SOCIEDAD CIVIL E INTOLERANCIA GUBERNAMENTAL

Gonzalo Gamio Gehri


Hace unos cuantos días se anunciaba desde el Ejecutivo el proyecto de una norma que permitiría disolver cualquier asociación u organización social que pudiera atentar contra la “seguridad nacional”, “la soberanía” e incluso “las buenas costumbres”. El Premier Simon la anunció, pero – luego de los cuestionamientos de algunos juristas y políticos – señaló que tendría que ser revisada con rigurosidad. El proyecto de ley pretende modificar el Código Civil y a la Ley General de Sociedades en lo relativo a esta materia.

“Artículo 96º.- Disolución por atentar contra el orden público y otras causales. El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos. (…). En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas”.

“Seguridad nacional”, “soberanía” y “buenas costumbres” son categorías que pueden ser interpretadas (o manipuladas) de diversa manera, y pueden permitir la introducción de propósitos de tipo político o estrategias de control gubernamental sobre la protesta social, o sobre formas de vigilancia en temas ecológicos o de Derechos Humanos. Se trata del tercer episodio en la lucha que libran los sectores más “duros” del gobierno – el propio García y sus dos vicepresidentes, afines al fujimorismo – los fujimoristas y la prensa autoritaria en contra de las instituciones de la sociedad civil: ONG, sindicatos, e incluso algunas universidades (el hecho que el fallo del juez en el conflicto entre el Arzobispado y la PUCP se esté inclinando finalmente a favor de la PUCP es un duro revés para los sectores políticos y mediáticos conservadores, que se sentían bajo el abrigo del gobierno). Este nueva versión ha estrechado un poco más el rango de su zona de ataque – esta vez las universidades no son un objetivo - que, con todo, no es pequeño. Quienes consideran que este proyecto de ley sólo dirige sus baterías contra las casas de Alba pecan de ingenuos. Después de todo, se cuenta con los esquemas legales suficientes para prevenir una presunta “penetración chavista”; esta clase de medidas no son necesarias ni convenientes. El verdadero blanco de este proyecto de ley son las ONG ambientalistas (un verdadero dolor de cabeza para algunas mineras), las organizaciones de Derechos Humanos (la obsesión del Vicealmirante), y algunos sindicatos. No obstante, el remedio es peor que la enfermedad.

No me cansaré de decirlo: estas medidas son profundamente antiliberales – a pesar de que “periodistas” pseudos-liberales de Correo ni siquiera lo sospechen – pues conculcan gravemente derechos básicos como la libre asociación y expresión de las ideas, que no podrían ser disociados de la obra de autores liberales como Voltaire y Mill (pero bueno, esos “periodistas” no van más allá de Wikipedia a la hora de elaborar sus “columnas”). Creo, por supuesto, que cuando la protesta genera desmanes y violencia debe ser reprimida en nombre de la ley, pero para preservar el orden público no se requiere de un proyecto de ley que permita que la existencia misma de las asociaciones dependa del poder gubernamental. La mitología de la “mano dura” y la “autoridad” busca imponerse arbitrariamente sobre las libertades básicas, recurriendo a nociones gaseosas que se prestan a la manipulación. No es difícil imaginar que – a criterio de defensores de la amnistía, como Edgar Nuñez – las asociaciones que denuncian violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado estarían conspirando contra la “seguridad nacional”. Esta clase de iniciativas alientan el macartismo.

Nuestra democracia se está "endureciendo" gracias a un Poder Ejecutivo que no gusta tener una oposición firme y organizada en los espacios partidarios o al interior de la sociedad civil. No detectar esto equvale a no saber (o no querer) mirar lo que está sucediendo. Este proyecto de ley estimula sentimientos autoritarios que sí parecen agitarse en el corazón del oficialismo. Por supuesto, siempre es posible apelar a una lectura sarcástica y poco razonable tipo Correo (¡y conozco al menos a un par de blogueros que sueñan con escribir para Correo!): allí están los "izquierdistas de salón" defendiendo sus intereses particulares, seguramente crematísticos. Incluso se le puede aplicar un edulcorado barniz "social" a esta crítica: 'esos intereses no son los del pueblo, que protesta en Tacna y Moquegua'. La miopía del argumento es grave. Creo que debemos concentrarnos más en el contenido del proyecto de ley, y sus posibles consecuencias políticas, antes que en quiénes serían las afectados iniciales (y nó los únicos, ciertamente) de la propuesta que es materia de discusión. Para algunas personas, determinadas situaciones se tornan problemáticas sólo si los posibles afectados se cuentan en los sectores populares; para estos analistas, en política no hay 'cuestiones de principio', lo cual torna empobrecedor el análisis (y la convicción subyacente). No pretendo suscribir una posición tan reductiva como esa (ni sus pretensiones "científicas", a pesar de que pierde de vista cuestiones importantes), antes bien, la rechazo por esa razón. El tema aquí es otro. Se trata de ver, a mi juicio, en qué medida esta iniciativa del Ejecutivo puede convertirse en un "cheque en blanco" para la disolución de cualquier tipo de oposición política o social articulada frente a las políticas del gobierno, incluidos los partidos y las formas de protesta social que se han constituido en Tacna, Moquegua o la selva. Todo defensor explícito de la 'institucionalización de la acción cívica' tendría que percibir este peligro. Esa unilateralidad (lo que Hegel denominaba "abstracción") en el enfoque - que no permite constatar peligros como éste - es el precio a pagar cuando uno presupone que el único móvil (hipotéticamente "objetivo") de la política es el interés (individual o grupal).

