo chicha” del partido de gobierno se ha puesto en juego una vez más. Uno se pregunta razonablemente si los apristas podrán o no influir en el proceso al ex dictador, o si los titulares de la sala mantendrán intacta su independencia. Que el oficialismo tiende a ejercer presión en el fuero legal es algo que se discute mucho; no pocos interpretan la renuncia de César Landa a la presidencia del Tribunal Constitucional como reacción a los intentos del APRA por ganarse su apoyo en el tema de El Frontón.

Estos hechos han puesto de relieve – una vez más, y oportunamente, dada las fechas de celebración nacional – la entraña de la política nacional. El profundo abismo existente entre la ética y la política (entendida en su sentido más degradado, en términos de una vulgar competencia por el poder), y la poderosa vigencia de una cultura autoritaria. Muchos especialistas y no pocos ciudadanos concuerdan en que estos elementos acompañan nuestra historia “republicana” (la expresión es excesiva). Nuestra autodenominada “clase política” nunca estuvo convencida de querer la independencia respecto de España, y tampoco vibró de entusiasmo frente a la idea de que el Perú asumiera el sistema político republicano. Desangrado por múltiples golpes de Estado y luchas intestinas, el país contó con un sector dirigente que se la ha pasado buscando un líder carismático, que implante el orden con “mano dura”. No buscaban vivir en una sociedad de ciudadanos, sino en una comunidad de súbditos.

La cultura autoritaria está instalada en nosotros. Se optó por la independencia, pero no por la Ilustración. El principio de autonomía – privada y pública – ha sido visto como una trasgresión “insolente” a la autoridad que expresa el “orden de las cosas”. Mucha gente considera erróneamente que discrepar argumentativamente con una autoridad – política, religiosa, empresarial – sobre algún punto importante equivale a “ofenderla” o a desconocer su investidura; se pide silencio y sumisión, ni disensos ni crítica, ni libertad individual o criterio propio. Esa ideología absurda y falaz – una especie de feudalismo mental, realmente mutilador – impide el fortalecimiento de un ethos democrático. En una sociedad libre el disentimiento es posible, y es considerado valioso, cuando observa los principios básicos de la convivencia (y respeta la diversidad). El “atrévete a pensar” de Kant es considerado una osadía frente a ese sentido común jerárquico y populista. Mucha gente cree que las Fuerzas Armadas y determinadas comunidades religiosas son “instituciones tutelares de la Nación”, cuando en una democracia genuina a los ciudadanos no los tutela nadie; ser protegido por la fuerza pública es un derecho, asumir creencias religiosas es un acto individual y voluntario (el principio de separación entre el Estado y las Iglesias es de origen liberal e ilustrado, y posee claras raíces bíblicas). Ritos como las marchas 'militares' para escolares - por citar sólo un ejemplo - interpretan la realidad de modo tutelar. ‘El que obedece no se equivoca’, piensan muchos peruanos que detentan el poder en diferentes espacios de la sociedad (y no solamente en el ámbito del Estado). Y cuentan con la complicidad de no pocos compatriotas “de a pie”, atrapados en esa concepción autoritaria y antidemocrática.

Siempre he pensado que los problemas tienen que ser examinados y afrontados desde el enfoque del agente, y no desde la perspectiva del espectador. Dicho de manera muy sencilla, se trata de preguntarnos simplemente qué hacer para que este espíritu de sumisión y tutelaje no prospere. Preguntarnos qué podemos hacer para convertirnos en ciudadanos y dejar de ser funcionalmente súbditos. Para producir prácticas e instituciones democráticas entre nosotros (por ejemplo, fortaleciendo la sociedad civil organizada, promoviendo partidos realmente democráticos, fomentando el debate ciudadano en las universidades, examinando críticamente los símbolos y metáforas coloniales o autoritarias que todavían florecen en nuestro vocabulario político). Son preguntas que nos interpelan como agentes (en el caso que decidamos serlo), que nos exigen optar por asumirnos como ciudadanos o permanecer como súbditos de un poder tutelar que nos releva del ejercicio de la deliberación, de la autorreflexión, de la construcción de un proyecto vital (público o privado). Lo que suceda con el país y con las instituciones no será ajeno a nuestra decisión.