CÉSAR ZARZOSA ACERCA DE UN POLÉMICO DECRETO

DECRETO DE IMPUNIDAD

César Zarzosa González

La reciente emisión del Decreto Legislativo 1097 por parte del Poder Ejecutivo, es la prueba fehaciente del signo bajo el cual se erige este gobierno: la búsqueda continua de la impunidad. Una agenda sistemática, calculada, soterrada muchas veces, pero hoy más evidente que nunca. Tanto así, que Mario Vargas Llosa no pudo menos que deplorar la emisión de este dispositivo, que resulta en los hechos una especie de amnistía para los militares, denunciar una posible alianza aprofujimorista, y renunciar irrevocablemente a su cargo de presidente del Museo de la Memoria.

Pero vayamos al caso del D.L. 1097, e intentemos esbozar algunas de las razones por las que esta norma es inconstitucional y abiertamente contraria a Derecho. Vamos a ver además, que acá no hay falsas interpretaciones de los sectores pro-derechos humanos sino que resulta notoria la actitud del gobierno, que utiliza la ley para burlar la Constitución, los Tratados Internacionales y la jurisprudencia vinculada a los derechos fundamentales.

Según sus defensores, la única razón de ser de la norma se encuentra en el artículo 2, que busca la aplicación de los plazos procesales que rigen en el nuevo código procesal penal para la conclusión de los juicios en materia de derechos humanos. “¿O es que acaso los procesados por estos delitos no tienen derecho a un debido proceso y que este no dure eternamente?”, arguyen. Ciertamente, toda persona tiene derecho a un juicio justo y oportuno. Sin embargo, muchas veces los procesos duran bastante mas de lo razonable, por su complejidad, por la cantidad de pruebas a actuar, por el numero de implicados en el caso, y sobretodo porque los propios inculpados utilizan medios para obstaculizar el avance de la justicia: se presentan recursos sin mayor sentido o se niegan a facilitar información relevante para el juicio, a la espera de que los plazos venzan y queden impunes. Malas experiencias en ese sentido hay. Ya algunos generales han salido por la puerta falsa con dichas argucias. En ese caso, ¿de quien es la culpa?. Ciertamente, no del Estado. Y si en verdad, el aparato de justicia fuera el responsable de la dilación del proceso, existen mecanismos constitucionales como el habeas corpus para que el afectado haga valer sus derechos. No necesitamos entonces ninguna norma que reitere lo que ya sabemos, y que se preste a equívocos.

Pero entonces, ¿para que se da una ley de estas características? Por varias razones más que por este cuestionable articulo 2, y es donde sus defensores mienten. En realidad, ocurre que junto a esta innecesaria y malintencionada disposición, existen otras razones más fuertes, a las que hay que ver con detenimiento, porque en este contrabando esta el mayor problema. La norma faculta al juez en el artículo 3, a cambiar la situación de mandato de detención del procesado por un mandato de comparecencia libre o restringida. A su vez, dentro del artículo 4 se estipula que se levantan los impedimentos de salida del país, superiores a 8 meses. Si leemos estas dos disposiciones juntas y entre líneas, encontramos el grave problema. A estas alturas todos los procesos de los militares ya superaron de lejos los ochos meses. En algunos casos llevan años. Esto quiere decir que automáticamente se les levanta la prohibición de salida del país. Si además, el juez aplica el artículo 3, algunos pueden salir libres hasta que los citen. Bingo. Tal como ocurrió en el pasado donde magnates huían al exterior sin juicio, veremos a los procesados por lesa humanidad fugarse del país y asunto acabado. La típica criollada camuflada en un dispositivo legal.

Y la cuestión del contrabando no queda ahí. Apreciemos la Primera Disposición Final de la norma. Cito textualmente: “Para efectos procesales (…) la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad (…) surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, fecha en la cual Perú subscribió la citada Convención [sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad]”. En buen cristiano, los defensores del crimen y la impunidad plantean que no se revise las graves violaciones a los derechos humanos que se dio antes del 2003, es decir, en los gobiernos de Fujimori y García. O sea, todos los hechos trágicos que envilecieron al país y que la Comisión de la Verdad desnuda, quedarían impunes. Felizmente esta reserva no tiene ninguna validez a nivel de nuestro ordenamiento. La jurisprudencia constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las fuentes del Derecho Internacional siempre fueron claras. No se trata de cualquier delito penal, se tratan de delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no tienen fecha de caducidad ni tienen periodos de validez. Los delitos de lesa humanidad, son tales porque el derecho internacional y el ius cogens lo hace prevalecer, pues obedece a la corrección práctica en el actuar de las sociedades. Por tanto siempre fueron un delito. De otro lado, la misma Convención señala que las reservas no pueden ser incompatibles con la norma.