En fin, el citado proyecto de ley está en su fase de “revisión”, sea lo que sea que esto signifique. Preocupa y apena que Yehude Simon esté colaborando con aventuras ‘fascistoides’ como ésta: después de todo, el talante autoritario de García es bastante conocido. Se trata de un nuevo signo de ese patético miedo a la democracia que padece un vasto sector de nuestra (autodenominada) “clase política”.

¿TIEMPOS DE MACARTISMO?*

Gonzalo Gamio Gehri

La tensión existente entre el gobierno, la autodenominada “clase política” y las organizaciones de Derechos Humanos se ha exacerbado considerablemente en las últimas semanas. La carta de APRODEH dirigida al Parlamento Europeo – aconsejando que el MRTA no figurase como en la lista de grupos terroristas de la UE - ha desatado iras en la opinión pública y en los fueros políticos, pero también no pocas confusiones que deberían ser materia de discusión. También han aflorado la mala intención y el cálculo político. La ganancia en río revuelto, las medias verdades en medio de la búsqueda de la popularidad perdida y el diseño de cortinas de humo. Como resultado de todo este desordenado incidente y de las destempladas reacciones que ha suscitado, constatamos que la penosa (y antidemocrática) cacería de brujas contra las instituciones de la sociedad civil está siendo reeditada por el oficialismo y sus aliados (el ala más conservadora de Unidad Nacional y los fujimoristas).

Considero que el envío de la carta de APRODEH constituyó un grave error. Es cierto que muchos medios de comunicación han reseñado sólo algunos aspectos de la carta, omitiendo tendenciosamente aquellos pasajes en los que expresamente se condena las acciones terroristas realizadas por el MRTA en el pasado. Es evidente que APRODEH reconoce la condición delictiva de este grupo subversivo, en conformidad con las Conclusiones 34 y 35 del Informe de la CVR. Este es un asunto que está fuera de discusión; sin embargo, los medios sugirieron erróneamente que esta ONG “defendía los derechos del MRTA”. APRODEH sostuvo que el MRTA constituye una organización desactivada, y por tanto inexistente. Adujo que el gobierno pretende mantenerla formalmente con vida para vincularla con los “círculos bolivarianos”, así como con los campesinos y los activistas del medio ambiente que denuncian a las mineras, para así criminalizar la protesta social. La tesis de que el MRTA ha desaparecido resulta discutible: aunque su brazo armado no actúa desde hace aproximadamente ocho años, algunos de sus adeptos siguen operando a través de los espacios virtuales o hacen trabajo de tipo “ideológico” en el exterior. En cuanto al tema de la criminalización de la protesta, es justo decir que APRODEH tiene la razón. Las detenciones arbitrarias (“preventivas”) de Melissa Patiño y Carmen Azparrent son prueba de ello. La República informa que actualmente se está procesando a 35 opositores a los proyectos mineros del Norte peruano.

A mi juicio, el error de APRODEH reside en el hecho de recomendar a la Eurocámara no incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas. Una cosa es informar que se trata de un grupo que no está en actividad, y otra emitir una recomendación. El primer acto (la información del experto) corresponde al trabajo de un organismo consultivo, especializado en temas de Derechos Humanos; el segundo (la recomendación) tiene ya una naturaleza estrictamente política, susceptible de múltiples interpretaciones (incluidas las infundadas y malintencionadas). El consejo de APRODEH ha generado consecuencias más o menos previsibles: la reacción desmesurada de la “clase dirigente”, y el uso político de este incidente para desatar adrede – y justificar – actitudes macartistas en la escena pública.

