SOCIEDAD CIVIL E INTOLERANCIA GUBERNAMENTAL

Gonzalo Gamio Gehri


Hace unos cuantos días se anunciaba desde el Ejecutivo el proyecto de una norma que permitiría disolver cualquier asociación u organización social que pudiera atentar contra la “seguridad nacional”, “la soberanía” e incluso “las buenas costumbres”. El Premier Simon la anunció, pero – luego de los cuestionamientos de algunos juristas y políticos – señaló que tendría que ser revisada con rigurosidad. El proyecto de ley pretende modificar el Código Civil y a la Ley General de Sociedades en lo relativo a esta materia.

“Artículo 96º.- Disolución por atentar contra el orden público y otras causales. El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público, a las buenas costumbres, a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado, o al principio internacional de no intromisión en asuntos internos. (…). En cualquier estado del proceso puede el Juez dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas”.

“Seguridad nacional”, “soberanía” y “buenas costumbres” son categorías que pueden ser interpretadas (o manipuladas) de diversa manera, y pueden permitir la introducción de propósitos de tipo político o estrategias de control gubernamental sobre la protesta social, o sobre formas de vigilancia en temas ecológicos o de Derechos Humanos. Se trata del tercer episodio en la lucha que libran los sectores más “duros” del gobierno – el propio García y sus dos vicepresidentes, afines al fujimorismo – los fujimoristas y la prensa autoritaria en contra de las instituciones de la sociedad civil: ONG, sindicatos, e incluso algunas universidades (el hecho que el fallo del juez en el conflicto entre el Arzobispado y la PUCP se esté inclinando finalmente a favor de la PUCP es un duro revés para los sectores políticos y mediáticos conservadores, que se sentían bajo el abrigo del gobierno). Este nueva versión ha estrechado un poco más el rango de su zona de ataque – esta vez las universidades no son un objetivo - que, con todo, no es pequeño. Quienes consideran que este proyecto de ley sólo dirige sus baterías contra las casas de Alba pecan de ingenuos. Después de todo, se cuenta con los esquemas legales suficientes para prevenir una presunta “penetración chavista”; esta clase de medidas no son necesarias ni convenientes. El verdadero blanco de este proyecto de ley son las ONG ambientalistas (un verdadero dolor de cabeza para algunas mineras), las organizaciones de Derechos Humanos (la obsesión del Vicealmirante), y algunos sindicatos. No obstante, el remedio es peor que la enfermedad.

No me cansaré de decirlo: estas medidas son profundamente antiliberales – a pesar de que “periodistas” pseudos-liberales de Correo ni siquiera lo sospechen – pues conculcan gravemente derechos básicos como la libre asociación y expresión de las ideas, que no podrían ser disociados de la obra de autores liberales como Voltaire y Mill (pero bueno, esos “periodistas” no van más allá de Wikipedia a la hora de elaborar sus “columnas”). Creo, por supuesto, que cuando la protesta genera desmanes y violencia debe ser reprimida en nombre de la ley, pero para preservar el orden público no se requiere de un proyecto de ley que permita que la existencia misma de las asociaciones dependa del poder gubernamental. La mitología de la “mano dura” y la “autoridad” busca imponerse arbitrariamente sobre las libertades básicas, recurriendo a nociones gaseosas que se prestan a la manipulación. No es difícil imaginar que – a criterio de defensores de la amnistía, como Edgar Nuñez – las asociaciones que denuncian violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado estarían conspirando contra la “seguridad nacional”. Esta clase de iniciativas alientan el macartismo.

Nuestra democracia se está "endureciendo" gracias a un Poder Ejecutivo que no gusta tener una oposición firme y organizada en los espacios partidarios o al interior de la sociedad civil. No detectar esto equvale a no saber (o no querer) mirar lo que está sucediendo. Este proyecto de ley estimula sentimientos autoritarios que sí parecen agitarse en el corazón del oficialismo. Por supuesto, siempre es posible apelar a una lectura sarcástica y poco razonable tipo Correo (¡y conozco al menos a un par de blogueros que sueñan con escribir para Correo!): allí están los "izquierdistas de salón" defendiendo sus intereses particulares, seguramente crematísticos. Incluso se le puede aplicar un edulcorado barniz "social" a esta crítica: 'esos intereses no son los del pueblo, que protesta en Tacna y Moquegua'. La miopía del argumento es grave. Creo que debemos concentrarnos más en el contenido del proyecto de ley, y sus posibles consecuencias políticas, antes que en quiénes serían las afectados iniciales (y nó los únicos, ciertamente) de la propuesta que es materia de discusión. Para algunas personas, determinadas situaciones se tornan problemáticas sólo si los posibles afectados se cuentan en los sectores populares; para estos analistas, en política no hay 'cuestiones de principio', lo cual torna empobrecedor el análisis (y la convicción subyacente). No pretendo suscribir una posición tan reductiva como esa (ni sus pretensiones "científicas", a pesar de que pierde de vista cuestiones importantes), antes bien, la rechazo por esa razón. El tema aquí es otro. Se trata de ver, a mi juicio, en qué medida esta iniciativa del Ejecutivo puede convertirse en un "cheque en blanco" para la disolución de cualquier tipo de oposición política o social articulada frente a las políticas del gobierno, incluidos los partidos y las formas de protesta social que se han constituido en Tacna, Moquegua o la selva. Todo defensor explícito de la 'institucionalización de la acción cívica' tendría que percibir este peligro. Esa unilateralidad (lo que Hegel denominaba "abstracción") en el enfoque - que no permite constatar peligros como éste - es el precio a pagar cuando uno presupone que el único móvil (hipotéticamente "objetivo") de la política es el interés (individual o grupal).

En fin, el citado proyecto de ley está en su fase de “revisión”, sea lo que sea que esto signifique. Preocupa y apena que Yehude Simon esté colaborando con aventuras ‘fascistoides’ como ésta: después de todo, el talante autoritario de García es bastante conocido. Se trata de un nuevo signo de ese patético miedo a la democracia que padece un vasto sector de nuestra (autodenominada) “clase política”.