Ante la creciente oposición, algunos personajes como el ex ministro de Defensa ensayaron soluciones desesperadas. Argumentaron que si se leía la exposición de motivos quedaba claro que no estaban referidos al grupo Colina ni a Fujimori o Montesinos. Pero es sabido que una exposición de motivos no dirige al juez. Nunca lo ha hecho. Y además el Ejecutivo no le puede decir a los jueces como interpretar la norma. Ello excede gravemente sus funciones y al mismo tiempo entre en el campo de discrecionalidad con la que cuenta los jueces amparados además por la propia Constitución (art. 139, inc. 2). Era entonces lo mismo que decir nada. Casi al mismo tiempo los miembros del grupo Colina ya estaban interponiendo recursos basados en esta repudiable norma. Felizmente la rápida intervención de instituciones como la Defensoría o la Fiscalía, y la presión de la sociedad, habría bloqueado cualquier oscuro accionar. El único camino que le queda a este decreto que tiene las horas contadas es la derogación. Pero esta es una victoria de la sociedad civil organizada ante un gobierno que ha tenido que ceder por pura presión, pero que, felizmente, ha quedado desnudado tal cual, ante la opinión pública.

CARTA DE RENUNCIA DE MARIO VARGAS LLOSA A LA COMISIÓN DEL LUGAR DE MEMORIA

(Texto tomado de La República)

París, 13 de setiembre de 2010

Excmo. Señor Dr. Alan García Pérez

Presidente del Perú

Lima

Señor Presidente:

Por la presente le hago llegar mi renuncia irrevocable a la Comisión Encargada

del Lugar de la Memoria cuya Presidencia tuvo usted a bien confiarme y que acepté

convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la

democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y

Montesinos.

La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas

luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de

personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los

derechos humanos -asesinatos, torturas y desapariciones-, entre ellos al propio

exdictador y su brazo derecho. La medida ha indignado a todos los sectores

democráticos del país y a la opinión pública internacional, como lo muestran los

pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y representantes de

numerosas organizaciones sociales y políticas, entre ellos algunos congresistas apristas.

Coincido plenamente con estas protestas.

Hay, a mi juicio, una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la

erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó

el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una

triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta

rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar

de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana.

Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y

no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo

han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su

gobierno y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración

estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años.

En todo caso, lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el

encono político en el país, precisamente en un periodo excepcionalmente benéfico para

el desarrollo y durante un proceso electoral que debería servir más bien para reforzar

nuestra legalidad y nuestras costumbres democráticas.

Pese a haber sido reñidos adversarios políticos en el pasado, en las últimas

elecciones voté por usted y exhorté a los peruanos a hacer lo mismo para evitar al Perú

una deriva extremista que nos hubiera empobrecido y desquiciado. Y he celebrado

públicamente, en el Perú y en el extranjero, su saludable rectificación ideológica, en

política económica sobre todo, que tan buenas consecuencias ha tenido para el progreso

y la imagen del Perú en estos últimos años. Ojalá tenga usted el mismo valor para

rectificar una vez más, abolir este innoble decreto y buscar aliados entre los peruanos

dignos y democráticos que lo llevaron al poder con sus votos en vez de buscarlos entre

los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción

y el crimen y siguen conspirando para resucitar semejante abyección.

Lo saluda atentamente,

Mario Vargas Llosa

HAITÍ: OCHO MESES DESPUÉS

David Villena Saldaña

Haití tiene el mérito de ser el primer país de América Latina que obtuvo su independencia. Pero también tiene la triste virtud de ser el más pobre, analfabeto e inestable del hemisferio occidental. Es, de hecho, uno de los países con menor índice de desarrollo humano en el mundo – el 149 de 182, según cifras del PNUD. Puede, en este sentido, afirmarse sin riesgo que, aun antes del terremoto del 12 de enero, ya se trataba de un país devastado.

La historia de Haití como estado fallido tiene larga data. Tras su independencia de Francia en 1804, se le impuso una indemnización equivalente a unos veinticuatro mil millones de dólares actuales, cifra exorbitante para la época. Luego de múltiples sanciones, esfuerzos y empréstitos pudo completar el pago de este monto recién en 1938. En ese lapso, además de debatirse en violentas pugnas de poder a nivel local, tuvo que afrontar la ocupación de tropas estadounidenses de 1915 a 1934.