Esta reacción se ha puesto de manifiesto de diferentes formas, todas ellas deleznables y nada democráticas. La dirección de APCI ha pedido cuentas a APRODEH para indagar con qué fondos “intermedia en favor del MRTA”; esta declaración que no hace sino abonar el terreno para la maledicencia y la difamación. Luis Giampietri exige investigar a APRODEH, IDL, e incluso la Facultad de Derecho de la PUCP, para determinar ‘posibles vínculos de las instituciones de Derechos Humanos con la subversión’; Rafael Rey aprovecha la ocasión para reiterar sus ataques contra la CVR. Los fujimoristas exigen medidas punitivas contra las ONG que puedan reportar ventajas para su líder, procesado por delitos contra la humanidad. Todas estas iniciativas - absurdas y delirantes - no sólo aderezan el festín autoritario, incluso consiguen distraer la atención en torno al descubrimiento de fosas clandestinas en el cuartel militar Los Cabitos, prueba evidente de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado en los años de la violencia.

Aquí se ha impuesto el ánimo macartista (explorado por la prensa ultraconservadora) y la “lógica del puntapié” (promovida por un entusiasta García). Hace unos días, el gobierno apartó del Consejo Nacional de DDHH a la Coordinadora - que había tomado distancia de la carta de APRODEH -, a CEAPAZ y al Concilio Evangélico. A pesar de que la Ministra de Justicia ha prometido revertir esta decisión, ningún gesto explícito del Estado ha confirmado esta declaración verbal. Es cierto que en los últimos días el oficialismo ha optado por ponerle discretamente paños fríos a esta controversia. Sin embargo, dicha decisión no es fruto de algún tipo de posición principista o de cambio actitudinal. Se trata de una estrategia política, producto del análisis de la coyuntura, pues los países que participarán en las cumbres internacionales son particularmente sensibles frente a los temas de Derechos Humanos. Transmitir una imagen autoritaria en esta materia resultaría contraproducente para el país. Es una lástima que los asuntos de justicia universal sean vistos como complicaciones accesorias antes que como condiciones esenciales para la vida democrática. Parece ser que - paradójicamente -, para el gobierno aprista y sus aliados, salvo el poder (y la inversión extranjera) todo es ilusión.

* Publicado en el último Ideele, Nº 186.

SE REANUDA LA CACERÍA DE BRUJAS

Gonzalo Gamio Gehri


Luego de unos días, el tema de la carta de APRODEH va aclarándose poco a poco. Ahora se sabe que en la primera parte del documento sí se condenaba el terrorismo del MRTA – sólo se señalaba que no debía considerársele como un grupo en actividad -, y se ha mostrado que esta carta fue enviada en respuesta a una solicitud explícita del Parlamento Europeo. Sigo pensando que APRODEH cometió un error, puesto que el MRTA sigue actuando a través de vías no militares, haciendo proselitismo en la red. Me parece un error – además – porque esta situación contribuirá a la reedición de la cacería de brujas en contra de las ONG y otras instituciones de la sociedad civil que se dedican a la investigación y al activismo en materia de democracia y Derechos Humanos en el país. De paso, servirá para generar una 'cortina de humo' frente al terrible hallazgo de los cadáveres en "Los Cabitos" - que corresponden a crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado - y hasta echarle un pequeño salvavidas al reo Fujimori (ver el penoso comentario al respecto hecho por Lourdes Alcorta).

La nueva temporada de caza ya empezó. El ejecutivo ya ha dispuesto que la Coordinadora de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Concilio Evangélico dejen de participar como observadores en las sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano presidido desde hace un tiempo por un militante aprista que aparentemente no cuenta con los conocimientos necesarios patra ejercer ese cargo (hecho que ha motivado la protesta de algunos organismos especializados en la materia). Pero eso no es todo. A pesar de que la Coordinadora de Derechos Humanos y el IDL han tomado distancia respecto de la medida tomada por APRODEH, el Vicepresidente Giampietri ha solicitado al Congreso que se investigue a esta ONG, a IDL y a la Facultad de Derecho de la PUCP sobre presuntos vínculos con la subversión. Absurdo. Veo ayer – por casualidad, aclaro – una edición del programa Habla el Pueblo de RBC, en el que Lourdes Alcorta y Francisco Diez Canseco, dos personajes conocidos por su visceralidad y por su pobre disposición para la argumentación, despotrican contra las ONG de Derechos Humanos, concibiéndolas como parte de un "siniestro lobbie caviar” pro-terrorista (evidentemente, sin ofrecer razones ni evidencias empíricas. Y contando con el aplauso y el aliento del conductor del programa, que se sumaba a la delirante tesis del "complot caviar". Sensacionalismo puro, sin el menor asomo de escrúpulo profesional.

