EL "OLVIDO DE LA HUIDA" Y SUS EFECTOS *

Gonzalo Gamio Gehri

Existe una clara vocación en parte de la “clase dirigente” por obstaculizar la reconstrucción de la memoria en el Perú. No sólo se pretende empañar el esfuerzo por construir una narración general en torno a los años de la violencia – cuya expresión es el Informe Final -; se procura bloquear el debate en torno a la validez, proyección y eventual corrección de dicho relato. Incluso se puede sostener que los grupos de interés político y mediático que aspiran a minar la credibilidad del trabajo de la CVR ni siquiera se proponen producir una “memoria alternativa” del conflicto. No han elaborado investigaciones sobre el tema, les basta con la mera diatriba, con la columna de opinión. Diríase que consideran el silencio y el olvido como las disposiciones más convenientes frente al período de violencia interna.

Por supuesto, el olvido es una opción – incluso un derecho - para la víctima. Quien ha sufrido puede decidir mirar con otros ojos el pasado, afrontar un proceso de duelo y continuar con la vida. La acción de la justicia busca sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas, de modo que se les restituya a éstas la condición de ciudadanos; luego del trabajo de la justicia, la víctima puede escoger olvidar. Se trata de un “olvido relativo”, pues no se suprime el recuerdo, sólo se transforma el punto de vista frente al pasado. La víctima puede incluso elegir perdonar al agresor; se trata de una gracia que sólo puede ser otorgada por ella, una disposición que implica observar las propias vivencias sin el dolor y el encono de otros tiempos. Paul Ricoeur contrasta esta experiencia con aquella que describe como el “olvido de la huida”, el esfuerzo por cerrar los ojos frente a lo vivido, negar los hechos injustos, mirar hacia otro lado. Esta forma de olvido  “consiste en no querer ver, no querer tener noticia de algo”[1]. En la venerable tradición de Esquilo y Sófocles, podríamos describir este fenómeno como ceguera voluntaria. Esta actitud frente a la injusticia corresponde al ciudadano que peca por omisión, desatendiendo el clamor de las víctimas, y a los actores políticos que buscan imponer “políticas de silencio”.

Estas políticas a menudo están asociadas con propuestas de amnistía. Esta figura legal – que comúnmente es planteada en virtud de una iniciativa del Congreso o del Ejecutivo – implica suspender los procesos judiciales de los autores de crímenes contra los derechos humanos y anular las condenas en esta materia. Supone, además, decretar “olvido” respecto de esta clase de delitos (de allí su nombre). Se trata de una medida que pretende garantizar impunidad para los perpetradores; por ello, la legislación internacional en derechos humanos rechaza sistemáticamente este tipo de mecanismos. A través de la amnistía, el Estado usurpa la exclusiva potestad de la víctima de perdonar al agresor, y de contemplar el daño padecido con nuevos ojos. Por lo general, los políticos plantean la amnistía como un mecanismo que busca lograr la tan ansiada “reconciliación nacional” – concebida ad hoc como desvinculada de la verdad y la justicia -; no obstante, estas iniciativas distorsionan gravemente el concepto de perdón y el proceso mismo de reconciliación. No es posible regenerar el tejido social dañado sobre la base de la supresión de la memoria y la suspensión de la acción de la justicia.

A lo largo de las dos últimas décadas, el discurso político conservador ha invocado en más de una oportunidad la figura del olvido legal como una salida posible frente a la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos del Estado. Sin embargo, el argumento contra la memoria y a favor de políticas de “punto final” ha sido planteado recientemente desde el otro extremo del espectro ideológico. En efecto, el MOVADEF – organismo de fachada del grupo terrorista  Sendero Luminoso – ha propuesto una suerte de “amnistía general” para todos los protagonistas del conflicto armado.  Esta facción pretende recurrir, para justificar su posición – de una manera a todas luces artificial y exclusivamente instrumental –, a las reglas de la democracia que procuró dinamitar. En este caso, los extremos ideológicos parecen tocarse. Esta cuestionable  iniciativa ha sido rotundamente rechazada en diversos espacios de opinión pública, y la ciudadanía ha observado con especial preocupación cómo esta agrupación cuenta con numerosos militantes jóvenes.

Estas circunstancias ponen de manifiesto la importancia ética y política de la recuperación pública de la memoria como una condición esencial para la construcción de una genuina sociedad democrática, una sociedad cuya ciudadanía pueda desestimar con firmeza  los cantos de sirena de la violencia como posible  “método” para resolver conflictos humanos. Conocer la gravedad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno permitiría a los peruanos reconocer los efectos funestos del fundamentalismo en cuestiones ideológicas. La ignorancia frente al más cruento de los conflictos de la historia del Perú, en contraste, deja a nuestros jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente a propuestas ideológicas proclives a recurrir a la violencia o a negociar impunidades para lograr sus propósitos. Esclarecer el pasado constituye una estrategia pedagógica eficaz para combatir las múltiples formas de irracionalismo político que todavía amenazan nuestras instituciones.

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* Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.

[1]  Ricoeur, Paul “El olvido en el horizonte de la prescripción” en: Varios Autores ¿Por Qué recordar? Op. Cit., p. 74.