Jugó también un papel, pequeño pero significativo, en la Guerra Fría dentro del contexto de la política de contención norteamericana, específicamente, sirviendo como muro contra la influencia de Cuba en la región. Fue, así, desde mediados del siglo veinte y hasta 1986, presa de la dictadura de los Duvalier, célebre por su corrupción y crueldad. En 1990 tuvo en Jean-Bertrand Aristide a su primer presidente electo por la vía democrática – a lo cual debe añadirse que, luego de siete meses en el poder, terminó siendo depuesto. En el año 2000 Aristide es elegido otra vez mandatario. Cuatro años después, sin embargo, se le obliga a renunciar en lo que a todas luces se revela como un derrocamiento. Desde entonces, el país es una especie de protectorado de las Naciones Unidas, habiéndose destacado allí una misión de estabilización: el MINUSTAH.

Se trata de un país que depende de la importación de alimentos, cuyo territorio tiene una deforestación que llega al 98 % y en donde alrededor de tres cuartas partes de su población vive en la pobreza.

Haití es desde hace ocho meses objeto de la caridad mundial por el efecto mediático que en su momento suscitó el terremoto. Meses antes su miseria, e incluso su propia existencia, era indiferente para los medios – hoy incluso, tras haberse hecho trillada la noticia, la desgracia que vive Haití ha quedado nuevamente al margen, y si algún acontecimiento ha tenido eco reciente en la prensa, no es el de que más del 90% de los escombros continúen en las calles, o que las enfermedades y el hambre se hayan convertido ya en pandémicas, sino los vicios legales que presenta la candidatura a la presidencia de Wyclef Jean, líder de la banda musical norteamericana The Fugees, y las invectivas que éste ha dirigido a sus críticos.

Tal indiferencia no es cosa que deba extrañar. Pues, en algún sentido, es la nación más desvinculada del resto en términos culturales. El nacido en Haití no se siente ni francófono ni latinoamericano. Tampoco se ve a sí mismo reflejado en África. La verdad es que no hay nadie en el mundo que reclame un nexo con él.

El desarraigo cultural está al lado de una sempiterna crisis política, así como de un coeficiente de Gini paradigma de la desigualdad social más clamorosa. El descalabro económico se manifiesta, por si fuera poco, en el hecho de que la mitad de su presupuesto proviene de la ayuda internacional. El mal, podría pensarse, es inherente y la corrupción algo consustancial. No en vano Sarkozy invoca a acabar de una vez y para siempre con la “maldición” de Haití.

El seísmo ha dejado al estado sin infraestructura. Los pocos hospitales, escuelas y carreteras son hoy inservibles. Las sedes del legislativo y ejecutivo colapsaron. Como consecuencia de ello, en una clara manifestación de la hecatombe, el actual presidente, René Préval, operó durante semanas en una comisaría. (La sede de la ONU también se destruyó, pereciendo decenas de funcionarios, entre ellos el propio jefe de la MINUSTAH.)

Con 230 mil fallecidos y catorce mil millones de dólares en pérdidas, un reporte del BID no duda en calificar al terremoto de Haití como la peor catástrofe que haya ocurrido en la historia a un país en proporción con su número de habitantes y recursos.

Resulta claro que esta nación no podrá levantarse sola. La razón principal es que nunca estuvo de pie.

Haití, en palabras de Préval, no pide una recuperación, sino, más bien, ser refundado.

La cooperación internacional es necesaria. Organizaciones como Oxfam llaman a la condonación de la deuda externa. El G7 y el Club de París han hecho efectiva esta propuesta. Ya el Banco Mundial y el FMI habían absuelto el 80 % de la deuda en julio del año pasado para paliar los efectos de los cuatro huracanes que azotaron a Haití hacia fines de 2008. Pero, aunque altruistas y bien intencionadas, estas medidas no bastan.

Además de condonar la deuda, es recomendable que los intereses no se acumulen. La filantropía, no suscita crecimiento y mucho menos desarrollo. La condonación de la deuda no es suficiente, y, por tanto, no debe servir como pretexto de la comunidad internacional para eximirse de cualquier ayuda ulterior. Se requiere de un compromiso a futuro y coordinado para construir instituciones sólidas y superar efectivamente la pobreza.

Resulta penoso afirmarlo, pero la ONU no ha sabido asumir un rol de liderazgo en esta cuestión. Diferentes países y bloques regionales se han lanzado por su propia cuenta al rescate de Haití. Cada cual esgrimiendo los puntos que ellos consideran prioritarios. Para los Estados Unidos, por ejemplo, lo que se necesita es seguridad, a pesar de que Edmond Mulet, jefe interino de MINUSTAH, haya dicho que no comparte ese parecer. Ello hizo que, de espaldas a la ONU, colocasen veinte mil soldados en Haití y pasen a controlar el tránsito aéreo, terrestre y marítimo.