Pero el que se lleva las palmas es el ministro Rey. Se las ha ingeniado para llevar agua para su molino, una vez más. La discusión versaba sobre si el MRTA podía ser considerado un grupo terrorista. Es sabido que el Informe Final de la CVR ofrece los elementos conceptuales y empíricos para sostener categóricamente tal tesis: es un grupo terrorista que practicaba de modo sistemático el homicidio selectivo y el secuestro. Incluso Aldo Mariátegui ha recurrido al Informe de la CVR para criticar a APRODEH (omitiendo toda referencia al encabezado de la carta). Sin embargo, Rey aprovecha la ocasión para arremeter – una vez más, recordemos que él prácticamente encabezó la campaña mediática del 2003 – contra la CVR. El otrora miembro del Movimiento Libertad y luego congresista pro-fujimorista ha intentado sostener la tesis falsa de que la CVR ha igualado a los agentes del Estado con los criminales terroristas. Eso es un completo disparate, y es una mentira. El que ha leido el Informe Final sabe que la CVR demuestra que el principal violador no es el Estado, sino Sendero (Conclusión Nº 13) y el MRTA (Conclusión Nº 34). El planteamiento de Rey simplemente no se condice con los hechos.

Rey sugirió enviar un grupo de miembros del gobierno a persuadir al Parlamento Europeo de que se ha cometido un error en este asunto. La idea en principio no me parece mala; en todo caso, es potestad del Estado tomar una medida como esa. Pero la sugerencia vino con anécdota. Rey recordó amargamente cómo no se había aceptado su propuesta de acompañar a los comisionados de la CVR al propio Parlamento Europeo para "desmentir" (?) in situ sus conclusiones. Iba a ir – señaló – financiándose él mismo el viaje. Qué gracioso el ministro. Creía que sus impresiones personales - absolutamente tendenciosas y cargadas de imprecisiones, como dan fe sus artículos publicados en La Razón (con citas al almirante argentino Massera, condenado por crímenes contra la humanidad) - debían desbaratar una investigación interdisciplinaria de dos años que denunciaba sólidamente las violaciones de los DDHH perpetradas por las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA y - "en ciertos períodos y lugares” (tomo I, p. 30) -, por las propias fuerzas del orden. El ex parlamentario conservador acaso creía que su cercanía con jefes militares y a otras autoridades bastaba para desacreditar el testimonio de casi 17,000 personas (que fue parte del trabajo de la CVR). Y encima quería ir con ellos. Hubiera programado ese tour ideológico por Europa en otras fechas, nada se lo impedía. Pero quizás su condición de votante por la vergonzante Ley de Amnistía que soltó a los miembros del Grupo Colina le hubiese restado cierta credibilidad.

Como podemos apreciar, la penosa campaña contra la defensa de los Derechos Humanos está por ingresar a su segunda etapa, que promete una mayor virulencia. Sus antiguos protagonistas - los que se enfrentaron a la transición democrática desde la prensa fujimorista - reaparecen y ocupan su lugar en el escenario. La ciudadanía debe estar alerta.

UN ERROR FUNESTO

Gonzalo Gamio Gehri


La negativa del Parlamento Europeo al pedido de incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas ha desencadenado una ola de indignación en el país. Resulta profundamente decepcionante que esta decisión haya sido aparentemente tomada luego de recibir una carta, firmada por Francisco Soberón y Miguel Jugo, directivos de APRODEH. En dicha carta se sostiene que "no se debe sobredimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, algo que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo". El documento señala que "desde hace 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo".