El terremoto se torna en un asunto geopolítico. Venezuela, principal acreedor bilateral de Haití con 295 millones de dólares, deploró la presencia estadounidense en el Caribe. De acuerdo con Chávez, los Estados Unidos se habrían aprovechado de la tragedia haitiana para recuperar la hegemonía perdida en la región a causa de sus preocupaciones en Medio Oriente a lo largo de la última década. Brasil, por su lado, quiere asumir el liderazgo regional que le corresponde en su condición de potencia emergente. Ha cuestionado también la presencia del contingente norteamericano y su Ministro de Defensa, Nelson Jobim, se permitió hacer una verificación in situ de los daños.

Mientras diferentes estados se disputan la competencia y el derecho a intervenir asumiendo que Haití carece de soberanía o, en todo caso, que ésta resulta irrelevante de cara a la crisis humanitaria que padece, una de las prioridades nueve meses después sigue siendo la provisión de módulos adecuados de vivienda. Se trata únicamente de asegurar que la población no viva bajo carpas y en campos de refugiados encontrándose en su propio país.

¿QUIÉN (DIJO QUE) ERA LIBERAL?

Gonzalo Gamio Gehri

Sorprenden los dos últimos editoriales de Correo. No por la cuestionada calidad de sus argumentos, sino por lo reveladores que son, pues ponen de manifiesto los espantosos prejuicios de su autor. Se explica porqué es el “líder de opinión” más querido por quienes cultivan el conservadurismo político de corte autoritario y el militarismo, los religiosos ultramontanos "reaccionarios", los fujimoristas nostálgicos, los predicadores de Facebook contra los derechos humanos, etc. Probablemente estas dos notas muestran de un modo particularmente cristalino el antiliberalismo del autor.

Las dos columnas han sido escritas contra la candidatura de Susana Villarán, que está consolidándose en las dos últimas semanas. Aunque está en un segundo lugar, a cierto sector de la opinión pública le aterra la posibilidad de que Villarán se convierta en alcaldesa de Lima (paradójicamente, ese pánico refuerza su posición y legítimas pretensiones políticas). Inicialmente, Villarán era blanco de bromas generadas desde ese diario inspiradas en el improvisado rótulo “caviar”. Se la sindicaba como izquierdista Light, como una lideresa de una izquierda que había abandonado la seriedad del marxismo para abrazar “causas cívicas”, consideraciones ecológicas, etc. Ahora, cuando la campaña arrecia, han cambiado la estrategia: se la acusa de cavernaria, marxista “premoderna”, supuestamente próxima a los sectores pro-subversivos. Quien lea Correo con frecuencia podrá detectar el cambio de discurso con precisión.

En la columna del 31, el periodista se lamenta con cierta desesperación de que un segmento del “sector A” tenga pensado votar por Villarán. Primero se apela al viejo argumento (‘comunista’) de la “conciencia de clase”: el 'sector A' no debería votar contra sus intereses (de clase), pues sería un “voto suicida”. Luego intenta “explicar” esa actitud “argumentando” (en realidad, no ofrece ninguna prueba para sustentar sus "intuiciones") que ese sector acomodado de la población ha practicado la endogamia, que se han reproducido entre ellos, generando una serie de “taras” físicas y mentales (por eso describe ofensivamente a ese grupo como “el otro electarado”). Es decir, pretende “explicar” una posición política que no comparte invocando espurias hipótesis “biológicas”. La presunta victoria final de la materia sobre el espíritu. Esta clase de discurso ligero, infundado y agresivo resulta no sólo cuestionable, sino francamente irresponsable y de una mala fe infame. Estas opiniones suyas han sido calificadas como racistas; Gustavo Faverón las ha identificado con el punto de vista de una especie de Goebbles inarticulado. Las penosas consideraciones "genéticas" de Mariátegui son torpes y malintencionadas. Sea como sea, no se trata de una interpretación que calce - para nada - con los principios del liberalismo político.