Vayamos por partes. Es cierto que hoy impera en el Perú la criminalización de la protesta. Los campesinos que manifiestan públicamente su posición frente al caso Majaz, o que asisten a reuniones políticas en la Casa de la Cultura de Quito pueden convertirse en acusados de terrorismo o ser víctimas de detenciones arbitrarias (el caso de Melissa Patiño y de Carmen Azparrent son los casos más sonados, pero no son los únicos). Tales acusaciones y detenciones están a la orden del día y cuentan con un soporte mediático escasamente responsable (como el lamentable “informe” de César Hildebrandt Chávez). Es cierto también que el brazo militar del MRTA está básicamente vencido y desactivado. Sin embargo, no es cierto que el grupo terrorista haya desaparecido del todo. Aun opera “políticamente” en la web, y – hasta donde se sabe - trabaja en un nivel ideológico en otros países. Polay ha renunciado a la prédica de la “lucha armada” – y cuenta con el respaldo de políticos apristas en actividad, como el controvertido y pintoresco Javier Valle Riestra -, pero resulta precipitado declarar ‘oficialmente muerto’ al MRTA. Que se trataba de un grupo terrorista particularmente sanguinario y cruel, no cabe la menor duda. Tanto las crónicas de la época como el propio Informe Final de la CVR ponen de manifiesto la entraña criminal del MRTA, evidenciada en la práctica del secuestro sistemático y el homicidio (Conclusiones 34 y 35). Es cierto que APRODEH no niega tal condición, pero su sugerencia limita de facto el control que pueda establecerse sobre este grupo delictivo en tierras europeas.

Publicado en su integridad en el Gran Combo

LAS SENTENCIAS DE ZEUS SOBRE LOS "FALSOS PROFETAS"

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer en Piura, el presidente ha señalado que el pueblo no debe de prestar oídos a aquellos "falsos cristos" y "falsos profetas" que consideran que la minería y la agricultura no pueden coexistir. Evidentemente García - alias "Zeus", según su entorno partidario más cercano - aludía con estas palabras al obispo Turley, al padre Marco Arana, a los jesuitas, a Radio Cutivalú y a otras personas e instituciones que desde la Iglesia y la sociedad civil han denunciado los peligros para las comunidades y el ecosistema que representa la actividad minera tal y como está siendo ejercida sin control de ninguna clase. Es sabido que el gobierno - en alianza con los sectores más conservadores de la clase política y empresarial - cocinó la ley anti-ONG con el objetivo de despejar el camino a las empresas mineras de aquellas instituciones que trabajaban con las comunidades en la defensa de su derecho a la vida y al trabajo (también para arrinconar a las organizaciones de Derechos Humanos, pero ese es otro tema).

Evidentemente, todos queremos que el desarrollo de la tecnología permita que la agricultura y la minería prosperen en la misma zona. No parece ser todavía el caso. El argumento de las mineras - y del gobierno - consiste en señalar que los primeros que se benefician con la actividad minera son los habitantes de la localidad. Hace unos días, Nelson Manrique publicó un artículo muy lúcido en Perú 21 que cuestiona severamente esa tesis: La Oroya ha sido la zona minera por excelencia en el Perú. Pues bien, hoy es una de las regiones más empobrecidas y atrasadas del país, y uno de los lugares más contaminados del planeta. El gobierno no puede culpar a la población de Majaz por no creer en sus palabras.

Nunca dejará de sorprenderme la falta de conocimiento - o la buena dosis de cinismo - que el actual presidente exhibe en materia de religión (y ética religiosa, y temas de cristianismo). Para él, pareciera que la vida espiritual se restringe a la procesión del Señor de los Milagros, la administración de los Sacramentos, y a alguna oración furtiva antes de comer o de dormir. Si algunos laicos y sacerdotes consideran importante acompañar a otros ciudadanos a defender pacíficamente sus derechos, entonces están "haciendo política", o "predicando la revolución" (se les acusa de "marxistas", y ya está dicho todo). Decididamente, no ha escuchado hablar de la profecía judeocristiana (Amós, Jonás, Juan el Bautista, y luego Tomás Moro, Bartolomé de las Casas, etc.), de la opción por el pobre, o con el compromiso de la Iglesia con el cuidado de la Creación. Uno se pregunta a quiénes reconocería entonces como "auténticos profetas" ¿A él mismo? Quizás ¿Al Cardenal? A juzgar por las simpatías políticas del mandatario y por su entorno gubernamental altamente conservador y filoautoritario (Giampietri, Rey, Mendoza, Favre), probablemente sí. Al parecer, Alan García se siente fascinado con el Catecismo, pero no le interesa el Evangelio. Lo cierto es que García ha sido más duro y claro al pronunciarse sobre el sector progresista de la Iglesia que ha asumido la protección de la zona que en cualquiera de sus tibias y condescendientes declaraciones sobre Fujimori antes de la extradición.