En la nota de hoy, el director de Correo intenta sostener que Villarán es una radical que levanta el puño como Abimael Guzmán. Así de simple y de invertebrada es su "idea". Ni una palabra sobre su plan para Lima (descalifica sus ideas, pero no dedica ni una línea a exponer su crítica). Su posición ha sido descrita con razón como macartista, pues apunta a descalificar a Villarán etiquetándola como “izquierdista”, incluso intentando mezclarla maliciosamente con grupos vinculados a la subversión. Pretende que imponerle el rótulo bastará para descartar su candidatura como una alternativa política con sentido. La trayectoria de Villarán revela su compromiso con la paz y los derechos humanos, no tiene sentido intentar erosionar su candidatura apelando a ese tipo de murmuraciones, que ensombrecen esta campaña. Del mismo modo, animalizar a quien discrepa constituye una argucia malsana que nada tiene que ver con la deliberación liberal. Olvida Mariátegui que el liberalismo político intenta configurar un espacio público en el que estén presentes todas las ideologías y concepciones de la vida (“doctrinas comprensivas”) que suscriban una concepción política de la justicia fundada en los principios del estado constitucional de derecho (incluidos los derechos humanos y las libertades públicas). Quedan excluidos aquellos grupos que predican la violencia como método para la captura - o la preservación - del poder. En ese sentido, realmente se sitúan fuera del juego democrático tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Si lo que el autor busca es confrontar a Susana Villarán, que recurra a otra estrategia, que discuta su programa. En lugar de intentar atemorizar a la población con el "cuco socialista", debería examinar las ideas y las propuestas. El antiliberalismo de sus últimas notas se divisa desde lejos.

IF CVR: SIETE AÑOS Y MUCHAS BATALLAS PENDIENTES

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy se cumple un año más de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Muchos ciudadanos reacuerdan el hecho con interés y a la vez con preocupación, dada la abierta hostilidad de nuestra “clase política” frente a los temas de derechos humanos y reparaciones. El trabajo de la Comisión ha sido sin duda importante. La CVR configuró un espacio para la construcción de la memoria de las víctimas, particularmente en las Audiencias Públicas. Dichos testimonios fueron contrastados con otras versiones de los hechos y con el trabajo de los especialistas en antropología forense, psicología, ciencias sociales, derecho y otras formas de investigación científica sobre la violencia y sus efectos, de modo que el relato final que la Comisión entregó a la ciudadanía reconstruyese con una mayor fidelidad lo sucedido en esos años de dolor y terror. Por supuesto, el Informe aportó a su vez una interpretación general del conflicto armado interno – revisable, perfectible, pero rigurosa – que se nutrió de los testimonios y de los estudios empíricos.

La recuperación crítica de la memoria desarrollada en los procesos de justicia transicional se diferencia de las “historias oficiales”, básicamente, en virtud de dos puntos. En primer lugar, por su carácter crítico, en tanto pretende a la vez acercarse a la ‘verdad’ en su sentido práctico, el imperativo de retratar de manera fidedigna la injusticia sufrida – desenmascarando mitos y formas de manipulación explícita del pasado –, con el fin de conjurar la injusticia y establecer medidas de naturaleza legal y política para garantizar la paz y la inclusión de las víctimas en la vida cívica. En segundo lugar, por su carácter público, dado que la memoria se configura a través de la deliberación de los ciudadanos en espacios compartidos. Mientras una “historia oficial” es elaborada por pocas mentes y en nombre de propósitos de conducción política (en el sentido del ejercicio y la conservación del poder), la recuperación pública de la memoria convoca a las diversas voces presentes en la sociedad, en particular – aunque no de manera exclusiva – las de las víctimas.

Ese ha sido el propósito de la CVR. Lamentablemente, en los últimos años –particularmente con el ascenso de Alan García y el APRA al poder en 2006– las políticas transicionales en el Perú experimentan un serio retroceso, tanto en materia de reparaciones como en relación a las formas de reconstrucción de la memoria. Salomón Lerner ha sostenido con suma claridad que en el Perú de hoy opera un proceso de “indisimulada restauración conservadora” en materia de políticas de derechos humanos que cuenta con el respaldo del gobierno actual y de un sector importante de los políticos en actividad[1]. La judicialización de los casos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado es un proceso que se ha estancado. La Comisión de Reparaciones no cuenta ya con un presupuesto razonable que le permita concluir con la elaboración de un necesario Registro Único de Víctimas. Los intentos por incorporar las conclusiones del Informe Final de la CVR como tema de discusión en la escuela pública han sido bloqueados desde el poder ejecutivo y el Congreso. Incluso el proyecto de construcción de un Lugar de Memoria en el que se recuerde a las víctimas del conflicto armado interno y se dialogue en torno al destino de las políticas de derechos humanos en el Perú –que contaba con financiamiento del Estado alemán – estuvo a punto de ser rechazado por el gobierno peruano.

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[1] Cfr. Lerner, Salomón, “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación, Hatun Willakuy, op.cit., pp. I-X.

REFLEXIONES DE PROFESORES DE LA PUCP EN TORNO A LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD

Los doctores Walter Albán, Fidel Tubino, Catalina Romero y Marcial Blondet comentan el masivo apoyo de los más de 600 docentes de la Católica que respaldan la posición de la Universidad en el conflicto con el Arzobispo de Lima.

“Está en juego un modelo de universidad”

DR. WALTER ALBÁN

Decano de la Facultad de Derecho

“Los docentes hemos seguido con mucha atención el conflicto. Si alguno todavía dudaba de una expresión más pública de lo que opinábamos, comunicados aparecidos en las últimas semanas terminaron de persuadir de que no era lógico mantener en casa este sentimiento compartido. Nos referimos al comunicado de un grupo de obispos y al que apareció para Fiestas Patrias. Este último fue un comunicado extraño, donde figuraban no solo reconocidos hombres de empresa, sino también políticos e incluso autoridades jurisdiccionales como el presidente del Poder Judicial y el de la Corte de Lima. Por todo esto, se hacía necesaria también la voz de los profesores.

Esta iniciativa surge desde los propios profesores, no de las autoridades de la PUCP. Más o menos 600 profesores firmaron el pronunciamiento, pero estoy recibiendo reclamos e interrogantes de docentes que habían hecho llegar sus firmas, pero no aparecieron por motivos logísticos. Calculo que tranquilamente estaríamos hablando de más de 700 docentes. Además, se publicarán en la web más firmas que se están recibiendo en estos días. Muchos no se han enterado porque ha habido vacaciones.

Independientemente de las cuestiones jurídicas, lo más importante para el país es lo que está en juego: un modelo de universidad que profesores y estudiantes defendemos. No es un tema exclusivamente patrimonial o judicial. Hemos construido un modelo de universidad que hoy amenazan.

Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: es una decisión. El ingreso del caso a esta entidad tendrá un efecto jurídico importante. Jurídicamente, significará que la decisión del Tribunal Constitucional será revisada en el sistema internacional. Esto implica que entonces no hay nada resuelto, como se ha insistido majaderamente. El proceso continúa conforme a canales que la Constitución ha previsto”.

“Por ser católica no deja de ser universidad”

DR. FIDEL TUBINO

Decano de Estudios Generales Letras

“Los profesores creemos que el tipo de universidad en el que creemos y queremos continuar construyendo está en jaque por el diferendo con el Arzobispado. Estamos por una universidad que por ser católica no deja de ser universidad. Es decir, un espacio dedicado a la investigación y la formación integral, crítica y reflexiva. Solo se puede hacer si hay pluralismo y libertad. Es lo propio de la universidad: la confrontación respetuosa de ideas. Se debe preservar esto tanto en investigación como formación.

Además, no solo es importante hablar de democracia, sino practicarla. La universidad es una escuela de democracia. Que se autogobierne a través de representantes designados en elecciones transparentes y libres es inherente al modelo que hemos optado. Eso también está en jaque. Queremos que se preserve y se perfeccione, no retroceder a un modelo jerárquico y autoritario de universidad. Asimismo, creemos que es muy importante el compromiso de la Universidad con la justicia y el desarrollo inclusivo del país. Por eso, expresamos nuestro apoyo a la posición de la Universidad.

No estamos esperando algo específico. En el fondo, buscamos que se conozca la posición de los profesores y que nuestras autoridades cuentan con nuestro respaldo en la posición que la Universidad tiene en este conflicto. Además, es una muestra de respaldo que debe tener la Universidad ahora que iremos a un tribunal internacional.

A los estudiantes, les diría que estén atentos, alertas, que se informen, discutan y se involucren. Es importante no solo para ellos sino para el país. Un tipo de universidad democrática, al servicio del desarrollo y la justicia, donde se privilegia la excelencia académica, tanto en la formación como en la investigación, es algo que el país necesita que se extienda. La universidad no es un espacio de adoctrinamiento. La ideologización es la negación de la formación universitaria, en cualquier sentido.

Quienes consideran que nos estamos peleando por un predio, se están quedando en un nivel muy aparente, pero hay niveles más profundos. Por eso hay una preocupación y adhesiones. Pero también hay la confianza de que saldremos fortalecidos. Todo esto nos ha unido y nos ha obligado a repensar la universidad”.

“La Universidad está siendo fortalecida en sus principios”

DRA. CATALINA ROMERO

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales

“Las actuales circunstancias nos han hecho pensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos sentimos parte de una comunidad universitaria, de docentes, estudiantes y trabajadores, con un modelo educativo que toma en cuenta los diferentes aspectos del país, que busca ser inclusivo, abierto a todos y que se desarrolla en el respeto a las maneras de pensar de todos, con valores de pluralismo. Es importante remarcar la identidad católica de la Universidad, también por nuestro contacto con iglesias locales, a las que aportamos de distintas maneras a su trabajo pastoral, pero sobre todo desde nuestros saberes, que son importantes para ellos.