Pero esto revela otras aristas del problema. A García y al APRA no le agrada ninguna expresión de discrepancia proveniente de las 'instituciones intermedias' (en general, las organizaciones de la sociedad civil, en particular sectores críticos de la Iglesia y ONG). Ellos - pertenencientes a un partido no liberal y escasamente democrático, más bien caudillista - se manejan (para decirlo siguiendo la sugerente lectura de Santiago Pedraglio), bajo el esquema ya obsoleto electorado - representantes. Un esquema dicotómico, marcadamente decimonónico. No conciben que grupos de ciudadanos, a título personal, o como parte de asociaciones voluntarias, protesten contra sus medidas o alianzas, y hagan sentir sus voces en el espacio público. A su juicio, si no existe una oposición parlamentaria que les haga resistencia política - y aliados como están con los poderes fácticos (Fuerzas Armadas, empresarios grandes, jerarquía eclesiástica - entonces deberían tener el "camino libre" para hacer y deshacer ("¡Dejen trabajar!", dicen; el propio presidente ha indicado de modo prepotente que "a él lo han elegido para gobernar, no para hacer consultas o pedir opinión". Curiosa concepción de la democracia la suya). Pero no, no cuentan con un mapa conceptual propio de las democracias complejas del siglo XXI. Sus aparato categorial para el análisis político sigue detando del siglo XIX. La ciudadanía activa y las instituciones intermedias no existen, no son variables para ellos. Peor para ellos: eso merma su sentido de la realidad. No sorprende que sus reflejos sean tan pobres, que entiendan tan poco de ética democrática, y que sus reacciones siempre acusen inquietantes tonalidades autoritarias.

Caricatura: Heduardo

LA LEY ANTI-ONG NAUFRAGA ANTE EL TC

Gonzalo Gamio Gehri

El reciente fallo del Tribunal Constitucional en contra de las pretensiones del gobierno peruano constituye una victoria democrática. Seguro que no una victoria definitiva, pero sí un avance en cuanto a la salud de las libertades civiles. Es también un penoso revés para los sectores más retrógrados de la “clase política” – sectores mayoritarios del aprismo y de UN, el fujimorismo en pleno, tanto el que participa del ejecutivo como el que actúa en el Congreso - y la prensa más visceralmente reaccionaria. En los últimos días hemos podido leer y escuchar a quienes, heridos en sus deseos más profundos, han reaccionado con irritación frente al pronunciamiento del TC. Los directores de los medios de ultraderecha, Lourdes Alcorta, Flores Aráoz, Mulder – excepcional la crítica de Laouer a este último en La República – y tantos otros. No he tenido ocasión de escuchar a la dirigencia del sector conservador de la Iglesia, pero imagino que la irritación es similar.

Pero creo que se trata de un triunfo – provisional, repito, no deseo pecar de ingenuo – de algunos elementos de democracia liberal que todavía existen a pesar de los vientos autoritarios que soplan ya entre nosotros. Al partido de gobierno le interesa acallar las críticas articuladas desde la sociedad civil (la poca oposición parlamentaria que existe no brilla precisamente por su lucidez ni formación). Los Aldos Mariáteguis y los García Mirós se autocalifican como “liberales”, pero no creen en la libre asociación y en el pensamiento libre, y no tienen idea de lo que es la sociedad civil. Estos falsos liberales consideran que se trata un artificio comunista, cuando se trata de una construcción liberal. Su inspiración y sus fuentes de Wikipedia no les dan para tanto. Los sectores eclesiásticos ultramontanos ya no hablan de Aparecida – el documento les parece demasiado progresista para su gusto – y han vuelto a sus intereses habituales: arrinconar a la Iglesia profética y retomar sus plantes de tomar la PUCP por asalto. Que el tribunal falle a favor de las ONG les ha sabido bastante mal. Algunas ONG, junto con ciertos sectores académicos y ciudadanos puntuales, configuran parte del espacio de discusión y construcción de opinión pública que todavía queda.

La pregunta que queda pendiente es: ¿Es posible esperar que los nuevos tribunos recién elegidos se comporten con la independencia y el juicio crítico que han caracterizado al TC desde la recuperación de la democracia? Varios de ellos provienen de canteras asociadas al APRA, tenemos uno vinculado a UN y por allí otro vinculado al humalismo cuya cercanía no ha sido discutida todavía. La forma en que han sido elegidos ha generado una serie de cuestionamientos rigurosos. Ya sabemos que nuestros políticos poco saben de la división de poderes y del gobierno limitado. A ellos – como a los adalides de la prensa autoritaria – “liberalismo” sólo les suena a hacer negocio sin obstáculos externos. Pero no, una democracia liberal es algo más que un gigantesco Mc Donald´s.