Nuestro pronunciamiento recoge una reflexión sobre lo que hacemos. No es un tema de coyuntura, sino algo que nos cuestiona y reafirma en lo que hacemos. Tenemos una manera particular de ser universidad católica que es reconocida internacionalmente, porque tiene muy buenos resultados. Somos muy rigurosos en la investigación y el saber científico. Además, somos plurales y tenemos un gobierno autónomo. Somos una comunidad laica que se autogobierna y lo hacemos bien, guardando relación con la Iglesia. El problema que atravesamos ahora es duro para nosotros. Nos da pena que se apele a un tema de herencia, algo que estaba saldado, reconocido, solucionado y se reabre, desconociendo todo lo que se estaba avanzando.

Se espera que la comunidad universitaria y la sociedad civil entiendan que somos una comunidad docente confiable, de alto nivel, con valores cristianos. El pronunciamiento es un respaldo a nuestras autoridades democráticamente elegidas. Están conduciendo este proceso muy bien y cuentan con nuestro respaldo. Cada uno seguirá expresándose como lo ha hecho hasta ahora y si surge otra iniciativa que nos convoca a todos, se conversará”.

“No podemos ser indiferentes”

ING. MARCIAL BLONDET

Decano de la Escuela de Posgrado

“La Universidad está en peligro. Lo menos que podemos hacer los profesores es apoyar al equipo rectoral en este conflicto. Nos sentimos completamente identificados con la cultura institucional que tiene la Universidad, donde no hay ninguna restricción respecto a las ideas. Hay libertad de cátedra total. Se respira un aire de libertad y armonía. Todo esto está amenazado y debemos trabajar para proteger la Universidad.

Ya era hora de que los profesores nos pronunciemos. Venimos conversando esta idea varios meses. No hemos sido indiferentes; al contrario, entre los profesores hay una preocupación muy grande por este problema. Primero, hay un cariño y compromiso enorme con la Universidad. Luego, una identificación con la forma como el rectorado está enfrentando este problema. Ahora que el juzgado está recibiendo muchas presiones, era un buen momento para decir que estamos con nuestro equipo rectoral.

Lo importante es que haya una buena campaña de comunicación acerca del conflicto y las posibles consecuencias. La comunicación debe ser más fluida, transparente, menos técnica, para que todos entiendan y decidan libremente. Obviamente, buscamos energizar a la comunidad en apoyo de nuestra Universidad. Quiero contribuir a que la posición de la Católica se conozca mejor y reciba el mayor apoyo posible. La incertidumbre nos acongoja, pero con la verdad y una información continua y clara, estaremos más tranquilos. Estamos convencidos de que tenemos la razón.

Esto tiene para largo y los profesores seguiremos trabajando para apoyar a la Universidad. No obligaremos a nadie: ese es el espíritu de la casa. Pero seguiremos organizados, vigilantes, informados y nos pondremos a disposición del Rectorado para trabajar juntos en lo que sea necesario. Si se necesita otro comunicado o lo que sea, lo haremos. No vamos a quedarnos sentados sin hacer nada”.

(Fuente: Punto Edu)

UN ARTÍCULO DE CARLOS GARATEA SOBRE LA PUCP Y LOS TESTAMENTOS DE RIVA-AGUERO

CHISMES SOBRE DON JOSÉ

Carlos Garatea G.

Lima es una ciudad chismosa. A los limeños nos gusta el chisme. Hay chismes de todo tipo. Ellos se renuevan con impresionante velocidad. Lo penoso es cuando un chisme, de repetido, es tomado como un hecho real, algo cierto.

Digo penoso porque ello no le hace bien a una sociedad ni a un país. Muchas veces es la vía para el agravio personal y la manipulación; en otras, solo muestra mala fe o ignorancia. Se vio con claridad en relación con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin haberlo leído, algunos políticos lanzaron afirmaciones que de repetidas y repetidas parecen ahora verdades inamovibles aunque no tengan un ápice de sustento. Jugaron con los chismes y se los creyeron ellos mismos.

También ocurre ahora con la voluntad de Riva-Agüero. Muchos de los que hablaron mal de la CVR, hablan mal ahora de la PUCP. ¿Simple coincidencia? Opinan sin leer el texto o solo repiten lo que otros dicen que dijo Riva-Agüero. La última voluntad de don José está en sus testamentos. Para empezar, son dos testamentos los que están en el centro del problema. Uno de 1933, otro de 1938; el primero, emitido ante el notario Agustín Rivero, tiene una parte abierta y otra cerrada; el segundo es el llamado ológrafo. El chisme dice que solo vale el último. ¿Qué quería Riva-Agüero? Como es obvio, él sabía que dejaba más de un testamento y, como buen abogado, sabía también qué significaba ello y dominaba qué era ser heredero, propietario y el significado de usufructo. Riva-Agüero indica qué hacer ante sus testamentos. Copio textualmente del ológrafo, es decir, el de 1938: “(…) otorgo este mi testamento ológrafo, para que amplíe y modifique mi anterior testamento que otorgué hace años ante el Notario Rivero Hurtado (…) Las disposiciones de este testamento cerrado quedan vigentes en cuanto no se opongan a las del presente (…)”. El párrafo es claro. No es un chisme, es la regla que da Riva-Agüero. Es su voluntad. Quiere que sus testamentos se integren en lo que no se opongan.

Un ejemplo de oposición. En el de 1933, establece que, entre los tres integrantes de la Junta Administradora, uno será “un representante del Arzobispo de Lima” (Cláusula 19); en el de 1938, da una lista de personas que se sucederán y solo “cuando hubieren muerto o estuvieren impedidos todos los mencionados” entrarán el rector de la Universidad y el “designado por el Arzobispo de Lima” (Cláusula 5). La oposición es evidente y, de acuerdo con la regla señalada por él, vale el último; es decir, la junta tiene una persona designada por el arzobispo. No es ya su representante. Lo que se mantiene es que Riva-Agüero no quiere que el arzobispo integre la junta; incluso, en 1938, lo desvincula del funcionamiento de ella cuando deja atrás a la persona que representa al arzobispo y, en su lugar, incorpora a una que este únicamente designa.

La supuesta controversia viene de lo siguiente. El testamento de 1933, dice a la letra: “Instituyo por mi heredera a la Universidad Católica del Perú, la que tendrá el usufructo de mis bienes, recibiendo sus productos de la Junta Administradora; y los adquirirá en propiedad absoluta dicha Universidad Católica del Perú, entregándoselos la Junta Administradora solo si la Universidad Católica existiere el vigésimo año contado desde el día de mi fallecimiento” (Cláusula 7). Fue claro don José. Una junta por veinte años. Pasados estos, la Universidad adquiere la propiedad absoluta. La junta cesa. ¿Y si antes desaparecía la Universidad? Dice Riva Agüero: “Si al cumplirse el vigésimo año de mi muerte, no existiere en forma alguna la Universidad Católica del Perú […] cesará la junta administradora y pasarán mis bienes, en una mitad, a la fundación de becas […]” (Cláusula 21). Otra vez, veinte años como tiempo de vida de la junta. De manera que luego de veinte años, con o sin Universidad, la junta termina.

En el testamento de 1938, dice: “Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima, a la que instituyo por principal heredera y para los demás encargos, legados y mandas, que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo mancomunado, por indeterminado plazo, que se lo concedo y prorrogo de modo expreso […] Si por cualquier caso o disposición legal, no pudiere heredar la Universidad Católica, la misma junta antedicha será la Fundación que me heredará […]” (Cláusula 5).

¿Se oponen ambas cláusulas? No. Por tanto, la voluntad de don José era integrarlas. ¿Qué se mantiene? Que la Universidad Católica es la principal heredera y que será propietaria absoluta. ¿Cuándo? Veinte años después de la muerte de Riva-Agüero. Durante esos veinte años, solo tiene el usufructo, según el testamento de 1933, y la junta le dará los productos que le sirvan para su sostenimiento, como dice en 1938. ¿Qué se modifica? La temporalidad de la junta. En el testamento de 1933, es de veinte años; en el de 1938, es perpetua. ¿Es permanente también para la Universidad Católica? No. Administra todos los bienes pero, pasados veinte años, la Universidad deja de estar bajo su dominio porque adquiere la propiedad absoluta, y sigue para lo demás, a diferencia del testamento de 1933, que a los veinte años cesaba indefectiblemente. ¿Riva-Agüero quiere eso? Sin duda que sí, solo así se entiende que al final de la cláusula 5 del testamento de 1938 se ponga en el caso de que no se consume la herencia, es decir, la transferencia de propiedad, a la Universidad, y, en ese supuesto, la misma junta antedicha será la Fundación que me heredará (sic). Es el mismo supuesto señalado en 1933 ante la posibilidad de que la Universidad no existiera a los veinte años de su muerte. Entonces, para Riva-Agüero, ¿cuándo se consuma la transferencia? A los veinte años, como dice en 1933. Por tanto, ¿por cuántos años encarga a la junta los bienes heredados a la Universidad? Por veinte años. Esta es la voluntad de Riva-Agüero. La pone por escrito. Lo demás son chismes o mala fe.